IU prepara más de 360 actos para pedir la dimisión del Gobierno

La federación busca conectar con la mayoría social que reclama responsabilidades políticas y un proceso electoral anticipado

El coordinador general de Izquierda Unida, Cayo Lara, ha presentado este viernes la campaña de movilización 'Hay Alternativa. Gobierno Dimisión', que buscarecoger firmas para demandar elecciones anticipadas y la dimisión del gobierno del Partido Popular por "el fraude democrático que ha supuesto el incumplimiento del programa votado por los ciudadanos y la corrupción que acecha a la financiación del partido". 

La campaña supone, según la organización de IU, "un gran esfuerzo de movilización para darle esperanza a la gente ". Se han previsto masivas recogidas de firmas en más de 360 actos públicos y mesas redondas, asambleas abierta, presentación de las medidas a los colectivos sociales y sindicatos que están en lucha por los servicios públicos, además de movilizaciones en torno a la propuesta del partido contra la reforma municipal y de las comunidades autónomas.

La federación busca conectar con la mayoría social que reclama responsabilidades políticas y un cambio de gobierno mediante un nuevo proceso electoral, a través del contacto directo y eldiálogo con la ciudadanía. Esta nueva campaña supone la continuación de la iniciativa para dar voz a la calle llevado a cabo para el Debate del Estado de la Nación, #arajoylediría y busca consolidar el mensaje de "somos la alternativa de izquierdas". 

Cambio de jueces en el caso Bárcenas

Durante la rueda de prensa en la que ha presentado la campaña, el portavoz de la izquierda plural en el Congreso de los Diputados ha sido preguntado por la negativa de Luis Bárcenas de declarar esta mañana ante el juez Ruz, que ha calificado de "plante descarado". Además, el dirigente cuestiona el comportamiento del PP en la investigación sobre la supuesta contabilidad B y opina que el PP ha demostrado tener "intereses" en que sea el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz y no Javier Bermídez quien lleve el casso: "¿por qué este interés en no dejar actuar a la justicia como considere conveniente?".

 "¿por qué este interés en no dejar actuar a la justicia como considere conveniente?"

"Es una obviedad que el PP está trabajando en la dirección de obstaculizar al máximo posible que el señor Bárcenas declare ante la justicia", ha señalado Lara, para añadir que "curiosamente" el juez Ruz, que antes no "quería saber nada", después aceptó investigar los papeles del extesorero del PP "empujado por la Fiscalía Anticorrupción y la Fiscalía General del Estado". En esta línea, ha acusado al PP de estar participando "directamente" en la "pelea soterrada" que está teniendo lugar en la Audiencia Nacional para decidir quién asume la investigación de los "papeles" de Bárcenas, al tiempo que ha denunciado que con esta "pugna" la justicia "se está jugando su credibilidad".

"Caiga quien caiga en Andalucía"

En cuanto a las novedades sobre el caso de los ERE fraudulentos en Andalucía, Lara ha señalado que "en Andalucía, como en cualquier parte", debe actuar la justicia, "caiga quien caiga". Asimismo, ha recordado que gracias a IULV-CA se creó la Comisión de Investigación sobre el caso de los ERE en el parlamento andaluz y se pusieron sobre la mesa muchas cuestiones que ahora, a su parecer, le han podido servir a la jueza encargada del caso, Mercedes Alaya, para ordenar las actuaciones de los últimos días. "La posición que Izquierda Unida en Andalucía viene manteniendo con el tema de los ERE no sólo no es pasiva sino que es totalmente activa y una parte importante de lo que está ocurriendo es precisamente por la posición que ha mantenido nuestra organización. Y reitero, las responsabilidades políticas las que consideren los compañeros en Andalucía, que tienen que pedir en su momento", ha apostillado. 

Fuente y vídeo: publico.es

Joan Coscubiela: La izquierda y Europa

En una misma semana, la Unión Europea nos envía señales contradictorias. Uno caliente, la sentencia del Tribunal de Luxemburgo que dictamina que la legislación española sobre ejecuciones hipotecarias y desahucios no es respetuosa con los derechos que las directiva de la UE y reconoce los ciudadanos como usuarios. Y otro de frío, el acuerdo del Eurogrupo de la zona euro por el que se pretende que los ciudadanos chipriotas paguen vía impuestos el rescate de los bancos de Chipre, o sea de sus acreedores internacionales.

