sábado, 15 de febrero de 2014
Ernest Urtasun: El PP contra la justicia universal
La historia de la humanidad la han escrito tiranos y genocidas que, sintiéndose inviolables, han actuado con total impunidad. La ausencia de un sistema de enjuiciamiento global ha abonado el campo para aquellos que, ante la inexistencia de mecanismos judiciales de persecución y sanción más allá de las fronteras de su país, actuaban sabiéndose impunes. Bastaba con blindarse legalmente ante los propios tribunales, usando la fuerza y la intimidación, para salir indemne de cualquier actuación criminal. Una buena ley de punto final, por ejemplo.
Ante ello, los años noventa vieron nacer un incipiente sistema internacional de justicia que rompía con esta situación. Así fue el caso de los tribunales para los crímenes cometidos en la Antigua Yugoslavia, o los de Ruanda en 1994.
Este proceso culminó en 1998 con la adopción en Roma del Tratado por el que se creaba la Corte Penal Internacional, con jurisdicción global sobre crímenes de guerra, genocidio y crímenes de lesa humanidad.
Junto a ello, las leyes de un creciente número de países permitían a los tribunales nacionales conocer de este tipo de crímenes a nivel internacional. Tal era el caso de España. Desde la Segunda Guerra Mundial, más de 15 países en el mundo han ejercido la jurisdicción universal para este tipo de crímenes.
La jurisdicción universal permitía hasta ahora a los tribunales españoles conocer de crímenes de lesa humanidad, genocidio o crímenes de guerra, incluso cuando estos crímenes no hubieran sido cometidos en suelo español e incluso si eran cometidos por antiguos responsables gubernamentales e incluso jefes de estado.
El artículo 23.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial establecía que la jurisdicción española sería competente de los hechos cometidos “por españoles o extranjeros fuera del territorio nacional” en una lista de supuestos muy amplia. Al no discriminar por nacionalidad ni lugar donde fuera cometido el crimen, su alcance era universal.
El caso más conocido de aplicación de la jurisdicción universal en España fue la detención en Londres del dictador Augusto Pinochet. Pinochet nunca llegó a sentarse en el banquillo, pero el caso fue un hito incuestionable en la persecución internacional de criminales y sentó un precedente con importantes consecuencias legales. Los crímenes del franquismo investigados actualmente en Argentina responden a esta lógica.
La jurisdicción universal ha llegado incluso a restringir el desplazamiento de algunos líderes políticos como es el caso de Henry Kissinger, perseguido por más de una jurisdicción nacional.
¿Por qué es importante que los tribunales nacionales complementen el alcance de la Corte Penal Internacional? Principalmente, porque hay muchos países que no han ratificado el Estatuto de la Corte, y que por lo tanto están fuera de su alcance. Es el caso de EEUU, o de China. Además, la Corte sólo puede conocer de casos cometidos a partir de 2002, y por lo tanto muchos crímenes quedan excluidos de su actuación. La existencia de mecanismos nacionales permite pues llenar este vacío que aún existe.
Muchos argumentan que un tribunal español no es quién para inmiscuirse en un asunto que nada tiene que ver con España. Tal y como han señalado Amnistía Internacional y otras organizaciones de defensa de los Derechos Humanos, existen crímenes que suponen una amenaza global, como lo son casos de crímenes de guerra, genocidio o lesa humanidad, y cualquier Estado tiene la obligación moral de perseguirlos, y también legal, en función de los compromisos internacionales adquiridos tras suscribir distintas Convenciones Internacionales de protección de los Derechos Humanos.
Lamentablemente, durante el trienio negro de Zapatero, el PSOE no lo entendió así. Presionado por la diplomacia china e israelí, el Gobierno modificó el artículo 23.4 con el objetivo de limitar la competencia de la justicia española a los casos en que los criminales estuvieran físicamente en España o cuando la víctima fuera española o tuviera “algún vínculo con España”. El impacto del artículo 23.4 dejó por lo tanto de ser universal.
Hoy el PP pretende dar carpetazo exprés incluso a los supuestos que no tocó Zapatero. Lo hará alarmado y presionado tras la orden de detención emitida por el juez Moreno contra el ex presidente Jiang Zemin, el exprimer ministro Li Peng y otros tres dirigentes del PCCh por el “caso Tíbet”. Si sale adelante, la jurisdicción quedara limitada a cuando “el procedimiento se dirija contra un español o un ciudadano extranjero que resida habitualmente en España o se encontrara en España y cuya extradición hubiera sido denegada por las autoridades españolas”. La reforma parece específicamente diseñada para frenar el caso contra los dirigentes chinos, limitando determinados supuestos impidiendo así que esta querella salga adelante.
Adiós justicia universal. España renuncia así a ser un campeón internacional en la protección de derechos para plegarse a los intereses de las grandes potencias.
Es sintomático también que quien haya logrado un cambio en la legislación española haya sido China. La voluntad de contentar al nomenclátor, y de seguir haciendo el papel de “mejor amigo europeo de China”, como gusta recordar a nuestros halcones ibéricos, ha cedido a las presiones. China es hoy uno de los principales acreedores de deuda pública española, y un socio comercial de primer orden. Y al parecer, es también quien nos dicta ahora las pautas de la protección o no de los derechos a nivel internacional. ¡Qué penoso papel el europeo!
Más allá de aquellos relacionados con China, la reforma dará también carpetazo a una docena de casos abiertos, como es el del asesinato del cámara de Tele 5 José Couso en Irak. España había contribuido a limitar el espacio territorial global donde reinaba la impunidad. Hoy retrocede. El PP contribuye con esta reforma a hacer del mundo un lugar más peligroso.
Fuente: publico.es
viernes, 14 de febrero de 2014
Ricardo Sixto reclama al Ministro del Interior que cese al director de la Guardia Civil por la muerte de inmigrantes en Ceuta
El portavoz de IU en la Comisión de Interior reclama durante la comparecencia del ministro en el Congreso la creación de una comisión parlamentaria de investigación “para delimitar las responsabilidades políticas” en la gestión de esta tragedia.
El diputado y portavoz parlamentario Izquierda Unida en la Comisión de Interior, Ricardo Sixto, ha reclamado hoy al ministro del ramo, Jorge Fernández Díaz, el “cese inmediato” del director de la Guardia Civil, Arsenio Fernández de Mesa, por su actuación tras la muerte hace una semana de al menos 15 inmigrantes que trataban de llegar a territorio español por mar a través de la frontera de Ceuta.
Según Sixto, el máximo responsable del Instituto Armado “ha hecho un ‘papelón’ por el tono y las cosas que ha dicho”, entre ellas las declaraciones vertidas en las que cuestiona los datos sobre este caso aportados por las ONG que trabajan directamente con los inmigrantes y ataca la aportación de datos realizados.
El diputado de IU por Valencia realizó estas declaraciones en la Comisión de Interior, durante la comparecencia de Fernández Díaz, donde, además, ha pedido la creación de una comisión de investigación parlamentaria “para delimitar las responsabilidades políticas” en la gestión de esta tragedia.
