El Partido de la Izquierda Europea prepara su congreso de Madrid impulsando la lucha y la solidaridad

Reunión del Comité Ejecutivo del PIE en Sofía (Bulgaria)

La reunión del Comité Ejecutivo del Partido de la Izquierda Europea (PIE) en Sofía (Bulgaria), los días 20 y 21 de abril pasados, se ha celebrado con la convicción de que la solidaridad y la lucha de clases es la mejor forma de salir de la crisis. Por una parte, se invitó a los embajadores de Venezuela y Cuba para mostrar nuestra solidaridad con sus avances. Por otra, se dejó constancia del apoyo al partido de la Izquierda Búlgara en las próximas elecciones. Además se llevó a cabo un repaso de la situación política en los principales países europeos comprobando la suicida carrera emprendida por la Troika con sus ajustes y austeridades con casos concretos como Alemania, Portugal, Italia, Dinamarca, Francia, España, Finlandia, Chipre, Rumania, Grecia. Y, por último, se avanzó en la preparación del próximo Congreso del PIE en Madrid en sus cuatro vertientes, la de mejora y debate del Documento Político, la de Organización y Estatutos, la Programática y la de la propia celebración en Madrid con las condiciones sobre el sitio elegido.

En el desarrollo del Comité Ejecutivo se tocaron otros temas interesantes como la situación a la que se ha llegado por el rechazo del Parlamento Europeo a causa de los recortes en el propio presupuesto de la UE, inferior al 1% del PNB europeo en las perspectivas financieras 2014-2020 y que supone recortes en todas las partidas importantes, desde la PAC hasta los fondos de solidaridad o estructurales.

También se informó sobre el Congreso del Partido Comunista de Rusia (P. Marset e Yryo Hakanen), sobre el Foro Social Mundial, celebrado en Túnez (C Mendelsohn), sobre la visita de una delegación a Cuba y Venezuela (Maite Mola), sobre la importancia de la próxima Cumbre Europea Alternativa en Atenas para los días 7 y 8 de junio (N. Teodorokapoulos), y la presencia nuestra como PIE en las manifestaciones del 25 de abril en Portugal.

También se aprovechó la reunión en Sofía para informar y debatir sobre la situación política de las izquierdas en los diferentes países de la antigua Yugoslavia por parte de un compañero de la Fundación Rosa Luxemburgo en Belgrado, Boris Kanzleiter. Tras la guerra de Yugoslavia y su desmembramiento, el país que se presentaba como un caso de éxito, Eslovenia, ha fracasado y se sume ahora en la pobreza y desconcierto a causa de esas medidas impulsadas desde Europa. El común denominador es la corrupción y la debilidad de la izquierda transformadora.

Por último se abordó la cuestión de la celebración de la Universidad de Verano del PIE en Oporto (Portugal), del 3 al 7 de julio en colaboración con la Fundación de la Izquierda Europea Transform. Los principales temas a debatir serán: 
a) los servicios públicos, 
b) la evolución de los partidos de la izquierda en Europa, 
c) la Cumbre Alternativa Europea,  la política de empleo y el papel de los sindicatos europeos, 
d) la paz y la seguridad, 
e) América Latina y Europa, 
f) las políticas regionales y urbanas en Europa, 
g) el feminismo, 
h) la privatización del agua, 
i) las técnicas de comunicación política, 
j) el populismo y la extrema derecha, 
k) la cultura de los oprimidos, 
l) el papel del Banco Central Europeo en la crisis, 
m) la cultura hegemónica, 
n) las políticas medioambientales y el ecosocialismo, 
o) el transporte, 
p) las redes solidarias, 
q) la situación en Europa del Este,
r) los derechos de los LGTB, 
s) los movimientos estudiantiles en Europa, 
t) las luchas de la historia, 
u) las opciones estratégicas de la izquierda en Europa. 
Y además tres cenas de debate 
* con Maite Mola, Valter Pomar, un representante del PSUV de Venezuela, otro de Alianza País de Ecuador, Ignacio Ramonet;  la primera; 
* con Cayo Lara, Kattia Kipping (Die Linke) Vojtec Filip (PC de Bohemia Moravia), Jean Luc Melenchon,Catarina Martins (Bloco) la segunda; 
* y con Marisa Matias (Bloco) Walter Baier (Transform), Alexis Tsipras (Syriza) y Pierre Laurent la tercera.

Fuente: mundoobrero.es

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Campaña deCHA contra el fracking en Aragón

Laia Ortiz en la comisión de Hacienda y Administraciones Públicas. ¿Una Ley al servicio de la austeridad?.

Cayo Lara pregunta a Fátima Báñez sobre qué piensa hacer para los más de tres millones de parados sin ayuda.

Ignacio Blanco denuncia que el ex-presidente Camps se esconde de los medios para no hablar del caso Nóos.

Caridad García desconfía del ofrecimiento de diálogo de Wert sobre la LOMCE por "tardío" y porque sólo supone "ofertar un papelito para ver si llegamos a acuerdos"

Réplica de la diputada y portavoz de IU en Educación en la comparecencia del ministro de Educación ante la comisión del Congreso

"Bienvenido a esta Comisión, señor ministro, muchas gracias por ese repaso que ha hecho a las continuas comparecencias que algunos grupos parlamentarios habíamos pedido y que, finalmente, ha sido muy ‘ligerito’ lo que ha dicho porque no ha tenido a bien comparecer hasta este momento, a pesar de la persistencia para que compareciera en la misma.
 
Yo voy a empezar por una cosa que usted ha manifestado, señor ministro, y que una vez más me llama poderosamente la atención. Ahora…, ahora, usted dice que vamos a tener un pequeño guión o un pequeño papel para mantener encuentros bilaterales entre los partidos políticos que estamos aquí. Señor ministro, yo se lo voy a decir con todo el respeto que me merece: no se ría usted de nosotros, por favor. ¿Ahora? ¿A estas alturas viene usted a ofertar a las organizaciones políticas con representación en este Parlamento un papelito para empezar a ver si llegamos a acuerdos? ¿No le parece que es un poco tarde? ¿No? ¿A usted no se lo parece? ¿Cuando ya tenemos que iniciar un trámite parlamentario donde todos podremos decir lo que opinamos y qué hacemos con esta ley, ahora dice usted que no es tarde para ofrecernos un papel?
 
