Desde el Área de Libertades Sexuales (ALS) de Izquierda Unida-Comunidad de Madrid queremos pronunciarnos respecto a los hechos ocurridos en el Hospital La Paz de Madrid. Nos sumamos a la denuncia de Fundación Triángulo, FELGTB, COGAM, ATA Andalucía y El Hombre Transexual respecto a la publicación en internet de los datos parciales de los servicios recibidos por 22 usuarios/as de este centro
Desde IU-CM encontramos preocupante que los datos privados de estas personas sean accesibles sin control, pudiendo ser utilizados para fines de odio transfóbico. Al parecer, se han utilizado datos de personas transexuales para cuestionar su derecho a la atención sanitaria, sus derechos sexuales y sociales, así como para atentar contra su intimidad personal. Los derechos humanos de las personas transexuales deben garantizarse desde las instituciones públicas, por ello instamos a éstas a asumir lo que las organizaciones citadas exigen y que ALS IU-CM apoya y suscribe:
-Que se interese la Fiscalía del Estado y abra instrucción ante la previsible comisión de un delito de revelación de secretos y vulneración de la intimidad de los Art. 197 a 199 del Código Penal. -Que la inspección de Servicio de Salud de Madrid abra una investigación y determine las posibles responsabilidades internas en la producción de esta intolerable intromisión en la intimidad de sus pacientes. -Que la agencia de protección de datos abra expediente sobre el tema y determine el grado de violación en el cumplimiento del reglamento de seguridad sobre lo datos médicos del sistema de salud de la Comunidad de Madrid y promueva las sanciones correspondientes.
Además, desde ALS IU-CM creemos que este hecho no debe ser una excusa para abrir falsos debates sobre el acceso al sistema sanitario público. Creemos que quien plantea dejar personas fuera de lo que podría ser la puesta en marcha y efectiva de sus derechos sexuales y sociales básicos, defiende un modelo sanitario excluyente en el que no nos sentimos representadas. Apostamos firmemente porque las personas transexuales no sigan teniendo que pasar por enfermas para acceder a derechos básicos y, por ello, rechazamos el nombre de la unidad de atención a las personas transexuales de este hospital, cuya denominación, UTIG (Unidad de Trastornos de Identidad de Género) continúa estigmatizando las identidades no normativas. Finalmente hacemos saber a nuestros compañeros/as de los colectivos de personas trans que nuestros/as representantes en las instituciones siguen estando a su servicio para trasladar y materializar en propuestas legislativas todas aquellas demandas y reivindicaciones necesarias, desde la convicción de que la política debe estar siempre al servicio de las personas LGTBI. Fuente: ALEAS IU
El diputado Alberto Garzón destaca que es “relevante comprobar las resistencias del supervisor del sistema bancario español a la hora de informar e introducir transparencia en su política retributiva”.
El diputado de Izquierda Unida y portavoz parlamentario en las comisiones de Economía y Hacienda del Congreso, Alberto Garzón, ha registrado una iniciativa por la que reclama al Gobierno que detalle si “tiene intención de recomendar al Banco de España que facilite a partir de ahora toda la información necesaria sobre los incentivos y gratificaciones que reciben sus empleados y, sobre todo sus altos cargos”.
En concreto, la pregunta por escrito registrada señala textualmente si “¿Piensa el Gobierno recomendar al Banco de España que informe adecuadamente y con la publicidad y transparencia necesarias de dichos incentivos y gratificaciones?”
Garzón lleva a cabo esta iniciativa después de que el Tribunal Supremo dictaminara recientemente que el Banco de España deberá informar a los representantes de los trabajadores acerca de las cifras globales de estos incentivos y gratificaciones, además del número exacto de personas que reciben dichos incentivos, especificando también el sexo de los beneficiarios para hacer cumplir cuando fuese preciso los preceptos básicos de igualdad de trato y oportunidades entre varones y mujeres.
El parlamentario de IU por Málaga recuerda que la falta de transparencia de la máxima entidad monetaria española sobre esta cuestión “se arrastra desgraciadamente en el tiempo de forma histórica”, habiendo llegado a recurrir –y perder judicialmente, ya que el recurso fue desestimado- la decisión adopta por la Audiencia Nacional en 2010 de reconocer el derecho que tenía un sindicato a que le fuera entregada este tipo de información.
