La portavoz de ICV en el Congreso ha animado a la gente a participar de las próximas movilizaciones en la calle "ante esta nueva ola de recortes sobre los que tienen más dificultades"
La portavoz de ICV en el Congreso, Laia Ortiz, ha afirmado que "el PP se ha convertido en el enemigo de la gente joven y de los sectores más sensibles de la sociedad" en referencia al paquete de medidas anunciado ayer por el gobierno central después del primer consejo de ministros. Para Ortiz "los jóvenes son los más desprotegidos, porque no sólo los excluyen del acceso de la ayuda de los 400 euros, sino que los aumentan las tasas universitarias, les dificultan el acceso a la formación profesional y los recortan las políticas activas de empleo ". Es por ello que Ortiz ha animado a la gente a participar en las movilizaciones de este próximo septiembre "ante esta nueva ola de recortes sobre las personas que tienen más dificultades", como por ejemplo la próxima manifestación del día 15 de septiembre en Madrid. "Desde ICV multiplicaremos los esfuerzos para explicar a la gente de la calle el impacto de estas decisiones que se están tomando" indicó la portavoz de ICV en el Congreso, en un acto con simpatizantes de ICV en las comarcas gerundenses .
Laia Ortiz ha denunciado que "es un gobierno que lo ve todo al revés: perjudica a la gente que tiene menos para dar privilegios a los que más tienen". Por la portavoz de ICV en el Congreso es "una aberración que la prioridad del PP sea poner facilidades para hacer fuera de casa a la gente. Es incomprensible que haya dinero para hacer nuevos regalos fiscales a las empresas sobre el impuesto de sociedades y empresas que son propietarias de stocks de viviendas y, al mismo tiempo, hayan retirado las ayudas al alquiler a los que realmente lo necesitan ".
CARRERAS DE TOROS EN LA TELEVISIÓN PÚBLICA
Laia Ortiz ha anunciado que ICV presentará una batería de preguntas en el Congreso "porque la decisión de retransmitir las corridas de toros en la televisión pública vulnera la ley del audiovisual y también la directiva europea". "Celebramos que el CAC haya respondido en defensa del derecho de los menores, para protegerlos de la violencia que suponen las corridas de toros en una televisión pública" afirmó Ortiz, y ha anunciado que "vamos batalla a un PP que se pasa por ante la ley sólo para marcar una involución en la televisión pública con unos espectáculos violentos que no deberían tener lugar ".
INCENDIOS EN LAS COMARCAS DE GIRONA
Laia Ortiz, que ha animado a los equipos de bomberos que siguen luchando para terminar el extinguir el incendio, indicó que estos incendios "no pueden caer en el olvido" y "tenemos que tomar nota y, sobre todo, lecciones" . En este sentido, Ortiz ha advertido que desde ICV "lo tendremos muy en la memoria" de cara a los presupuestos de la Generalitat ya la hora de hacer políticas desde el Parlamento. "El medio ambiente, las políticas de medio natural, de gestión y desarrollo rural que han sido abandonadas por el Gobierno de la Generalidad, deben estar en el centro de las políticas medioambientales si queremos evitar que se repitan estos capítulos negros con los incendios de este verano "sentenció la portavoz ecosocialista.
IU-ICV cree que la prórroga del Prepara es "propaganda" y critica que se restrinja el acceso
El portavoz de la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA) en materia de Empleo en el Congreso, Joan Coscubiela, considera que la prórroga del Plan Prepara aprobada este viernes por el Consejo de Ministros es "propaganda" del Gobierno, y ha criticado que se restrinja el acceso de los parados de larga duración sin prestaciones a esta ayuda de 400 euros.
En declaraciones a Europa Press, Coscubiela ha calificado al Gobierno de "trilero" por su actitud con respecto a la prórroga de este programa. Ya antes, en Twitter, había afirmado que el Ejecutivo ha "engañado" y "manipulado informativamente" a los ciudadanos con su "propaganda".
Además, ha criticado la "charlatanería" de la ministra de Empleo, Fátima Báñez, que "es coartada para justificar el ajuste y excluir a muchos jóvenes", al establecer la renta familiar como condición para acceder a la ayuda de los 400 euros pese a que la definen como "ayuda individual". "No tienen vergüenza", ha lamentado.
MINISTRA "CÍNICA"
"Es especialmente cínica porque fue ella la que, ya siendo ministra, prorrogó el programa anterior en diciembre, y ahora dice que no ha cumplido sus objetivos, como si esa responsabilidad correspondiera a un tercero y ella fuera una tertuliana. Es esperpéntico", ha dicho.
A renglón seguido, Coscubiela replica a los argumentos sobre la baja inserción obtenida por este programa afirmando que "la ministra se olvida de que (crear empleo) es su responsabilidad" y le pregunta si ése no era el objetivo de la reforma promovida por el Ministerio.
PLAN DEMEDIADO
En la misma línea, el diputado de IU por Asturias, Gaspar Llamazares, califica la rueda de prensa de "festival de mentiras", y lamenta que "el nuevo Prepara se queda sólo en Para: demediado y convertido en ayuda familiar, con la moralina de la culpa y el recorte justo a parados".
"Dicen que nadie que lo necesite se quedará sin apoyo. Pero hay más de 1,7 millones parados sin nada, y sólo 200.000 en el Prepara", recuerda el diputado en su perfil de Twitter, acusando a Báñez de "insultar la inteligencia" de los ciudadanos con los ejemplos utilizados para explicar las modificaciones del programa.
Además, coincide con Coscubiela en que "otra mentira es decir que el Prepara no promueve la reinserción laboral", ya que "su evolución a la baja es paralela a la recesión económica", y opina que "lo peor" de los cambios es "la moralina que culpabiliza a las víctimas y pretende un reparto justo de los mismos". "¡Hipocresía!", zanja Llamazares.
