La Confederación Española de la Policía (CEP) ha presentado ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo una denuncia contra los diputados de IUCayo Lara, José Luis Centella y Alberto Garzón a los que acusa de cometer un delito de injurias y calumnias contra la Policía por acusar a los agentes antidisturbios de provocar los incidentes registrados durante la protesta del 25S frente al Congreso de los Diputados.
En concreto, la denuncia a la que ha tenido acceso Europa Press, acusa a estos tres dirigentes de haber responsabilizado a las Fuerzas de Seguridad "de actuar premeditadamente para disolver ilegítimamente una manifestación causando conscientemente lesiones a los congregados, señalando al Cuerpo Nacional de Policía como único causante, instigador de todo". La denuncia se presenta ante el Tribunal Supremo atendiendo a la calidad de aforados de los diputados en el Congreso.
El sindicato policial se basa en las propias declaraciones públicas de los tres políticos, las cuales se adjuntan en la denuncia. Como ejemplo citan las palabras de coordinador federal de IU, Cayo Lara quien denunció que "el normal funcionamiento de los diputados se vio molestado y perturbado por la Policía y nunca por los manifestantes".
ALBERTO GARZÓN: "EXCESO POLICIAL BRUTAL"
El texto también recoge otras declaraciones de Garzón: "Hemos asistido a un exceso policial brutal en las calles que no atendía a ninguna lógica (...) empezaron a echar a todo el mundo a empujones de malas formas, hacia el Paseo de la Castellana para que allí pudiera cargar la Policía.
La CEP entiende que "las gravísimas imputaciones" de Cayo Lara, José Luis Centella y Alberto Garzón "constituirían uno o varios delitos de calumnias". Apelan al artículo 504.2 del Código Penal sobre "los que injuriaren o amenazaren gravemente a los Ejércitos, Clases o Cuerpos y Fuerzas de Seguridad" por el que serían "castigados con la pena de multa de doce a dieciocho meses".
A juicio de este sindicato policial, "no cabe duda que se trata de un comportamiento injurioso y amenazante contra las fuerzas de seguridad". "No se trata de una opinión, una hipótesis por parte del diputado, sino la imputación clara, directa e inequívoca de que los agentes de policía fueron los provocadores de los hechos", denuncian los policías, al tiempo que consideran que los tres diputados atribuyeron a los agentes "hechos delictivos con claro conocimiento de su falsedad o temerario desprecio a la verdad".
Insiste la CEP en que esas declaraciones no se pueden amparar bajo la nmunidad ni la invocación al derecho de libertad de expresión y por ello piden a la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo que "previos los trámites legales, se reciba declaración en calidad de imputados a los denunciados".
El coordinador general d'EUiA, el president de la Fundació L'Alternativa, Toni Barbarà, i Àngels Tomás, representant de la formació al Secretariat del Partit de l'Esquerra Europea, obren les jornades 'L'Europa de les desigualtats' al Prat de Llobrega
Izquierda Plural (IU-ICV-EUiA y CHA) y Psoe han registrado este viernes ante el Tribunal Constitucional un recurso de inconstitucionalidad contra la reforma laboral. Ambos partidos consideran contrarios a la Carta Magna nueve artículos de la reforma laboral, que vulneran "hasta 10 preceptos constitucionales".
El recurso ha sido presentado este mediodía por los portavoces parlamentario de IU e ICV, José Luis Centella y Joan Coscubiela, respectivamente y por la portavoz socialista en el Congreso, Soraya Rodríguez, el secretario general del Grupo Parlamenario Socialista, Eduardo Madina.
Izquierda Plural y Psoe argumentan que la reforma laboral puesta en marcha por el Gobierno del PP "altera sustancialmente el modelo democrático de relaciones laborales" construido a lo largo de las últimas tres décadas.
Los nueve artículos de la reforma laboral recurridos son el 14.1, el 12.1, el 14.2, la disposición final cuarta, la previsión del artículo 4.3, el artículo 18.3, los artículos 18.8 y 23 y la disposición adicional tercera.
RAJOY: HACE 1 AÑO ESTABÁMOS AL BORDE DEL ABISMO.Con Reforma Laboral,reducción derechos sociales,duros ajustes, HEMOS DADO UN PASO AL FRENTE
RECURSO INCONSTITUCIONALIDAD FRENTE REFORMA LABORAL LEY 3/2012. Artículo de Joan Coscubiela.
A los casi 8 meses de la entrada en vigor de la Reforma Laboral con el Real Decreto Ley 3/2012 al que sucedió después la Ley 3/2012, todos los datos apuntan a que se han confirmado los peores presagios. La Reforma Laboral, como ya denunciamos en su momento, no solo no ha servido para crear empleo, sino que ha incentivado el despido como mecanismo de ajuste de las plantillas y ha presionado a la baja condiciones de trabajo, especialmente el salario. Bajadas de salarios que sin duda era y es el gran objetivo oculto de la reforma. Conseguir que el ajuste económico de España se haga a través de una devaluación interna por la vía de una importante reducción de los salarios.