Alberto Garzón valora que resulta “relevante comprobar las resistencias del Banco de España, el supervisor del sistema bancario español, a la hora de informar e introducir transparencia en su política retributiva en forma de incentivos, premios o gratificaciones. Esta cuestión es hoy importante simplemente considerando los escándalos retributivos que hemos conocido en distintas entidades financieras, algunas de ellas incluso intervenidas por el propio Banco de España”.
Por este motivo, completa sus pregunta al Ejecutivo del PP interrogando sobre “¿Qué opinión le merece al Gobierno las resistencias del Banco de España para informar y hacer transparentes los incentivos y gratificaciones que entrega a sus empleados y altos cargos?”
A CONTINUACIÓN SE INCLUYE EL TEXTO ÍNTEGRO DE LA INICIATIVA REGISTRADA
A LA MESA DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
Al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, el Diputado que suscribe formula la siguiente pregunta dirigida al Gobierno para su respuesta escrita.
El Tribunal Supremo ha dictaminado recientemente que el Banco de España deberá informar a los representantes de los trabajadores acerca de las cifras globales de los incentivos y gratificaciones que la entidad entrega a empleados y altos cargos, además del número exacto de personas que reciben dichos incentivos y especificando también el sexo de los beneficiarios para hacer cumplir cuando fuese preciso los preceptos básicos de igualdad de trato y oportunidades entre varones y mujeres.
Se desestima así el recurso presentado por el Banco de España contra una decisión de la Audiencia Nacional que en noviembre 2010 ya consideró que el Sindicato Autónomo de Trabajadores del Banco de España (SATBE) tenía el derecho de recibir información de las cifras e incentivos que recibían los trabajadores.
Al parecer, esta cuestión se retrotrae a noviembre de 1997 cuando la Inspección de Trabajo, en respuesta a dicho sindicato, consideró que el Banco de España tenía la obligación de hacer constar en nómina las gratificaciones, premios o incentivos e integrarlas en la base de cotización de la Seguridad Social. Posteriormente, ya en 2004, el presidente del comité de empresa se dirigió al gobernador del Banco de España para pedir que se hicieran públicas en la memoria anual de la entidad todas las remuneraciones y por todos los conceptos que habían recibido los altos cargos y el resto de empleados durante ese año y el anterior. Igualmente, se pedía que se dieran a conocer públicamente las previsiones y los criterios de concesión de los premios e incentivos para años posteriores. Al no recibir una respuesta satisfactoria, el sindicato denunció ante la Inspección de Trabajo que las cantidades percibidas en concepto de incentivos no aparecían en las nóminas, ni se incluían en la masa salarial sometida a negociación colectiva, ni en la base de cotización a la Seguridad Social. Y la Inspección de Trabajo respondió al sindicato que había comprobado la no inclusión de las cantidades percibidas como premio en las bases de cotización de los años 2003 a 2006. Finalmente, en 2009 el Banco de España facilitó a la representación de los trabajadores la documentación relativa a los premios e incentivos otorgados entre 2000 y 2007, información considerada por aquella como insuficiente.
En todo caso, es relevante comprobar las resistencias del Banco de España, el supervisor del sistema bancario español, a la hora de informar e introducir transparencia en su política retributiva en forma de incentivos, premios o gratificaciones. Esta cuestión es hoy importante simplemente considerando los escándalos retributivos que hemos conocido en distintas entidades financieras, algunas de ellas incluso intervenidas por el propio Banco de España.
¿Qué opinión le merece al Gobierno las resistencias del Banco de España para informar y hacer transparentes los incentivos y gratificaciones que entrega a sus empleados y altos cargos?
¿Piensa el Gobierno recomendar al Banco de España que informe adecuadamente y con la publicidad y transparencia necesarias de dichos incentivos y gratificaciones?
ICV-EUiA presenta 830 esmenes als pressupostos del Govern per crear ocupació en polítiques socials i en economia verda
Joan Boada presenta un web on la ciutadania pot consultar les inversions geolocalitzades que demana el grup ecosocialista als pressupostos i on també pot fer la seva aportació territorial
l diputat d'ICV-EUiA al Parlament de Catalunya i portaveu a la comissió d'economia, Joan Boada, ha presentat avui les 830 esmenes que ha fet el seu grup parlamentari als pressupostos del Govern de CiU que aquesta setmana ha iniciat el seu tràmit parlamentari fins la seva aprovació definitiva. "Van direccionades als blocs que vam explicar en l'alternativa, la creació d'ocupació amb l'estat del benestar i amb l'economia verda", ha explicat Boada al mateix temps que ha assenyalat aquests dos eixos com "claus i basics per nosaltres per la sortida de la crisi". "Austeritat i equitat, amb aquest binomi podem anar a tot arreu", ha afegit Boada que també ha dit tot el contrari del "binomi austeritat i retallada", en referència al pressupost presentat pel Govern aquesta mateixa setmana.
