miércoles, 1 de julio de 2015
lunes, 29 de junio de 2015
Cayo Lara traslada la “solidaridad de IU con el pueblo griego y su gobierno” y avisa de que las principales instituciones europeas y el FMI buscan “torpedear” su democracia y soberanía.
El coordinador federal de IU advierte sobre la estrecha vinculación de PP y PSOE con Nueva Democracia y el Pasok, “responsables de llevar a Grecia al desastre” cuando ocuparon el Ejecutivo heleno tanto por separado como en coalición, justo hasta la llegada de Syriza hace cinco meses
El coordinador federal de Izquierda Unida, Cayo Lara, ha trasladado hoy la “solidaridad de nuestra formación con el pueblo griego y su Gobierno”, al tiempo que ha responsabilizado a las principales instituciones europeas y al Fondo Monetario Internacional (FMI) de “torpedear” su democracia y su soberanía. Lara advirtió de que han impuesto al Estado heleno “la ‘cadena perpetua’ de la deuda y le han endeudado para esquilmar, expoliar, sangrar y quitarle todo el bienestar que conquistaron con mucho esfuerzo”.
En la tradicional rueda de prensa de los lunes en la sede federal de IU, su máximo responsable denunciaba así la “asfixia” a la que desde la Unión Europea se somete al pueblo griego. Al tiempo, avisó de la estrecha vinculación entre las formaciones españolas PP y PSOE con las griegas de Nueva Democracia y el Pasok, “responsables de llevar a Grecia al desastre” cuando ocuparon el Gobierno, tanto por separado como en coalición, justo hasta la llegada de Syriza hace cinco meses.
Cayo Lara tachó a los ‘populares’ y socialistas griegos de comportarse como formaciones “títeres” de la troika y de provocar la grave situación actual que atraviesa el país, que no se debe a la actuación del Ejecutivo de Alexis Tsipras. En esta línea, preguntó con ironía “¿tanto como le gusta, por qué Rajoy no habla ahora de la herencia recibida en Grecia o es que sólo hay herencia recibida en España?”
Criticó también la respuesta dada por el presidente del Ejecutivo español, al limitarse a convocar la Comisión Delegada de Asuntos Económicos y llamar telefónicamente al líder del PSOE, Pedro Sánchez, sin barajar otras medidas como las puestas en marcha por el Gobierno alemán, que en las próximas horas propiciará encuentros de Angela Merkel con todas las formaciones parlamentarias germanas.
“Ellos (en referencia a Rajoy y Sánchez) no representan solos a este país”, insistió en alusión a la conveniencia de que el Gobierno español debería contrastar las opiniones de todos los partidos españoles con representación parlamentaria sobre este trascendental asunto.
Lara denunció las continuas “presiones y chantajes” de las instituciones europeas, con el respaldo del FMI, durante las largas negociaciones que se han llevado a cabo y sus amenazas “con todo tipo de males y el apocalipsis” si el Gobierno griego no se sometía a sus decisiones y acababa convocando el referéndum previsto para el próximo domingo.
El coordinador federal de IU les exigió que “dejen decidir su futuro” al pueblo griego y lanzó un llamamiento a todas las partes para que dejen abierta la puerta del diálogo en todo momento con vista a poder alcanzar un acuerdo, ya que “no se puede estar asfixiando indefinidamente”.
Opinó que seguir con la presiones supondría una estrategia europea equivocada porque impediría la recuperación de la economía griega y que pudieran pagar a sus acreedores, de ahí que les reclamara “sentido común” para poder llegar a ese acuerdo que satisfaga a todas las partes.
(Imagen: cartel de SYRIZA por la campaña por el NO).
Eduardo Garzón: "¿Qué está pasando en Grecia?".
Si el pueblo griego dice “no” en el referéndum del día 5 de julio y rechaza el acuerdo la pelota quedaría en el tejado de la Troika.