La señora Merkel y el bloque de poder que lidera han mantenido con extraordinaria firmeza su negativa a que el Banco Central Europeo (BCE) intervenga para atajar la inestabilidad financiera y reducir la presión de los mercados sobre las deudas soberanas italiana y, muy especialmente, española. El hecho es claro y los matices y calificativos añaden escasa información; no obstante, podría sustituirse firmeza por arrogancia, recordar que esas operaciones de mercado abierto del BCE (compra de bonos soberanos en el mercado secundario) ya funcionaron muy eficazmente en agosto de 2011 y no descartar que en las próximas semanas se produzca una nueva intervención del BCE y ese primer párrafo quedaría completo.
Con esa negativa, Merkel y los capitales que sustentan su liderazgo le han señalado a Rajoy la única puerta que dejan abierta: completar los fondos europeos destinados a recapitalizar el sistema bancario con la solicitud de un nuevo rescate que proporcione la financiación que requiere inexcusablemente y a corto plazo la economía española. Ayudas sometidas a estrictas condiciones que obligarán al Gobierno español a aprobar más recortes en los bienes públicos, la inversión estatal y los sueldos de los trabajadores de las Administraciones Públicas, mantener la presión sobre los costes laborales del sector privado y aplicar nuevas reformas estructurales que afectarán otra vez al mercado laboral y al sistema público de pensiones.
El empecinamiento que muestran los gobiernos de Alemania y los países aliados que conforman el centro y el poder hegemónico en Europa al mantener las fracasadas políticas de austeridad y estrategias insolidarias y no cooperativas de salida de la crisis que implican un desigual reparto entre los socios de los beneficios, costes y riesgos que supone la participación en el euro es materia digna de estudio. No resulta extraño, por ello, que no pocas personas se hayan interrogado en las últimas semanas por las razones o sinrazones que llevan a Alemania y sus aliados a mantener contra viento y marea un esquema de salida de la crisis que no sirve y que impone recortes que nunca son suficientes.
En las páginas que siguen se dará cuenta de algunas de las contribuciones más significativas en el análisis de los intereses y razones que se han publicado recientemente y pueden contribuir a entender la tozudez de las posiciones alemanas. Aportaciones que se tomarán como marco de referencia y punto de partida para realizar una lectura propia de la lógica en la que se sustenta la estrategia conservadora de salida de la crisis que propugnan Alemania y los países del norte de la eurozona.
Las medidas de recorte, reducción rápida y simultánea de los déficits públicos y mejora de la competitividad a través de la compresión de los salarios reales se han revelado tan ineficaces como peligrosas. Antes que conseguir una disminución de los desequilibrios en las cuentas públicas, esas medidas provocan un hundimiento de la demanda interna que si bien permite una reducción coyuntural del déficit por cuenta corriente provoca al tiempo un retroceso de la actividad económica y del empleo que hace imposible seguir avanzando en la tarea de equilibrar las cuentas públicas y exteriores. Ante esta realidad innegable, la respuesta de Merkel parece incomprensible, ya que se niega a aceptar una rectificación blanda que tendrá que terminar admitiendo y que podría actuar como contención de las presiones que ejercen las fuerzas que pugnan por derrotarla en las elecciones del próximo año. Esa rectificación blanda no supondría, en mi opinión, una solución a la crisis, pero dificultaría las recaídas en nuevas recesiones con un ritmo más lento en el ajuste y una mayor apertura a complementar unos recortes menos duros y extensos con medidas de sostén del crecimiento.
Más irracional aún parece la presión que se ejerce para que los países periféricos aprueben recortes presupuestarios adicionales cada vez más impopulares y cumplan de forma estricta las nuevas medidas de austeridad y desregulación del mercado laboral que aprueban. ¿Son realmente incomprensibles o ilógicas las medidas de austeridad que imponen y la actitud que mantienen las fuerzas que lidera Merkel?
Interpretaciones con fundamento
Conviene, antes de entrar en materia, aclarar algo que aunque resulta evidente no debe llevar a ningún equívoco. Las referencias a Merkel o Alemania señalan al conjunto de fuerzas económicas, políticas y sociales que, con el apoyo de buena parte de la opinión pública de los países del norte de la eurozona y la connivencia de poderosos medios de comunicación y centros de investigación económica, han conseguido una sólida hegemonía en las principales instituciones de la UE que les permite imponer sus soluciones y estrategia de salida de la crisis al conjunto de los Estados miembros de la eurozona y la UE.
No está de más comenzar agradeciendo el esfuerzo realizado por los autores que, superando la molicie que tiende a prevalecer en tiempos estivales, han hecho públicas sus particulares interpretaciones de la lógica económica que sustenta las posiciones de Alemania y sus aliados y proporcionan información y argumentos sobre los intereses que orientan sus decisiones que nos permiten conocer sus debilidades, criticar sus decisiones y reconsiderar nuestras críticas. De todas esas reflexiones destacan, por su interés y particular relevancia, las de dos reconocidos analistas, Antón Costas y Vicenç Navarro.
Antón Costas (Ni contigo ni sin ti…, El País, 5 de agosto de 2012) se interroga sobre las misteriosas razones que llevan a que Alemania impida “al BCE actuar como un verdadero banco central” y plantea dos posibles respuestas complementarias. Su primera hipótesis apunta a la defensa por parte de Alemania de “sus intereses nacionales a corto plazo”. Entre esos intereses nacionales se encontrarían los de garantizar que los inversores y bancos alemanes recuperen lo que prestaron y, de forma inmediata, aprovechar la creciente aversión al riesgo que muestran los inversores para financiarse a coste cero o negativo (con intereses nominales mínimos e inferiores a la inflación). La segunda hipótesis interpretativa tiene más vuelo y se refiere a las contradictorias posiciones que defienden Alemania y Francia a propósito del avance en la integración europea. “Alemania quiere forzar a Francia a aceptar la Unión Política como paso previo a dejar al BCE hacer las funciones de banco central; pero Francia se resiste a esa condición y defiende la Unión Bancaria”
Si finalmente, como parece, el BCE no interviene para reducir la insoportable prima de riesgo que está asfixiando a la economía española y obliga al Gobierno de Rajoy a pedir nuevos fondos comunitarios, Costas considera que dicho rescate sería como si nos lanzasen un salvavidas de acero “que te hunde definitivamente en la recesión, el estancamiento, el desempleo y la pobreza”. En tales circunstancias, la sociedad española deberá afrontar la disyuntiva de permanecer o salir de la eurozona, ya que en “su actual funcionamiento, los costes de estar en el euro son mayores que los beneficios”, después de calibrar las desconocidas consecuencias en términos de costes, oportunidades y riesgos que tendría esa salida.