Insistió en la necesidad de que se formalice esta comisión “para delimitar, no las responsabilidades penales sobre la actuación de la Guardia Civil en el ahogamiento de las personas que han muerto, sino las responsabilidades políticas de cómo se ha gestionado este tema”. Dijo al ministro que “esas responsabilidades se tienen que decidir en esta Cámara”, debido a “la interpretación que su departamento está haciendo de la legalidad vigente y por las características de las órdenes dadas desde la cúpula del ministerio en su labor de control de las fronteras”.
Durante su intervención, Sixto hizo referencia a las “versiones muy contradictorias desde el propio Ministerio del Interior sobre los hechos sucedidos”. Explicó que “la gran pregunta que nos hacemos es hasta qué punto la actuación antidisturbios de la Guardia Civil en el mar fue la causa necesaria para el ahogamiento de al menos nueve personas”, según las cifras aportadas por Fernández Díaz aunque, como ha apuntado, “los medios de comunicación hablan de al menos 15 ó 18, según las últimas informaciones”.
Ricardo Sixto señaló que lo sucedido es que cuando “un gran número de personas, con medios precarios de flotabilidad, se internan en el mar y llegan a aguas jurisdiccionales españolas, en lugar de ser socorridos por quien corresponde, si por salvamento marítimo o por la Guardia Civil, se les responde con material antidisturbios”. Así, recriminó al ministro que “cuando una persona está en el mar, en aguas jurisdiccionales españolas y peligra su vida, hay que socorrerla. Y para eso se llama a salvamento marítimo y no se responde con material antidisturbios”.
A este respecto, el diputado de IU se preguntó “hasta qué punto esa actuación, esas órdenes dadas a la Guardia Civil coadyuvaron en la muerte de esas personas”. Añadió que esa es una cuestión “que delimitarán los tribunales de acuerdo con la legislación española y establecerán las responsabilidades penales que correspondan a las personas que dieron esas órdenes”.
A lo largo de su intervención, Ricardo Sixto ha responsabilizado a Jorge Fernández Díaz de haber admitido en su discurso “las expulsiones en caliente” de inmigrantes, y de hacerlo, además, en función del “concepto de ‘dónde empieza España’”. Al respecto, el portavoz de Interior de IU le preguntó con ironía si “España comienza a las espaldas de la Guardia Civil, en la segunda valla o a espaldas del primer guardia civil que haya detrás de la frontera”. A su juicio, “no es seria” la interpretación de la legalidad ofrecida por el ministro, que tachó de “espuria”.
Para acabar, reprochó también a Fernández Díaz los “dos vuelos de la vergüenza”, referentes a los dos aviones que empleará el Gobierno para trasladar inmigrantes desde España a Dakar y Marruecos. Sixto lamentó que desde el Gobierno se dediquen “tantos recursos a devolver a esas personas a sus países de origen” y no se dediquen esos tantos medios a “labores de cooperación y desarrollo”, sobre todo tras el “recorte enorme” que ha habido en los presupuestos de cooperación al desarrollo. Valoró que estos “son el instrumento fundamental para evitar la gran tragedia humana que supone que miles de personas tengan que salir de su casa para venir a buscar un futuro mejor a nuestro país, exactamente igual que hicimos los españoles en su momento”.
Según Sixto, el máximo responsable del Instituto Armado “ha hecho un ‘papelón’ por el tono y las cosas que ha dicho”, entre ellas las declaraciones vertidas en las que cuestiona los datos sobre este caso aportados por las ONG que trabajan directamente con los inmigrantes y ataca la aportación de datos realizados.
El diputado de IU por Valencia realizó estas declaraciones en la Comisión de Interior, durante la comparecencia de Fernández Díaz, donde, además, ha pedido la creación de una comisión de investigación parlamentaria “para delimitar las responsabilidades políticas” en la gestión de esta tragedia.
Insistió en la necesidad de que se formalice esta comisión “para delimitar, no las responsabilidades penales sobre la actuación de la Guardia Civil en el ahogamiento de las personas que han muerto, sino las responsabilidades políticas de cómo se ha gestionado este tema”. Dijo al ministro que “esas responsabilidades se tienen que decidir en esta Cámara”, debido a “la interpretación que su departamento está haciendo de la legalidad vigente y por las características de las órdenes dadas desde la cúpula del ministerio en su labor de control de las fronteras”.
Durante su intervención, Sixto hizo referencia a las “versiones muy contradictorias desde el propio Ministerio del Interior sobre los hechos sucedidos”. Explicó que “la gran pregunta que nos hacemos es hasta qué punto la actuación antidisturbios de la Guardia Civil en el mar fue la causa necesaria para el ahogamiento de al menos nueve personas”, según las cifras aportadas por Fernández Díaz aunque, como ha apuntado, “los medios de comunicación hablan de al menos 15 ó 18, según las últimas informaciones”.
Ricardo Sixto señaló que lo sucedido es que cuando “un gran número de personas, con medios precarios de flotabilidad, se internan en el mar y llegan a aguas jurisdiccionales españolas, en lugar de ser socorridos por quien corresponde, si por salvamento marítimo o por la Guardia Civil, se les responde con material antidisturbios”. Así, recriminó al ministro que “cuando una persona está en el mar, en aguas jurisdiccionales españolas y peligra su vida, hay que socorrerla. Y para eso se llama a salvamento marítimo y no se responde con material antidisturbios”.
A este respecto, el diputado de IU se preguntó “hasta qué punto esa actuación, esas órdenes dadas a la Guardia Civil coadyuvaron en la muerte de esas personas”. Añadió que esa es una cuestión “que delimitarán los tribunales de acuerdo con la legislación española y establecerán las responsabilidades penales que correspondan a las personas que dieron esas órdenes”.
A lo largo de su intervención, Ricardo Sixto ha responsabilizado a Jorge Fernández Díaz de haber admitido en su discurso “las expulsiones en caliente” de inmigrantes, y de hacerlo, además, en función del “concepto de ‘dónde empieza España’”. Al respecto, el portavoz de Interior de IU le preguntó con ironía si “España comienza a las espaldas de la Guardia Civil, en la segunda valla o a espaldas del primer guardia civil que haya detrás de la frontera”. A su juicio, “no es seria” la interpretación de la legalidad ofrecida por el ministro, que tachó de “espuria”.
Para acabar, reprochó también a Fernández Díaz los “dos vuelos de la vergüenza”, referentes a los dos aviones que empleará el Gobierno para trasladar inmigrantes desde España a Dakar y Marruecos. Sixto lamentó que desde el Gobierno se dediquen “tantos recursos a devolver a esas personas a sus países de origen” y no se dediquen esos tantos medios a “labores de cooperación y desarrollo”, sobre todo tras el “recorte enorme” que ha habido en los presupuestos de cooperación al desarrollo. Valoró que estos “son el instrumento fundamental para evitar la gran tragedia humana que supone que miles de personas tengan que salir de su casa para venir a buscar un futuro mejor a nuestro país, exactamente igual que hicimos los españoles en su momento”.
“Revolución Democrática y Social”, Una iniciativa para concretar la Nueva Política. Con eso y Unidad… a por ellos…!!!