En fin, tiene usted un concepto absolutamente diferente del que podemos tener nosotros. No me extraña que diga usted que hay poco consenso con esta ley. Mire usted, es que no hay consenso, no hay ni poco ni mucho, ¡es que no hay consenso! Una vez más este señor al que todos se refieren, ‘don Senso’, no aparece nunca si no es en la pura palabrería que una y otra vez se dice. ¿Sabe usted qué corre ya por los mentideros de esta Comunidad de Madrid y me imagino que por los de otras comunidades de este país? Que esta ley es la ley de ofensa y mofa de la comunidad educativa; o que esta ley es la ley de ordeno y mando de la Conferencia Episcopal. Y seguramente habrá muchas más cuestiones relacionadas con el acrónimo de la misma.
 
En esta ley lo único que usted ha conseguido, como ya le ha dicho algún portavoz anterior, no ha sido ningún tipo de consenso, efectivamente, lo que ha conseguido usted es el mayor disenso y la mayor confrontación de la historia. ¡La mayor confrontación de la historia! Usted se queja de que haya alguien por ahí, alguno que en un medio de comunicación utiliza un lenguaje bélico. Perdóneme que le diga, señor ministro, que el lenguaje bélico lo ha provocado usted mismo. Usted mismo, aquí, en este Parlamento, ha sido belicista con muchas comunidades autónomas y lo sigue siendo con la ley. Por lo tanto, lenguaje bélico, el suyo; lo demás solamente son respuestas a ese lenguaje bélico. Aquí se ha dicho que es una reforma de la anterior ley. Efectivamente, hay cosas de la otra ley que a nosotros también en un momento no nos pudieran gustar. Pero es una contrarreforma de la ley.
 
Además en toda esta confrontación ha puesto en su contra a toda la comunidad escolar: padres, madres, alumnos, alumnas y al sector docente de la comunidad escolar. Todos, no ha quedado nadie que no se haya puesto en contra suya. Usted ahora nos dice que es una educación para una economía inteligente. ¡Interesante término, no se lo voy a negar! Muy interesante. Que servirá seguramente para que nuestros alumnos y nuestras alumnas tengan una movilidad exterior igualmente interesante.

Usted sigue hablando de la formación profesional dual, de la formación profesional modelo alemán. Es verdad que introduce un nuevo modelo, introduce la formación profesional básica, que ya veremos qué es eso. Y usted introduce ese modelo pese a que todo el mundo en este país le ha dicho que es un modelo imposible. Incluso sus comunidades autónomas. Que es imposible su implantación porque usted bien sabe que el modelo empresarial en este país es en el 90% mediana y pequeña empresa. ¿Cómo va usted a organizar en todo el conjunto del Estado ese modelo de formación profesional dual? Se lo hemos preguntado por activa, pasiva y perifrástica y usted no nos ha contestado ni una sola vez. Ni una sola: hoy tampoco.
 
Usted dice que el objetivo de la ley -lo dice siempre, claro, ese es su mantra y me parece bien- es la tasa de abandono escolar y la tasa de personas que no terminan, alumnos y alumnas que no acaban. ¿Me quiere usted explicar -ya se lo han preguntado también otros- cómo con los recortes que tenemos en educación, con los recortes que llevamos va a conseguir ese logro? ¿Con la financiación que le va a venir de Europa? ¿Me quiere usted contar también a mí a qué acuerdos ha llegado con Europa, con Bruselas, para que se financie toda una Ley orgánica de educación? ¡Toda una ley, no parcelas de la misma, señor ministro! Toda una Ley orgánica de educación. ¿Me quiere decir usted cómo? ¿Todos los fondos europeos para nosotros? ¿Qué nos va a costar eso? ¿Qué nos va a costar a todos los ciudadanos y ciudadanas eso? Me gustaría que también eso nos lo dijera.
 
Usted, además, sabemos que tiene un compromiso con Europa. Ese sí lo sabemos, usted tiene el compromiso de llegar al 3,9% del PIB en inversión educativa. ¿Sabe cuál es la media europea? Esa usted no la dice nunca, está en el 7%. ¡Está en el 7% y usted en el 3,9! Mire, usted puede hacer los gestos que quiera pero eso es una realidad, y se lo digo sinceramente: me importan muy poco los gestos que usted haga cuando le estoy diciendo lo que le estoy diciendo.
 
El otro día usted dijo una cosa, señor ministro, que dije ayer por la tarde porque usted manifestó una cosa que hubiera sido suficiente para que el Gobierno, su grupo, le hubiera destituido inmediatamente. Porque o usted no supo explicarse, y si no supo explicarse, que también le hubieran destituido, porque dijo usted una cosa de juzgado de guardia. Usted vino a decir que el abandono escolar no se producía en las clases medias altas o en las clases altas. Eso significa que solamente se produce en las clases bajas. Es decir, que los talentos de los que usted habla en su ley van definidos en una determinada clase social y no van definidos en otra. No encontramos otra explicación, señor ministro. Y si usted no ha sabido explicarse, pues ese es un problema suyo, no nuestro.
 
Porque lo que sí es cierto es que en su ley establece una serie de rankings. Es decir, introduce el mercado dentro del sistema educativo estableciendo rankings entre los centros educativos y eso significa el final del sistema educativo, al menos del público, en este país. Eso es lo que significa. Porque si no usted me va a decir cómo va usted a evaluar y cómo va a financiar, dentro de esos rankings, a los diferentes centros educativos y quiénes van a ser aquellos centros educativos que van a tener más posibilidades por encima de otros centros educativos en función de dónde se ubiquen.
 
Porque lo que tampoco nos puede contar desde luego es que ustedes, tal como dicen en la exposición de motivos, van a trabajar para que aquellos alumnos que tengan dificultades puedan superar la situación en la que se encuentran. ¿Sabe por qué no? ¡Porque cada vez hay menos docentes, porque cada vez son más los alumnos por aula y porque, además, ustedes disminuyen considerablemente aquellos recursos económicos que tienen que ir destinados precisamente a que esos alumnos puedan tener esa facilidad de poder equilibrarse y llegar a estar en la misma situación que el resto de los alumnos!
 
Es verdad que usted no cree -lo dijo usted, está negro sobre blanco- que la educación tenga que ser democrática. Usted ya lo dijo en una ponencia que hizo para la FAES y, por lo tanto, en esa línea usted lo primero que hace es cargarse la participación de los ciudadanos y las ciudadanas dentro del sistema educativo. Usted se carga la participación porque deja a la comunidad educativa bajo mínimos en cuanto a su relación con los centros y la gestión de los centros educativos. Y es verdad, tiene razón el señor Álvarez, es verdad que hay un componente ideológico. Dice que tiene que haberlo en todos sitios y aquí es profundamente ideológico. Es una ley absolutamente neoliberal y muy ideológica.
 