Ya varios meses antes de que Syriza llegase al gobierno muchos ciudadanos griegos comenzaron a acudir a sus bancos a retirar parte de sus ahorros debido al miedo que los grandes medios de comunicación generaban a tenor de la posible victoria electoral de la izquierda radical. En realidad en Grecia no había cambiado nada, pero sólo el hecho de esos temores creados y difundidos por los grandes intereses económicos y mediáticos nacionales e internacionales (contrarios a Syriza) estaba provocando que los bancos griegos se quedasen sin dinero porque demasiada gente estaba llevándose sus ahorros a sus casas o a otros bancos extranjeros. Frente a ello, el Banco Central Europeo (BCE) activó un mecanismo de emergencia para que todos los bancos griegos pudieran disponer de tantos euros en efectivo como fuese necesario.
Tras la victoria de Syriza, la élite económica y mediática alimentó el miedo todavía más, y la cantidad de ahorros retirados de los bancos griegos fue en aumento. Para evitar que se secasen, el BCE continuó permitiendo que los bancos pudieran acceder a tantos euros como necesitasen. Así, desde finales de 2014, el BCE ha estado suministrando euros a todas las entidades bancarias griegas para cubrir las necesidades de sus clientes. Y lo ha estado haciendo sin descanso…hasta el día de hoy, lunes 29 de junio.
Tras el anuncio del primer ministro griego de convocar un referéndum el 5 de julio para que sea el pueblo el que decida si aplicar o no las medidas de austeridad que les impone la Troika, el BCE ha cambiado de estrategia y ha cerrado el grifo que permitía a los bancos griegos operar. En consecuencia, los bancos no van a tener suficiente dinero en efectivo para atender a todas las retiradas de ahorros que se produzcan. Para evitar que algunas personas saquen todo sus ahorros y otras personas no puedan sacar nada, el gobierno griego ha establecido un control de capitales, de forma que durante una semana los ciudadanos griegos no puedan sacar más de 60 euros en efectivo al día. Así se asegura que todo el mundo pueda sacar al menos algo de dinero. Ahora bien, se pueden realizar pagos sin límites utilizando tarjetas de crédito y también a través de internet, siempre que las compras y transferencias sean internas y el dinero no salga del país.
El gobierno griego le ha pedido al BCE que mantenga abierto el grifo de dinero a los bancos al menos hasta el día del referéndum, para que los ciudadanos puedan votar libremente en democracia y no chantajeados por el miedo, pero la respuesta ha sido negativa. No hace falta ser muy perspicaz para entender de que esta nueva maniobra del BCE pretende presionar (aún más) a la ciudadanía griega, de forma que finalmente se acepte el acuerdo en el que se recogen las medidas de austeridad. Se puede considerar un chantaje en toda regla, y de los más salvajes.
Con respecto a la posible salida de Grecia del euro el asunto responde a otros elementos y a otras fechas. Mañana martes 30 de junio acaba el plazo para que el gobierno griego devuelva 1.600 millones de euros al FMI, pero como no ha aceptado el acuerdo con la Troika, no dispone de suficiente dinero para realizar el desembolso. Si no se llega a un acuerdo antes del martes (las instituciones europeas están actualmente reunidas y afirman que ése es su deseo), el gobierno griego no pagará al FMI. Pero el impago al FMI no está considerado como evento de default a nivel técnico, al ser un acreedor individual y su deuda no transable, de forma que no se activarían las cláusulas de los CDS (productos financieros en los que se “apostó” a que Grecia entraría en default), que es lo que seguramente desencadenaría una crisis importante a nivel europeo (y quizás a mayor nivel).
