viernes, 30 de enero de 2015
IU y Syriza relatan en Bruselas cómo las imposiciones de la Troika y las políticas neoliberales de Rajoy y Samarás han desmantelado la educación pública.
Joan Coscubiela: Rechazo al llamado Pacto antiterrorista y no es sólo por formas excluyentes PP-PSOE. No comparto ni cadena perpétua ni restricción libertades.
La dignidad de todas las personas
El hecho de que incluso la mayoría de la sociedad demande la llamada “prisión permanente revisable” no justifica su aprobación. Tal y como está proyectada, desvela la baja calidad real de la democracia española
Desde a promulgación del Código Penal de 1995, que algunos llamaron el Código Penal de la democracia, se le han incorporado una serie de reformas variopintas con un denominador común: la constante elevación, directa o indirecta, de las penas privativas de libertad. La culminación de ese proceso es la llamada “prisión permanente revisable”, que el dictamen de la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados describe y justifica en los siguientes términos:
“La necesidad de fortalecer la confianza en la Administración de Justicia hace preciso poner a su disposición un sistema legal que garantice resoluciones judiciales previsibles, que, además, sean percibidas como justas. Con esta finalidad, siguiendo el modelo de otros países de nuestro entorno europeo, se introduce la prisión permanente revisable para aquellos delitos de extrema gravedad en los que los ciudadanos demandaban una pena proporcional al hecho cometido. En este mismo sentido se revisan los delitos de homicidio, asesinato y detención ilegal y secuestro con desaparición, y se amplían los marcos penales dentro de los cuales los tribunales podrán fijar la pena más ajustada del caso concreto”.
Como pone de manifiesto ese párrafo, la justificación básica de la introducción de la nueva pena se halla en la demanda social, es decir, en lo que se llama voluntad democrática del pueblo; pero, que una parte importante, probablemente mayoritaria, de la sociedad, demande el endurecimiento de las penas no constituye una justificación democrática. Ese modo de justificar olvida que la democracia no se reduce a la voluntad y los deseos de la mayoría sino que tiene otras exigencias definitorias: es un sistema político de ciudadanos que se reconocen como iguales en dignidad y derechos y que pretenden gobernarse por mayorías que tomen decisiones racionalmente fundadas y respetuosas con la dignidad de todos. Ser antiterrorista o juzgar negativamente los delitos violentos no significa ser demócrata. Eso lo hace espontáneamente casi todo el mundo, es fácil. Sin embargo, ser demócrata es difícil porque comporta un plus:reconocer como personas incluso a los que, a nuestro juicio, hayan causado los más graves daños sociales (y es claro que no cabe exigir ese reconocimiento a las víctimas de delitos de sangre; pero sí a los que dirigen la política criminal). Poner a las víctimas como eje de la política criminal es un error ético, pues o es exigirles una imparcialidad y objetividad imposible para ellas o es plegarse a una idea de la justicia distinta de la que debería imperar en una sociedad racional.
Esa irracionalidad se pone de manifiesto en la regulación española de las penas privativas de libertad. Hasta ahora, teníamos las tasas de delincuencia más bajas de Europa, con uno de los sistemas penales más duros. Pese a que, en esa situación, la delincuencia no parece crecer, las penas privativas de libertad, sí. Y ese incremento no se justifica en absoluto en aras de una mayor eficacia: si uno examina los sistemas penales de Occidente, comprobará que aquellos que tienen las penas más duras no son, ni con mucho, los que combaten con mayor eficacia la delincuencia. El endurecimiento de las penas más allá de ciertos límites parece, incluso, contraproducente. Si tomáramos como modelo Estados Unidos (que parece ser el que efectivamente tomamos), probablemente tendríamos alrededor de un millón de presos y una delincuencia bastante mayor y peor que la nuestra. ¿Es eso lo que queremos?