Estos hechos me hacen reflexionar sobre uno de los grandes retos que tiene la izquierda. Ofrecer a la ciudadanía un proyecto nítido sobre Europa. La crisis, la incapacidad de las instituciones para hacerle frente, las injustas y suicidas políticas de austeridad están debilitando la legitimidad de la política, las instituciones. El proyecto europeo es uno de los primeros damnificados, por errores propios, por la culpabilización que la UE están haciendo los gobiernos de los estados y también por el interés de los poderes económicos de desmantelar cualquier estructura de poder que pueda hacer de contrapeso político a una globalización que ellos quieren sin reglas ni contrapoderes sociales.

Durante esta crisis, la institución más genuinamente europea porque es la única elegida directamente por los ciudadanos, el Parlamento Europeo, está siendo despreciada por los gobiernos de los estados miembros. Gran parte de las decisiones se toman los Consejos Europeos, que son la suma de los 27 estados miembros. Otros, incluso se toman en espacios ademocràtics como la troika, formada por el Banco Central Europeo, la Comisión Europea y el FMI.

Pero ya se encargan los gobiernos europeos de descargar sus responsabilidades en otros. Incluso cuando, como en el caso de Chipre, la decisión la toman los ministros de Economía de la zona euro, constituidos en Eurogrupo. Así, en el imaginario colectivo, Europa aparece como la responsable de las medidas que imponen sacrificios injustos y sufrimientos inútiles. Y los gobiernos aparecen como sujetos ajenos a estas barbaridades.

SENTENCIAS BENEFICIOSAS PARA LOS CIUDADANOS

Por otra parte, se conoce poco el papel que la legislación europea juega en la defensa de los ciudadanos europeos, en ocasiones desprotegidos por su legislación estatal. En menos de un año el Tribunal de Luxemburgo ha dictado varias sentencias, todas ellas beneficiosas para los ciudadanos. Dos, que reconocen el derecho a disfrutar y no perder las vacaciones cuando éstas coinciden con períodos de baja médica. Otra, que obliga a España a computar las cotizaciones de los contratos a tiempo parcial de forma no discriminatoria para estos trabajadores, mayoritariamente mujeres. Y una última que obliga a España a tener presente las cotizaciones de trabajadores emigrantes de terceros países realizadas en otro país de la UE.

En estos momentos la última línea de resistencia legal para evitar el despido libre sin controles que ha impuesto la reforma laboral del PP, la tenemos en la Directiva de la UE sobre despidos colectivos. Y espero que pronto podamos disfrutar de jurisprudencia que, interpretando esta normativa europea, ponga límites al poder absoluto que la reforma laboral otorga a los empresarios.

LA CULPA ES DE LAS POLÍTICAS CONSERVADORAS

En resumen, ni todo lo que viene de Europa es negativo. Ni los muertos que se cargan en Europa son siempre responsabilidad suya, sino que tienen en las políticas conservadoras de los gobiernos estatales los grandes responsables.

Ante esto, a la izquierda tenemos la responsabilidad de hacer un buen diagnóstico y ofrecer un proyecto europeo a la ciudadanía. Un proyecto que incluya una denuncia nítida de las salvajes políticas intergubernamentales que se toman en el marco de la UE y una denuncia de las carencias democráticas y sociales del proyecto europeo.

Pero este proyecto de izquierdas debe destacar lo que es lo esencial. Si la ciudadanía europea quiere recuperar su soberanía política frente a unos poderes económicos y unos mercados financieros encantados con una globalización sin reglas ni contrapoderes, Europa es el espacio para hacerlo y el proyecto europeo el mejor, quizá el único, instrumento real a nuestro alcance.

En el siglo XXI la soberanía política de la ciudadanía o se europea o no será. Y el proyecto de la izquierda en el siglo XXI o es europeo o no existirá.