Por lo tanto, los ojos están puestos en el día del referéndum: el día 5 de julio. Si el pueblo griego dice “sí” y acepta el acuerdo de la Troika, el problema económico volvería a su cauce habitual: más austeridad para Grecia pero dentro del euro. En todo caso el problema sería de carácter político, pues cabe suponer que el gobierno de Syriza no se sostendría y probablemente Tsipras dimitiría. En cambio, si el pueblo griego dice “no” y rechaza el acuerdo, la pelota quedaría en el tejado de la Troika: podría hacer concesiones y reconducir el asunto o, en cambio, podría directamente romper relaciones con el gobierno griego, de forma que el impago se declararía como muy tarde el 20 de julio (se cumple el plazo para devolver dinero al BCE) y muy probablemente la salida de Grecia de la Eurozona.
Paloma López/Miguel de Porras: "Réquiem por la inversión pública: el ‘Plan Juncker’ y sus consecuencias para la UE".
El Parlamento Europeo aprobó el miércoles la propuesta estrella del presidente de la Comisión para el “impulso definitivo” de la economía europea: el Plan Juncker. Pero este plan de supuestas inversiones no sólo será incapaz de impulsar la economía europea, sino que constituye una operación política con la que se sepultará el verdadero debate sobre la necesidad de inversión pública en la UE.
La inversión pública ha supuesto en las economías de mercado una de las principales herramientas empleadas a lo largo del siglo XX para la creación de empleo y el desarrollo industrial. Sin embargo, desde la crisis de los años setenta, los especuladores de Wall Street han desarrollado una serie de argumentos para justificar el nuevo rol de la inversión pública.
Esta ideología ha transformado por completo el objetivo tradicional de la inversión pública en las economías keynesianas. Desde las revueltas por su mantenimiento durante los ‘años dorados’ del Gobierno de Margaret Thatcher, hasta la proliferación masiva de infraestructuras innecesarias en España, las clases sociales han tratado de apropiarse, con desigual resultado, de este instrumento público de desarrollo.
Lo que el Plan Juncker representa es la apropiación definitiva de este instrumento, esta vez en beneficio del capital financiero. Sus implicaciones son mucho más profundas que un mero plan de inversión fracasado, pues cerrará las puertas a un verdadero debate sobre la inversión pública a nivel de la UE en el momento en el que resulta más necesario.
Este fondo pretende atraer hasta 300.000 millones de inversión a través del modelo del consorcio público-privado que el Banco Europeo de Inversiones (BEI) desarrolló en Castor. Pese a este atractivo anuncio, no parece que en países como España este plan vaya a tener un gran efecto expansivo, pues no sólo su constitución implica nuevos e importantes recortes en proyectos europeos de innovación (Horizonte 2020) o de transporte, sino que al limitarse a financiar proyectos “económicamente viables”, se limita a subsidiar iniciativas que ya iban a ser ejecutadas con o sin la ayuda de Juncker.
Para ello, el plan amplía la iniciativa del BEI “Bonos Europa 2020”, aprobada en 2012. Este programa permitió al BEI fomentar consorcios público-privados con los que atraer el capital especulativo abundante en los mercados financieros. Pero la clave para esta atracción fatal es la garantía que el sector público asume para que, en caso de cualquier posible desavenencia, el Estado y la UE respondan de las pérdidas ocasionadas a los inversores.
Esta garantía es la que en el caso de España se ha materializado en la indemnización de 1.350 millones de euros a los inversores de Castor. Si este tipo de bonos mantiene muy buenas referencias entre las agencias de rating, no es por su contribución a la inversión real, es porque los inversores ven cubiertas sus pérdidas gracias al dinero de los contribuyentes.
Este es el concepto al que la Europa neoliberal pretende reducir la inversión pública, a una mera garantía para cubrir el riesgo de los inversores en sus negocios privados. Esta es la lógica que yace tras el debate sobre el Plan Juncker, que en vez de impulsar la economía del continente, se lanza a proteger a los inversores financieros de los peligros de la crisis que sus propias actividades precipitan. Esta es la lógica verdadera del citado plan que acarreará graves riesgos para las arcas públicas europeas en aras de resultar ‘atractivos’ al capital trasnacional.