Voy a terminar para dar paso a mi compañero. Yo le voy a decir que sí vamos a presentar una enmienda a la totalidad. Que vamos a presentar esa enmienda a la totalidad precisamente para ofertarle eso que usted nos dice ahora, para llegar a ese tema con dice usted con Irlanda, con los grupos políticos. Porque si no, de otra manera va a ser imposible. Y también le voy a decir, y con esto sí termino, dos cosas. Mire usted, el tema de religión es una cuestión de fe única y exclusivamente, y España es un Estado aconfesional, por lo tanto es anticonstitucional que se implante la religión en las escuelas y que, además, sea evaluable. Y sí, me contará usted cómo y de qué manera aquellos centros que segregaban por sexos buscarán justificarse. Pero eso no significa que hagan educación y que eduquen en igualdad. En absoluto, señor ministro."

Fuente: izquierda-unida.es

Vídeo Rescatado. Marina Albiol. Interpelación al consejero Luís Rosado sobre la privatización de la sanidad valenciana (12/06/2012)

Marc Vidal. Interpelación sobre Formación Profesional #LOMCENO

Hay que ordenar el sistema, planificación estratégica, voluntad política y dinero para conseguir que la FP garantice la empleabilidad de las personas. Estos elementos ahora no están.

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Vicenç Navarro: "Lo que no se dice sobre Bangladesh". Juan Torres: "Terrorismo Financiero".

Este artículo analiza las causas de la pobreza en Bangladesh, cuestionando muchas de las argumentadas en los mayores medios de información. El problema mayor que tiene Bangladesh (el país más pobre del mundo junto con Haití) no es la falta de recursos, sino el control sobre estos recursos. Bangladesh no es un país pobre, aunque la mayoría de la población lo sea.

Cuando usted vaya a comprarse una camisa o cualquier producto textil, mire donde está hecho el producto. Verá que la gran mayoría procede de países mal llamados pobres (en realidad tienen grandes cantidades de recursos, por lo general, controlados por intereses financieros y económicos extranjeros) donde los seres humanos que los producen viven y trabajan en condiciones misérrimas. Uno de ellos es Bangladesh. Este país es sumamente rico. Su tierra, extremadamente fértil, puede producir suficiente alimento para poder satisfacer las necesidades nutritivas de una población veinte veces superior a la actual. Y a pesar de ello, la mayoría de la población, y muy en particular la que vive en las zonas rurales (82%), que constituye la mayoría, está malnutrida, con amplios sectores experimentando hambre. En realidad, Bangladesh es considerado, junto con Haití, el país más pobre del mundo, lo cual quiere decir que es el país que tiene un mayor porcentaje de población pobre, a pesar de que los datos muestran que Bangladesh (así como Haití) tiene los recursos para salir de la pobreza (ver “Cólera en Haití”, El Plural, 16.12.12; y “Continúa el escándalo del cólera en Haití” Público, 27.02.13).

No es, pues, la falta de recursos la causa de su pobreza, sino el control de estos recursos. El 16% de los propietarios de tierra controlan el 60% de toda la tierra, la cual cultivan para producir alimento que se exporta a los países llamados “desarrollados”. Esta casta de terratenientes se alía y está al servicio de compañías agropecuarias extranjeras que dirigen la explotación de la tierra (es decir, lo que se produce, cómo se produce y cómo se distribuye).

Esta estructura productiva es la que se reproduce por un sistema político que teóricamente se define como democrático y representativo: tiene incluso pluralidad de partidos políticos y elecciones parlamentarias. Este sistema, sin embargo, está influenciado enormemente por el bloque de poder financiero-económico-político constituido por los grandes terratenientes del sector agrícola, que son los que en realidad gobiernan aquel país. Esta enorme concentración de la propiedad de la tierra crea una enorme pobreza. Y la gran mayoría del alimento que se produce se consume fuera del país.

Esta oligarquía agrícola está aliada con otros intereses domésticos ligados también a las grandes compañías extranjeras que realizan su producción en Bangladesh a unos costes laborales bajísimos. La población pobrísima expulsada del campo acepta salarios misérrimos, pues no hay otros disponibles. Esta estructura económico-política dictamina que la gran mayoría de la población trabajadora esté totalmente desprotegida, lo cual ocurre en todos los sectores productivos de la economía, incluyendo el textil. Este sector está controlado por las grandes compañías textiles que hoy dominan el mercado internacional, tales como Benetton, H&M o Mango entre muchas otras, y una larga lista de cadenas internacionales de distribución y comercio, como El Corte Inglés, que están todas ellas en Bangladesh por el bajísimo coste de los salarios de los trabajadores (21 céntimos por hora) que trabajan en unas condiciones miserables, en fábricas carentes de los más mínimos requisitos de seguridad. Desde 2005 han muerto más de setecientos trabajadores en incendios en fábricas. El más reciente, hasta hace unos días, fue el fuego de la fábrica textil de Tazreen, que ocurrió el pasado 24 de noviembre de 2012, tal como indica David Bacon en su artículo “Bangladesh disaster: Who Pays the Real Price for your Shirt?”. The Progressive (26.04.13). En aquel incendio 112 trabajadores perecieron, un número elevadísimo para un accidente de esta naturaleza. Y la causa son las pésimas condiciones en las que se encuentran las fábricas. Ninguna de ellas tiene salidas de emergencia (en realidad todas las puertas están cerradas con llave para evitar la salida de los trabajadores, excepto en las horas de entrada y salida) y no disponen de extintores de fuego.

En la desgracia que ocurrió hace unas semanas en Rana Plaza (a 29 kilómetros de Dhaka), donde perecieron más de mil trabajadores, el edificio se vino abajo debido a que se abrieron muchas y amplias grietas en las paredes y en los tejados, aperturas que habían aparecido paulatinamente hasta entonces y que habían sido denunciadas por los propios trabajadores, siendo sus avisos ignorados por el propietario del edificio, el Sr. Sohel Rana, que es, por cierto, uno de los dirigentes del partido gobernante Awami League. Pocos días después del colapso de la fábrica, 20.000 trabajadores de fábricas cercanas a la que se derrumbó se manifestaron en protesta. La estructura de poder que gobierna Bangladesh es plenamente consciente de que está sentada sobre un volcán, lo cual ocurre en la mayoría de los países mal llamados pobres. De ahí la enorme represión que existe en estos países. Y la policía inmediatamente se movilizó para frenar y cortar la posibilidad de que se iniciara la explosión del volcán.