Els dos eixo, tant la inversió en polítiques socials com l'economia verda i la conseqüent creació d'ocupació que provocarien aquests dos sectors "es finança amb la nova política fiscal progressiva que estarà a les esmenes de la llei de mesures que significa uns ingressos de més de 2.000 milions d'euros als que s'ha d'afegir una veritable lluita contra el frau on hi ha informes que indiquen que pot haver-hi fins a 16.000 milions d'euros en economia submergida a Catalunya". "Recursos que son de tots els ciutadans perquè són producte de l'activitat econòmica i del frau que algunes persones estan fent", ha dit Boada.
Entre aquestes 830 esmenes en destaquen algunes com les que fan referència al sistema públic de salut. "Tornar a l'estat inicial de plantes, de llits, d'equipaments i fer un procés de racionalització de la despesa i de la despesa farmacèutica amb els professionals i els usuaris i no aquest que ha creat una distorsió importantíssima", ha explicat Boada que ha afegit que el sistema públic de salut "s'està deteriorant i ens ha costat molt aixecar-lo perquè se'n vagi a no res per una qüestió ideològica"
Un altra àmbit d'aquestes esmenes és l'educatiu on ICV-EUiA demana "la recuperació de la sisena hora perquè és un element de desigualtat respecte la concertada" i "el retorn dels diners que es deuen de les escoles bressol i les escoles de música dels ajuntaments" a més de la creació de noves escoles, ha explicat el diputat ecosocialista. O altres esmenes al departament de benestar com la de la renda mínima "per dir clarament que no estigui subjecte a la disponibilitat pressupostària". Per Boada "tota aquella persona que tingui una situació de pobresa ha de tenir un suport i no ha d'estar subjecte a disponibilitat pressupostària perquè és un dret i els drets no estan subjectes al pressupost".
Boada també ha explicat altres esmenes que fan referència a l'economia verda com són les d'energia, rehabilitació d'habitatges. "Totes les inversions en economia verda tenen un retorn i aquesta és l'aposta decidida que fa un país europeu", ha dit el diputat ecosocialista. El grup d'ICV-EUiA també ha presentat esmenes en la línia per a què els funcionaris "puguin recuperar aquesta situació de descrèdit que els ha dut el govern de CiU". "Tota aquella actuació duríssima contra els treballadors públics que són els que ajuden a millorar i mantenir el nostre estat de benestar i són font d'ocupació", ha explicat Boada.
"Hem demostrat que hi ha alternativa i hem de donar un missatge a la població que no se surt de la crisi amb aquesta triple retallada sinó fent inversions en creació d'ocupació i en àmbits nous com és l'economia verda i no nomes anar retallant com si fos un plaga divina", ha conclòs Boada que ha indicat que el Govern encara hi té més obligació.
WEB PARTICIPATIVA EN ELS PRESSUPOSTOS SOBRE INVERSIONS EN EL TERRITORI
Aprofitant la presentació de les esmenes a l'articulat de la Llei de Pressupostos, Boada ha presentat també un web sota el títol de ‘Hi ha alternativa' on s'expliquen, geolocalitzades, totes les inversions que el grup parlamentari d'ICV-EUiA ha presentat en forma d'esmena. El diputat ha explicat que malgrat el termini per la presentació d'esmenes ja ha acabat la ciutadania, mitjançant un formulari també pot enviar les mancances del seu municipi i el grup d'ICV-EUiA estudiarà en quin format i com pot convertir-se aquest assumpte en una iniciativa parlamentària.
Ayer entré a Correos para enviar unas cartas y mientras esperaba turno me entretuve en leer la información que proporciona la oficina bancaria que se encuentra allí, Deutsche Bank, sobre los intereses de los préstamos y créditos que concede. Son estos, como puede verse en la imagen de abajo:
Créditos y préstamos a 3 meses: 7,19%
Créditos y préstamos a 1 año: 7,45%
Créditos y préstamos a 3 años: 8,24%
Préstamos hipotecario vivienda a tipo fijo: 6,43%
Préstamos hipotecario resto a tipo fijo: 6,96%
Préstamos hipotecario vivienda a interés variable: 2,07%
Préstamo personal al consumo: 9,38%
Descubierto en cuenta corriente con consumidores: 10,00%
Resto descubiertos: 30,60%
Excedidos en cuenta de crédito: 30,60%
Todos ellos, como dice la nota, sin incluir comisiones u otras cargas.