Nosotros, como Izquierda Unida, no damos nuestro brazo a torcer y no renunciamos a la inversión pública como instrumento de desarrollo y creación de empleo. Nosotros continuamos compartiendo la propuesta de los sindicatos europeos de un verdadero plan de inversión pública de 300.000 millones de euros para impulsar la demanda agregada y luchar contra la pobreza y el desempleo en Europa.
Mientras los fondos públicos se desvían mediante el BEI a rescatar proyectos privados o a facilitar el lavado de dinero -como ya ocurriera, con el citado caso Castor-, se sigue argumentando que faltan recursos para recortar los derechos de los trabajadores y trabajadoras.
No creemos en este mantra y vamos a seguir denunciando su falsedad. El Plan Juncker es una nube de humo para confundir el debate y ocultar la realidad. Sin inversión pública no podremos salir de la crisis económica. Esta afirmación sí supondría el cuestionamiento del marco neoliberal, pero buena parte de los líderes europeos prefieren asistir al fin de la Unión Europea antes que al fin de su ideología.
Fuente: publico.es
Ernest Urtasun/Philippe Lamberts: "Las exigencias del Eurogrupo y de la Troika a Grecia son irrazonables y contrarias al interés europeo".
El fracaso del diálogo no sería el único escenario catastrófico: el éxito en las negociaciones podría conducir a un resultado tanto o más dañino.
El fracaso de las negociaciones actuales entre las instituciones y Grecia, terminando en suspensión de pagos del país heleno, no sería el único escenario catastrófico. Aunque a primera vista pueda parecer paradójico, lo que sería considerado el "éxito" de las conversaciones por parte de las instituciones podría llevar a un resultado tanto o más dañino para Grecia y Europa.
De hecho, si por "éxito de las negociaciones" entendemos, como afirman cada vez más comentaristas en toda Europa, que el gobierno griego finalmente "entraría en razón" y aceptaría las premisas de las peticiones del Eurogrupo y de la Troika, hay que saber que este supuesto éxito tiene muchas probabilidades de tener efectos tan devastadores, o incluso más, que un fracaso de las negociaciones entre las partes, y no solo para la sociedad griega, víctima de una crisis humanitaria sin tregua desde hace ya casi seis años, sino también para el resto de contribuyentes europeos.
Las peticiones del FMI y de los interlocutores europeos se basan en el éxito de la conclusión del programa actual en la fecha límite prevista de finales de junio para poder llevar a cabo el desbloqueo del tramo de nuevos préstamos por un valor de 7200 millones de euros, que permitirían a su vez a Grecia saldar sus deudas con el BCE y el FMI. Los parámetros de las instituciones, para que este desbloqueo sea posible, suponen que el gobierno griego y sus acreedores se pongan de acuerdo sobre un conjunto de condiciones relativas a las reformas de las instituciones y los mercados en Grecia, y sobre las medidas de saneamiento presupuestario destinadas a iniciar el camino de la reducción sostenible de los coeficientes de deuda pública. El debate sobre una posible nueva reestructuración de la deuda griega se dejaría para “más adelante”. Dicho de otro modo, se dejarían para después de la aplicación de las reformas que permitirán restaurar la confianza entre los socios.
Más concretamente, las medidas de consolidación presupuestaria solicitadas por los acreedores deberán significar en 2015 un esfuerzo total que permita un superávit primario del 1%. La Troika y el Eurogrupo han identificado dos objetivos principales para poder realizar dicho esfuerzo: el IVA y el sistema de pensiones. La Comisión Europea ha sugerido en las últimas horas que otras medidas que permitan alcanzar el mismo objetivo podrían resultar aceptables para los acreedores siempre que el esfuerzo presupuestario conserve la misma magnitud y, evidentemente, que las medidas alternativas resulten “creíbles”.