Revolución Democrática y Social
Introducción
Revolución económica
Revolución política
Introducción
Nuestra propuesta de Revolución Democrática y Social tiene dos pilares fundamentales: la revolución política, de radicalidad democrática en las reglas del juego democrático, y la revolución económica, de alternativas sociales a la estrategia neoliberal de ajuste económico.
Sobre estos dos pilares, debemos desarrollar una acción política continuada que lleve a todos los rincones del Estado la ofensiva contra la reconstrucción del bipartidismo monárquico, por lo que lo importante es dar contenido organizativo a esta propuesta.
No se trata de una campaña electoral ni tampoco de una campaña política concreta. Al contrario, se trata de una invitación al debate honesto y riguroso de unas propuestas determinadas que se consideran idóneas para ser el punto de partida. Dichas propuestas provienen en su mayoría del debate de la X Asamblea Federal de Izquierda Unida. El documento que sigue a continuación es, en ese sentido, una mera orientación para el debate por parte del conjunto de trabajadores y trabajadoras del Estado español.
El presente documento se hará público el 5 de febrero de 2014, poniéndose entonces a disposición de todos los militantes y simpatizantes de Izquierda Unida a través de una página web y de los circuitos democráticos propios de la organización. Se trata de un debate simultáneo en las asambleas de base y en las redes sociales. La coordinación de la acción política queda a cargo de José Luís Centella, y la portavocía a cargo de Alberto Garzón, ambos miembros de la Ejecutiva Federal de Izquierda Unida.
La aspiración del documento es la de generar un debate lo más amplio posible sobre las alternativas democráticas y sociales al actual orden político y económico que está ahogando a millones de trabajadores y trabajadoras. Para eso se espera que el documento puede debatirse por el mayor número posible de personas, sin poner un plazo determinado de final, y que el resultado del debate sea la creación de un bagaje útil tanto para la creación de iniciativas legislativas en todos los niveles de la administración pública como para su posible incorporación a nivel estatutario de IU en el futuro próximo.
Frente a las propuestas meramente cosméticas de PP y PSOE, nuestra propuesta es de transformación, no de reforma ni de regeneración sino de transformación radicalmente democrática.
Revolución económica
Tenemos que ser capaces de que la mayoría social identifique la contradicción entre el capitalismo depredador y salvaje, especialmente en su expresión neoliberal, y las necesidades del ser humano. El capitalismo no se plantea en este momentos mejorar la calidad de vida de las personas, pues para mantener sus beneficios necesita recortes, sufrimiento y represión, es decir, necesita que la mayoría asuma que tiene que vivir peor para que una minoría viva mejor.
El capitalismo aprovecha la crisis para imponer una salida que recomponga su tasa de beneficio, aumentando así la explotación, recortando los derechos sindicales y democráticos para hacerlo posible y acentuando los conflictos armados. Es en esa medida en la que se puede afirmar que las salidas que proponen los sectores dominantes son una auténtica estafa.
En consecuencia, la mayoría social trabajadora necesita su propia alternativa, orientada a avanzar en la superación del capitalismo. Una alternativa que no solamente proponga medidas económicas, fiscales y sociales, sino que desarrolle una democracia participativa, también en sus aspectos económicos y favorezca la organización y la lucha cultural, social, económica y política del mundo del trabajo
Por ello, la mayoría social trabajadora no puede esperar nada positivo del gran capital. Lo que se hace necesario son medidas urgentes que no pueden venir nunca de la derecha. Por ello este pilar debe contemplar al menos: una propuesta de choque para la creación de empleo; una propuesta de cambio de modelo productivo desde la planificación democrática de la economía; y una postura clara sobre la deuda soberana que parta del cambio del articulo 135 de la constitución, que establezca prioridad constitucional sobre el pago de la deuda a la defensa de las necesidades básicas del ser humano, es decir los derechos sociales, sindicales y laborales.
Al mismo tiempo debemos concretar las propuestas que permitirían recuperar para lo público sectores hoy privatizados, asegurando una mejor gestión. La idea es plantear que anularemos las agresiones del PP, pero no para quedarnos en las que realizo Zapatero sino para plantear un modelo nuevo de educación, sanidad, etc., para ello planteamos de inmediato plantear el debate sobre dos iniciativas: la reforma del articulo 135 de la Constitución y la necesidad de la auditoria ciudadana de la deuda odiosa. Y al mismo tiempo presentar una batería de iniciativas que desarrollen, los siguientes temas:
1. Auditoría ciudadana de la deuda
El nivel de deuda pública, tras la socialización de deudas acometida por el proyecto neoliberal, es tan elevada que es imposible pensar en su posible pago. Por esas razones es necesario poner en marcha una auditoría de la deuda pública que establezca los criterios para una reestructuración de la deuda que libere del lastre de los intereses al Estado.
Gran parte de la carga fiscal que tiene que soportar un Estado ahora mismo es debida a los procesos especulativos que han existido alrededor de la deuda pública, y la mejor forma de hacer pagar los costes de la crisis a los especuladores es precisamente dejar de pagar los títulos de deuda adquiridos en dichos procesos. Actualmente la dinámica de endeudamiento público lleva a una espiral peligrosa que amenaza con destruir las conquistas sociales adquiridas en el siglo XX, mientras enriquece injustamente a una minoría de la población. Desactivar ese chantaje es posible si se cancelan los contratos asumidos con los inversores financieros, que son fundamentalmente grandes bancos y grandes fortunas. El coste de ver cómo se cierran los mercados financieros puede ser compensado con la reforma fiscal y con el hecho obvio de que los mercados volverán a prestar en el medio plazo en un entorno de crecimiento (los mercados financieros no tienen memoria: sólo tienen la lógica de la ganancia).
2. Prioridad del gasto social
Una sociedad justa tiene que garantizar el derecho a la existencia a través de la priorización absoluta del gasto público en pensiones, desempleo y servicios públicos esenciales sobre cualquier otro compromiso. De ahí que a corto plazo sea necesaria una reforma constitucional que elimine el artículo 135, así como una derogación de la reforma laboral y de la reforma de las pensiones. Aprobación y aplicación de una Ley Orgánica para garantizar la prioridad en el gasto para satisfacer en las condiciones establecidas en la propia Constitución los derechos sociales y económicos establecidos en art. 27 del Título I (derecho a la educación) y en su Capítulo III (salud, pensiones, protección social y familiar, vivienda, etc.). Esta ley debe reconocer estos derechos como exigibles ante las autoridades.
Aprobación y aplicación de sendas Leyes Orgánicas que desarrollen el papel social de la propiedad, establecido en el art. 128 del texto constitucional y la planificación democrática de la economía establecida en el art. 131.
Hay que garantizar la titularidad pública en sectores como vivienda, energía, infraestructuras, pensiones, educación y salud. Todos los servicios declarados de primera necesidad deben ser 100% públicos y quedar garantizados para toda persona, con independencia de su país de origen.
La crisis ecológica y la necesidad de iniciar un proceso de redistribución del poder conlleva aceptar la urgencia de nacionalizar y controlar democráticamente las grandes empresas productivas de aquellos sectores considerados estratégicos, tales como la sanidad, la educación, los servicios sociales y la energía.