Fuente: elperiodico.cat

Chesús Yuste: Debatiendo de política industrial

Joan Josep Nuet pide el cierre de la Prisión de Guantánamo / Aminetu Haidar en el #Congreso analizando los ataques de Marruecos a los DDHH de los saharauis #SaharaLLiure

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NUET ‏@NUET8h

HOY a las 13:00 estaremos con Aminetu Haidar en el #Congreso analizando los ataques de Marruecos a los DDHH de los saharauis #SaharaLLiure

NUET ‏@NUET7h

Se nos presenta un Informe sobre la historia de la represion marroquí desde 1976 sobre los saharauis, dos extensos volúmenes, aterradores

Se constata la existencia en Marruecos de Centros Clandestinos de Detención, verdaderas cárceles secretas de tortura y muerte

El caso del Sahara es el único en el mundo donde despues de un alto el fuego no hay un proceso de Paz, con los elementos de identificacion

Hace falta 1Justicia Transicional en el Sahara, reconocimiento de victimas, justicia, reparación, desmilitarizadión, tribunales explícitos..

Se nos presenta el Informe "El Oasis de la Memoria" una historia de la represión marroquí sobre el Sahara, con la presencia d Aminatu Haidar

Aminatu Haidar explica que alguna prensa marroquí incita al odio y la violencia contra ella, hasta el punto de que teme por su propia vida

Aminatu Haidar explica que ha sido golpeada, que la amenazan con cuchillos y que han destrozado su coche y apedrean su casa

Ante la indiferencia d la Comunidad Internacional los jóvenes saharauis ya NOaguantan mas y plantean claramente el retorno a la lucha armada

FOTO del libro resumen del Informe de DDHH de la represión marroquí en el Sahara "El Oasis de la Memória" pic.twitter.com/EZaf0F3oMB

En la Comisión de Derechos Humanos del #Congreso reunidos con una delegación k encabeza Aminatu Haidar Se presenta "El Oasis de la Memória"

Es histórica la irresponsabilidad de los distintos Gobiernos de España con el pueblo saharaui, como antigua potencia colonial #saharalibre

#Marruecos impide la legalización desde 2006 de la Asociación de Víctimas de DDHH, con clara voluntad de perpetuar la violencia y la tortura

Joan Coscubiela. "PENSIONES: UNA REFORMA INJUSTA E INJUSTIFICADA"

El Consejo de Ministros ha aprobado un nuevo Decreto Ley, van 35 durante la legislatura, por el que vuelve a endurecer el acceso a la jubilación, esta vez la anticipada y parcial. Se trata de una Reforma injusta e injustificada, que penaliza a los mayores de 55 años, a los que el Gobierno lleva acorralando socialmente desde que inicio la legislatura. Y que dificulta aún más el acceso al empleo de los jóvenes. Es injustificada, porque viene a reformar una Ley, la 27/2011 que aún no havia entado en vigor. Y sin esperar a ver sus efectos, el Gobierno la modifica, sin acuerdo social y sin acuerdo político. Con lo que una vez más incumple sus compromisos en el Pacto de Toledo.

España gasta hoy en pensiones el 10,7% del PIB, casi 3 puntos menos que la media de la UE. Alegar unas previsiones para el 2060 es toda una desfachatez. Para la sostenibilidad económica de la Seguridad Social la evolución demográfica es importante, pero tienen mucha más importancia factores como la creación de empleo (volumen de cotizantes), la calidad del empleo (niveles salariales y de cotizaciones) y la productividad (innovación y formación). España tiene una edad legal de jubilación de las más elevadas, 65/67 años, una edad real por encima de la media, 63,8, es el país en que la edad real de jubilación más ha crecido en los últimos años, y el diferencial entre edad legal y edad real es de los más bajos de la UE.

O sea que todo el andamiaje argumental de la reforma del PP se construye sobre una falsedad. Aunque con una intensidad menor de la inicialmente prevista, el Gobierno endurece el acceso a la jubilación anticipada. Especialmente doloroso cuando se trata de la forzosa, en la que penaliza los coeficientes reductores de los que han cotizado entre 38,5 y 41,5 años, o sea la mayoría. Se trata de personas mayores despedidas, sin empleo y sin expectativas de tenerlo, a los que el Gobierno ya endureció las condiciones de acceso al subsidio de desempleo y redujo sus cotizaciones. Y ahora les remata, endureciendo las condiciones de acceso a la jubilación anticipada forzosa. Es además radicalmente falso que esta modalidad de jubilación tenga costes para el sistema de Seguridad Social y el Gobierno no ha sido capaz de aportar datos a pesar de haber sido requerido varias veces en el Pacto de Toledo.