Pero la Reforma Laboral no tiene solo objetivos coyunturales frente a la crisis.Los poderes económicos y sus portavoces parlamentarios, PP y CIU, han querido aprovechar la crisis para imponer reformas estructurales del modelo de Relaciones Laborales nacido de la Constitución Española. Así, la Reforma ataca y debilita la negociación colectiva y con ello el papel del sindicato en la empresa y las relaciones laborales, impone un modelo de decisión unilateral de las condiciones de trabajo y devalúa el Derecho al Trabajo, reconocido por la Constitución Española y avalado por los Convenios Internacionales de la OIT.
Como ya denunciamos en el trámite de debate parlamentario, la Reforma Laboral comporta vulneraciones importantes de la Constitución Española. Los elementos centrales de la Reforma Laboral vulneran los derechos constitucionales de negociación colectiva (Art 37 CE) y libertad sindical (Art28 CE), el derecho al Trabajo del Art 35 y comporta discriminaciones prohibidas por el Art 14 de la CE, al tiempo de limita la Tutela Judicial efectiva del Art 24 de la CE.
Por eso tiene gran trascendencia Social, política y jurídica que hoy, 5 de octubre 2012, Diputados del Grupo Socialista y del Grupo de la Izquierda Plural (IU,ICV-EUIA,CHA) hayamos presentado un Recurso de Inconstitucionalidad frente a la Ley 3/2012.
El recurso contiene 8 causas de inconstitucionalidad, 4 por vulneración de la negociación colectiva y la libertad sindical, 2 por vulneración del Derecho al Trabajo y 2 más por discriminación.
Estos son a juicio de los Diputados recurrentes los supuestos y causas de inconstitucionalidad.
El establecimiento de un arbitraje obligatorio para proceder al descuelgue unilateral de las empresas en el cumplimiento del Convenio Colectivo, que posibilita la nueva redacción del artículo 82.3 del ET, atenta al Derecho de negociación colectiva y por tanto de la Libertad sindical en la medida que hace desparecer el carácter de fuerza vinculante de los Convenios que establece la CE. Cabe recordar que los arbitrajes obligatorios fueron declarados inconstitucionales ya por una sentencia del Tribunal Constitucional del año 1981.
La modificación unilateral por parte del empresario de las condiciones de trabajo, incluida el salario, establecidas en Pactos y Acuerdos colectivos, que permite el nuevo artículo 41 del ET, comporta también una vulneración de la negociación colectiva y del contenido esencial de la libertad sindical.
La prevalencia legal del Convenio de Empresa frente al Convenio Sectorial, negando incluso que la negociación colectiva sectorial pueda establecer lo contrario, comporta una clara limitación a la libertad de las partes, consustancial al derecho de negociación colectiva.
La prohibición que los Convenios Colectivos puedan establecer en determinados supuestos la Jubilación forzosa de los trabajadores al llegar la edad ordinaria de jubilación, además de ser una medida incomprensible en momentos de elevado desempleo, especialmente juvenil, supone también una injerencia en la libertad de las partes para negociar el contenido de los convenios que es contraria al derecho de negociación colectiva.
El contrato para emprendedores – la joya según el PP de la Reforma Laboral - al establecer un período de prueba de 1 añoatenta contra el principio de causalidad en la contratación que, como ya ha afirmado el Tribunal Constitucional forma parte del Derecho al Trabajo reconocido por el artículo 35 de la CE. Además de ser contrario al Convenio 158 de la OIT, ratificado por España en 1985 y al artículo 30 de la Carta de Derechos fundamentales de la UE, que ostenta el mismo valor jurídico que los Tratados de la UE.
La desaparición práctica de los requisitos de causalidad, razonabilidad y proporcionalidad en los despidos económicos (ERES) del artículo 51.1 y los despidos objetivos del artículo 52,ccomportan también una vulneración del Derecho al Trabajo del artículo 35, en el que, como ha dicho el Tribunal Constitucional, se incluye los criterios de causalidad en las causas del despido.
La desaparición de los salarios de tramitación en los supuestos de despidos declarados improcedentes, cuando la empresa no readmita al trabajador y opte por la indemnización, comporta una discriminación contraria al artículo 14 de la CE. Discriminación que además es contraria a la lógica de la defensa del empleo, en la medida que premia a las empresas que después de una sentencia de improcedencia no readmiten al trabajo sino que lo indemnizan, al tiempo que penaliza en términos comparativos a las empresas que si readmiten al trabajador.
La exclusión de la suspensión de contratos o reducciones de Jornada como mecanismo de ajuste del empleo en los contratos laborales en el ámbito de las administraciones públicas, en las que solo será posible la aplicación de los despidos como mecanismo de ajuste del empleo atenta contra la prohibición de no discriminación, al tiempo que rompe también la lógica de protección del empleo que dice tener la Reforma Laboral.
Como puede comprobarse se trata de 8 causas de inconstitucionalidad que afectan a la columna vertebral de la Reforma Laboral, lo que hace aún más trascendente este Recurso de Inconstitucionalidad.