Pero existe otra forma de represión –que apenas ha salido en los medios-, dirigida por las grandes corporaciones textiles extranjeras que, aliadas con las élites gobernantes del país, configuran las intervenciones públicas que sostienen un sistema basado en una enorme explotación. Y me estoy refiriendo a la gran industria certificadora (que maneja 80.000 millones de dólares) que trabaja para estas compañías textiles. Estas compañías protegen a las compañías explotadoras, defendiéndolas legal y mediáticamente, minimizando y trivializando el daño y la participación de las mismas en la contratación de aquellas fábricas. Detrás de cada corporación (sea textil o no) existen compañías de certificación que intentan minimizar los costes (incluyendo los costes mediáticos de imagen) que estos desastres suponen para las compañías.

¿Qué puede hacerse frente a esta situación?

Muchas cosas:

1. Denunciar la situación de manera que la movilización ciudadana en los países importadores de estos productos boicotee los productos procedentes de lugares donde exista empleo en condiciones que deberían considerarse inaceptables. Las empresas que utilizan estos productos están entre las más rentables hoy, beneficios que se están consiguiendo a base de una enorme explotación. Varias cadenas de televisión en los países nórdicos han dejado de ofrecer espacio de promoción a las industrias textiles que trabajan en Bangladesh, incluida Suecia, contra H&M, industria textil sueca.

2. Establecer normas en el comercio internacional, para que las condiciones salariales y laborales, así como la existencia de derechos humanos, como el de sindicalizarse, sean respetados, considerándolos como condiciones indispensables para permitir el comercio.

Estas intervenciones son las que ahora se están explorando para paliar la enorme explotación que está ocurriendo en los países mal llamados pobres. Estas intervenciones incluyen muchas que son bien intencionadas y merecen aplicarse. Pero hay que ser conscientes de que son claramente insuficientes, pues la raíz del problema es la enorme mala distribución de poder que existe en estos países, donde hay unas minorías enormemente poderosas, en alianza con grandes corporaciones (mal llamadas multinacionales, pues están todas ellas basadas en un Estado-nación, el cual las protege en sus intervenciones públicas).

Lo que debería ocurrir es una enorme redistribución de los recursos de los que tales países ya disponen, de manera que la demanda doméstica fuera el motor de la economía, en lugar de las exportaciones, las cuales solo benefician a sectores muy limitados de la población. El caso de China, que era, antes de que lo fuera Bangladesh, el proveedor de trabajo pésimamente pagado a las industrias textiles, muestra las grandes limitaciones de una economía orientada a las exportaciones. El llamado “milagro económico” chino se basa en una enorme opresión de las clases populares, con un claro ataque a su bienestar social, como muestra el aumento de la mortalidad infantil en las áreas rurales donde vive la mayoría de la población. Un tanto semejante ocurre ahora en Bangladesh.

El modelo basado en las exportaciones –que es el modelo neoliberal- se ha experimentado ya en América Latina, en África y en Asia, y ha sido un fracaso. Aparece sobre el papel como un gran éxito, pues el PIB crece de una manera muy marcada (tanto como crece el sector exportador) y, como consecuencia, el PIB per cápita promedio crece también muy significativamente. Pero los promedios no incluyen información sobre la distribución. En todos estos países ha habido una gran absorción de la riqueza por parte de unas minorías que controlan el poder político a costa del empobrecimiento de la mayoría de la población.

Y la evidencia científica que avala lo dicho es abrumadora. Los únicos países que han salido de la pobreza han sido los países que han llevado a cabo medidas redistributivas que aumentaron la capacidad adquisitiva de la población, convirtiéndose, con ello, la demanda doméstica en el mayor motor de la economía.

Y ahí está la raíz del problema que se evita que aparezca en los mayores medios de información. Si el gobierno de un país mal llamado pobre tomara estas medidas redistributivas, inmediatamente originaría una enorme hostilidad en los centros de poder de los países llamados desarrollados, hostilidad debida, en parte, al enorme poder que las compañas ligadas a la exportación tienen sobre los Estados de estas transnacionales (repito, mal llamadas multinacionales) y también en parte al poder de las clases más adineradas de los países desarrollados, que se solidarizan con las clases adineradas de los países mal llamados pobres. A ambos les entra pánico cuando oyen hablar y/o ven experiencias exitosas de redistribución de recursos, que perciben (correctamente) que afectaría negativamente a sus intereses. Es lo que mi amigo Jeff Faux, fundador del Economic Policy Institute, dijo en su momento: “la alianza de clases de los poderosos en el mundo”. Pero de esto, usted, lector, no leerá nada en los diarios, ni verá en la televisión.

Una última observación. La manera como se ha ido llevando la globalización en el mundo, bajo el criterio neoliberal, no ha beneficiado al mundo del subdesarrollo (véase Bangladesh), ni al mundo desarrollado (véase la destrucción de la industria textil catalana). Tiene que revertirse esta globalización, desglobalizando la economía internacional, creándose zonas regionales (como el MERCOSUR) y de integración económica de parecido nivel de desarrollo, evitando la reducción de salarios como medidas competitivas (la típica solución liberal), tema del que he escrito extensamente (ver mis dos libros en Ariel Económica, “Globalización económica, poder político y Estado del bienestar” y “Neoliberalismo y Estado del Bienestar”) y del cual escribiré en otro artículo.

Fuente: vnavarro.org

Entrevista: Vicenç Navarro y Juan Torres. Terrorismo Financiero.

Para Todos la 2 - Entrevista: Vicenç Navarro y Juan Torres

• Para Todos la 2 - Entrevista: Vicenç Navarro y Juan Torres

ALEXIS TSIPRAS. La alianza del sur europeo. Las izquierdas deben combatir la política de austeridad e impulsar otra salida.

Este mes se cumplen tres años de la aplicación sistemática de estrictas medidas de austeridad fiscal en Grecia. En estos tres años, la renta nacional disminuyó un 20%, una reducción sin precedentes en la historia económica de la Grecia contemporánea —a excepción de la II Guerra Mundial— al tiempo que incluso los cálculos más optimistas predicen la continuación de esta profunda recesión todavía durante mucho tiempo.