Naturalmente el banco olvida señalar que esos créditos y préstamos puede darlos con el dinero que el Banco Central Europeo le concede sin límite al 1% o incluso, si se trata de bancos privilegiados como el Santander o el propio Deutsche Bank, con el que le dio la Reserva Federal al 0,25% y en secreto, como ya comenté en otra ocasión (16 billones de regalo a los bancos y empresas que provocaron la crisis y que más empleo destruyen).
No creo que pueda haber una muestra más clara y evidente de lo que está impidiendo de verdad que salgamos de la crisis.
¿Qué empresa puede sobrevivir con estos tipos y eso, en el hipotético caso de que le concedan los préstamos, porque antes que dárselos, los bancos prefieren utilizar el dinero que casi gratuitamente les da el banco central para especular o comprar deuda?
¿Cómo puede soportar una pequeña o mediana empresa un 30% de interés si se excede puntualmente en su línea de crédito?
¿Cómo se puede reactivar la economía con esos tipos de interés por las nubes cuando la financiación es imprescindible para que las empresas que crean empleo vuelvan a ponerse en funcionamiento?
Es posible que las grandes empresas que tienen liquidez propia suficiente no se vean muy afectadas por estos tipos porque no tienen tanta necesidad de recurrir a esta financiación pero es que esas empresas no son las crean empleo. Al revés, son las que lo destruyen. Las que lo crean son las pequeñas y medianas y estas tienen un problema principal que solo tiene un nombre: la voracidad y usura de la banca que ponen de relieve esos tipos de interés.
Pero ni siquiera a la vista de esos datos son capaces los gobiernos de tomar las riendas con dignidad y parar los pies a la banca.
Al revés, de la mano de la patronal insisten en el mismo diagnóstico equivocado y cínico de la crisis. Para ellos, no se trata de que con falta de crédito y con esos intereses las pequeñas y medianas empresas que crean el 90% del empleo no puedan funcionar y tengan que cerrar. No. ¡De ningún modo! En su opinión, según nos dicen a todos constantemente, lo que sucede es que las grandes empresas y los bancos aún no tienen todo lo que necesitan y que, por tanto, hay que seguir dándole todo tipo de ayudas, a costa de dejar sin aire ni agua al resto de la economía.
Por eso, en lugar de pararles los pies y garantizar ingresos, financiación y demanda suficiente a las empresas que crean empleo y a los hogares, lo que hacen es promover la concentración bancaria para que siendo menos tengan más facilidad para controlar el mercado y poder aumentar sus beneficios más cómodamente; reducir el coste de los despidos para que no tengan que gastarse mucho dinero en desprenderse del personal; acabar con la negociación colectiva para que no tengan que perder mucho tiempo discutiendo con sus empleados; privatizar los servicios públicos para que las grandes empresas participadas por los bancos y ellos mismos se queden con el mercado; bajarles los impuestos para que puedan recuperar el aliento ganando miles de millones y no tengan que tirar su dinero financiando los gastos de la gente que creen que solo quiere vivir de los demás; o ahorrar en gastos sociales porque a las rentas altas no les son necesarios los servicios universales que financian.
Estas medidas que antes aplicaba el gobierno de Rodríguez Zapatero y ahora el de Rajoy no permiten salir de la crisis. No hace falta ser un genio de la economía para darse cuenta de que no apuntan a los problemas reales que la están agudizando día a día, como advierten los tipos de interés vigentes que he mostrado. Solo son la forma de aprovechar la crisis para aumentar el beneficio, los privilegios y el poder de las grandes empresas y de los bancos, la expresión de la gran estafa que se está cometiendo contra la ciudadanía.
El Coordinador Federal de IU, Cayo Lara, ha resaltado este jueves "la honestidad probada" del candidato de IULV-CA a la presidencia de la Junta de Andalucía, Diego Valderas, al que ha mostrado su apoyo ante la cita electoral del próximo 25 de marzo.