La Reforma aprobada convierte la jubilación parcial en una modalidad teórica, de imposible acceso, excepto para el sector de la automoción (importante, pero no el único). Al impedir la jubilación parcial, el Gobierno bloquea la posibilidad de contratación de jóvenes a través del contrato de relevo, en un país con niveles de desempleo juvenil del 50%. Y para que quede claro que la preocupación del Gobierno por los jóvenes es retórica, se aprueba por primera vez la posibilidad de que los pensionistas puedan continuar cobrando su pensión (el 50%) y trabajando por cuenta propia o ajena, sin cotizar por ello, salvo una cuota de solidaridad del 8%.

Para terminar de demostrar cuales son las prioridades del Gobierno, la reforma acuerda dar marcha atrás a la cláusula Telefónica, por la que las grandes empresas con beneficios debían hacerse cargo de los costes de la prestación e desempleo de los trabajadores prejubilados. Se da la circunstancia que el Gobierno ha estado meses alardeando de una reforma que no ha aplicado – Telefónica aún no ha pagado ni un euro- y ahora da marcha atrás con una nueva regulación que perdona a buena parte de estas empresas este pago. Y de manera simultánea compensa lo que deja de cobrar de las grandes empresas con lo que dejará de pagar a los parados perceptores de subsidio de desempleo a los que endurece las condiciones de acceso. Los efectos más evidentes de esta reforma son queacorrala un poco más a los parados mayores de 55 años, dificulta aún más el acceso al empleo de los jóvenes y distribuye de manera absolutamente injusta los ajustes. Toda una declaración de guerra a los desempleados mayores de 55 años.

Fuente: El Bloc del Coscu

Alberto Garzón:"Necesitamos una política económica al servicio de las personas"

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Gaspar Llamazares: "La reforma de las pensiones de este fin de semana es un crimen social"

Cayo Lara: "La decisión del Parlamento de Chipre es valiente". // Eduardo Garzón: "¿Qué está pasando en Chipre?"

Leer artículo: Joan Coscubiela exigeix Mariano Rajoy que aclareixi si el seu suport al “corralito” xipriota significa que ho considera una possibilitat per a Espanya

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Eduardo Garzón: "¿Qué está pasando en Chipre?"

La banca de Chipre, sobredimensionada, está a punto de quebrar (no puede afrontar sus compromisos de pago). Para evitarlo, la Unión Europea ha decidido concederle al país una cuantía de 10.000 millones de euros. Este “rescate” tiene un objetivo parecido al rescate de la banca española: evitar que las entidades financieras no paguen a sus acreedores. Es decir, el rescate de la Unión Europea es una cantidad de dinero que en última instancia terminará en manos de las entidades financieras y otros agentes que prestaron dinero a los bancos chipriotas. No es un rescate al país, es un rescate a la banca de Chipre (que ha invertido mal el dinero de sus depositantes y acreedores).

Hasta aquí, pocas diferencias con los rescates a otros países como España, Grecia, Portugal e Irlanda. La novedad se ha dado en las medidas que tiene que realizar el país para poder recibir el dinero del rescate. Siempre que la Unión Europea concede un rescate, exige que el país que lo recibe ponga en marcha una serie de políticas concretas. Mientras que en el resto de países las medidas han ido encaminadas a aumentar impuestos como el IVA o el IRPF, disminuir los gastos de las administraciones públicas, flexibilizar el mercado laboral, etc, en el caso de Chipre la medida estrella ha sido la quita en los depósitos. Esto consiste en que todos los ahorros depositados en los bancos verán reducida su cantidad en un 6,75% (9,99% para los que tengan más de 100.000 euros). Es decir, una persona que tenga 10.000 euros en el banco pasará a tener 9.325 euros (perderá 675 euros de golpe). Dinero que recauda el gobierno chipriota y que terminará en manos de los acreedores de los bancos del país.