Las reflexiones de Vicenç Navarro (en dos artículos publicados en Nueva Tribuna, El Sr. Draghi, el euro, el BCE y el Bundesbank, 3 de agosto de 2012, y Manipulada desinformación sobre el Banco Central Europeo”, 8 de agosto de 2012) parten de un rechazo claro y rotundo a aceptar que el euro esté en peligro de desaparecer. Navarro argumenta que “las fuerzas dominantes que determinaron su establecimiento continúan existiendo y beneficiándose de su existencia” y rechaza, por consiguiente, la posibilidad de colapso del euro.
Navarro defiende que son los Estados y los bancos de los países periféricos, no el euro, los que tienen problemas (falta de disponibilidad de crédito, altas primas de riesgo, fuga de capitales hacia el centro de la eurozona) y que tales problemas tienen su origen en que el BCE “no era ni es un Banco Central” ni se comporta como tal, comprando deuda pública para marcar un límite a los intereses e impedir que mercados financieros y especuladores lleven los intereses a largo plazo de los países del sur de la eurozona a niveles insoportables. Bastaría con un comportamiento del BCE similar al de los bancos centrales de EE.UU., Japón o, más cerca, Gran Bretaña para solucionar la crisis de liquidez que sufren España e Italia.
La troika (Comisión Europea, BCE y Fondo Monetario Internacional), en representación de “los intereses de la burguesía financiera y exportadora alemana y de otros países del centro”, no pretende ayudar a los países sino a los bancos del centro de la eurozona “y muy en particular, los bancos alemanes”, asegurando con su intervención que los Estados y los bancos de la periferia paguen los intereses y devuelvan los préstamos recibidos. Por eso impide que el BCE desarrolle las funciones básicas y normales que realizan los bancos centrales y aprovecha las necesidades de crédito de los países periféricos para condicionar su ayuda a la aplicación de medidas de austeridad, privatización y desregulación que son muy impopulares y “no tienen ninguna oportunidad de resolver el problema del déficit público”.
La eurozona sólo podría colapsar, según Navarro, “si los países periféricos abandonasen el euro, lo cual es imposible”, ya que las burguesías financieras y empresariales de los países periféricos están interesadas en utilizar la crisis y las imposiciones de la troika “para conseguir lo que siempre han deseado: reducir los salarios, eliminar la protección social y desmantelar el Estado de Bienestar”, con la ventaja de compartir con las instituciones europeas la responsabilidad por la extrema dureza de las medidas, sus negativos impactos económicos y sociales y los consiguientes costes políticos.
Este apretado resumen de los interesantes análisis y planteamientos que realizan ambos autores en los artículos señalados puede servir como excelente punto de partida para exponer una interpretación que incorpora matices parcialmente diferentes en algunos aspectos y refuerza algunos de los argumentos esgrimidos a propósito de las razones que han sustentado las posiciones alemanas sobre la actuación del BCE.
Razones como puños
Merkel y el bloque de intereses al que representa sostienen con obstinación una propuesta política de salida de la crisis para los países periféricos que interesa desentrañar en todos sus componentes e interrelaciones, ya que su posición respecto a lo que debe o no debe ser y hacer el BCE es sólo una parte o utensilio de su caja de herramientas.
La estrategia conservadora pretende un lento y precavido cambio institucional de la eurozona en el que la reparación de los fallos de diseño institucional y los avances en la construcción de una unión bancaria y fiscal y en la mutualización de la deuda soberana dependerán y estarán condicionados por el grado de cumplimiento de los países del sur de la eurozona en sus compromisos de austeridad para equilibrar sus cuentas públicas y presión sobre los costes laborales para minimizar los desequilibrios de sus cuentas exteriores por la vía de aumentar la competitividad y promover las exportaciones netas. Dicha estrategia se completa con un conjunto de medidas desreguladoras que buscan la ampliación de los márgenes de actuación de los agentes económicos privados y las relaciones mercantiles a costa del sector público o, lo que es lo mismo, de la capacidad del Estado para gobernar las actividades económicas y financieras, garantizar niveles de protección social que sean considerados suficientes por la ciudadanía y ofrecer bienes públicos de calidad no sometidos a las exigencias de rentabilidad y demanda con capacidad de pago.
Una prematura mutualización de la deuda soberana en cualquiera de las modalidades que se están barajando o una intervención sostenida del BCE en los mercados de deuda, mostrando su disposición inequívoca a garantizar niveles asumibles en los costes financieros que deben pagar los países periféricos, supondría descartar una herramienta de presión sobre los gobiernos y las ciudadanías de los países del sur de la eurozona que consideran insustituible para imponer medidas que no podrían ser asumidas sin una presión extrema que obligue a aceptar con carácter inmediato un intenso empobrecimiento y una desposesión de derechos laborales, sindicales y sociales. La justificación de que tales medidas de austeridad se deben aplicar en aras de un más que discutible horizonte de lenta reactivación económica en el que difícilmente podrán recuperarse, incluso a medio plazo, los niveles adquisitivos, derechos, bienes públicos y empleos perdidos es un argumento complementario que puede ser útil para dar cobertura ideológica y legitimar los sacrificios, pero no garantiza que se lleven a cabo las medidas aprobadas.
Los muñidores de la estrategia de salida de la crisis que han impuesto las instituciones europeas suponen, con razón, que solo una situación de extrema necesidad garantiza la aceptación de las duras medidas de austeridad por parte de las sociedades de los países rescatados y permite minimizar el riesgo moral de que los gobiernos de esos países incumplan después sus compromisos de equilibrar con extrema celeridad y máximo rigor sus cuentas públicas y exteriores. Y por eso no están dispuestos a prescindir por las buenas de la herramienta de presión que suponen unas primas de riesgo disparadas y en permanente acecho. De ahí, los requerimientos para que el Gobierno del PP solicite financiación de los fondos europeos de rescate y se comprometa pública y formalmente a seguir cumpliendo de manera estricta las medidas aprobadas y, en su caso, las nuevas medidas que le sean impuestas.
