Los partidarios de que la propiedad y gestión de la banca sean
privadas nunca se cansan de repetir que todo lo público es por
naturaleza ineficiente y problemático. Suelen acompañar sus afirmaciones
señalando el rescate de las cajas de ahorro y la supuesta fortaleza de
algunos bancos privados. Lo que curiosamente siempre se olvidan de
mencionar es que estas cajas de ahorro se rigieron por criterios
prácticamente idénticos a los de los bancos, que todos los bancos
privados también están recibiendo apoyo de lo público y que en otros
países son precisamente las entidades bancarias privadas las peor
paradas de la crisis. Además, y lo más importante de todo: los bancos
privados no sólo necesitan hoy día -en tiempos de crisis- dinero y
apoyo público para sobrevivir, sino que siempre ha sido así -incluyendo las épocas de éxito económico. Veamos por qué.
En primer lugar, un banco es por naturaleza una empresa en quiebra.
Sus propietarios ponen muy poco dinero propio en el momento de iniciar
el negocio en relación al total de dinero que acaban moviendo, y con el
tiempo esta proporción no hace sino disminuir. Piden dinero prestado a
corto plazo (cerca del 50% de la financiación ajena proviene de los
depósitos de los ahorradores) y lo prestan a largo plazo (en ocasiones
superando los 40 años como en algunas hipotecas). Esto quiere decir que en cualquier punto del tiempo un banco no tiene suficiente dinero para poder liquidar todas sus deudas, ya que el dinero que tomaron prestado lo volvieron a prestar a otros agentes y por más tiempo.
Los bancos son insolventes de forma permanente. Si logran mantener
su actividad es porque existe una confianza generalizada en que estos
bancos son sólidas empresas que no van a quebrar. No sólo los
propios bancos se encargan de ofrecer una imagen robusta (a través de
sus propios mensajes publicitarios), sino que también –y sobre todo– lo
hacen las instituciones públicas encargadas de supervisar las
actividades de estas entidades (como los bancos centrales
correspondientes). Sin los informes y mensajes de tranquilidad y seguridad (en muchos casos podríamos hablar directamente de propaganda) de estos organismos públicos los ciudadanos no se atreverían con tanta facilidad a depositar sus ahorros en unas empresas que por naturaleza no pueden devolverlos íntegramente a todos sus clientes.
En segundo lugar –y tal y como ocurre con el resto de negocios privados– las autoridades públicas le han concedido a los bancos privados el derecho y el poder de llevar a cabo sus actividades.
Ningún banco privado podría existir si el Banco de España no permitiese
su registro empresarial, ni si el Banco Central Europeo le concediese
el poder de otorgar préstamos en euros (creación de dinero), ni si la
competencia pública de ámbito municipal le otorgas el permiso de abrir
oficinas y cajeros automáticos, etc. Los bancos tampoco podrían existir
si el Estado no mantuviese una autoridad coercitiva y unas fuerzas del
orden que velaran por la paz social de forma que se evitaran, por
ejemplo, robos y atracos, así como un sistema judicial y penitenciario
que se encargara de reducir y reinsertar en la sociedad a este tipo de
delincuentes. Tampoco podrían operar si el Estado no tuviese un sistema
de educación pública que permitiese a los ciudadanos formarse para
adquirir todos los conocimientos y habilidades necesarios para llevar a
cabo las operativas bancarias.
En tercer lugar, buena parte de los beneficios de los bancos son
obtenidos gracias a los préstamos a las administraciones públicas. En
tiempos de crisis este asunto es evidente, pero es que también ocurre en
tiempos de bonanza: entre 2000 y 2006 el 40,1% de los beneficios
bancarios fueron originados gracias al negocio que llevaron a cabo los
bancos prestando dinero al sector público. Si no existieran las administraciones públicas, ni los beneficios ni el volumen de los bancos hubiesen sido tan elevados.
En cuarto lugar, antes de 2008 el Estado español garantizaba 20.000
euros por titular de cuenta bancaria (el conocido Fondo de Garantía de
Depósitos). A partir de esa fecha la garantía se incrementó hasta los
100.000 euros. Esto supone fundamentalmente dos cosas: la primera es que
los clientes de los bancos incrementan así la confianza en estas
entidades bancarias –que por definición son insolventes–; la segunda es
que el Estado le ahorra a los bancos tener que adquirir en el mercado
financiero toda esa cantidad astronómica para ganarse la confianza de
los ciudadanos.
En quinto lugar, el Banco de España interviene para impedir la competencia al alza en los tipos de interés que otorgan los depósitos.
Piénsese que en una época de crisis financiera como la actual en la que
los bancos tienen enormes dificultades para encontrar financiación, la
rentabilidad de los depósitos tendría que ser elevadísima: los bancos
tienen que competir entre ellos para captar clientes que quieran
depositar sus ahorros, y una forma de hacerlo sería incrementando la
rentabilidad de estos ahorros. Pero esto no ocurre porque el Banco de
España se encargó de enviar una circular que prohibía elevar el tipo de
interés de los depósitos (a pesar de que ello es competencia del Banco
Central Europeo).
En definitiva, queda claro que la existencia de los bancos privados
sólo es viable porque hay un Estado que se encarga de facilitar todo lo
posible su pervivencia y su actividad. Así que menos cinismo al
criticar lo público cuando la actividad bancaria privada necesita de lo
público para funcionar y para sobrevivir.
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