Durante su intervención en un desayuno informativo en Huelva, Lara ha destacado "el compromiso" de Valderas con "la gente corriente y trabajadora", que contrasta con el paquete de medidas que impulsa el Gobierno central que evidencia "la continuidad de los recortes".
En este sentido, se ha mostrado convencido de que "el cambio en Andalucía no puede empezar por la derecha", ya que "allí donde gobierna el PP se destruye empleo". Por ello, ha incidido en que "el cambio pasa por la izquierda, porque hay una salida social a la crisis".
El máximo dirigente de la coalición de izquierdas ha hecho hincapié en la importancia de "las políticas para cambiar el modelo" y "no se especule más".
Por su parte, Valderas ha apuntado que asume la precampaña y campaña "con fuerza, ilusión y optimismo", a la par que ha dejado claro que su formación es "la única alternativa frente al bipartidismo".
"Confiamos en nuestro discurso político, que hace piña con la sociedad y sobre todo con las mujeres y los jóvenes", ha enfatizado el coordinador general de IULV-CA, que ha remarcado que la formación sale "sin techo electoral". En concreto, respecto a la provincia de Huelva, de la cual es cabeza de lista para estos comicios, ha indicado que "no se conforma con un único diputado".
Además, Valderas ha señalado que su formación cuenta "con capacidad para gobernar" en Andalucía, ya que "representan los intereses de la mayoría frente a una minoría privilegiada".
De otro lado, ha apuntado que IU será "un instrumento útil" para la ciudadanía y tendrá al Estatuto de Autonomía andaluz como "eje central". "El reto es decirle a Andalucía que ya es hora de un cambio político", ha agregado Valderas, que ha hecho hincapié en la importancia de la transparencia en las instituciones.
Julio Anguita. Acaba de publicar "Combates de este tiempo", una recopilación de artículos, cartas y reflexiones que el ex cabeza del PCE e IU rescata para la actualidad.
En el turbulento periodo de entreguerras tuvo lugar una notable controversia científica sobre quién debe ser el guardián de la Constitución, cuyos ecos resuenan todavía hoy. Sus protagonistas fueron dos juristas excepcionales, Hans Kelsen y Carl Schmitt, que dieron respuestas completamente diferentes a dicha cuestión. Schmitt sostuvo que la defensa de la Constitución era una función que correspondía al jefe del Estado, plebiscitariamente legitimado. Con esta tesis se opuso a las meritorias propuestas de Kelsen, consistentes en atribuir la función de defensa de la Constitución a un Tribunal de Derecho, y que determinaron la creación de los primeros Tribunales Constitucionales en Austria y Checoslovaquia.
A pesar de las objeciones de Schmitt en el sentido de que no era posible atribuir a un tribunal la función de defensa de la Constitución porque esta es una tarea política, y como tal no atribuible a un órgano jurisdiccional, el establecimiento de Tribunales Constitucionales es una de las señas de identidad de todos los regímenes democráticos establecidos en Europa tras la Segunda Guerra Mundial. La democratización de los países del Sur y, posteriormente, del Este de Europa ha confirmado el indiscutible éxito de esta institución. Hoy es pacíficamente aceptado que todo Estado Constitucional requiere de la existencia de un tribunal que vele por el cumplimiento de la Constitución. Una institución que desempeña una función política -porque la defensa de la Constitución reviste ese carácter-, pero que lo hace a través del Derecho, esto es, mediante la argumentación jurídica.
Con estas premisas, y por obra de nuestro último constituyente, se creó en España el Tribunal Constitucional, institución que ha jugado un papel esencial en la consolidación del sistema democrático. Sin embargo, en los últimos años, el Alto Tribunal ha sufrido un evidente deterioro de su imprescindible prestigio, y no es exagerado afirmar que atraviesa una profunda crisis. Crisis provocada, básicamente, por dos factores: uno relativo a su composición, esto es, a la forma de designación de sus miembros; y otro, el referente a sus funciones. El primero -que sin duda alguna es el más grave- ha conducido a la politización en sentido partidista de la institución, con lo que la imagen de independencia de los magistrados se resiente. El segundo, vendría determinado por la amplitud e intensidad de las funciones atribuidas al tribunal que han provocado una situación próxima al colapso, en la que la respuesta del tribunal a un recurso puede tardar incluso una década.