3. Empleo y salarios
Con las medidas de “austeridad” fracasando ampliamente en el objetivo de combatir el desempleo, es urgente reconducir la política económica y adoptar políticas de estímulo económico. Apostamos por la adopción de un plan de emergencia para combatir el desempleo, y el establecimiento de las bases para una Estrategia Europea de Inversiones, a través de tantos instrumentos como sean necesarios, que aumente la capacidad de financiación para inversiones. El objetivo esencial es la creación de empleo decente, pero además aprovechando para modificar la estructura productiva a fin de que presente una estructura productiva diversificada y de alta productividad.
Esta política expansiva no puede ignorar el impacto medioambiental del proceso de crecimiento económico, y debe atender a una reconfiguración productiva de principios ecológicos. No puede caerse en el error de considerar que debemos, o incluso podemos, volver a un crecimiento económico propio de la época anterior a la crisis. El capitalismo de tipo keynesiano está agotado.
El centro de la política económica alternativa que proponemos es lograr el pleno empleo digno y de calidad, cuyo objetivo inicial se concreta en alcanzar unas cifras de paro inferiores a las del inicio de la crisis (es decir bajar por debajo del 10% de la población activa en términos EPA) en el período de una legislatura. Con esta finalidad se articula y a ella se subordina toda nuestra alternativa económica.
La participación salarial tiene que crecer recuperando el peso perdido en los últimos años, en contraposición con la participación de los beneficios. Ello se puede hacer coordinando políticas salariales y entrando de lleno en la determinación salarial por la vía de fortalecer la centralización de la negociación laboral. Un salario mínimo interprofesional de 1.000 euros y ninguna pensión por debajo de dicho salario mínimo.
Se han de imponer topes salariales tanto en el sector público como en el sector privado a fin de romper con la tendencia de desigualdad que conlleva la dinámica capitalista.
El papel de la negociación colectiva es clave para fortalecer el peso de la participación salarial y de ese modo facilitar condiciones económicas justas para todos los trabajadores. Ello aseguraría, asimismo, un elemento sólido de demanda interna que fomente el crecimiento económico. Además, hay que desarrollar normativa laboral para incrementar la participación de los trabajadores en la toma de decisiones de las empresas. Esta participación asegurará un comportamiento más adecuado de las empresas a medio y largo plazo, así como establecerá unas relaciones de identidad más sólidas con la actividad productiva.
Hay que tener en cuenta y de forma muy especial el empleo juvenil, con planes especialmente diseñados para atajar el grave problema que supone la emigración de la juventud. Y, además, resulta urgente vincular ese hecho con el necesario increment de la inversión pública en infraestructuras de proximidad y en actividades que permitan impulsar el I+D+i.
4. Políticas de igualdad y tiempo de trabajo
Como garantía de una sociedad justa y solidaria. Igualdad real entre mujeres y hombres frente a los retrocesos que el PP está llevando a efecto en los derechos conquistados durante décadas de lucha del movimiento feminista.
El avance histórico de la productividad tiene que repercutir positivamente en las condiciones de vida y trabajo de los ciudadanos europeos, de tal forma que la economía ha de quedar subordinada a los principios sociales de sostenibilidad, trabajo decente, equidad y democracia. Además, la cantidad de ciudadanos desempleados es mucho más elevada de lo que el sistema puede absorber en el corto plazo a través de cualquier política de estímulos, con lo que procede repensar asimismo el tiempo de trabajo diario. En consecuencia apostamos por la reducción de la jornada laboral paralela al crecimiento histórico de la productividad. Hay que acomodarse a los límites del planeta reduciendo el impacto del consumo material y ajustando la capacidad de producción a los recursos existentes. Es urgente poner a la economía al servicio de las personas, de modo que un reparto del trabajo se hace imprescindible para mantener el pleno empleo en el marco de un nuevo modelo de producción y consumo. Un reparto del trabajo que se haga sobre la base de un incremento de la participación salarial en la renta, esto es, manteniendo sueldos y reduciendo los márgenes de ganancias empresariales.
Reconocer a los migrantes los Derechos Humanos establecidos en los acuerdos internacionales y desarrollar políticas de integración social y laboral.
5. Reforma fiscal
Que lleve a un sistema fiscal que en su conjunto sea progresivo, como dicta la Constitución. Eso requiere descenso del peso de los impuestos indirectos y crecimientos de los directos, que gravan en función de la renta y la riqueza. Eliminación de los gastos fiscales. Intensificación de la lucha contra el fraude y prohibición de las transferencias con territorios jurídicos considerados paraísos fiscales. Y reforma y fortalecimiento de la Agencia Tributaria y la Inspección de Trabajo hasta alcanzar los recursos humanos y materiales medios existentes en los Estados de la UE equivalentes al nuestro.
Abolición del Tratado de Maastricht y del Pacto de Estabilidad y Crecimiento. Así como toda normativa que establezca el principio de consolidación fiscal como único criterio para guiar la política económica dentro de la Unión Europea. El objetivo principal de las instituciones europeas ha de ser la creación de puestos de trabajo, y eso es absolutamente incompatible con la camisa de fuerzas que imponen los tratados y normativa jurídica desarrollados en los últimos años.
La creación de un Impuesto sobre Transacciones Financieras se hace necesario para desincentivar las actividades especulativas, y para recaudar complementos que tengan como fin la inversión en creación de trabajo decente.
Los países europeos deben aspirar a construir espacios de integración financiera que sean autosuficientes y que tengan prohibidas no sólo las transferencias con paraísos fiscales sino que también se caractericen por una estricta regulación financiera. El objetivo ha de ser garantizar la esclavitud de las finanzas con respecto a la economía productiva y a su control democrático por parte de los trabajadores. Para facilitar este propósito y evitar la fuga de capitales en aquellos espacios de integración financiera que sean reducidos en tamaño es imprescindible establecer controles al libre movimiento de capitales.
6. Banca Pública y Sistema Financiero
Creación de un sistema de banca pública que realice funciones de banca al por menor (cajas de ahorros), banca de desarrollo (reconversión del modelo productivo) y banca del estado (deuda pública). Además, se trata de fomentar la banca ética y las bancas cooperativas, frente a la gran banca privada.
La nacionalización proporcional del sistema financiero debe ser la condición necesaria para recibir ayudas del sector público. Además, debe ser una decisión que no tenga marcha atrás, esto es, que esté prohibida su privatización posterior. La existencia de banca pública es un requisito para poder garantizar que el crédito fluye hacia los sectores productivos que van a pilotar el modelo de desarrollo alternativo. Hay que sustituir el criterio de la rentabilidad por un criterio social que establezca las prioridades de desarrollo económico. El control de las entidades financieras ha de ser democrático.
Avanzar hacia una unión bancaria en el ámbito europeo que sea el germen de una banca pública europea cuyo objetivo sea financiar las inversiones a largo plazo y cuya actividad de gestión de depósitos esté nítidamente separada de la actividad de inversión.