Esta auto-proclamada flexibilidad va acompañada de lo que los demás países europeos describen como una “gran concesión” hecha a Grecia, al reducirse la trayectoria de superávit primario para los próximos años (es decir, los objetivos relativos a los ingresos públicos menos los gastos, excluidos los cargos por intereses de la deuda pública). Sin embargo, se trata más bien de una concesión a la realidad que a Grecia, ya que la trayectoria de superávit prevista anteriormente se ha vuelto simplemente irrealizable en el contexto actual.
Estos dos elementos, "flexibilidad" en las medidas par alcanzar la consolidación exigida y la rebaja del objetivo de superávit primario, se repiten como un mantra en todos los medios como muestras tangibles de la "voluntad de acuerdo" de los socios europeos y el FMI y son invocados para pedirle al gobierno griego que entre en el juego, y que haga gala de "realismo" y de sentido de la responsabilidad mientras nos acercamos peligrosamente a la fecha límite de finales de junio.
Sin embargo, esta retórica aparentemente razonable se basa en la repetición de un mismo error de partida o, si queremos ser menos amables, en la constante negación de la realidad y lo que es aún peor, en la misma mala fe que las premisas de los planes de rescate anteriores a los que se ha sometido a Grecia. El propio FMI presentó hace poco entre líneas un mea culpa reconociendo que las medidas de austeridad draconianas impuestas por estos planes en los últimos años han tenido como efecto una disminución de la actividad económica mucho más pronunciada que la prevista por las tres instituciones de la Troika. El efecto de sus errores de estimación conllevaron a un aumento del coeficiente de deuda pública en relación con el PIB, producido por una caída muy severa del denominador del coeficiente (iniciando un retroceso de más del 25% en 6 años). Tras un breve período de calma en el que la caída parecía haber llegado a su fin, el país ha vuelto a caer en la espiral infernal de retroceso del PIB desde el último trimestre de 2014, es decir, antes de la elección del nuevo gobierno. Dada la experiencia anterior parece razonable preguntarse si las nuevas medidas de consolidación presupuestaria no tendrán un efecto destructivo similar al de las medidas de los dos primeros programas.
De hecho, esta es la pregunta que Martin Sandbu se hacía en un artículo reciente en el Financial Times la semana pasada, y la conclusión a la que llega es profundamente alarmante. Si partimos de supuestos y usando multiplicadores más bien optimistas para calcular el impacto de las medidas de consolidación presupuestaria sobre el PIB griego, veremos que los esfuerzos necesarios para alcanzar el objetivo del 1% de superávit primario en 2015 que exige ahora el Eurogrupo y la Troika conducirían a una nueva caída brutal de más del 5% del PIB para el mismo año. En un país ya devastado por la depresión económica, que ha visto su producción caer en más de una cuarta parte entre 2010 y finales de 2014, una caída de este tipo haría a su vez aumentar el coeficiente de deuda respecto al PIB en un 9%. En la medida en que el país ya está al borde de la bancarrota, es irreal esperar una mejora con estos indicadores en el corto plazo. En este escenario la situación de suspensión de pagos y una salida de jure o de facto de la moneda común, posibilidad que parece cada vez más probable, no haría más que retrasarse unos meses para convertirse en una situación prácticamente inevitable.
No hace falta señalar los efectos que este escenario tendría para los griegos, pero a veces se obvia por incómodo el impacto de estas medidas en los demás Estados Miembros. La mayor parte del saldo de la deuda en Grecia se socializó en el período 2010-2014. A pesar de la reestructuración de las deudas del sector privado, una parte muy sustancial de estas deudas se ha devuelto y sustituido con dinero prestado al Estado griego por los demás Estados Miembros de la zona euro y por el EFSF (European Financial Stability Facility), que es un vehículo garantizado por estos mismos Estados miembros. A España le toca su parte, a pesar de que el Gobierno español ha hinchado de forma malintencionada la cifra que le corresponde.