Por lo que se refiere a la designación de los miembros del tribunal, hay que denunciar el comportamiento manifiestamente inconstitucional con el que han obrado los partidos políticos. El Tribunal se compone de 12 miembros, cuatro son nombrados a propuesta del Congreso de los Diputados y otros cuatro a propuesta del Senado, por una mayoría de tres quintos; dos por el Gobierno y dos por el Consejo General del Poder Judicial. El mandato de los magistrados es de nueve años. El tribunal se renueva por terceras partes cada tres años con arreglo a un calendario que las fuerzas políticas han incumplido impunemente. El mandato de los magistrados designados por el Senado concluyó en 2007 y tuvo que prolongarse hasta finales de 2010 por falta de acuerdo para el nombramiento de sus sucesores. El mandato de los nombrados a propuesta del Congreso de los Diputados concluyó en 2010 y la designación de quienes han de reemplazarles -con más de un año de retraso- es una de las primeras tareas a abordar por las Cortes recientemente constituidas. El quebrantamiento de esos plazos implica un incumplimiento grave de la Constitución. Los partidos mayoritarios han incumplido su obligación constitucional de renovar en plazo a un órgano fundamental de nuestro sistema político. El incumplimiento se produce no solo por el retraso en efectuar los nombramientos, sino -y esto es aún más grave- por la forma en que se llevan a cabo.
Cuando la Constitución exige que para ser magistrado constitucional hay que contar con el respaldo de tres quintos de los diputados o senadores, lo que se pretende es que las personas nombradas sean completamente independientes de los partidos para desempeñar con objetividad su función. Si un jurista recibe el respaldo de tan alto número de parlamentarios su idoneidad estaría asegurada. De lo que se trata es de evitar que un partido pueda nombrar para esos cargos a personas en las que solo él confía. Y, sin embargo, eso es lo que ocurre en la realidad. El pacto alcanzado con más de tres años de retraso entre el PSOE y el PP para renovar en enero del pasado año a los magistrados designados por el Senado no consistió en un acuerdo sobre quiénes eran las personas que por su prestigio profesional, excelencia intelectual, y compromiso constitucional, resultaban las más adecuadas para ejercer la magistratura constitucional, sino en la aceptación incondicionada por cada parte de los candidatos de la otra. Esto es, en un reparto según el cual correspondió al PSOE designar a dos y al Partido Popular otros dos. Los partidos pervierten así el modelo constitucional y lo reemplazan por un sistema proporcional basado en cuotas de poder que no tiene ni puede tener cabida en el ámbito que nos ocupa. Este sistema conduce inexorablemente a la politización en sentido partidista de una institución que debe permanecer al margen de la lógica del Estado de partidos. Así, cada vez que el tribunal se pronuncia sobre la constitucionalidad de una ley, muchos anticipan ya -aunque sea erróneamente- el sentido del voto de un magistrado en función de qué partido propuso su nombramiento. Ello explica también -aunque no justifica- la sistemática asignación por parte de los medios de comunicación de las etiquetas de conservador o progresista a los diversos integrantes del tribunal. Y aunque en más del 90% de sus resoluciones, esa fractura ideológica del tribunal brilla por su ausencia, lo cierto es que la credibilidad de la institución sufre una grave erosión.
El segundo factor que mina la confianza en el tribunal es la lentitud en su respuesta, que puede demorarse muchos años. El tribunal desempeña básicamente tres funciones: el control de la constitucionalidad de las normas con rango de ley, la resolución de conflictos de competencias entre el poder central y los poderes territoriales, y la defensa de los derechos fundamentales a través del recurso de amparo. Esta última función es la que ha provocado el colapso del tribunal puesto que más del 90% de los procesos constitucionales son recursos de amparo por violación de derechos fundamentales imputable a una decisión del Poder Judicial. El recurso de amparo ha sido una institución esencial para la defensa de los derechos fundamentales, pero es hoy mucho menos necesaria que hace 30 años. El Estado Constitucional heredó la judicatura del anterior régimen, por lo que fue preciso establecer mecanismos de garantía frente a posibles violaciones de derechos por parte del Poder Judicial. En el contexto actual, cuando la judicatura ha sido biológicamente renovada, el recurso de amparo debiera ocupar un lugar ciertamente marginal y excepcional.