La actuación del BCE, permitiendo unos niveles elevados pero controlados de las primas de riesgo, es de vital importancia, ya que la imposición de la estrategia conservadora se sostiene, precisamente, en la necesidad urgente e ineludible de financiación externa que tienen los países periféricos y que sólo pueden obtener, en la cuantía que precisan y con unos intereses que puedan encajar, de sus socios del norte de la eurozona a cambio de garantizar que se van a aplicar al coste de lo que sea las medidas de austeridad extrema, desregulación y devaluación interna que les sean requeridas.
Los beneficios que obtienen los países del centro de la eurozona, y concretamente Alemania, con la gestión de la crisis y con la salida que están imponiendo son importantes. En el corto plazo, les permite financiarse a tasas de interés negativas (lo que le proporciona una gran ventaja en términos de costes) y evitar una apreciación del euro (dada la saneada situación de las economías del centro de la eurozona) que perjudicaría su potencial exportador. En el medio y largo plazo, aspiran a preservar el mercado único y el euro en unas condiciones de reforzamiento de su hegemonía económica y política y de prolongada subordinación de unas economías periféricas con bajos niveles salariales que se reafirmarían como proveedores baratos de manufacturas y servicios de baja gama.
A la postre, la estrategia alemana pretende compatibilizar dos ideas que hasta ahora se consideraban contradictorias, si no incompatibles: por un lado, más Europa; por otro, fosilización de las estructuras y especializaciones productivas de los países periféricos.
Más Europa en el sentido de más unidad bancaria y homogeneidad de los sistemas fiscales nacionales con más poder de control y sancionador comunitario, pero no un aumento sustancial del presupuesto de la UE ni, como consecuencia, más inversiones productivas comunitarias o mayor cuantía e institucionalización de transferencias federales de fondos, sea para hacer frente a choques exteriores asimétricos, impulsar y hacer efectivo el principio comunitario de cohesión social y territorial o favorecer la convergencia real de estructuras productivas, especializaciones y niveles salariales.
Y congelación de la actual jerarquía de especializaciones productivas y exportadoras, con un centro especializado en industrias y servicios de alta gama que, pese al aumento de las desigualdades sociales, permitirían mantener altos salarios y una oferta todavía suficiente de bienes públicos, y una periferia especializada en industrias y servicios de bajo valor añadido y escasa productividad que no podrían sostener el actual Estado de bienestar ni los actuales niveles salariales y condenarían a una parte de las clases trabajadoras al paro o aceptar empleos y salarios indecentes. A las actuales fracturas financieras y productivas entre los países del norte y el sur de la eurozona habría que sumar una nueva fractura social en los países del sur de la eurozona, ya que millones de personas quedarían excluidas del mercado laboral, no podrían contar con la red pública de protección social que existía hasta ahora y no tendrían más opciones que la emigración o la extrema pobreza.
En definitiva, la parcial inhibición del BCE y el lento cambio institucional de la eurozona resultan funcionales para imponer una salida de la crisis que interesa a los acreedores y prolonga las fracturas en las especializaciones y estructuras productivas que han alentado la extrema heterogeneidad que existe entre los países del norte y el sur de la eurozona y que explican buena parte del desigual desempeño en sus equilibrios o desequilibrios macroeconómicos.
Está por ver que los posibles beneficios de esa estrategia justifiquen los altos riesgos que están asumiendo sus promotores, no sólo de cara a la legitimidad de su liderazgo sino también de la potencial agravación del conflicto social y la inestabilidad sociopolítica o la generación de fuerzas económicas y financieras desestabilizadoras que podrían acabar generando una crisis ingobernable de la eurozona y, finalmente, su desaparición.
Debilidades que enflaquecen las razones de Alemania
La limitada presión que pueden articular Monti y Rajoy con el apoyo de Hollande y la desarticulada y discontinua resistencia popular frente a los recortes no están en condiciones todavía de vencer a la estrategia conservadora ni de hacer trastabillear el sistema de alianzas que la sostiene.
No obstante, la estrategia que propugna Merkel presenta algunas debilidades. Su mayor fragilidad reside en que los esfuerzos y sacrificios que impone son tan baldíos como injustos en el reparto unos costes que se concentran en los países del sur de la eurozona y afectan especialmente a sectores muy amplios de las clases trabajadoras de los países rescatados. Son muchas las posibilidades de que, como viene ocurriendo hasta ahora, la austeridad a ultranza que se ha impuesto a los países periféricos no consiga reducciones significativas y rápidas de los déficits públicos y, en cambio, profundice la recesión económica. De igual modo, las medidas de presión para reducir los costes laborales tienen mínimas oportunidades de lograr equilibrar las cuentas exteriores por la vía de reducir los precios de exportación y competir con los países de bajos salarios; más aún en las condiciones de estancamiento económico que sufre la UE y en el caso de los países periféricos en los que los procesos de desindustrialización han sido más intensos, presentan una limitada capacidad exportadora y dependen crucialmente de las importaciones de manufacturas y servicios intensivos en capital y tecnología para alimentar el crecimiento del producto.