A nadie se le escapa que esta quita a los depositantes chipriotas es un robo clarísimo. La transmisión del dinero es muy evidente: se extrae dinero directamente de los ahorros de los ciudadanos para pagar los platos rotos por la banca. Es normal que multitud de voces condenen esta quita; se trata de un atraco descarado. El depositante chipriota ve de golpe y porrazo cómo ha disminuido su capacidad adquisitiva; ve que lo han empobrecido de la noche a la mañana. Un robo, al fin y al cabo, ordenado por la Unión Europea y ejecutado por el gobierno de Chipre para pagar a los acreedores.

Pero el resultado de esta quita a los depositantes es prácticamente el mismo que en el caso de otros países rescatados: empobrecimiento de todos los ciudadanos. El objetivo de la extracción de parte de los depósitos es recaudar dinero, algo muy parecido a lo que ocurre cuando un gobierno (como el español) aumenta el IVA o el IRPF. La diferencia está en que la quita de los depósitos recauda dinero en muy poco tiempo, mientras que las medidas implantadas por otros países tardan un tiempo en cosechar resultados. Pero los ciudadanos españoles nos empobrecemos igual (o más) que los chipriotas aunque no veamos las cifras de nuestras cuentas de ahorro disminuir como en el caso de los ciudadanos de Chipre. Tener que pagar más en impuestos como el IVA o el IRPF, o en tasas como las judiciales o las de las matrículas universitarias, es otra forma de hacer más pobre a la ciudadanía. Eso sí, es una forma menos descarada que la de extraer el dinero directamente de los depósitos en los bancos.

Ignoro cuánta prisa puede tener el gobierno chipriota por recaudar el dinero, pero teniendo en cuenta que las negociaciones del rescate a Chipre comenzaron hace dos años, solamente puedo concluir que esta medida es el reflejo de una torpeza infinita por parte de los gobernantes chipriotas y europeos. Para llevar a cabo su objetivo no era necesario acometer una medida tan impopular y tan hiriente como la de extraer dinero de las cuentas bancarias de los ciudadanos. Podría haberse recaudado dinero de muchísimas otras formas, como está ocurriendo en el resto de países europeos (no sólo los del sur). El robo es de la misma cuantía pero la forma en la que se materializa es muy diferente.

Además, la quita a los depositantes tiene otras consecuencias de enorme envergadura. Puesto que debe pasar un tiempo para que pueda consumarse el robo (es necesario aprobar una ley), los depositantes podrían verse animados a retirar todos sus ahorros para no perder ni un euro. Con la intención de evitarlo, el gobierno chipriota ha cerrado las entidades financieras y sólo permite sacar 1.000 euros diarios de las cuentas de ahorro. Se ha tenido que imponer un corralito en toda regla. Es la primera vez que ocurre en la zona euro y ello tendrá repercusiones importantes. Por un lado, se constata una vez más que a las autoridades no les interesa proteger los ahorros de los ciudadanos; prefieren proteger a los grandes acreedores a pesar de que según la legislación vigente deberían ser ellos los primeros en asumir pérdidas (léase este artículo referente al caso español: “¿Qué pasaría si los bancos españoles en problemas no recibieran ayudas y se les dejara caer?”). Por otro lado, ahora ningún ciudadano europeo podrá dormir tranquilo pensando en que cualquier día podría ocurrirle lo mismo en su país. Los gobiernos europeos han dedicado mucho tiempo y esfuerzo para convencernos de que era imposible que se diese un corralito en un país de la Unión Europea. Los hechos han demostrado que no sólo es posible, sino que las autoridades están dispuestas a acometer este tipo de medidas con tal de que los platos rotos los paguemos todos los ciudadanos y no los grandes inversionistas que son al fin y al cabo quienes deberían hacerlo.

Fuente: eduardogarzon.net

Cayo Lara presenta la Proposición de Ley para combatir la corrupción

Cayo Lara sigue intranquilo sobre las actividades de Corinna tras escuchar al director del CNI

Gaspar Llamazares participa en el debate del programa 'Parlamento' del Canal 24H

José Manuel Mariscal: "Para restituir el derecho a la vivienda es necesario atender a la ILP"

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Conferencia Política Carta Financera i Codi Etic EUiA

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Izquierda Unida pone hoy en marcha su campaña 'LOMCE NO' con el objetivo de parar la "contrarreforma segregadora, antidemocrática y mercantilista del Gobierno de Rajoy"