El eurosistema (constituido por el BCE y los bancos centrales nacionales que revierten sus eventuales beneficios netos a los gobiernos centrales ) también carga con una parte significativa del saldo de la deuda pública griega, y también se hizo acreedor a la altura de 100 000 millones de euros del sistema bancario griego. La solvencia del sistema bancario griego depende a su vez de la solvencia de las arcas públicas griegas, ya que una parte sustancial de los activos de estos bancos está garantizada por el Estado.
En caso de suspensión de pagos por parte de Grecia, se socializarán por lo tanto los costes entre todos los contribuyentes de la zona euro. Una situación que los defensores del dogmatismo neoliberal, sin duda alguna, aprovecharían para augurar nuevas profecías que justifiquen nuevas medidas de austeridad en los demás países de la zona euro, para hacer frente a estas pérdidas.
Creemos que en lugar de desear el supuesto "éxito" de las negociaciones con la imposición de las suicidas propuestas del eurogrupo y la Troika y su supuesta "flexibilidad", queremos hacer un llamamiento a que el realismo se imponga al dogmatismo. Dicho de otro modo, en lugar de aplazar el problema contribuyendo así a su agravamiento, las premisas de un posible acuerdo deberían sustituirse por los siguientes tres elementos:
1. Garantizar para el año en curso una flexibilidad verdadera en el esfuerzo presupuestario, y vincular los objetivos presupuestarios futuros al crecimiento del PIB. El esfuerzo presupuestario necesario para alcanzar el objetivo del 1% de superávit primario debe ser modificado en su totalidad o reducirse a una proporción más modesta a no ser que las medidas de consolidación presupuestaria se compensen, por lo menos durante el primer año, con un programa de inversiones dirigido por la Unión. Dicho programa se centraría preferiblemente en los sectores con potencial de crecimiento, como la eficiencia de los recursos y las energías renovables;
2. Reestructurar la deuda, en especial a través de una prolongación de la duración de los créditos actuales y una reducción en los tipos de interés e, incluso, de la participación directa del Mecanismo Europeo de Estabilidad en el capital de los bancos griegos, elementos que deberían formar parte ya de las negociaciones actuales y no de hipotéticas negociaciones futuras.
3. Reformas a largo plazo para hacer frente a las patologías profundas del marco institucional griego. Sin embargo, estas reformas deben alejarse del programa neoliberal impulsado por el dogma europeo, como la reducción de las prestaciones sociales o la reducción de los salarios, y centrarse en un refuerzo del estado de derecho para garantizar la equidad y la legitimidad de los poderes públicos. Un seminario recientemente organizado nada menos que por la London School of Economics renegaba de las reformas impulsadas hasta ahora en el país e identificó y detalló una serie de reformas alternativas para instaurar un verdadero estado de derecho para darle la vuelta al viejo sistema clientelista griego que sucedió a la dictadura. Está claro que, desgraciadamente, los socios europeos no han considerado jamás que estas reformas sean prioritarias
De hecho, si por "éxito de las negociaciones" entendemos, como afirman cada vez más comentaristas en toda Europa, que el gobierno griego finalmente "entraría en razón" y aceptaría las premisas de las peticiones del Eurogrupo y de la Troika, hay que saber que este supuesto éxito tiene muchas probabilidades de tener efectos tan devastadores, o incluso más, que un fracaso de las negociaciones entre las partes, y no solo para la sociedad griega, víctima de una crisis humanitaria sin tregua desde hace ya casi seis años, sino también para el resto de contribuyentes europeos.
Las peticiones del FMI y de los interlocutores europeos se basan en el éxito de la conclusión del programa actual en la fecha límite prevista de finales de junio para poder llevar a cabo el desbloqueo del tramo de nuevos préstamos por un valor de 7200 millones de euros, que permitirían a su vez a Grecia saldar sus deudas con el BCE y el FMI. Los parámetros de las instituciones, para que este desbloqueo sea posible, suponen que el gobierno griego y sus acreedores se pongan de acuerdo sobre un conjunto de condiciones relativas a las reformas de las instituciones y los mercados en Grecia, y sobre las medidas de saneamiento presupuestario destinadas a iniciar el camino de la reducción sostenible de los coeficientes de deuda pública. El debate sobre una posible nueva reestructuración de la deuda griega se dejaría para “más adelante”. Dicho de otro modo, se dejarían para después de la aplicación de las reformas que permitirán restaurar la confianza entre los socios.