7. Derecho social a la vivienda
Llevar a cabo medidas favorables a las familias hipotecadas por medio de la moratoria inmediata de los desahucios y la reconversión de las hipotecas en alquiler social.
Además, el gran número de viviendas que están vacías y en propiedad de la banca deberían ser utilizadas para crear un gran stock de viviendas en alquiler público barato.
El endeudamiento privado es uno de los escollos fundamentales que enfrenta cualquier política expansiva, pero además es uno de los factores que agravan la situación de las familias y de las empresas. Por eso es necesario poner en marcha programas de reestructuración de la deuda privada, administrados por los gobiernos nacionales pero financiados a nivel europeo, que faciliten el desendeudamiento familiar y puedan estimular el consumo en pequeñas y medianas empresas. Los criterios de tales programas han de estar basados en la justicia social, de modo que han de atender a la renta y riqueza de las familias afectadas.
8. Políticas agrarias y ganaderas
Fomento del sector primario como base de un mundo rural vivo en lo económico, en lo social y en lo ecológico y por lo tanto clave en el desarrollo de las economías locales y refuerzo del desarrollo endógeno. Por una Política Agraria Común que deje de subvencionar las grandes explotaciones y las grandes corporaciones transnacionales de la agroindustria y de promover el proceso de acumulación de tierras en los países empobrecidos, acabar con el Dumping. en definitiva una PAC que sirva para planificar de forma armónica la producción agrícola sobre la base de las necesidades de los distintos países.
De forma especial de los canales de distribución y comercialización para evitar oligopolios que arruinen a los agricultores y que especulan con los productos alimenticios. Trabajar para que las economías locales estén al servicio de las personas, atendiendo a sus necesidades, con criterios de suficiencia, de equilibrio territorial y de reposición y uso sustentable de los recursos.
Hay que redefinir y reconsiderar la territorialidad y apostar por un modelo descentralizado, que refuerce la economía local, los circuitos cortos y el desarrollo endógeno.
Revolución política
El golpe de la Troika, que esta limitando los espacios de una democracia formal y poniendo los cimientos de un régimen autoritario, es el resultado de un proyecto político europeo, pactado por la derecha y la socialdemocracia europea, concretado en todos los tratados europeos desde Maastricht hasta el último de Estabilidad, sobre la base de la desregulación económica y financiera, las privatizaciones, una moneda única sin Tesoro Público y un Banco Central que incentiva la especulación financiera de la banca privada.
Se trata de contraponer un modelo de integración horizontal y solidario, que empiece por consolidar las alianzas en el sur de Europa, frente al principio desregulador que garantiza el traspaso de las rentas del trabajo a las del capital haciendo retroceder las conquistas de las personas trabajadoras, su capacidad adquisitiva, sus condiciones laborales y sociales.
Por ello teniendo en cuenta el marco de descrédito de la política que la derecha trata de extender para justificar un recorte de libertades, debemos plantear propuestas que demuestren que es posible recuperar la confianza desde la máxima participación ciudadana, y para ello debemos plantear medidas que persigan la radicalidad democrática transformando las instituciones y que en el ámbito social promuevan la politización de la ciudadanía y su participación efectiva en las mismas y en su control.
En este marco, tenemos que señalar que la crisis que asola al Estado español no es solamente una crisis económica, sino también una crisis política que está anclada en el paulatina degeneración del sistema monárquico instaurado en 1978 y de su, desde largo tiempo instalada, dinámica bipartidista. Pero al mismo tiempo tenemos que reconocer que el sistema esta intentando salvar el bipartidismo monárquico y recomponer lo que podemos convenir en llamar régimen del 78, para lo cual está desviando las criticas que se lanzaban desde el 15 de Mayo de 2011 hacia el bipartidismo y los partidos mayoritarios. Es decir, está tratando de esconder su propia responsabilidad.
De esta manera, hoy son todos los partidos políticos, sindicatos e instituciones como el Parlamento los que se encuentran entre los sujetos políticos peor considerados por parte de la población.
No podríamos entender este hecho sin atender a las múltiples y graves deficiencias democráticas que tuvo la llamada transición, que se realizó como un proceso esencialmente reformista y sin ruptura democrática con la dictadura y sus aparatos de estado. No obstante, estas deficiencias que hoy se reafirman con viveza no suponen un problema para la propia estructura bipartidista. Más al contrario, las tendencias hacia el apoliticismo, y particularmente hacia el abstencionismo electoral de sectores críticos al sistema, derivadas de la actual crisis, son bienvenidas tanto por el Partido Popular y el Partido Socialista como por el poder económico.
En una suerte de nuevo empuje hacia la idiocia, o preocupación exclusiva por la vida privada, el régimen procura escapar de su crisis de legitimidad expulsando a los ciudadanos de la vida pública. El apuntalamiento del régimen se acompaña asimismo con las duras medidas de represión basadas en la generación y gestión del miedo.
El Gobierno presidido por Mariano Rajoy está inmerso en un ejercicio de marketing político en el que la retórica de regeneración democrática no está acompañada de sustancia alguna. Las medidas incorporadas en sus propuestas son claramente insuficientes, quedándose en aspectos superficiales y limitados a una mayor información pública. No hay entre las propuestas del Gobierno ningún espíritu de incrementar la participación política de la ciudadanía, ni de crear mecanismos para la fiscalización de los cargos públicos y su actividad. En definitiva, no hay nada que pueda ser considerado verdaderamente regenerador.
Frente a esta propuesta nosotros consideramos que la política y la vida pública no es el problema, sino la solución, y denunciamos el intento de vincular un determinado tipo de política, corrupta, caciquil y clientelar, con la Política con mayúsculas. Por esas razones hemos acordado realizar un llamamiento para la rebelión democrática, en aras de lograr suficiente masa crítica como para tener la hegemonía suficiente para poner en marcha un Proceso Constituyente que desemboque en una democracia republicana en el Estado Español. Nuevas reglas y nuevas instituciones para una sociedad que anhela la democracia y la participación política.
El documento que presentamos para su debate a la sociedad está conformado por cuatro ejes.
1. Estatus del cargo público
En la tradición política liberal domina la visión según la cual es razonable desconfiar de los ciudadanos, del pueblo y especialmente de la clase trabajadora, bien sea por su supuesta baja cualificación o por su supuesta incapacidad para la correcta toma de decisiones. De ahí que en las últimas décadas de hegemonía liberal se hayan instituido una serie de instituciones, como el Banco Central Europeo, sin control por parte de parlamentos y gobiernos, a los que se superponen en las tomas de decisiones, es decir con un carácter absolutamente antidemocrático. No es casualidad, de hecho, que durante la presente crisis la mayoría de decisiones relevantes en materia económica hayan sido tomada por instituciones no directamente vinculadas a la ciudadanía, como son las que componen la troika (Comisión Europea, Fondo Monetario Internacional y Banco Central Europeo). Y, a tenor de la voluntad explícita manifestada por los diferentes gobiernos europeos, la tendencia es a continuar con el proceso de alejamiento de las instituciones respecto a la ciudadanía.