Enrique Díez, coordinador del Área Federal de Educación de IU, explica que con el diseño y alcance de esta iniciativa –que cuenta con materiales gráficos y para las redes sociales propios- se busca “ampliar puntos de encuentro, aunar voluntades con asociaciones, colectivos y organizaciones del mundo de la educación e impulsar amplias movilizaciones para conseguir la retirada del proyecto de ley”

Leer más: izquierda-unida.es

IU fija su estrategia para enfrentarse a la "demoledora y preconstitucional" reforma local que impone el Gobierno y que persigue "quitar alcaldes y poner caciques"

Izquierda Unida reúne a más de 250 cargos públicos en su sede federal en una jornada para discutir alternativas y evidenciar su rechazo a este “ataque del PP que pretende destrozar y destruir de raíz el modelo de servicio público construido con tanto esfuerzo en la democracia”

Izquierda Unida ha debatido y fijado hoy la estrategia política y de “férrea movilización en las instituciones y en la calle” para los próximos meses con la que hacer frente a la redacción actual del que todavía es el anteproyecto de ley de reforma de la Administración Local que trata de imponer el Gobierno de Mariano Rajoy. IU considera esta reforma “demoledora y que busca devolver el actual modelo de Estado a una etapa preconstitucional”, en palabras de Montserrat Muñoz, secretaria ejecutiva de Política Institucional. Diego Valderas, vicepresidente y consejero de Administración Local  de la Junta de Andalucía avisó de que la derecha lo que quiere es “quitar alcaldes democráticos y poner caciques”, todo lo contrario de por lo que IU lleva luchando desde las primeras elecciones democráticas.

Izquierda Unida reunió a más de 250 cargos públicos –la mayoría de ellos ediles de localidades pertenecientes a todas sus federaciones- en su sede federal de Madrid en el marco de una jornada para discutir alternativas y evidenciar el completo rechazo a la reforma de la Administración Local ideada por el Ejecutivo de Rajoy.

En el encuentro, además de las intervenciones de Muñoz y Valderas, estuvo coordinado por el responsable de Política Municipal, Manuel Fuentes, al que acompañaron todos lo/as miembros de la Ejecutiva Federal competentes en esta materia, así como la diputada Ascensión de las Heras, que será la encargada de defender las iniciativas de IU durante la tramitación parlamentaria.

Los intervinientes en la jornada expresaron la “ineludible necesidad” de emplazar a todas las organizaciones sociales y políticas progresistas para sumar fuerzas, tanto en las instituciones como en la calle, para dar la debida respuesta a este ataque. “Un ataque del PP que pretende destrozar y destruir de raíz el modelo de servicio público construido con tanto esfuerzo en la democracia”, señaló Montserrat Muñoz.


La secretaria ejecutiva de Política Institucional desgranó que el Gobierno de la derecha “pura y dura” que representa Rajoy ha decidido reducir competencias municipales, al tiempo que busca el “control del precio de los servicios públicos, con la excusa de lograr servicios no deficitarios”, y con la mirada puesta en hacer más fácil su privatización.


Muñoz advirtió también sobre otro de los fines que busca esta reforma: la “recentralización” del Estado para cambiar el modelo actual y convertir a los ayuntamientos en “meros gestores de servicios públicos. Quieren volver al modelo franquista y que los alcaldes queden sólo para recoger la basura, limpiar las calles plantar flores y organizar las fiestas patronales”.


Montserrat Muñoz destacó que se intenta “limitar la democracia municipal y local, en general” para lo que se han esbozado ya pasos como la reducción de concejales, de ayuntamientos, la eliminación de sus salarios o el “convertir en un auténtico ‘sheriff’ al interventor local”.


La dirigente federal de IU hizo un llamamiento para explicar en todos los rincones del Estado que “buscan quitar peso a las administraciones más cercanas, precisamente aquellas por las que más ha luchado Izquierda Unida desde sus orígenes” y para hacer entender que sus objetivos “no sólo van contra los alcaldes sino también contra los ciudadanos”.


Diego Valderas, por su parte, insistió en que el anteproyecto de ley aprobado en Consejo de Ministros en febrero significa una “vuelta a un modelo preconstitucional”, que “reduce drásticamente las competencias y los recursos de los municipios”, en una peligrosa recentralización del Estado.