Tarde o temprano la actual estrategia dominante de salida de la crisis será revisada porque es ineficaz para los objetivos que dice pretender. Tendrá que ser modificada, ya veremos si en profundidad o solo con algunos retoques, porque en su actual versión es tan profundamente injusta y antisocial que se ha convertido en el mejor caldo de cultivo para que la ciudadanía vislumbre y comprenda los intereses de esa poderosa, arrogante e insensible minoría social que impone medidas que provocan el empobrecimiento de la mayoría. Y tendrá que experimentar cambios insignificantes o sustanciales porque en su actual formato supone una gestión de alto riesgo por parte de unas instituciones europeas que yerran en la interesada lentitud con la que pretenden arreglar los fallos estructurales o de diseño de la eurozona, en su permisiva dejación de responsabilidades respecto a los inversores que se aprovechan de la inestabilidad financiera y la calculada inoperancia del BCE y, probablemente, en la evaluación de la capacidad de resistencia de las sociedades de los países del sur de la eurozona. Errores que pueden acabar produciendo una aguda crisis de la eurozona que haga imposible la continuidad del euro, al menos en su actual configuración o extensión, por mucho que su desaparición no interese a ninguno de sus actuales socios y acabe perjudicando, en mayor o menor medida, a todos y cada uno de los Estados miembros.
La ciudadanía europea debe elegir entre aceptar o impeler la estrategia alemana. O pugna por una solución cooperativa y solidaria que permita ganancias y avances de todos y cada uno de los Estados miembros y del conjunto de la UE o se seguirán imponiendo, sin modificaciones sustanciales, las prioridades y medidas de política económica que propugnan Merkel y sus aliados.
Si triunfa la estrategia alemana, se acabaron las ensoñaciones de una Europa protectora que favorece la convergencia real de las economías de todos sus Estados miembros y la aproximación en los niveles de renta y condiciones de vida y trabajo de sus ciudadanos. Cada palo tendrá que aguantar su vela. Y cada Estado miembro, superar sus debilidades y atrasos estructurales como pueda, en dura competencia con sus socios y en pugna con las tendencias a la heterogeneidad productiva que promueven la lógica y el normal funcionamiento del mercado único y el euro.
La principal incógnita de ese futuro que acabará afirmándose no es tanto si la estrategia conservadora será revisada como la de qué alcance tendrá la rectificación y cuánta destrucción económica y fracturas sociales se va a producir en los países del sur de la eurozona y en el conjunto de los países de la UE hasta que se apruebe esa modificación. Y conectado a este primer escalón de problemas, un interrogante sobre la prevalencia en ese cuestionamiento de los tecnócratas y los argumentos técnicos o de las necesidades, valores y prioridades que la mayoría de la sociedad destaque como propios.
De prevalecer la revisión técnica no se produciría un cuestionamiento real de las estructuras y relaciones de poder y decisión en las instituciones europeas actualmente existentes ni una modificación sustancial de las prioridades de política económica e ideológicas que derivan de esas estructuras.
La viabilidad política de un cuestionamiento más profundo, que suponga una ruptura con las medidas de austeridad, depende de la consolidación de un amplio y consciente movimiento de la ciudadanía europea capaz de confrontar la estrategia conservadora con un proyecto popular y progresista de salida de la crisis que concrete una propuesta solidaria y cooperativa de unidad europea. La izquierda tendrá que trabajar para aportar a ese proyecto la voluntad política, asentada en un fuerte y mayoritario consenso social, de establecer como prioridad inexcusable y a corto plazo de la acción de cualquier Gobierno el derecho efectivo de las personas a un empleo decente y a una renta digna; y para asegurar, frente a cualquier intento de deterioro o limitación, una extensa oferta de bienes públicos de calidad y una potente acción reguladora e inversora del Estado orientada por el interés público y las preferencias expresadas democráticamente por la mayoría de la sociedad.
Joan Coscubiela ha denunciado que las medidas adoptadas hasta ahora "no han servido de nada y sólo son poner parches a sus propios errores"
El diputado de ICV-EUiA en el Congreso, Joan Coscubiela, ha presentado una Proposición No de Ley que limite las retribuciones de los directivos y miembros de administración del sector financiero en España "sean o no participadas del FROB". "Desde ICV tenemos una postura muy clara: hace falta una regulación profunda del sistema y exigimos que se sancione y se devuelvan íntegramente todas las retribuciones recibidas por los directivos de entidades financieras en concepto de blindaje, salarios diferidos, planes de pensiones, indemnizaciones o otras remuneraciones complementarias al salir de la entidad, durante los últimos cinco años de todas las entidades participadas por el FROB "ha dicho Coscubiela. Además, el portavoz ecosocialista ha pedido que, en caso de incumplimiento del marco de retribuciones, "se lleve a cabo la inhabilitación permanente" para la práctica financiera de estos directivos.
"Todas las entidades han recibido ayuda directa o indirecta de fondos y avales públicos, y los directivos de estas entidades fincancieras no sólo no han visto reducidos sus privilegios y remuneraciones sino que en muchos casos han recibido indemnizaciones millonarias, cuando ellos han sido los máximos responsables de la crisis financiera con las prácticas de riesgo "ha denunciado Coscubiela. Además el diputado recordó que esta reducción de las retribuciones ya están previstas en el Real Decreto-Ley 2/2012 y por lo tanto pide que se aplique "sin excepciones y con total transparencia".
El Real Decreto 2/2012 aprobado el pasado mes de febrero pretendía sanear el sector financiero y establecía las retribuciones de los directivos de entidades intervenidas por el FROB en un máximo 300.000 euros anuales y 600.000 por las entidades participadas no mayoritariamente por el FROB. "La realidad es que este Decreto no parece haber producido el efecto deseado. Tan sólo se ha reducido un 4,54% del total de las retribuciones a los miembros del Consejo de Administración y directivos de las entidades intervenidas por el FROB "ha justificado Coscubiela, a la vez que ha destacado que esta" reducción ridícula "contrasta con los recortes adoptadas por el Gobierno Central como la reducción de un 16% de la prestación de desempleo, la reducción del 20% del sueldo de los funcionarios o recorte del 15% en la ayuda a la dependencia.
Los inquilinos que se retrasen en el pago del alquiler podrán ser desahuciados en 10 días
Los inquilinos que se retrasen en el pago de la renta de alquiler podrán ser desahuciados en un plazo de diez días si no presentan alegaciones ante el juez, según el Anteproyecto de Ley de Medidas para la Flexibilización y Fomento del Mercado de Alquiler, que se aprobará este viernes en el Consejo de Ministros.