Más concretamente, las medidas de consolidación presupuestaria solicitadas por los acreedores deberán significar en 2015 un esfuerzo total que permita un superávit primario del 1%. La Troika y el Eurogrupo han identificado dos objetivos principales para poder realizar dicho esfuerzo: el IVA y el sistema de pensiones. La Comisión Europea ha sugerido en las últimas horas que otras medidas que permitan alcanzar el mismo objetivo podrían resultar aceptables para los acreedores siempre que el esfuerzo presupuestario conserve la misma magnitud y, evidentemente, que las medidas alternativas resulten “creíbles”.
Esta auto-proclamada flexibilidad va acompañada de lo que los demás países europeos describen como una “gran concesión” hecha a Grecia, al reducirse la trayectoria de superávit primario para los próximos años (es decir, los objetivos relativos a los ingresos públicos menos los gastos, excluidos los cargos por intereses de la deuda pública). Sin embargo, se trata más bien de una concesión a la realidad que a Grecia, ya que la trayectoria de superávit prevista anteriormente se ha vuelto simplemente irrealizable en el contexto actual.
Estos dos elementos, "flexibilidad" en las medidas par alcanzar la consolidación exigida y la rebaja del objetivo de superávit primario, se repiten como un mantra en todos los medios como muestras tangibles de la "voluntad de acuerdo" de los socios europeos y el FMI y son invocados para pedirle al gobierno griego que entre en el juego, y que haga gala de "realismo" y de sentido de la responsabilidad mientras nos acercamos peligrosamente a la fecha límite de finales de junio.
Sin embargo, esta retórica aparentemente razonable se basa en la repetición de un mismo error de partida o, si queremos ser menos amables, en la constante negación de la realidad y lo que es aún peor, en la misma mala fe que las premisas de los planes de rescate anteriores a los que se ha sometido a Grecia. El propio FMI presentó hace poco entre líneas un mea culpa reconociendo que las medidas de austeridad draconianas impuestas por estos planes en los últimos años han tenido como efecto una disminución de la actividad económica mucho más pronunciada que la prevista por las tres instituciones de la Troika. El efecto de sus errores de estimación conllevaron a un aumento del coeficiente de deuda pública en relación con el PIB, producido por una caída muy severa del denominador del coeficiente (iniciando un retroceso de más del 25% en 6 años). Tras un breve período de calma en el que la caída parecía haber llegado a su fin, el país ha vuelto a caer en la espiral infernal de retroceso del PIB desde el último trimestre de 2014, es decir, antes de la elección del nuevo gobierno. Dada la experiencia anterior parece razonable preguntarse si las nuevas medidas de consolidación presupuestaria no tendrán un efecto destructivo similar al de las medidas de los dos primeros programas.
De hecho, esta es la pregunta que Martin Sandbu se hacía en un artículo reciente en el Financial Times la semana pasada, y la conclusión a la que llega es profundamente alarmante. Si partimos de supuestos y usando multiplicadores más bien optimistas para calcular el impacto de las medidas de consolidación presupuestaria sobre el PIB griego, veremos que los esfuerzos necesarios para alcanzar el objetivo del 1% de superávit primario en 2015 que exige ahora el Eurogrupo y la Troika conducirían a una nueva caída brutal de más del 5% del PIB para el mismo año. En un país ya devastado por la depresión económica, que ha visto su producción caer en más de una cuarta parte entre 2010 y finales de 2014, una caída de este tipo haría a su vez aumentar el coeficiente de deuda respecto al PIB en un 9%. En la medida en que el país ya está al borde de la bancarrota, es irreal esperar una mejora con estos indicadores en el corto plazo. En este escenario la situación de suspensión de pagos y una salida de jure o de facto de la moneda común, posibilidad que parece cada vez más probable, no haría más que retrasarse unos meses para convertirse en una situación prácticamente inevitable.