En este contexto, la superación de la crisis del Tribunal Constitucional exige actuar en dos frentes. En primer lugar, resulta urgente proceder a su renovación parcial, esto es, a la designación por el Congreso de los Diputados de los cuatro magistrados que concluyeron su mandato. Y, sobre todo, hacerlo evitando incurrir en el perverso sistema de cuotas, esto es, cumpliendo no solo la letra sino también el espíritu de la Constitución, lo cual supone designar a personas que gocen de un consenso real en la Cámara. En segundo lugar, y a medio plazo, conviene abrir un debate sereno y riguroso sobre las posibilidades de reforzar la independencia de los magistrados -para lo cual la prolongación de su mandato parece el expediente más eficaz-, así como sobre la necesidad de reducir drásticamente el trabajo jurisdiccional del tribunal, atribuyendo el amparo ordinario a una Sala Especial del Tribunal Supremo.
Javier Tajadura Tejada es profesor titular de Derecho Constitucional en la Universidad del País Vasco.
Izquierda Unida ha registrado una proposición no de ley en el Congreso de los Diputados que pide al Gobierno el desarrollo "urgente" del reglamento de los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE), pendiente desde hace dos años, la reforma de su funcionamiento y el "cierre progresivo" de estas instalaciones, entre los que se encuentra el CIE de Aluche.
La iniciativa, a la que ha tenido acceso Europa Press y que ha sido registrada para su debate en el Pleno, pide además que se proceda al "cierre inmediato" del CIE de Madrid, situado en el barrio de Aluche, por las "inadecuadas condiciones" de habitabilidad, producidas por la situación de hacinamiento en sus celdas y por la falta de unas condiciones sanitarias y de aseo apropiadas para con sus retenidos".
En cuanto al resto de centros, un total de nueve en España, solicita que se proceda a su "cierre progresivo" y sustitución por otros equipamientos "que salvaguarden la salud, la libertad y la dignidad de los ciudadanos extranjeros insuficientemente indocumentados".
IU solicita igualmente al Ejecutivo de Mariano Rajoy que promueva una "investigación a fondo" sobre las condiciones asignadas a los extranjeros "insuficientemente documentados" y recluidos en los centros de internamiento y que se garantice su acceso a una adecuada atención sanitaria.
En este sentido, IU recuerda que el pasado mes de diciembre una ciudadana congoleña falleció en el CIE de Aluche por meningitis, un hecho que, a su juicio, ha vuelto a poner de relieve las condiciones "infrahumanas" en las que están recluidos los extranjeros en este tipo de instalaciones policiales que gestiona directamente el Ministerio del Interior.
Además, recalca que el auto dictado el pasado 26 de diciembre por uno de los tres Juzgados de Vigilancia y Control del mencionado centro, puso de manifiesto el "palmario hacinamiento" que sufren los internos, además de constatar "la especial gravedad" de la situación en estas instalaciones en las que, según apunta, ni "tan siquiera" existe una habitación de enfermería donde los aislar a los enfermos.
Por ello, reclama en el Congreso que se garantice la integridad física y la atención sanitaria a las personas retenidas en los CIE, especialmente mediante un reconocimiento médico a la llegada y la instalación de un botiquín y otros medios adecuados.
También quiere que se refuerce la tutela judicial de los CIE, para que se respeten todos los derechos de las personas retenidas, y que se garantice el acceso de las ONG, tal como recoge la Ley de Extranjería, para "garantizar la transparencia y la solidaridad de los centros con las personas allí retenidas".
En esta línea, solicita que no se realicen expulsiones de inmigrantes a terceros países sin los "debidos controles" y sin las "suficientes garantías" de respeto a los derechos humanos.
En la argumentación de la iniciativa, a la que ha tenido acceso Europa Press, Izquierda Unida denuncia que en el CIE de Aluche se retienen hasta 280 personas en celdas para entre seis y ocho detenidos, y allí pueden permanecer hasta un máximo de dos meses --el plazo que marca la ley para ejecutar la deportación--, careciendo incluso de aseos en un gran número de habitaciones.
Según apunta, situaciones como las descritas se viven en los nueve CIE en España, como en el de Capuchinos, en Málaga; en el de Algeciras (Cádiz), donde el edificio es una antigua prisión, o en la Zona Franca de Barcelona, en el que se habrían producido maltratos conforme han denunciado el Síndic de Greuges y el Defensor del Pueblo catalán.
VIGENTE LEGISLACIÓN
IU explica que la actual legislación de extranjería obliga al internamiento preventivo y sistemático de toda persona extranjera en situación administrativa irregular, a pesar de que no haya cometido ningún delito sino una falta, a los efectos de asegurar su expulsión.