Llamó a toda la organización de IU a “ser vanguardia en el conjunto del Estado en defensa del municipalismo y de rechazo a esta locura de reforma del PP”. En esta línea, confió en que los cargos municipales ‘populares’ muestren también que no comparten unas imposiciones que son una “metedura de pata más” del Gobierno de Rajoy, dentro de ese marco de “reformas y reformas que se han convertido en una plaga para la democracia y los ciudadanos”.

Valderas indicó que Izquierda Unida debe dar cumplida respuesta a lo que es “otra imposición más de la troika, a la que se une una ‘troika mediática’ que desprestigia a la democracia y a la política”. Señaló un “camino de lucha” contra esta nueva reforma del PP y que puede hacerse “formando parte de un gobierno”, como lo está IU en Andalucía, “pero al mismo tiempo en la calle. Hay que hablar de tú a tú con el resto de las fuerzas políticas y sociales, y conformar un bloque social y de progreso” para impedir que esta reforma de la Administración Local salga adelante.

Izquierda Unida, además, viene reclamando en actuaciones coordinadas por Manuel Fuentes la convocatoria urgente de la Conferencia Sectorial para Asuntos Locales para abordar el debate interadministrativo de la Administración Local y la celebración de una asamblea extraordinaria de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), todo ello antes de que el texto de la nueva ley llegue al Congreso.

Fuente: izquierda-unida.es

Laia Ortiz sobre els maltractaments de soldats espanyols a presoners a Iraq: "Des de l'Esquerra Plural exigirem explicacions a qui faci falta"

La portaveu d'ICV considera els fets de "màxima gravetat" i assegura que "no poden quedar impunes"

La portaveu d'ICV, Laia Ortiz, ha avisat avui després que el diari El País hagi difós un vídeo que mostra com soldats espanyols maltracten a presoners en una cel·la de Diwaniya, la base de l'Exèrcit a Iraq, que "des del grup de l'Esquerra Plural exigirem explicacions a qui faci falta" i emprendran les accions que calgui per tal d'esclarir els fets perquè "no poden quedar impunes" i no descarta que el seu grup pugui demanar que s'obri una investigació al respecte.

De la mateixa manera, Ortiz ha denunciat que és un cas "d'extrema gravetat" i encara més quan es van produir en un context de forta contestació social i mobilitzacions en contra de la participació de l'estat espanyol a la guerra d'Iraq. "Ara veiem la realitat del que es va anar a fer allà", ha lamentat la parlamentària ecosocialista al Congrés.

Fuente: iniciativa.cat

Joan Coscubiela denuncia que el Govern del PP "acorrala" als aturats de més de 55 anys i els dificulta i penalitza l'accés a la jubilació anticipada

El diputat d'ICV al Congrés carrega contra l'executiu de Rajoy qualifica la mesura de "despropòsit" i assegura que dificulta l'accés dels joves al mercat laboral

El portaveu d'ICV al Congrés, Joan Coscubiela, ha denunciat avui que l'aprovació del Reial Decret Llei de mesures per afavorir la continuïtat de la vida Laboral dels treballadors de major edat i promoure l'envelliment actiu "acorrala" de manera "molt irresponsable" als majors de 55 anys. "Aquesta reforma és una barbaritat i un conjunt de despropòsits", ha criticat Coscubiela que ha assegurat que la mesura aprovada avui en consell de ministres "dificulta i penalitza l'accés a la jubilació anticipada posant una pensió més baixa".

El diputat ecosocialista en el Congrés sosté que la reforma "redueix la pensió que els majors de 55 anys que es jubilin anticipadament cobraran la resta de la seva vida" i també "els condemna a estar més temps aturats, sense feina i cobrant un subsidi menor a l'assistencial". "Resulta incomprensible que el Govern legalitzi la compatibilitat entre cobrar una pensió i treballar mentre els joves no tenen accés al mercat laboral", ha criticat Coscubiela que ha recordat que el passat mes de juliol va limitar l'accés al subsidi per atur i va reduir les cotitzacions a aquest sector de la població. Una mesura que per Coscubiela és un "despropòsit més" de l'executiu popular.