No hace falta señalar los efectos que este escenario tendría para los griegos, pero a veces se obvia por incómodo el impacto de estas medidas en los demás Estados Miembros. La mayor parte del saldo de la deuda en Grecia se socializó en el período 2010-2014. A pesar de la reestructuración de las deudas del sector privado, una parte muy sustancial de estas deudas se ha devuelto y sustituido con dinero prestado al Estado griego por los demás Estados Miembros de la zona euro y por el EFSF (European Financial Stability Facility), que es un vehículo garantizado por estos mismos Estados miembros. A España le toca su parte, a pesar de que el Gobierno español ha hinchado de forma malintencionada la cifra que le corresponde.
El eurosistema (constituido por el BCE y los bancos centrales nacionales que revierten sus eventuales beneficios netos a los gobiernos centrales ) también carga con una parte significativa del saldo de la deuda pública griega, y también se hizo acreedor a la altura de 100 000 millones de euros del sistema bancario griego. La solvencia del sistema bancario griego depende a su vez de la solvencia de las arcas públicas griegas, ya que una parte sustancial de los activos de estos bancos está garantizada por el Estado.
En caso de suspensión de pagos por parte de Grecia, se socializarán por lo tanto los costes entre todos los contribuyentes de la zona euro. Una situación que los defensores del dogmatismo neoliberal, sin duda alguna, aprovecharían para augurar nuevas profecías que justifiquen nuevas medidas de austeridad en los demás países de la zona euro, para hacer frente a estas pérdidas.
Creemos que en lugar de desear el supuesto "éxito" de las negociaciones con la imposición de las suicidas propuestas del eurogrupo y la Troika y su supuesta "flexibilidad", queremos hacer un llamamiento a que el realismo se imponga al dogmatismo. Dicho de otro modo, en lugar de aplazar el problema contribuyendo así a su agravamiento, las premisas de un posible acuerdo deberían sustituirse por los siguientes tres elementos:
1. Garantizar para el año en curso una flexibilidad verdadera en el esfuerzo presupuestario, y vincular los objetivos presupuestarios futuros al crecimiento del PIB. El esfuerzo presupuestario necesario para alcanzar el objetivo del 1% de superávit primario debe ser modificado en su totalidad o reducirse a una proporción más modesta a no ser que las medidas de consolidación presupuestaria se compensen, por lo menos durante el primer año, con un programa de inversiones dirigido por la Unión. Dicho programa se centraría preferiblemente en los sectores con potencial de crecimiento, como la eficiencia de los recursos y las energías renovables;
2. Reestructurar la deuda, en especial a través de una prolongación de la duración de los créditos actuales y una reducción en los tipos de interés e, incluso, de la participación directa del Mecanismo Europeo de Estabilidad en el capital de los bancos griegos, elementos que deberían formar parte ya de las negociaciones actuales y no de hipotéticas negociaciones futuras.
3. Reformas a largo plazo para hacer frente a las patologías profundas del marco institucional griego. Sin embargo, estas reformas deben alejarse del programa neoliberal impulsado por el dogma europeo, como la reducción de las prestaciones sociales o la reducción de los salarios, y centrarse en un refuerzo del estado de derecho para garantizar la equidad y la legitimidad de los poderes públicos. Un seminario recientemente organizado nada menos que por la London School of Economics renegaba de las reformas impulsadas hasta ahora en el país e identificó y detalló una serie de reformas alternativas para instaurar un verdadero estado de derecho para darle la vuelta al viejo sistema clientelista griego que sucedió a la dictadura. Está claro que, desgraciadamente, los socios europeos no han considerado jamás que estas reformas sean prioritarias
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