La tasa de desempleo ha superado el 27% de la fuerza laboral. Dos de cada tres jóvenes intentan —sin éxito— encontrar un puesto de trabajo y dos de cada tres personas en paro son desempleados de larga duración. Las cicatrices generadas por la enorme recesión griega sobre el cuerpo social no se curan fácilmente. Incluso si milagrosamente terminase hoy la crisis, la economía griega necesitaría tiempo para recuperarse de las pérdidas que la recesión ha causado en el tejido productivo del país, el nivel y la calidad de los servicios públicos, la educación, la salud, la protección social y, sobre todo, el activo más significativo de la sociedad: el conocimiento y el talento de una nueva generación que hoy emigra.

La austeridad no solo ha causado un desastre económico equivalente a una guerra, sino que ha fracasado en los objetivos 

La austeridad fiscal no solo ha causado un desastre económico en una escala equivalente a la de una guerra, sino que, al mismo tiempo, ha fracasado en los objetivos fijados: la estabilización de la deuda pública y el restablecimiento de la confianza de los mercados internacionales en la economía griega. La deuda como porcentaje del producto interior bruto (PIB) creció en los últimos años del 130% al 175% del PIB y sigue siendo insostenible. El coste de financiación del Estado a corto plazo y de los préstamos de las pequeñas y medianas empresas es muchas veces mayor que el de los países del norte de Europa. El fracaso total de las políticas de austeridad aplicadas, incluso en cuanto a sus objetivos declarados, no sorprende a los que conocen la experiencia histórica. Como demostró la Gran Depresión de entreguerras, las políticas agresivas de restricción macroeconómica en un contexto internacional de retroceso económico son una doctrina catastrófica: activan una espiral de recesión, exacerban el problema de la deuda pública y plantean un grave peligro de desestabilización de la moneda común, de la democracia, de Europa.

A pesar de sus peculiaridades, la experiencia griega es un ejemplo de un problema más amplio: la realización de esfuerzos por una dogmática élite política y económica que quiere superar los desequilibrios endógenos institucionales y económicos de la Unión Económica y Monetaria con la reducción unilateral de los salarios y del nivel de vida de los países del sur de Europa. España, Portugal, Irlanda e Italia viven, hasta cierto punto, políticas de austeridad equivalentes a las de Grecia, con similares resultados desastrosos, como pueden atestiguar los más de seis millones de españoles desempleados y las 350.000 familias españolas que han perdido sus hogares. Ninguna unión monetaria de éxito en la historia económica moderna ha intentado, sin lograrlo, corregir los desequilibrios macroeconómicos endógenos mediante la imposición de una austeridad destructiva y asimétrica sobre sus países miembros deficitarios. La superación de la crisis europea y el rescate de la moneda común requieren una cooperación equivalente, democracia y, sobre todo, la derrota política e ideológica de la adhesión a la doctrina de la austeridad.

El objetivo de la Coalición de la Izquierda Radical es contribuir al desarrollo de un diálogo sustantivo con todas las fuerzas progresistas de la izquierda de Europa

La legitimidad teórica e ideológica de las políticas de austeridad en los últimos tres años se apoya en una base inestable, sin fundamento científico o verificación empírica. La reciente admisión por parte de un alto funcionario del Fondo Monetario Internacional de que el organismo subestimó significativamente las consecuencias económicas de la austeridad y la revelación de que los estudios que conforman el arsenalbásico de los seguidores de la austeridad resultaron equivocados indudablemente socavan la credibilidad de dicha doctrina. Pero la austeridad es una opción política fundamental y su demolición requiere la derrota en el campo político.

El objetivo estratégico de la coalición de izquierdas Syriza, de la oposición parlamentaria, es el de contribuir al desarrollo de un diálogo sustantivo con todas las fuerzas progresistas de la izquierda de Europa para crear de forma conjunta una línea efectiva de resistencia contra las élites neoliberales y una propuesta positiva de salida que permitirá la más amplia alianza de las fuerzas populares. Especialmente en los países del sur de Europa que se enfrentan a dificultades grandes y comunes, un diálogo franco entre las fuerzas progresistas y de la izquierda y la más amplia alianza de los pueblos es una condición indispensable para el ensanchamiento de las grietas políticas de la austeridad, para la salida de la recesión y para el impulso de las reformas que establecerán la democracia, y la cooperación equivalente, en Europa.

Alexis Tsipras es presidente de Syriza / USF (Coalición de la Izquierda Radical y Frente Social Unitario) y líder de la oposición en Grecia.

Fuente: elpais.com

Esther López Barceló contra la contrarreforma del aborto de Gallardón

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Izquierda Plural. Por una Ley de Transparencia para una democracia del siglo XXI

Esta mañana, en representación de los tres partidos que formamos el G.P. La Izquierda Plural, Joan Josep Nuet (IU-EUiA), Joan Coscubiela (ICV) y yo mismo (CHA), hemos presentado en el Escritorio, ante los medios de comunicación, la enmienda a la totalidad de nuestro Grupo al proyecto de Ley de Transparencia. Entre otras razones, he argumentado que garantizar por ley la transparencia debe formar parte de la revolución democrática que necesitamos en estos momentos. Una democracia del siglo XXI exige que la transparencia sea un derecho fundamental. Por eso para nosotros es algo irrenunciable. Lamentablemente ni el proyecto de Ley del Gobierno Rajoy ni las autoenmiendas pactadas con la Casa Real ni el preanunciado acuerdo PP-PSOE son suficientes. Probablemente pretenden más bien blindar el bipartidismo en crisis, pero no garantizar de verdad una democracia del siglo XXI que nos salve de la brecha creciente que existe entre representantes y representados. Y eso es precisamente lo que más debe preocuparnos. Esta mini ley de transparencia sin duda va a generar desafección ciudadana. La gente se va a preguntar para qué tantas prórrogas en el plazo de enmiendas: ¿para un parto de los montes? Desde luego, nuestro Grupo seguirá trabajando exigiendo una Ley de Transparencia digna de una democracia avanzada.

Fuente: El Blog de Chesús Yuste

IU, ICV-EUiA, CHA enmienda a la totalidad la Ley de Transparencia porque "nace retrasada, no es del siglo XXI y no está a la altura de las exigencias y demandas de la sociedad" Leer más

Entrevista a Alberto Garzón en La noche en 24h de tve (22/05/2013)

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Sólo los paraísos fiscales de la Unión Europea (UE) atesoran un total de 9,5 billones de euros.