Basándose en esta filosofía, naturalmente ideológica y al servicio de una determinada clase social, se ha optado siempre por el diseño de leyes electorales que filtrasen la voluntad popular. En consecuencia, el diseño liberal de las instituciones ha preferido mecanismos de representación que teóricamente permitían elegir a los mejores de entre el pueblo, garantizando su independencia con respecto a éste una vez hubieran sido elegidos. La ausencia de mecanismos de fiscalización del cargo público o la imposibilidad de poder revocar el mandato hasta un nuevo proceso electoral son, a nuestro juicio, deficiencias que hay que corregir.
Propuesta nº 1: Creación de la figura del revocatorio
Consideramos necesario que el parlamento y otras instituciones de representación reflejen de la forma más precisa posible la sociedad y sus conflictos de clase, de la misma forma que entendemos que los cargos públicos han de estar vinculados estrechamente a sus representados.
En consecuencia, creemos urgente crear el mecanismo del revocatorio para los cargos públicos con tareas de gobierno. Esta figura permite a los representados retirar su confianza en el representante a lo largo del mandato, sin necesidad de esperar a unas nuevas elecciones, de tal forma que si éste se desvía de la defensa de los intereses por los cuales fue elegido cabe deducir su pérdida de legitimidad.
Propuesta nº2: Transparencia y rendición permanente de cuentas
Al inicio de cada mandato, el cargo público ha de hacer público todo su currículum profesional y político, así como su patrimonio y renta, con el fin de que los representados tengan la máxima información posible del representante en cuestión.
Además, sometiéndose de esta forma al escrutinio público, dicho cargo público ha de hacer público en todo momento su actividad política vinculada a las tareas para las cuales ha sido elegido. En el plazo de un tiempo determinado, por ejemplo cada año, el cargo público tiene que rendir cuentas de su actividad ante sus representados. Al final del mandato el cargo público habrá de volver a someterse a un nuevo escrutinio en el que pueda comprobarse si efectivamente ha acometido con éxito las tareas de representación que le fueron encomendadas.
Propuesta nº3: Remuneración justa
Consideramos necesario que todo cargo público reciba una remuneración fija, austera pero razonable para garantizar que puede desarrollar la actividad en plenas facultades. Las medidas destinadas a retirar esta remuneración no tienen otro propósito que dejar la política en manos de los ricos, frente a lo que nos oponemos radicalmente. Así, entendemos que es necesario que el salario garantice que el representante ejerce su función no como forma de enriquecerse en política.
Una remuneración que nunca será superior a la del funcionario de mayor rango de la Administración en la que esté. Control estricto del absentismo de los cargos electos en sus respectivas responsabilidades. Supresión de los regímenes especiales en materia de pago de impuestos, años de cotización y monto de las pensiones y en general cualquier régimen especial socio laboral o fiscal.
Propuesta nº4: Incompatibilidad poder privado y poder público
Durante décadas nuestro sistema político ha padecido la simbiosis existente entre el poder privado y el poder público, de tal forma que se ha podido lubricar todo proceso de corrupción en aras del beneficio privado. La consecuencia más clara es que algunos representantes públicos han dejado de estar vinculados a sus representados y han pasado a ser meros títeres de las grandes empresas y las grandes fortunas que les han influido o cooptado, directa o indirectamente. De ahí que consideremos imprescindible profundizar la ley de incompatibilidades de los cargos públicos, tanto durante el mandato como en los años posteriores al fin del mismo.
Propuesta nº5: Ley anti-corrupción
Aprobación de una ley integral -y severa- anti-corrupción, incorporando el delito de enriquecimiento ilícito (patrimonio injustificado) o presunciones sobre la titularidad de bienes u obligaciones de declarar o medidas cautelares que impongan el cese de políticos imputados y el abandono del cargo. Los corruptos tendrán que asumir los costes directos e indirectos que reportan de sus acciones delictivas. Eliminación de la inmunidad asociada al cargo en lo relativo a los delitos de corrupción. Adopción de medidas estrictas contra el transfuguismo.
2. Participación civil, transparencia y democracia participativa
Frente a una democracia fundamentalmente representativa, como aparece reflejada en la Constitución de 1978, nosotros proponemos incrementar los mecanismos de democracia participativa a fin de que los ciudadanos mantengan un rol político activo. Denunciamos la visión caricaturesca según la cual la democracia consiste únicamente en votar cada cuatro años, y apostamos por una democracia radical donde la participación ciudadana sea permanente.
Establecer mecanismos de participación a todos los niveles de la esfera pública, que garanticen el desarrollo de la participación como un derecho. Potenciar asimismo la organización de la llamada sociedad civil.
Propuesta nº1: Referéndums e Iniciativas Legislativas Populares
Proponemos facilitar la convocatoria de los referéndums y la presentación de las Iniciativas Legislativas Populares. De hecho, consideramos necesario ampliar las circunstancias por las cuales un referéndum es un elemento obligatorio, a fin de que las más importantes decisiones de política exterior e interior tengan que ser refrendadas por los ciudadanos. Así, la reducción de requisitos para presentar una Iniciativa Legislativa Popular y la facilitación de su tramitación nos parecen igualmente necesarios.
El establecimiento de mecanismos de autorización de actuación pública, como las consultas populares o los referéndums, para asunto de trascendencia estatal, autonómica o municipal convocados por el presidente del gobierno, los presidentes de las Comunidades Autónomas o los Alcaldes o un número determinado de ciudadanos.
Propuesta nº2: Transparencia en la gestión de las finanzas públicas
Imprescindible aprobar una ley de transparencia que garantice que todos los ciudadanos puedan acceder a todo presupuesto público, tanto a nivel de presentación como de ejecución. Que todos los contratos establecidos entre empresas privadas y administración pública sean publicados de forma clara en las páginas web de las administraciones, facilitando así mismo la presentación pública de las condiciones de los concursos públicos.
Asimismo, consideramos que toda la información relativa a los representantes y cargos públicos, como sus agendas públicas, debe ser igualmente transparente para facilitar el conocimiento por parte de los representados. Aprobación igualmente de leyes que faciliten la obtención de información por parte de ciudadanos y de los representantes y que prohíban el silencio administrativo.
Propuesta nº3: Comisión de peticiones en el Congreso
Mejorar y fortalecer, dando más peso, a la comisión de peticiones en la que todos los ciudadanos pueden dirigirse de forma directa al poder legislativo. Así, habilitar espacios para que las organizaciones civiles puedan establecer un diálogo directo con los representantes del poder legislativo. Buscar nueva fórmulas por la cual el Parlamento se abre a iniciativas ciudadanas que no tienen porqué ser necesariamente legislativas (preguntas, proposiciones no de ley, etc).
Propuesta nº4: Separar el poder ejecutivo del poder legislativo
Estudiar las medidas necesarias para garantizar la autonomía de ambos poderes, para asegurar que el gobierno no tiene mecanismos de cooptación o coerción sobre los grupos parlamentarios que lo han apoyado. Facilitando así la flexibilidad y la autonomía del poder más importante, el legislativo.