En un encuentro con la prensa, la ministra de Fomento, Ana Pastor, ha explicado que, con la normativa en vigor, el arrendador se ve obligado a acudir a la vía jurisdiccional y obtener una sentencia declarativa para que el impago de la renta pudiese dar lugar a un desahucio. "Además, el inquilino tenía la posibilidad de pagar en el último momento y evitar la ejecución", ha señalado.
Con la nueva ley, se establece un plazo de diez días desde que el arrendador acude al juzgado a poner la denuncia para que el arrendatario pague su deuda, "y, si no lo hace, el juez puede dictar la resolución del contrato de forma inmediata, sin más trámites". Asimismo, la finalización del proceso será mediante auto del juez, en lugar del decreto del Secretario Judicial que se empleaba hasta ahora.
Según Pastor, "lo que se quiere es reducir el procedimiento tedioso que se tenía que llevar a cabo hasta ahora para dictar una resolución, pues lo que está claro es que el que no paga, no va a pagar aunque se le dé más plazo".
El secretario de Estado de Infraestructuras, Transporte y Vivienda, Rafael Catalá, ha asegurado que, "aunque pueda parecer que esta medida sea una ventaja para el arrendador, lo cierto es que se quiere evitar la picaresca en los contratos de alquiler".
"Es un asunto delicado, porque ahora los desahucios nos inquietan a todos. Por ello, se abre un plazo de diez días para hacer alegaciones ante el juez", ha subrayado Catalá, quien cree que la sociedad "siempre ve la parte del pobre inquilino que no puede pagar, pero no se puede olvidar tampoco a la parte arrendadora, que quizá tenga ese inmueble como fuente de ingresos".
Así, el secretario de Estado ha afirmado que los plazos de desahucio, "que ahora están en meses o más, se verán reducidos notablemente, ya que la ley permitirá agilizar los procesos judiciales, pues, a partir de ahora, con la presencia de un solo funcionario de juzgado se podrá llevar a cabo la resolución".
SE PODRÁN RESCINDIR LOS CONTRATOS CON UN MES DE ANTELACIÓN
Otro de los principales aspectos de la nueva normativa para el mercado del alquiler es la potestad del arrendatario de rescindir el contrato sin tener que pagar ninguna indemnización si lo comunica con un mes de antelación, "independientemente de la duración de éste".
Asimismo, el dueño de la vivienda podrá recuperarla para residencia habitual (siempre que sea para él, para familiares en primer grado de consanguineidad o por adopción, o cónyuge en caso de divorcio) sin necesidad de que se haya pactado en el contrato, "siempre con un plazo de dos meses de preaviso".
"Antes el dueño solo podía recuperar su casa para utilizarla como residencia habitual siempre que se hubiese pactado previamente en el contrato", ha destacado la ministra de Fomento, para quien "esta mejora es una cuestión de sentido común".
Por otra parte, el comprador de una vivienda arrendada solo estará obligado a mantener al inquilino en los arrendamientos inscritos en el Registro de la Propiedad, "aunque continúa sin ser obligatoria esta inscripción".
En la normativa vigente, en los contratos de duración inferior a cinco años, el comprador está obligado a mantener al inquilino ese periodo de tiempo, "esté o no inscrito en el Registro de la Propiedad". En los contratos superiores a cinco años, si no están registrados, el comprador debe mantener al arrendatario los cinco años y, si lo está, debe mantenerlo la totalidad del plazo del contrato.
Para la titular de la cartera de Fomento, el "principal" objetivo de este proyecto de ley es flexibilizar el mercado del alquiler, reforzar la seguridad jurídica y mejorar la regulación del procedimiento judicial de desahucio.
"La reforma se plantea porque tenemos un mercado del alquiler muy pequeño frente al resto de países de la UE, pues solo un 17% de la población tiene vivienda de alquiler, frente al 83% que la tiene en propiedad", ha aseverado Pastor, para quien "lo más gordo" es el 'stock' de 700.000 viviendas que hay en España.
En cuanto a las previsiones de los resultados que puede obtener la nueva regulación, Ana Pastor ha apostado por mantenerse "prudente", ya que considera que "hay muchos escenarios posibles, porque el mercado de vivienda es una realidad multivariante".
"La situación que tenemos en este momento es bastante mala, tirando a muy mala", ha confesado la ministra, quien cree que con el Anteproyecto de Ley "se mejorará" la situación y se dinamizará "de forma importante" el mercado, "porque hay mucha gente que quiere alquilar y otra mucha que quiere arrendar su vivienda, por lo que esas dos realidades deberían casar".
Izquierda Unida tiene registradas desde hace semanas dos peticiones de comparecencia de Mariano Rajoy en sendos plenos extraordinarios y las de otros seis ministros en comisión que, en principio, no se podrán debatir hasta el día 28
Lara considera “bochornoso el gusto que le ha cogido el presidente a gobernar los viernes a través del decreto-ley, a lo que se une la ‘tele-tienda’ de sus ministros para ‘vender’ sus productos a través de vídeos que Moncloa manda a los medios, además de la ‘guinda’ que ponen Montoro y Soria con su particular ‘guerra de egos’ veraniega”
El coordinador federal de Izquierda Unida y presidente portavoz del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA, Cayo Lara, ha tachado de “inaceptable y sorprendente” que el Grupo Popular y el Gobierno de Mariano Rajoy “hayan tenido paralizado durante prácticamente todo el mes de agosto el Congreso de los Diputados como si su mayoría absoluta les diera la potestad de detener el tiempo y los problemas a su antojo político. En este país han surgidos muchos problemas importantes las últimas semanas sobre los que ni Mariano Rajoy ni su Gobierno han querido dar la cara”.
Lara se refiere así a la “injustificada tardanza” para convocar una sesión de la Diputación Permanente del Congreso –que en principio se celebrará el próximo martes, día 28, y que estaba prevista para mediados de mes- para debatir y votar las decenas de peticiones de comparecencia de miembros del Gobierno, además de otros temas parlamentarios, registradas por los grupos en las cuatro últimas semanas.