Los paraísos fiscales europeos cuestan cada año a las arcas públicas lo mismo que el rescate de Portugal, según Oxfam

Los paraísos fiscales que se encuentran oficialmente bajo la jurisdicción de la Unión Europea (UE) atesoran un total de 9,5 billones de euros, lo que se traduce en unas pérdidas anuales aproximadas de 77.500 millones de euros para los gobiernos, según un estudio publicado este miércoles por Oxfam Internacional.

Esta cantidad equivale al rescate que solicitó Portugal hace dos años. En la primavera de 2011, el entonces Ejecutivo socialista luso liderado por José Sócrates solicitó a Bruselas y al Fondo Monetario Internacional (FMI) ayudas por valor de 78.000 millones de euros. Este es el tercer rescate más costoso de la zona del euro, tras el de Irlanda (85.000 millones de euros) y el de Grecia (que inicialmente costó 110.000 millones de euros y actualmente supera los 230.000 millones de euros).

Esta ONG explica que los protectorados del Reino Unido –entre los que destacan las Islas Caimán y Bermuda- acaparan la mitad de todo ese dinero. El informe, que se ha publicado este miércoles coincidiendo con el Consejo Europeo que discutirá formas de atacar la evasión fiscal, surge tras una carta enviada por el primer ministro David Cameron a los responsables de estos protectorados para que eliminen su opacidad.

El 'premier' británico ha dicho que "carece de sentido luchar contra la austeridad fiscal en un país si el problema sencillamente se traslada a otro". Los receptores del mensaje, según informó EL BOLETÍN el pasado lunes, han sido los responsables de gestionar Bermuda, las Islas Caimán, las Islas del Canal, Gibraltar y las Islas Vírgenes, entre otros territorios de menor entidad. En la carta Cameron asegura respetar su derecho a mantener un clima fiscal favorable, pero no opaco.

Por su parte, Oxfam asegura que "los líderes europeos no tienen ninguna excusa para no actuar cuando se tiene constancia de la cantidad de dinero que se esconde debajo de sus narices en paraísos fiscales de los que son responsables". Sin embargo, los expertos no esperan ningún resultado de la reunión de hoy.

Fuente: elboletin.com

Los parados con más de tres años sin trabajo se disparan y superan el millón

Los datos del INE muestran que el paro de largo duración se dispara

Solo las empresas de más de 250 trabajadores crearon puestos de trabajo

• Más de seis millones de españoles en paro
• Consulta toda la información sobre empleo

La persistencia del deterioro económico en España, que lleva desde 2008 sumida en la crisis, ha disparado el número de parados de larga duración. Según los datos que ha publicado esta mañana el Instituto Nacional de Estadística, el número de personas que dejó su empleo hace tres años o más aumentó un 48,6% en 2012, hasta superar el millón. Este colectivo, que ha agotado toda prestación, viven de subsidios y tienen cada vez menos recursos para llegar a fin de mes, es el que más ha afectado en la comparación interanual, con con 342.400 parados más. Además, tal y como advierten los expertos, encontrar empleo es más difícil en su situación que para el resto.

Fuente: Encuesta de Población Activa. /EL PAÍS

Según los datos que ha dado a conocer el INE, que se desprenden de la Encuesta de Población Activa de 2012, las personas desempleadas en 2012 procedían, en su mayoría, de situaciones previas de empleo. Así, de los 5.769.000 parados de media que había a cierre del pasado año —cifra que aumentó a 6,2 millones a lo largo del primer trimestre, el 27,16%—, 5,29 millones habían trabajado anteriormente. El principal motivo de haber dejado su empleo fue la finalización del contrato que afectó a 2.673.500 parados con empleo anterior (el 50,5% del total) frente a .390.700 de 2011 (el 52,1%).

Por el tamaño del establecimiento, en 2012 solo aumentó el número de ocupados en las empresas de 250 o más trabajadores, con cerca de 20.000 personas más que en 2011. De hecho, esta ha sido la categoría a la que más tarde afectó la caída del empleo iniciada en 2008 y la única que ha logrado elevar plantilla en 2012, aunque su peso en el conjunto del mercado de empleo es de apenas un 12%.

Por otra parte, el número de ocupados en empresas de 1 a 10 trabajadores retrocede un 4%, pese a la idea que publicita de forma persistente el Gobierno de que quienes crean puestos de trabajo en España son las pymes y autónomos. Este colectivo, que aporta el 13,5% de los empleos, no ha dejado de perder trabajadores desde el inicio de la crisis.

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Además, la mayoría de los trabajadores españoles tenía jefe, pero no tenía ningún subordinado en el año 2012. Casi siete de cada 10 trabajadores se encontraban en esa situación, ya que ocupaban un puesto de trabajo de empleado (con jefe y sin subordinados). Del total de ocupados en 2012, un 10,6% era trabajador independiente (no tenía jefe ni subordinados); un 6,5% era encargado; un 7,1%, director de empresa pequeña departamento o sucursal; un 5,9% era mando intermedio y un 0,8% era director de empresa grande o media.

Más directivos hombres que mujeres

Por sexo, el porcentaje de hombres directores casi duplicó al de mujeresen las empresas de pequeño tamaño y lo triplicó en el caso de empresas grandes o medias. En el caso del puesto de empleado, el porcentaje de mujeres (76,5%) superó al de varones (62,5%) en 14 puntos.

Atendiendo a la forma de contratación, el porcentaje de asalariados que fue contratado a través de una empresa de trabajo temporal (ETT) se mantuvo en el 2,7% del año anterior. Por su parte, un 1,6% obtuvo su empleo con la intermediación de una oficina de empleo pública (nueve décimas menos que en 2011).

Trabajar en domingo sigue siendo poco habitual, aunque el porcentaje de los que lo hicieron ha subido con respecto de 2011. Así, un 4,4% lo hizo un domingo al mes (una décima más que en el año anterior) y un 16,4% dos o más domingos (cinco décimas más).

Un total de 296.100 ocupados trabajaron a tiempo parcial con objeto de disponer de más tiempo para cuidar a personas dependientes en el año 2012, lo que supuso un 17,6% menos que en 2011. La práctica totalidad de quienes trabajaron a tiempo parcial para poder a la vez ejercer la labor de cuidadores fueron mujeres. El 59% de ellas consideran que no hay servicios adecuados para la atención a personas dependientes (niños, adultos, enfermos, discapacitados, etc.) o no pueden costearlos.