Propuesta nº5: Fomentar la participación ciudadana en la gestión de los bienes y servicios públicos
Los bienes comunes exigen formas de propiedad pública socializada. Se trata de crear una nueva forma de gestión pública que permita a los ciudadanos a participar en la elección de los modelos de organización, funcionamiento y definición de objetivos de los servicios públicos. Para ello se establecerán mecanismos de participación ciudadana en la actuación de la administración y en diseño, ejecución y evaluación de las políticas públicas, y su ampliación al ámbito socioeconómico. Esta participación debe orientarse por los principios de igualdad, autonomía, deliberación pública, respeto a la diferencia, control popular, solidaridad e interculturalidad. El ejercicio de este derecho se realizaría a través de distintos mecanismos como de democracia representativa, directa y comunitaria, como pueden ser las audiencias públicas, las asambleas de barrio, los consejos autónomos municipales, los observatorios populares. Establecimiento obligatorio de gestación, gestión y control participativos de los presupuestos de las administraciones públicas.
3. Procedimiento electoral
El diseño de leyes electorales destinadas a deformar el conflicto de intereses y de clases que existe en toda sociedad, moldeando de esa forma el parlamento resultante, ha sido un continuo también en la tradición liberal. De forma específica en nuestro país, la ley electoral vigente ha fomentado el dominio de dos únicos partidos que han tendido a asemejarse el uno al otro, al competir por el mismo conjunto de ciudadanos y a partir de las mismas estrategias políticas. La política ha sido deformada y el parlamento ha perdido su capacidad de representar de forma precisa a la sociedad.
Propuesta nº1: Ley electoral de carácter proporcional
Pensamos que cualquier ley electoral que se aleje de la proporcionalidad será un diseño institucional tramposo y no democrático. Por esa razón, entendemos necesario modificar el sistema de circunscripciones para la Cámara Baja, el Congreso, y garantizar que el voto de cualquier ciudadano del Estado español tiene el mismo peso con independencia de la ubicación geográfica en la que esté adscrito.
Establecer la misma proporcionalidad en los Parlamentos autonómicos, acabando con la disparidad de criterios de una comunidad a otra. Cada CCAA, un circunscripción electoral para su Parlamento. Avanzar en el derecho al sufragio, reconociéndolo a partir de los 16 años e incluyendo a las personas inmigrantes con 2 años de residencia en el Estado español.
Propuesta nº2: Financiación de los partidos políticos
Proponemos que toda la financiación de los partidos políticos tenga que ser pública y que esté prohibida la financiación privada. Asimismo, creemos necesaria la creación de una entidad independiente que fiscalice las cuentas electorales de los partidos y la actividad electoral que éstos realizan, a fin de garantizar que el presupuesto final se adapta a la actividad material.
En todo caso, proponemos también que el Estado garantice la pluralidad informativa en los medios de comunicación, tanto públicos como privados, en tiempos de campaña electoral. Debates públicos con todas las formaciones, en horarios de prime time, y una información que pueda permitir reducir el desembolso electoral de los partidos.
Propuesta nº3: Sobre los partidos políticos
Se propone legislar sobre el funcionamiento de los partidos políticos, a fin de garantizar la democracia interna (entendida en su tradición republicana, esto es, como procedimientos de fiscalización sobre los dirigentes/representantes) como condición imprescindible para el acceso a cualquier tipo de proceso electoral y, por supuesto, de subvención pública. Así, le serían aplicables todas las propuestas que en este documento se han señalado.
4. Democracia en la palabra. El derecho a la no desinformación y contra la acumulación y monopolización de medios
Los antiguos griegos definían la isegoría como la igualdad en la participación de la palabra, especialmente en el momento de participar en la asamblea. En nuestras sociedades modernas, más de dos mil años después de aquella descripción, estamos lejos de alcanzar una situación siquiera parecida a la que sugiere tal concepto. Porque hoy la palabra pública está muerta, despedazada por los medios de comunicación privados que privan a determinados sectores e ideas la exposición de sus planteamientos. Así, hoy en día asistimos a un espectáculo donde una idea común, un pensamiento único y uniformador, se desdobla en dos tipos de matices y se expone como debate público. Nada más lejos de la verdad.
Porque creemos que todos los ciudadanos y organizaciones tenemos el mismo derecho a exponer nuestras ideas públicamente, a ser oídos y escuchados por el conjunto de la población, creemos en la democracia en el interior de los medios de comunicación. Creemos en el derecho a la información y en el derecho a la no desinformación, esto es, a la verdad. Maltrecha la profesión del periodismo por los enormes conglomerados privados que obedecen a los intereses de sus propietarios privados, así como por las televisiones públicas, dirigidas políticamente en la dirección que al gobierno de turno le convenga, procede buscar soluciones inmediatas para garantizar la profesionalidad y los derechos a la información.
Propuesta nº1: Debates plurales y ruptura del bipartidismo
Como parte de la estrategia de apuntalar el régimen bipartidista que sostiene al capitalismo español, las televisiones han sido inducidas políticamente a mantener debates políticos con solo dos participantes, uno por cada cara de la moneda del sistema. Así, se ha coartado la libertad de expresión y el derecho a la información de gran parte de la sociedad. En consecuencia, proponemos legislar para garantizar que todas las televisiones tengan la obligatoriedad de proporcionar debates políticos en condiciones de pluralidad. Además, como parte de un servicio público permanente y no sólo vinculado a los períodos electorales.
Propuesta nº2: Democratización de los medios de comunicación
Proponemos legislar de forma que todos los medios de comunicación tengan protocolos democráticos según los cuales las decisiones sobre la información no estén tomadas sólo por los propietarios sino que el conjunto de las redacciones tengan derecho a expresar su opinión y tomar decisiones respecto a la materia sobre la que se informará.
Proponemos una Ley General de la Comunicación Audiovisual que garantice el reparto de las licencias entre el servicio público, las iniciativas sociales y los negocios audiovisuales, de manera que los tres sectores puedan disponer de radios y televisiones de cobertura municipal, autonómica y estatal. Nos oponemos a la privatización de los medios de comunicación públicos.
Propuesta nº3: Turnos de palabra en Congreso y Senado
Proponemos ampliar el reglamento del Congreso de forma que se incremente el cupo destinado a los grupos parlamentarios para hacer uso de la palabra, pudiéndose así expresar la totalidad de las posiciones políticas representadas en el pleno, y una mayor participación de los diputados/as a titulo personal.
Reforma de los Reglamentos de funcionamiento de las Cortes Generales, de los Parlamentos Autonómicos y de los Plenos Municipales para asegurar la transparencia en la toma de decisiones, la participación de las minorías y el control de las actividades del poder ejecutivo y la participación de la sociedad en los mismos.
Fuente: El bloc de Joan Josep Nuet
Joan Coscubiela: LOS DESAHUCIOS VUELVEN AL CONGRESO
Si el PP creía que, secuestrando parlamentariamente la ILP , impulsada por la PAH, sindicatos y organizaciones sociales y avalada por 1,5 millones de firmas,terminaba con el debate de las familias hipotecadas y los desahucios, iba muy errado .
El dramatismo de la situación, la perseverancia en la lucha y la solidaridad de la PAH y la insistencia de algunos para acompañar y apoyar esta lucha en las instituciones, mantiene el conflicto más vivo que nunca.