La pena privativa de libertad, que por sí misma es un mal, sólo puede justificarse porque produzca un bien mayor que el mal que causa, pues causar daño al delincuente, sin obtener de ese daño una utilidad manifiesta, no satisface ni la justicia ni el deseo de hacerla: o responde a un deseo de venganza o a un sentido equivocado de lo que la justicia exige. Si el mal causado al delincuente no hace más que sumarse al que el delito produjo no tiene justificación posible.
Los nuevos “demócratas” olvidan ese pequeño detalle y parten de una concepción “talionar” de la justicia, que se pone de manifiesto en la inversión del sentido del principio de proporcionalidad constitucional: ese principio supone un límite del poder penal del Estado y, de ningún modo, un fundamento que legitime el incremento de las sanciones penales. La ley del talión es irracional, tanto si la igualdad entre el delito y la pena se entiende materialmente (ojo por ojo, diente por diente), pues en ese caso sería inviable si el delincuente fuera ciego o desdentado, como si se la concibe de modo valorativo. Pues el castigo no trata de añadir al mal del delito el de la pena, sino de tutelar los bienes y derechos de los individuos y de la sociedad. Es esa función de tutela, y no la igualdad con el mal del delito, lo que puedejustificar la pena; y, en sistema democrático, cualquiera que sea la voluntad de sus miembros, esa tutela ha de llevarse a cabo respetando las exigencias que dimanan de la adopción de un sistema democrático, cuyo fundamento, como acaba de decirse, radica en la igual dignidad de todos. Por eso, una pena que lesione esa dignidad, incluso en el peor de los delincuentes, no puede considerarse un bien en una democracia.
Cuando se afirma por la Comisión de Justicia que seguimos el modelo imperante en el entorno europeo se oculta que esa semejanza es meramente nominal. Para demostrarlo, basta considerar el caso de Alemania. Introducida allí la cadena perpetua (lebenslange Freiheitsstrafe),se planteó una cuestión de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional alemán que, tras llevar a cabo una profunda reflexión acerca de la misma, concluyó que la cadena perpetua en sí misma podía ser conforme a la Constitución siempre que dejase al penado una posibilidad real de libertad y reinserción. Tras un período de tiempo en que esa posibilidad la garantizaba el Gobierno, a través de la posibilidad de indultar, por ley del 8 de diciembre de 1981 se introdujo en el Código Penal un artículo 57a que establece la revisión periódica por parte de los tribunales, a partir de los 15 años de cumplimiento. Estos habrán de suspender la cadena perpetua siempre que se den determinados requisitos. El resultado de ese sistema es que el tiempo medio de cumplimiento en los delitos más graves es de 20 años, es decir, la mitad de los 40 que establecen hoy nuestras leyes.
A partir de esos datos es precisa una reflexión sobre la necesidad de la prisión permanente revisable pues, tal y como está proyectada, desvela la baja calidad real que cabe atribuir hoy a la democracia española. Ni siquiera se ajusta a los requerimientos formales establecidos por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en la sentencia del 9 de julio de 2013, sino que, sólo aparentemente, cumple la exigencia material de proporcionar al penado una expectativa real de libertad y reinserción. Pues no podemos olvidar nuestra historia: en un país donde la liberación de ciertos penados no se ha producido ni siquiera cuando las penas temporalmente limitadas llegan a su fin (y basta recordar el caso Parot, al que cabría añadir otros), ¿cómo cabe esperar que los delincuentes a los que en el futuro se imponga dicha pena vayan a tener una oportunidad efectiva de recuperar la libertad? Y, si existe un peligro grave de que no la tengan, ¿cómo nos atrevemos a proponer su introducción? ¿Acaso es porque seguir los dictados irreflexivos de ciudadanos encolerizados resulta electoralmente más rentable que defender los derechos básicos, que constituyen los cimientos de la democracia? ¿Nos importan realmente los derechos constitucionales? ¿O invocamos la Constitución realmente sólo cuando nos afecta, mientras que, si pensamos que no nos incumbe, directamente la empleamos a modo de latiguillo retórico en el que no se pone ni fe ni entusiasmo?