Fuente: elpais.com

8 de los 12 expertos en pensiones han estado a sueldo de la banca y las aseguradoras

Oposición y sindicatos recelan del comité de expertos designado por Fátima Báñez, ministra de Empleo, que deberá elaborar un informe sobre el factor de sostenibilidad de las pensiones: sospechan que en realidad Rajoy prepara otro tajo al sistema usando como coartada el dictamen de los 'sabios'

Urgido por la troika, el Gobierno de Mariano Rajoy se ha propuesto como uno de sus objetivos perentorios para 2013 una nueva reforma de las pensiones que vendría a completar la que impulsaron los socialistas en 2011. Después de restringir hace unas semanas la jubilación parcial y anticipada, el Ejecutivo del PP, a través de la ministra de Empleo, Fátima Báñez, ha abierto otro frente polémico: sacar adelante el llamado factor de sostenibilidad.

La composición de este comité ha levantado muchas suspicacias entre oposición y sindicatos. Está muy extendida la sospecha de que en realidad Rajoy y su equipo buscan dar otro tajo a las pensiones. Según esa misma versión, para dar coartada a ese nuevo recorte, el Gobierno ha recurrido a la patronal bancaria y aseguradora incluyendo a algún sabio vinculado con los sindicatos para disimular. De hecho, según informaba el diario infolibre el pasado 18 de mayo, sólo tres de esos doce expertos seleccionados por el Gobierno son partidarios de un sistema público de pensiones.  

El factor de sostenibilidad no es más —pero tampoco menos— que una fórmula matemática por la que el Gobierno del PP quiere que en el futuro se revise la cuantía de las pensiones. Según el farragoso argumentario del PP, el factor de estabilidad "tiene el objetivo de mantener la proporcionalidad entre las contribuciones al sistema y las prestaciones, para garantizar todas las pensiones". Gracias a esta fórmula se determinarán en un futuro la edad de jubilación o el cálculo de la prestación final introduciendo en dicha fórmula factores como la esperanza de vida, el número de cotizantes del sistema o la coyuntura económica. Su importancia, por tanto, es elevada porque determinará el ajuste de las pensiones del futuro.

Aunque según la reforma aprobada en 2011 por los socialistas, que elevó la edad de jubilación a 67 años, el factor de estabilidad debía ser introducido en 2027 y empezar a actuar cinco años después, en 2032, el pasado 12 de abril el Consejo de ministros dio luz verde a la creación de un comité de doce expertos para que emita un informe sobre cómo debe ser ese factor de estabilidad. Dicho informe deberá estar listo el 31 de mayo —el comité apenas se reunirá cuatro veces antes de emitir su dictamen—para que luego el Gobierno lo someta a debate en la comisión del Pacto de Toledo en el Congreso de los Diputados. El documento será la base para negociar con el resto de grupos políticos.

Casi nadie entiende tanta prisa. Detrás de las urgencias del Gobierno se vislumbra la sombra de Alemania, país que aplica el factor de sostenibilidad desde 2005 y que nunca ha ocultado que hay que reformar el actual sistema de pensiones en Europa. Uno de los expertos nombrados por el Gobierno, Santos Ruesga, catedrático de Economía Aplicada en la Universidad Autónoma de Madrid, vinculado a UGT y propuesto por el PSOE, se quejaba el mes pasado de que el proceso "está muy condicionado porque el Gobierno lo reduce todo a un problema financiero". "Es la única razón que puedo adivinar detrás de las prisas que tiene el Gobierno para adelantar la entrada en funcionamiento del factor de sostenibilidad", afirma este catedrático para quien es un error tomar ahora una decisión sobre el sistema de pensiones "condicionada por la coyuntura, las políticas de austeridad y la rebaja del déficit".

El presidente del comité es el catedrático de Sociología de la Universidad Complutense Víctor Pérez-Díaz, quien ha colaborado en varias ocasiones con FAES

Sabedor de que en esta materia el consenso es casi imprescindible si no quiere capitalizar él solo todo el desgaste político, el Gobierno vendió la creación de este comité de expertos como una garantía de independencia y pluralidad. Reclutó a los doce expertos en diferentes ámbitos y sectores y, sobre el papel, forman un equipo multidisciplinar y heterógeneo.

Pero abundan los que provienen del mundo de la banca, de la empresa y de los seguros. Hasta ocho de ellos trabajan a sueldo o colaboran con la banca y las compañías de seguros, las primeras interesadas en impulsar planes de pensiones privados. Eso alimenta los recelos de la oposición, aunque también los hay que vienen de la universidad o de los sindicatos. Dos incluso han sido propuestos por el PSOE. Muchos son catedráticos, de Derecho, de Economía y Hacienda Pública; hay también economistas actuariales —expertos en evaluación de riesgos—, algún especialista en mercados financieros, un sociólogo y hasta un periodista.

Hay otro fundamento para la sospecha: el presidente del comité es el catedrático de Sociología de la Universidad Complutense Víctor Pérez-Díaz, un sociólogo de corte liberal que ha colaborado en varias ocasiones con FAES, la fundación que alimenta el discurso ideológico del PP.    

Otros informes

Los recelos de la oposición se dispararon aún más cuando el ministerio de Empleo presentó a finales de abril un informe preliminar sobre el factor de sostenibilidad antes incluso de esperar al dictamen de los sabios. En ese documento se  enumeran las principales "tendencias" que se han adoptado en el resto de Europa para reformar las pensiones. Todas apuntan hacia pensiones de menor cuantía en el futuro.

Mientras se espera el dictamen de los expertos, en las últimas semanas otros informes sobre el factor de sostenibilidad patrocinados por entidades privadas han florecido como setas después de la lluvia. Uno de ellos es el de UNESPA, la patronal del seguro. En su elaboración participaron dos miembros del comité designado por el Gobierno: el propio Víctor Pérez-Díaz y Rafael Doménech, jefe de estudios del BBVA.

El informe de UNESPA sostiene la tesis de que en el futuro habrá más jubilados entre los que repartir los recursos de la Seguridad Social por el aumento de la esperanza de vida, por lo que será necesario reformar ahora el sistema para hacerlo más sostenible, a partir de una fórmula de cuentas personales que vinculen cotizaciones aportadas y esperanza de vida de cada jubilado, a complementar con otros productos de ahorro privados.