Coscubiela ha explicat que la reforma d'avui anunciada per la ministra Bañez i la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría "fa marxa enrere en la clàusula Telefònica, per la que les grans empreses havien de pagar el cost de la prestació d'atur dels prejubilats amb la qual cosa, a sobre, empreses amb grans beneficis no estaran obligades a pagar". Per tot plegat, el portaveu ecosocialista a les corts espanyoles ha assegurat que el Govern de Rajoy "ens demostra una vegada més que és dèbil amb les grans empreses en reduir-los els costos i prepotent amb els aturats de més de 55 anys".

A més, el diputat d'ICV a la cambra baixa ha destacat que "per a més inri", el decret llei que ha aprovat avui el govern  "dificulta l'accés dels joves al mercat de treball via contracte de relleu al restringir la jubilació anticipada".

Fuente: iniciativa.cat

Izquierda Unida exige al Gobierno "medidas urgentes, incluso antes de que culmine la tramitación parlamentaria ahora frenada, para paralizar de forma inmediata los desahucios"

La responsable de Vivienda de la dirección federal de Izquierda Unida, Amanda Meyer, señala tras la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE que “estábamos en lo cierto quienes hemos defendido que las políticas públicas deben servir para que no pierda su vivienda de manera injusta quienes soportan desde la mayoría social una crisis que no han causado”

La responsable de Vivienda de la dirección federal de Izquierda Unida, Amanda Meyer, ha exigido hoy al Gobierno de Mariano Rajoy que “tome medidas urgentes, incluso antes de que culmine la tramitación en el Congreso del proyecto de ley de Deudores Hipotecarios y de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP), cuyos plazos parlamentarios están paralizados, para frenar de forma inmediata los desahucios que están en marcha debido a las cláusulas abusivas aplicadas por las entidades financiera, desautorizadas por la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (UE) conocida ayer.

Amanda Meyer ha profundizado en las valoraciones de alcance hechas ayer por IU sobre este tema. Señala que el fallo del alto tribunal europeo “es fruto de la constante movilización de la sociedad civil organizada en la lucha por una vivienda digna” y “por fin” da la razón a “quienes, como Izquierda Unida, venimos reclamado desde el inicio de la crisis que los desahucios masivos son ilegales”.

“Estábamos en lo cierto –afirma- quienes hemos defendido que las políticas públicas deben servir para que no pierda su vivienda de manera injusta quienes soportan desde la mayoría social una crisis que no han causado”.

La responsable federal de Vivienda de IU reclama al Ejecutivo del PP que “vote favorablemente a las enmiendas elaboradas por nuestro grupo parlamentario, después de dos legislaturas en las que ha tumbado –uniendo sus votos al PSOE- todas las propuestas que presentamos sobre esta materia, que recibían por su parte los calificativos de ‘populistas’ o ‘descabelladas’. Ahora se ve que no era así. Nuestras enmiendas van en el mismo sentido que el contenido de la ILP que el PP aceptó tramitar a regañadientes y que IU apoyó y contribuyó a impulsar”.

Meyer insiste en que “el PP tiene en sus manos garantizar ahora la seguridad jurídica de quienes han perdido sus viviendas desde 1994 debido a que en los sucesivos mandatos bipartidistas miraron para otro lado a la hora de proteger a la ciudadanía hipotecada. Es hora de reformar en profundidad la obsoleta Ley Hipotecaria y la de Enjuiciamiento Civil para decretar la paralización universal de los desahucios y la retroactividad de la dación en pago. Es necesario revisar los desahucios ilegales producidos y restituir el daño producido a las familias”.

Amanda Meyer anima a los jueces a “aplicar de manera directa y urgente los contenidos que establece la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE para contribuir desde todas las instancias judiciales a la paralización de los desahucios en marcha”.

Constata también la “responsabilidad directa que PP y PSOE tienen a sus espaldas en los más de 400.000 desahucios contabilizados desde 2007, una inmensa parte de ellos gestionados judicialmente gracias a una legislación que se ha demostrado ahora ilegal y que no ha protegido a la ciudadanía hipotecada. Ha habido sucesivos gobiernos bipartidistas desde mediados de los 90 que podrían haber transpuesto la directiva europea de protección de los consumidores, pero no lo hicieron. Todos ellos apostaron por liberalizar el sistema financiero y dejaron que las entidades de crédito vulnerarán derechos fundamentales de forma sistemática”.

Fuente: izquierda-unida.es