Parece que, al menos, la mayoría de los políticos y juristas y la totalidad de los jueces debieran defender la dignidad y los derechos fundamentales de todas las personas con una decisión y un valor que hasta ahora no han demostrado. Y sería hora de que lo hiciesen para que este país gozase de una democracia de calidad y dejase, de una vez por todas, de ser el burgo sórdido del que hablaba don Antonio Machado.
Tomás S. Vives Antón es catedrático emérito de Derecho Penal de la Universidad de Valencia.
Fuente: elpais.com
Para enfrentarse al TTIP... ¡ Se buscan periodistas valientes !.
Paloma López: "Si no hay nada que ocultar, hagan públicos todos los documentos del TTIP"
jueves, 29 de enero de 2015
miércoles, 28 de enero de 2015
Entrevista a Álvaro Sanz: “Me preocupa la desactivación de la contestación social; la genta está poniendo muchas expectativas en el proceso electoral”.
PROTAGONIZA UN ENCUENTRO CON CIUDADANOS EN UTEBO
Diputado por la Izquierda de Aragón es, además, secretario de Organización en Izquierda Unida Aragón. A pesar de su juventud, Sanz arrastra una dilatada experiencia en política local y autonómica. Desde su escaño está defendiendo, entre otros temas, los derechos individuales de los ciudadanos que, en su opinión, están siendo erradicados con medidas “anticonstitucionales”. Sobre desafección política, soluciones a la crisis y el crecimiento de Podemos ha hablado en un encuentro abierto con los ciudadanos en Utebo.
La última vez que participó en un evento público en Utebo fue para las Europeas. Ahora se reúne en una charla abierta. ¿Qué saca de ellas?
Es un encuentro abierto con los simpatizantes y con quien quiera venir a hablar de política con la Izquierda de Aragón, no solo de las causas de las crisis sino también de las soluciones. Yo creo que todas las personas que queremos una cosa distinta al modelo actual, estamos buscando los procesos y las formas para poder alcanzar el cambio. Estos encuentros sirven para escuchar y coger ideas.
La transformación social pasa porque el pueblo esté compartiendo lo que sufre pero también las aspiraciones de alcanzar una alternativa.
Desde que accedió al Congreso este verano ha centrado gran parte de su trabajo en la lucha de los derechos básicos del individuo. ¿Por qué?
Las derechas, y cuando hablo de la derecha incluyo también al capitalismo, que es el sistema que nos trajo hasta aquí y que pretende salir más reforzado, está implantando un modelo de gobierno que nos devuelva a un estado de esclavos. Lo está haciendo al supeditar los servicios públicos y sociales al pago de la deuda, al aprobar una reforma laboral que menosprecia al trabajador y haciendo que todos, y digo todos porque nos afecta a todos, asumamos que la única solución posible pasa por la agenda económica que ellos marquen.
Quieren que asumamos como cierto que la suya es la única solución a la crisis; matenernos en un presente perpetuo de resignación. Y, para evitar que nos levantemos contra “su solución” reprimen la respuesta social.
¿Cómo?
La derecha pretende imponer su propia moral, ajena a la participación y que tiene como objetivo penalizar la libertad de expresión de los individuos.
Ante eso, evidentemente, todas las leyes que tienen que ver con los derechos de los ciudadanos se están viendo muy mermados. La reforma del código penal, la ley mordaza; todas las ofensivas que están haciendo contra la lubertad de movimiento y expresión, ya no solo de los españoles, están contribuyendo a eso. Utilizan e imponen el miedo como mecanismo de una sociedad que es la que ellos quieren.
Es muy importante recordarle sque todas esas leyes que se están saltando y que están intentando cambiarlas de forma inconstitucional no son las leyes que nosotros queremos. No son las propias del Estado de Derecho que queremos.
En su opinión, ¿la ciudadanía está respondiendo a lo que usted señala como ataque a sus derechos básicos?
Me preocupa la desactivación de la contestación social que estamos viviendo. La genta está poniendo muchas expectativas en el proceso electoral y a quienes nos gobiernan no se les va a ganar en las elecciones, al menos no solo ahí. Creo que hay otras formas de hacerlo y que son las que nos permitirán recordarles que ellos son pocos y que nosotros somos más.