Izquierda y sindicatos temen que el dictamen de los expertos sea favorable a la tesis del Gobierno de recortar las pensiones

Otro informe, impulsado por el Instituto de Estudios Fiscales (IEF), institución que ejerce en la sombra como servicio de estudios del ministerio de Economía, emitió hace pocos días un informe en el que abogaba por rebajar entre el 22% y el 45% de las pensiones para garantizar la sostenibilidad del sistema. 

Ante este escenario, los partidos de izquierda y sindicatos temen que el informe que elabore el comité será favorable a las tesis del Gobierno de dar otro hachazo a las pensiones. Nada más conocer la composición del comité, el secretario general de UGT, Cándido Méndez, dijo: "El Gobierno está orientando en un sentido claramente negativo al comité". Méndez advirtió al Gobierno de que si seguía con esta reforma se encontrarían con una confrontación "muy seria" de los sindicatos.

No menos duros fueron los mensajes lanzados por la oposición, especialmente por el grupo de Izquierda Plural (IU-ICV-CHA). Su portavoz en la comisión de Empleo del Congreso, Joan Coscubiela, fue tajante el mes pasado al valorar a los expertos elegidos: "El grupo tiene sexo e ideología. Sin menospreciar su capacidad intelectual actúan de parte ya que en su inmensa mayoría provienen provienen del sector bancario y asegurador, a pesar de que los mejores expertos en Seguridad Social los tiene el ministerio". 

Coscubiela fue muy gráfico al resumir la situación: "La ministra Báñez ha encargado a los expertos de la Pepsi que le planteen la reconversión de la Coca-Cola. Tememos que el sector asegurador sea el que haga la revisión del sistema público de pensiones, e intentaremos evitarlo". 

Las críticas no llegan sólo desde la oposición. Dentro del comité hay alguna voz discrepante. Santos Ruesga verbalizaba el pasado mes de abril en  infolibre todos los temores de la izquierda: "El Gobierno sólo busca un aval para recortar las pensiones de inmediato".

En cualquier caso, será el informe que elaboren estos doce expertos el que sirva de base para empezar unas negociaciones sobre la próxima reforma de las pensiones. Las conversaciones entre Gobierno y oposición se prevén duras, tensas y no estarán exentas de polémica y acusaciones mutuas. Todos saben que el de las pensiones es un asunto muy sensible para la ciudadanía, a la que será muy difícil convencer de que acepte sin rechistar un nuevo recorte en unos de los pilares del bienestar por muchos informes de expertos que lo avalen.

Once hombres y una mujer ¿sin piedad?

Víctor Pérez-Díaz. Presidente del comité de expertos impulsado por el Gobierno. Catedrático de Sociología en la Universidad Complutense de Madrid, es conocido en los círculos de la derecha como el sociólogo liberal. Además de su actividad docente, ha formado parte de los consejos asesores de empresas como  del despacho de abogados Uría Menéndez, Repsol, Fundación Caixa Galicia y Unespa, la patronal del seguro. Ha colaborado con FAES.

Rafael Doménech. Es el actual Jefe de Estudios del BBVA, y pertenece, como Pérez-Díaz, al Grupo de Reflexión de la patronal Unespa, que aboga por ampliar la edad de jubilación.  Además, es miembro del Foro de Expertos del Instituto de la aseguradora Aviva sobre Pensiones y Ahorro, que defiende incrementar los planes de pensiones privados. Fue  subdirector de la Oficina Económica del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. 

Manuel Lagares Calvo. Un clásico. Fue subsecretario de Estado de Economía en el primer Gobierno democrático de Adolfo Suárez, cuando Enrique Fuentes Quintana era vicepresidente económico. Asesoró a los entonces presidentes Suárez y Leopoldo Calvo Sotelo. También fue consejero independiente de la aseguradora Mapfre y director general adjunto de la Confederación Española de Cajas de Ahorros (CECA). Miembro del consejo editorial de El Mundo. Es catedrático de Hacienda Pública en excedencia en la Universidad de Alcalá de Henares.

Mercedes Ayuso. Catedrática de Econometría, Estadística y Economía Española de la Universidad de Barcelona, es miembro del Grupo de Investigación de Riesgo en Finanzas y Seguros (Riskcenter, IREA-UB). Su especialidad es la economía actuarial y se ha centrado en la modelización estadística y en la econometría de funciones biométricas, como por ejemplo la esperanza de vida. Ha publicado Una propuesta de reforma del sistema de pensiones español.Es la única mujer del comité.

Francisco Castellano Real. Catedrático de Hacienda Pública en la Uned, es jefe de la asesoría fiscal de la Confederación Española de las Cajas de Ahorro (CECA).

José Ignacio Conde-Ruiz. Es subdirector de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), vinculada a los grandes bancos y empresas españolas (Santander y La Caixa, Iberdrola, Repsol o la Fundación Ramón Areces). Compatibiliza su labor en Fedea con la de profesor de Fundamentos del Análisis Económico en la Universidad Complutense de Madrid. Es coautor libro La economía política de las pensiones en España, editado por la Fundación BBVA. 

José María Marín Vigueras. Es catedrático de Economía Financiera y Contabilidad en la Universidad Carlos III de Madrid y un auténtico especialista en mercados financieros.

José Enrique Devesa Carpio. Profesor titular del Departamento de Economía Financiera de la Universidad de Valencia, ha colaborado habitualmente con la Fundación Edad y Vida, que reúne en su patronato a las mayores aseguradores del país –DKV, Caser, VidaCaixa…–.

Miguel Ángel Vázquez Burgos. Periodista. Ha desarrollado casi toda su carrera en Unespa, la patronal del seguro, donde Actualmente es director de Análisis y Estudios. Antes fue responsable de comunicación.

Miguel Ángel García Díaz. Director del gabinete de estudios de CCOO, es de los pocos que defiende un sistema público al 100% de las pensiones. Es profesor de Economía Aplicada en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid.

José Luis Tortuero. Catedrático del Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social en la Universidad Complutense y autor de un estudio sobre la reforma del sistema de pensiones para el anterior Gobierno socialista.

Santos M. Ruesga. Catedrático de Economía Aplicada de la Universidad Autónoma de Madrid. Especialista en relaciones laborales. Forma parte del comité a propuesta del PSOE. Representó a UGT en el consejo de administración de RTVE. Autor del informe Hacia un nuevo modelo de financiación de la Seguridad Social en España.

Fuente: publico.es