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lunes, 16 de marzo de 2015
Llamazares denuncia que Rajoy facilita un “pelotazo” de 1.200 millones a los registradores mercantiles al cederles la gestión del Registro Civil.
El diputado y portavoz de Justicia de IU tacha de “expolio a los ciudadanos” los aranceles “expropiatorios” diseñados por el Ejecutivo del PP, que financia así la “privatización” del registro con un dinero que “se van a quedar 120 señores”
El diputado de Izquierda Unida y portavoz de Justicia de IU, ICV-EUiA, CHA, Gaspar Llamazares, ha denunciado hoy que el Gobierno de Mariano Rajoy facilita un “pelotazo” cercano a los 1.200 millones de euros a los registradores mercantiles con la decisión del Ejecutivo del PP de cederles la gestión del Registro Civil. Tachó de “expolio a los ciudadanos” los aranceles “expropiatorios” con esta medida, con la que también se financia la “privatización” de dicho registro, de tal manera que a partir de ahora los ciudadanos tendrán que pagar por servicios que hasta el momento eran en su mayoría gratuitos.
El parlamentario de IU criticó en declaraciones en el Congreso que “no han pasado ni 24 horas de la votación del decreto que suprimía las tasas judiciales y se ha demostrado ya que era flor de un día, un mero maquillaje”. Explicó que esas tasas judiciales impuestas por el Gobierno en la etapa de ministro de Alberto Ruiz-Gallardón y que ahora se suprimen -IU se opuso desde el principio a su implantación- suponen un ahorro para los usuarios de la justicia de cerca de 300 millones de euros anuales, mientras que esa cantidad se multiplica por cerca de 4 ó 5 con lo que se tendrá que pagar a los registradores.
Para Llamazares, “el Gobierno de Rajoy sustituye las tasas por unos aranceles que se van a quedar 120 señores -en alusión a los registradores mercantiles existentes en nuestro país- que, además, van a dar un peor servicio a los ciudadanos”.
“Que el presidente del Gobierno -dijo- les dé a sus compañeros 1.200 millones de euros”, cuando se calcula que la gestión del Registro Civil en su fórmula actual no tiene un coste superior a los 500.000 euros, “es un verdadero escándalo sin precedentes”. Añadió que “es un pelotazo de algunas profesiones que están muy presentes en este Gobierno, un pelotazo de los registradores mercantiles”.
Señaló también que sobre esta cuestión habría que apelar “directamente” a Mariano Rajoy sobre “si no tendrá que abstenerse en este tipo de decisiones o ausentarse del Consejo de Ministros”, cuando se aborde este asunto.
Para Llamazares, este “arancel expropiatorio” al que deberán enfrentarse los ciudadanos para resolver procedimientos que antes realizaban de forma mucho más “barata” en el Registro Civil, supone que “el Gobierno puede prevaricar y malversar fondos públicos ‘legalmente’”.
El portavoz de Justicia de IU ha registrado en el Congreso una batería de preguntas para que el Gobierno tenga que dar explicaciones. Además, ha formalizado ya la petición de comparecencia en sede parlamentaria del ministro de Justicia, Rafael Catalá, para dé cuenta textualmente “sobre la compensación mediante nuevos aranceles a los registradores mercantiles por hacerse cargo del Registro Civil, incumpliendo el compromiso de mantener su carácter público y la gratuidad”.
Gaspar Llamazares argumentó que el Registro Civil, que en estos momentos está en manos de la Justicia y de los jueces de paz en toda España, “y que es accesible y barato”, se va a convertir en un “servicio privatizado” y criticó el “negocio” que harán las empresas que finalmente se ocupen de gestionar el sistema informático de este registro –en cuestiones relativas al nacimiento, las bodas o la defunción de las personas- porque, además, se realizará “sin ninguna garantía de control de confidencialidad” de los asuntos privados que se tratan.
Insistió en que “estamos ante un expolio, a través de un arancel que van a recibir los registradores mercantiles”, que son un “sucedáneo de funcionario público que funciona como una empresa”. Advirtió de que “se van a quedar con todo y no van a devolver al Estado ni un euro”.
Fuente: izquierda-unida.es
Álvaro Sanz pide la dimisión de Morenés por desacato al Parlamento y para saber qué ocurre de puertas para adentro en los cuarteles.
Álvaro Sanz exige a Morenés en el Pleno que dimita porque quien "desacata al Parlamento y hace la vista gorda” en el caso de la comandante Cantera no puede ser ministro
El diputado de Izquierda Unida y portavoz de Defensa de IU, ICV-EUiA, CHA afirma que “es indispensable que se sepa lo que ocurre de puertas para adentro de nuestros cuarteles” durante su rechazo a la reforma de la Ley de la Carrera Militar
El diputado de Izquierda Unida y portavoz parlamentario de Defensa de IU, ICV-EUiA, CHA, Álvaro Sanz, le ha exigido hoy en el Congreso que dimita a Pedro Morenés, titular de este departamento, por su gestión en el caso de la comandante Zaida Cantera. Sanz le indicó que “un ministro que desacata al Parlamento, que tiene un conflicto de intereses y que hace la vista gorda” ante el acoso sexual por un superior denunciado por la oficial “no es un ministro que pueda seguir ostentando esa cartera”.
El diputado aragonés de IU intervino en el Pleno para expresar el rechazo de su grupo al proyecto de ley del Gobierno que modifica la Ley de la Carrera Militar y aprovecho la presencia de Morenés en el debate para advertirle que “no se nos va a acallar, porque para que nuestras Fuerzas Armadas puedan realizar su trabajo en condiciones es indispensable que se sepa lo que ocurre de puertas para adentro de nuestros cuarteles”.
Dado que el texto del Ejecutivo que ampara la reforma de la carrera militar saldría adelante por la mayoría absoluta del PP en la Cámara Baja, Sanz anunció que su grupo presentará las enmiendas parciales necesarias en vista de que “ustedes no tienen ninguna intención de equilibrar derechos con obligaciones”.
Argumentó que esta reforma “viene tarde, mal y es absolutamente insuficiente. La reforma queda muy lejos y no aborda las inquietudes que tienen los trabajadores y trabajadoras de nuestras Fuerzas Armadas”.
Para el portavoz de Defensa de IU, el Ejecutivo de Mariano Rajoy en ningún momento ha considerado como un eje de la reforma el derecho profesional a la carrera militar de los propios integrantes de las Fuerzas Armadas. Explicó, además, que “se nos sigue negando el debate sobre las necesidades que tiene este país en materia de defensa” y afeó a Pedro Morenés que para lo limitado que es su propuesta de reforma “no necesitábamos tanta demora ni generar falsas expectativas”.
Sanz responsabilizó al Ministerio de Defensa y al Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de “meter mano” en la acción del poder legislativo en relación con la ley de la carrera militar que saldrá de esta reforma. El parlamentario lamentó que el “papel del legislativo viene a ser cercenado por el Gobierno”, lo que da como resultado una “pérdida de oportunidad para modernizar y otorgar derechos propios a un Ejército del siglo XXI”.
El diputado de IU insistió en la idea de que desde el Gobierno, en general, y desde el Ministerio de Defensa, en particular, “no velan por el interés laboral de los soldados, sólo lo hacen pensando en las necesidades ocultas, porque no las aclaran, de la defensa española”.
Fuente: izquierda-unida.es
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