La diferencia entre una sociedad crítica y organizada que sabe lo que quiere y una sociedad líquida y no organizada que sabe que quiere cambiar pero no concretar en qué es la clave. Hay quienes están buscando conseguir “hinchas” políticos que confien ciegamente en lo que hagan sus nuevos políticos. El ciudadano tiene que ser el protagonista de la política, no dejarlo de nuevo en manos de otros.
¿Podemos es amigo o enemigo de Izquierda Unida?
Todo aquello que sirva para que la gente se organice y salga a la calle a recuperar todos sus derechos es positivo. La gente tiene que juntarse en asambleas y hablar de política, algo que nosotros llevamos practicando desde hace años. Ahora bien, si el ciudadano delega ese protagonismo en otro y volvemos a recuperar la peligrosa hinchada política estaremos perdiendo.
Creo que somos compañeros de camino en muchas cosas pero hay que definir el qué y el cómo. De esta crisis no se va a salir si no es con un proceso de unión entre todas las fuerzas de izquierdas y en esa unión, sin duda, tendrá que estar Izquierda Unida.
¿Veremos en las próximas elecciones una unificación real de las fuerzas de izquierda?
Yo deseo y trabajo por ello. De hecho nosotros somos un ejemplo de ello. El movimiento social impulsó la unión entre Chunta e Izquierda Unida. Tiene muchas imperfecciones pero hemos demostrado que era el paso correcto.
¿Repetirá la coalición?
Hay mucha gente que está hablando el mismo lenguaje que nosotros. Tenemos que ver qué dicen las fuerzas de izquierdas e intentar sumar. De momento, antes de acudir a las nacionales tenemos de por medio unas locales y autonómicas en las que centrarnos y después ya se verá.
Fuente: octavadigital.com
martes, 27 de enero de 2015
lunes, 26 de enero de 2015
IULV-CA espera que el próximo Parlamento "siga el ejemplo de Grecia" y acusa a PSOE de confundir Andalucía "con su cortijo" *** @iuandalucia #PlenoEstafa. El portavoz de IU interviene en el último pleno de la X Legislatura. /// Antonio Maílllo: El vídeo que Susana Díaz no quiere veas sobre el susanazo de Gran Coalición PPSOE en Andalucía.
Leer más: europapress.es
Antonio Maílllo: El vídeo que Susana Díaz no quiere veas sobre el susanazo de Gran Coalición PPSOE en Andalucía
domingo, 25 de enero de 2015
Syriza: ¡Esperanza!. // Alberto Garzón interviene desde Grecia.
Gaspar Llamazares será el candidato de IU en Asturias.
Gaspar Llamazares ( @GLlamazares #GanarAsturies ) encabezará finalmente la lista electoral de Izquierda Unida en las próximas elecciones autonómicas. El diputado de IU en el Congreso se impuso en las primarias, celebradas este sábado, a su contrincante, el coordinador general autonómico de la organización, Manuel González Orviz, por una diferencia de 159 votos (1.643 frente a 1.484).
En la misma cita electoral también han salido elegidos como candidatos Roberto Sánchez Ramos (Rivi) en Oviedo, el diputado de la Junta Aurelio Martíne en Gijón, Alejandro Cueli en Avilés, Julio Antuña en San Martín del Reu Aurelio y Jesús Sánchez en Langreo.
Poco antes de finalizar el recuento, y cuando solo quedaban por contabilizar los votos por correo que ya no modificarían el resultado final, Llamazares ha comparecido ante los medios para mostrar su satisfacción y dejar claro que su candidatura tiene "voluntad de apertura al conjunto de la izquierda".
Ha destacado la importante poarticipación de afiliados y simpatizantes y ha considerado el proceso de primarias "un éxito para IU de Asturias".
Ahora, el diputado tiene su mano a la dirección política para que "respalde esta candidatura", y para "ganar Asturias para la izquierda y acabar con las políticas de austeridad".
Fuente: nuevatribuna.es
Suscribirse a:
Entradas (Atom)