La primera iniciativa que verá el Congreso en el actual periodo de sesiones será una Proposición de Ley del Parlamento de Cataluña, aprobada en la última legislatura, a partir del trabajo de la Comisión de Justicia, presidida entonces por el compañero y amigo Salvador Milán. Estamos, pues, ante una nueva oportunidad para encarar el problema de fondo y adoptar soluciones reales y rápidas .
Durante dos años el Gobierno Rajoy, como antes el Gobierno Zapatero, se ha negado a encarar lo que, junto con un paro masivo y crónico, es el principal problema de nuestra sociedad. Las soluciones no son fáciles, porque las dimensiones del endeudamiento hipotecario son tan gigantescas como el fraude social que hay detrás. Pero la razón de que no se haya afrontado este drama social no está en la complejidad de las soluciones, sino en que desde el poder político no se quiere afectar el mercado hipotecario. El PP sigue poniendo los intereses de los titulares de cédulas hipotecarias (unos 333.938 M € ) por delante del derecho constitucional de las familias a disponer de vivienda.
El conflicto social es muy evidente e intenso, y por eso el gobierno Rajoy ha combinado inmovilismo con medidas cosméticas, siempre improvisadas ya remolque de las movilizaciones sociales.
Hoy ya disponemos de datos que confirman lo que intuíamos: las medidas adoptadas no resuelven el problema y están sólo orientadas a un lavado de cara y, en el mejor de los casos, de mala conciencia.
El Código de Buenas Prácticas Bancarias de Guindos , adoptado hace dos años como respuesta a una interpelación del grupo "Izquierda Plural" ha resultado un fracaso. En un periodo en el que se han producido cerca de 120.000 desahucios, se han podido presentar 9.861 solicitudes para acogerse al Código, de las cuales el 48% han sido denegadas . Sólo 2.300 familias han podido acceder a algunas de las modalidades de reestructuración de la deuda. Y sólo 6 han obtenido una quita en el importe de su deuda. Es ilustrativo compararlo con las decenas de millones de euros de finiquito que los promotores inmobiliarios han obtenido los mismos bancos, que las niegan a las familias. Cabe recordar que el agujero provocado por estas quitas a las inmobiliarias lo está pagando la ciudadanía con el rescate bancario.
Otro prueba del fracaso en el Código de Guindos lo tenemos en los datos del Banco de España. Durante el 2012 se produjeron 15.174 daciones en pago, y en seis meses de 2013, unas 8.856 , lo que confirma que la mayoría de estos acuerdos de dación en pago se han hecho en negociaciones privadas o promovidas por las movilizaciones de la PAH, y no en el marco del Código de Guindos.
Otro fraude político del PP ha sido el "Fondo Social de Vivienda "para alquiler social, constituido por 6.000 viviendas propiedad de los Bancos. Los requisitos de acceso son tan restrictivos que sólo se han presentado 1.259 solicitudes y se han adjudicado 637, con sólo 410 contratos firmados hasta ahora .
Una vergüenza, por todos los lados. Porque los bancos han facilitado en general el stocks de viviendas más deterioradas. Y porque han quedado fuera de este Fondo todas las viviendas del SAREB-Banco Malo-, fruto el proceso de saneamiento bancario. El Gobierno se niega a poner una parte del patrimonio del SAREB, constituido, hay que recordar, con fondos y avales públicos, al servicio de una política social de alquiler. El argumento del Gobierno es la necesidad de evitar pérdidas al SAREB, pero la realidad es que se está utilizando para promover una otro negocio, en este caso por parte de Fondos de Inversión de todo el mundo, que están comprando el mejor patrimonio del SAREB a precios de saldo y nos dejarán los patrimonios más dañados. Por si fuera poco, el Gobierno acompaña este negocio de una política oscurantista, negando la información a este diputado con la excusa de que el SAREB es una empresa de mayoría privada. Hay que ser sinvergüenza .
Así, podríamos repasar los resultados de cada una de las medidas aprobadas por el gobierno Rajoy, que, obligado por la movilización social y por la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, aprobó una ley que ha introducido cambios en las subastas, en la impugnación de cláusulas abusivas en las hipotecas. Pero ninguna de ellas está teniendo resultados significativos. Y la razón es que no se quiere encarar el problema de fondo, ni adoptar soluciones reales, a fin de no afectar "negativamente" el mercado de las cédulas hipotecarias.
El drama de las hipotecas, lejos de disminuir, continúa aumentando su dimensión humana y también económica . 600.000 familias están atrapadas en hipotecas por más valor que sus viviendas. La morosidad familiar no para de crecer.Según el Banco de España, el 5,6% en el tercer trimestre de 2013, cuando hace un año era del 3,48%. Y esto en una sociedad con una tasa de paro del 26%, 2 millones de parados sin prestación, 1,4 millones de hogares sin ningún ingreso, el 12,3% de los trabajadores con empleo con ingresos bajo el umbral de la pobreza y 3 millones de personas en situación de pobreza extrema. Y mientras tanto, algunos pretenden que la solución es seguir bajando salarios. De locos, o mejor, insaciables y suicidas a la vez.
Tres son los ejes básicos de una solución real: el primero, poner en marcha unproceso real y efectivo de reestructuración de las deudas hipotecarios de las familias, que reduzca significativamente su endeudamiento y les permita vivir dignamente. Hay razones éticas y de justicia, pero también económicas. Es evidente que esta apuesta tiene costes económicos que habrá que asumir, pero tiene menos riesgos sociales y económicos que continuar asfixiante familias.
El segundo, aprobar de una vez por todas una Ley de segunda oportunidad que acabe con dos grandes anomalías e injusticias : si el deudor es una empresa, la legislación le permite, a través del proceso concursal, una reestructuración de la deuda, que en muchos casos incluye una fuerte quita y ofrece a la empresa una doble oportunidad. Pero si el deudor es una persona física, una familia, la Ley española no le ofrece esta segunda oportunidad. Y España es de los pocos Estados de la UE que no tiene una ley de segunda oportunidad para las familias. La razón vuelve a ser la de siempre: las cédulas hipotecarias tienen la garantía de las hipotecas suscritas, pero no de cualquier hipoteca. Detrás de las cédulas hipotecarias suelen haber las hipotecas de las familias, por su elevada seguridad en el cobro. Toda una declaración de prioridades.
También hay que aprovechar la oportunidad que ofrece el saneamiento bancario para poner una parte del parque de viviendas propiedad del SAREB realizar funciones de parque público de viviendas sociales de alquiler. Con una gestión descentralizada en las CCAA, con importante participación de los ayuntamientos, que son los que mejor conocen la realidad social de las familias. Y en colaboración con entidades sociales que trabajan con personas con necesidades sociales o riesgo de exclusión. Esa sí sería una buena práctica de colaboración público-privado.
El martes 11 de febrero, el Congreso tendrá una nueva oportunidad de afrontar el problema de cara. Allí estaremos. Espero que el PP no vuelva a bloquear de nuevo las soluciones ya matar las esperanzas de miles de familias.
Fuente: El bloc del Coscu
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