“Por ejemplo –detalla Cayo Lara-, desde Izquierda Unida tenemos solicitadas desde hace semanas las convocatorias de sendos plenos extraordinarios para que Rajoy acuda al Congreso. Está claro que el presidente del Gobierno y sus ministros tienen alergia al Parlamento. Aunque hayan demostrado su desprecio por el debate parlamentario en esta legislatura, resulta especialmente grave que el Ejecutivo y el PP no permitan hasta la última semana de agosto el normal funcionamiento de la Cámara Baja”.
Las dos peticiones de comparecencia de IU para el presidente del Gobierno –con las firmas también del PNV y el Grupo Mixto, como es preceptivo reglamentariamente- se registraron para que explique “el ajuste presupuestario hasta 2014 remitido por el Gobierno a Bruselas, cifrado en más de 100.000 millones de euros, las medidas adoptadas para cumplirlo y su impacto sobre el crecimiento económico y el empleo”, por un lado. La segunda, paralizada desde finales de julio, busca que Rajoy dé cuenta de las “medidas que piensa adoptar para reactivar la economía y el empleo, sin que ello suponga más recortes y pérdidas de derechos sociales y laborales para colectivos como, entre otros: de trabajadores, pensionistas, jóvenes, mujeres, dependientes, funcionarios u otro personal al servicio de las Administraciones Públicas, que ya vienen sufriendo desde hace varios años esfuerzos considerables en estos aspectos”.
Cayo Lara valora que “al gusto que le ha cogido Rajoy a gobernar los viernes a través del decreto-ley se le une ahora la ‘tele-tienda’ de sus ministros para ‘vender’ sus productos a través de vídeos que mandan a los medios desde Moncloa, para no tener que responder preguntas. Todo ello aderezado con la ‘guinda’ que ponen los ministros Montoro y Soria con su particular ‘guerra de egos’ veraniega. Resulta bochornoso”.
Además, Izquierda Unida, a través de su grupo parlamentario, tiene registradas para su debate y votación en la Diputación Permanente la petición de comparecencia de otros seis ministros y ministras por diversos temas que, en su momento, acapararon la preocupación social “pero que el Gobierno del PP prefiere que ‘caduquen’ de fecha política antes que dar la cara, dar explicaciones sobre ellos y asumir las responsabilidades políticas por su actuación”, destaca Lara.
Estas peticiones de IU pendiente de debate son:
• Convocatoria de la Comisión de Exteriores para que el ministro explique la “decisión de repatriar unilateralmente a los cooperantes españoles en la zona del Sahara Occidental”. (1 de agosto)
• Convocatoria de la Comisión de Fomento para que la ministra informe sobre las “razones del incremento de los precios de los peajes en un 7,5%, en un contexto de grave crisis económica, con importantes subidas del IVA que también pueden repercutir en los costes de los peajes a partir del 1 de septiembre. (2 de agosto)
• Convocatoria de la Comisión de Empleo y Seguridad Social para que la ministra informe sobre el “impacto en la población desempleada de los recortes en las prestaciones por desempleo y la finalización del Plan de empleo y cualificación profesional PREPARA”. (2 de agosto)
• Convocatoria de la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales para que la ministra informe sobre la “amenaza lanzada por el Instituto Nacional de Consumo de decretar la exclusión de FACUA del Registro Estatal de Asociaciones de Consumidores y Usuarios por su campaña informativa contra los recortes sociales del Gobierno”. (3 de agosto)
• Convocatoria de la Comisión de Hacienda y Administraciones Públicas para que el ministro explique los “acuerdos adoptados en la reunión celebrada el 31 de julio por el Consejo de Política Fiscal y Financiera en la que se fijaron los objetivos de déficit y deuda de las comunidades autónomas para 2013”. (3 de agosto)
• Convocatoria de la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente para que el ministro dé cuenta de la actuación del Gobierno ante la situación de emergencia creada por los incendios producidos los días 11, 12 y 13 de agosto” (16 de agosto).
El Gobierno español esperará al menos hasta mediados del mes de septiembre antes de plantearse solicitar ayuda a sus socios europeos con el fin de valorar adecuadamente qué le ofrece y en qué condiciones el Banco Central Europeo (BCE), según apuntan los analistas de Goldman Sachs en una nota dirigida a los clientes de la entidad.
"Continuamos viendo a España como la primera en la fila a este respecto (pedir ayuda y aceptar las condiciones), aunque no esperamos que se produzca una petición hasta mediados de septiembre como muy pronto", señalan los analistas de la entidad de Wall Street.
Así, consideran que "las autoridades españolas probablemente esperen hasta ver qué les ofrece el BCE en la reunión del Consejo del 6 de septiembre antes de decidir si hacen una petición de apoyo al EFSF y, de hacerlo, cómo y cuándo".
De hecho, el informe de Goldman Sachs apuesta por que Mario Draghi desvelará en la próxima reunión del Consejo del BCE la estrategia con la que el 'Guardián del euro' planea frenar la escalada de los intereses de la deuda soberana de los países de la periferia del euro.
En este sentido, los analistas prevén que el BCE lleve a cabo intervenciones "de manera oportunista" en los vencimientos de deuda de entre uno a tres años con el objetivo de prevenir los picos de los intereses exigidos a la deuda a corto plazo de los países periféricos que ha paralizado en diversas ocasiones los mercados de deuda.
Sin embargo, el informe de Goldman Sachs se muestra más cauto sobre la posibilidad de que el BCE anuncie la compra de grandes cantidades de deuda soberana de la periferia y considera que la institución intentará en un primer momento reactivar los mercados privados mediante estas intervenciones esporádicas, en vez de reemplazar inmediatamente al sector privado con su propio balance.
La posibilidad de que España finalmente solicite asistencia financiera a mediados de septiembre es la más manejada en los mercados, ya que el país deberá hacer frente en octubre al vencimiento de 26.351 millones (6.085 millones en letras y 20.266 millones en bonos y obligaciones).
De hecho, el Tesoro Público tendrá que captar unos 79.968 millones de los mercados en lo que queda de año para financiar los vencimientos pendientes y el déficit público, según datos del mercado primario a los que ha tenido acceso Europa Press.