Por eso, expone que si el internamiento en los CIE se concibe como una medida cautelar de aseguramiento personal durante la tramitación de un procedimiento administrativo de expulsión, "resulta contradictorio" que en casi la mitad de los casos el procedimiento no haya culminado con dicha expulsión.
"De esto se infiere que la privación del derecho a la libertad de las personas no estuvo justificada en la mitad de los casos", expone la proposición no de ley.
IU NO ES EL ÚNICO QUE LO PIDE
La pasada semana, Esquerra Republicana pidió la comparecencia en el Congreso del ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, para que explicase en qué situación están los centros de internamiento de extranjeros (CIES) en general y rinda cuentas, en concreto, por la muerte del citado interno de Barcelona.
Además, el diputado Joan Tardà, registró una batería de preguntas al Gobierno, tanto en castellano como en catalán, para saber cuándo se va a aprobar el reglamento para estos centros previsto en la Ley de Extranjería, cuántas personas hay repartidas por los que hay en toda España y cuántos de estos centros tienen asignado un juez de vigilancia.
Las Cortes valencianas celebran esta mañana el pleno sobre los recortes aprobados por el Gobierno de Alberto Fabra. El debate se ha caldeado antes de comenzar, cuando han entrado en el hemiciclo los diputados de los grupos de Compromís y Esquerra Unida, que han exhibido petos de color naranja con la leyenda SOS Parke, en referencia a los colectivos que protestan desde hace semanas por el impago de las subvenciones que necesitan para actuaciones sociales en el deprimido barrio de Parque Alcosa, situado en la localidad valenciana de Alfafar.
El presidente de las Cortes, Juan Cotino, ha llamado al orden a los diputados de estos dos grupos de la oposición y ha estado a punto de expulsarlos del pleno. Los parlamentarios de Compromís han salido del hemiciclo y han regresado sin los petos iniciada ya la intervención de Fabra.
En el exterior, las Cortes están rodeadas de un fuerte despliegue policial por las concentraciones de protesta convocadas por los sindicatos en contra de los recortes de más de 1.000 millones de euros que pretende aplicar el Consell de Alberto Fabra. En la plaza de la Virgen, muy cerca del Parlamento valenciano, se han reunido más de un centenar de empleados públicos y sindicalistas con pancartas contra del fuerte ajuste en la Administración valenciana. Un grupo de 30 o 40 manifestantes han logrado llegar a las puertas de las Cortes, donde han pedido la dimisión del consejero de Hacienda, José Manuel Vela.
Mientras tanto, el discurso de Fabra para explicar el tijeratazo en las Cortes ha arrancado con la tribuna de invitados copada por altos cargos del Partido Popular. "Vengo a decir la verdad", ha asegurado Fabra, que luego ha arremetido contra la herencia del anterior Ejecutivo socialista de Rodríguez Zapatero. El jefe del Consell ha señalado de nuevo la deficiente financiación autonómica e incumplimientos que achaca al Gobierno central, al que acusa de discriminación. "Vamos a reclamar al Gobierno de España una financiación adecuada a nuestras necesidades", ha afirmado Fabra.
El presidente valenciano ha asegurado también que el Gobierno de Rajoy se comprometió en el Consejo de Política Fiscal a otorgar un anticipo de 420 millones de euros este mes para "pagar a proveedores". En su explicación del decreto de medidas urgentes contra la crisis no ha habido autocrítica. Solo una alusión final a "aprender las lecciones del pasado con responsabilidad y autocrítica". Según Fabra, las medidas aprobadas, que incluyen recortes a los funcionarios y subidas de impuestos, son extraordinarias y temporales, y se retirarán en cuanto cambien los indicadores económicos.
El portavoz socialista, Jorge Alarte, ha acusado a Fabra de esconderse tras 16 años de gobierno del PP que "han hipotecado el futuro de los valencianos". Si hubieran llegado 11.000 millones más de euros de financiación "lo hubieran gastado en despilfarro, exceso y abusos", ha criticado Alarte. El portavoz socialista ha pedido a Fabra que dé la cara en la tribuna, pero la réplica la ha dado el portavoz popular, Rafael Blasco. "Las cosas que pasan en esta tierra son tan graves que no hay excusa", ha subrayado Alarte antes de preguntar a Fabra qué otros recortes se ha comprometido a hacer para que el Gobierno rescate a la Generalitat.
Vídeo Rescatado (14/01/2012).
Esther López acompaña en su ayuno a los compañeros del Parke Alcosa