Los vencimientos de agosto a diciembre ascienden a 45.968 millones de euros, a los que hay que sumar casi la mitad del déficit público previsto para este año (6,3%), lo que supone unos 30.000 millones, y los 4.000 millones que se ha comprometido a aportar al fondo de liquidez autonómico.
La portavoz de ICV también ha anunciado que han pedido la comparecencia de los ministros y la creación de una subcomisión de reforma del sector energético
La portavoz de ICV en el Congreso y responsable de energía del grupo de La Izquierda Plural (IU-ICV-CHA), Laia Ortiz, ha instado al Gobierno del PP "a acabar con este sainete porque es una irresponsabilidad con graves consecuencias económicas y sociales "en referencia a las discrepancias que han mostrado los ministros de Hacienda, Cristóbal Montoro, y de Industria, José Manuel Soria, sobre la reforma energética.
Ante la incapacidad del Gobierno para abordar el problema y la confusión que ha creado este cruce de declaraciones, la portavoz ecosocialista, que ha anunciado que ICV ha solicitado la creación de una subcomisión de reforma del sector energético en el Congreso, que sirva para realizar un debate en profundidad donde participen todos los sectores implicados. "Nos jugamos mucho como país porque este tema tiene consecuencias ambientales y económicas muy importantes. Por eso hay un debate amplio y transparente con un grupo de trabajo donde se sienta no sólo la voz de las grandes eléctricas sino también de las renovables y sus pequeños productores así como de los ecologistas "recalcó Laia Ortiz.
Además, la portavoz de ICV ha anunciado que pedirán la comparecencia de ambos ministros en el Congreso para que den explicaciones ante la reforma de un sector eléctrico que "no se puede basar en una revisión superficial o en tareas que hundan el sector de renovables , sino que precisa de una remodelación en profundidad que acabe con los privilegios de las grandes eléctricas
Para Ortiz "estas incertidumbres denotan que el ministro de Industria está secuestrado por el lobby de las grandes eléctricas y pone en peligro de que haya una buena regulación". La portavoz de ICV ha explicado que el PP está tomando decisiones en contra de las propuestas de la Comisión Europea, que hunden el sector de las renovables. "Este es un Gobierno pro-nuclear, que no apuesta por fomentar el uso de energía limpia ni vela por garantizar las condiciones de seguridad necesarias".
Lanzamos 'Derecho a curar', una campaña en apoyo de la objeción de conciencia del personal sanitario
CONTRA LA EXCLUSIÓN SANITARIA DE LAS PERSONAS INMIGRANTES SIN PERMISO DE RESIDENCIA
Médicos del Mundo lanzamos la campaña ‘Derecho a curar’ para sumar adhesiones de profesionales sanitarios a la objeción de conciencia contra la exclusión sanitaria de las personas inmigrantes en situación irregular. Hemos puesto en marcha una acción de movilización ciudadana contra un decreto que deja a las personas sin permiso de residencia sin acceso al sistema sanitario público a partir del 1 de septiembre. La campaña online, www.derechoacurar.org, también recabará apoyos de la ciudadanía a la objeción sanitaria contra el Real Decreto Ley 16/2012.
Con esta iniciativa, queremos contribuir a la iniciativa puesta en marcha por la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria (SEMFYC) el pasado 10 de julio y que suma ya más de 1.300 profesionales objetores contra la exclusión sanitaria.
La iniciativa, dirigida en un primer momento a médicos y médicas de familia, se amplía a profesionales de todas las especialidades médicas, de enfermería, administrativos de salud... “en definitiva –explica Álvaro González, presidente de Médicos del Mundo– se trata de suscitar un movimiento del mundo sanitario contra una medida que choca contra la ética profesional. Queremos servir de vehículo de transmisión para que el personal sanitario reivindique, ejerza su derecho a la resistencia y su derecho a curar a toda persona que lo requiera, independientemente de su situación administrativa”.
Además, la iniciativa también busca sensibilizar y movilizar a la ciudadanía en apoyo de la profesión médica y a favor del derecho a la salud. La web incluye para ello diversos materiales como una carta modelo que cualquier ciudadano puede dirigir a su médico para solicitarle que objete contra la exclusión de las personas inmigrantes.
Asimismo, desde la propia web se puede suscribir una carta dirigida a la ministra de Sanidad manifestándole su rechazo a la exclusión de las personas sin permiso de residencia de la atención sanitaria y difundir un manifiesto contrario a la reforma sanitaria y la exclusión.
Compromiso ético
El acceso a la salud sin discriminación para todas las personas es un derecho humano reconocido en los principales instrumentos legales y normas internacionales. Desde el Juramento Hipocrático hasta la adopción en 1948 de la Declaración de Ginebra de la Asociación Médica Mundial (AMM), la profesión médica ha expresado en forma de código deontológico su compromiso con la misión de proteger la salud sin ningún tipo de discriminación.
La Declaración de Lisboa de la AMM sobre los Derechos del Paciente recoge: "Cuando la legislación, una medida del gobierno, o cualquier otra administración o institución niega estos derechos al paciente, el personal médico debe buscar los medios apropiados para asegurarlos y restablecerlos".
A partir de esta premisa, hacemos un llamamiento al personal de salud (sanitario y administrativo) para que objete frente a la exclusión del acceso a la salud de las personas más vulnerables de nuestra sociedad, especialmente del colectivo de inmigrantes sin permiso de residencia. “El personal de salud puede y debe hacer saber que curar es mucho más que una obligación, que es un derecho y que debemos poder ejercerlo sin restricciones”, concluye Álvaro González.
Médicos del Mundo consideramos que la reforma supone un grave retroceso en términos de derechos sociales y rechaza las justificaciones para la adopción de esta medida. “Las personas inmigrantes no vienen a España para servirse de los sistemas de cobertura socio-sanitaria”, afirma Álvaro González. “Son numerosos los estudios que demuestran que las personas inmigrantes utilizan menos los servicios sanitarios que la población española”, asegura.