Ahora cabe esperar que dada esta trascendencia y su impacto en millones de personas, además de su especial significación, el Tribunal Constitucional haga uso de sus prerrogativas para que la Sentencia se dicte en el menor tiempo posible, como ha sucedido en otras ocasiones y no comporte una espera de 4 o 5 años como ha sucedido en otros Recurso de Inconstitucionalidad.
Una sentencia rápida sería un reforzamiento al valor de la CE en unos momentos en que desde diferentes espacios de la sociedad se esta poniendo en duda su capacidad para jugar el papel para la que se acordó y aprobó en 1978.
Secretario General del Partido Comunista de España.
Sr. Juan Carlos I, Jefe del Estado:
Desde mi opción republicana que entiende que la República Federal es la forma racional en la que debe organizarse el Estado español, considero que una comunicación del Jefe del Estado, dirigida al conjunto de la ciudadanía española debe tener una respuesta directa, porque en caso contrario, podría parecer que sus argumentos son admitidos sin más consideración.
En la mencionada carta se planteaban dos cosas fundamentales, una, y cito textualmente que “sólo superaremos la dificultades actuales actuando juntos, caminando juntos, aunando voces, remando a la vez”, perfecta frase que pueden suscribir todas la personas y en todo momento, pero a la que le falta una pequeña cuestión, decir hacia donde deberíamos remar, falta aclarar quién es el Patrón de esa barca desde la que tenemos que remar.
Llevamos desde el inicio de la crisis viendo como la barca del Estado va en una dirección que sólo ha traído sufrimiento y dolor a millones de españolas y españoles que han visto perdido su trabajo, su vivienda, que han visto cómo se arruina el país para beneficio de unos pocos. Esta dirección ha llevado a la aprobación de varias reformas laborales que han facilitado el despido cada vez más barato y fácil, se han aprobado recortes sociales que han afectado seriamente a la educación, a la sanidad o a la atención a la dependencia, pero lo más grave de todo es que estos sacrificios a los que se ha forzado a la mayoría de la población han sido inútiles porque la situación económica cada vez está peor. Por lo tanto, si lo que nos pide es que nos pongamos a remar en el mismo sentido que se viene remando en los últimos años, le tenemos que contestar que no solo no cuente con nosotros y nosotras, sino que nos tendrá directamente en contra, que seguiremos confrontando con quien quiera seguir llevando a España por el camino del rescate del sector financiero mientras a la mayoría de la población se la sigue condenando a pagar una crisis que no ha provocado.
En el mismo sentido decirle que tampoco podemos aceptar que esa barca en la que nos invita a remar, esté dirigida por entidades, como el Banco Central Europeo o el Fondo Monetario Internacional que no tienen ningún control democrático, por eso hemos denunciado que el Gobierno de Rajoy, como anteriormente el de Zapatero, están limitando la soberanía nacional en beneficio de eso que se llama mercado.
En definitiva entendemos que hay que remar en el sentido contrario para poner la economía al servicio de las personas, de que hay que plantear el rescate de quienes están sufriendo el paro, el desahucio, la pérdida de derechos sociales y laborales y para ello, acometer una profunda reforma fiscal que consiga que quien más tiene más pague, que termine con el fraude fiscal y los paraísos donde tantos falsos patriotas evaden sus fortunas con la pasividad de las administraciones del Estado. Ese es nuestro compromiso con el pueblo y no tenga la menor duda de que ese compromiso está, para nosotros, por encima de cualquier otro mandato.
La segunda cosa que nos plantea en su carta es la recuperación del espíritu de la transición que dio lugar a la Constitución de 1978, pues bien, también detrás de esta frase que puede ser asumida por todos, permítame alguna aclaración. Para empezar, desde nuestro punto de vista, lo fundamental de la Constitución de 1978 es que después de décadas de dictadura, la Soberanía Nacional reside en el Pueblo, tal y como señala el artículo 1.2 de la propia Constitución.
Pues bien, permítame para no hacer interminable esta carta ponerle dos ejemplos: primero, usted recordará que en 1986 celebramos un Referéndum para que este pueblo soberano decidiera la relación de España con la OTAN, en él se decidió que la fórmula fuera la integración en la parte civil y permanecer fuera de la estructura militar. Los que defendíamos que lo mejor para España era permanecer fuera de la OTAN perdimos ese referéndum y aceptamos el resultado. Sin embargo, años después esta decisión fue burlada y hoy nos encontramos integrados plenamente en la estructura militar de la OTAN sin haberse realizado consulta popular alguna; en segundo lugar, hace poco más de un año se ha introducido sin ninguna consulta al soberano, es decir a la ciudadanía, un nuevo artículo en la Constitución española, el nuevo 135, por el que se supedita la elaboración de las políticas económicas del Estado al pago de la deuda con la banca, articulo claramente contradictorio con el 128 que dice que toda la riqueza del país en sus distintas formas y sea cual fuere su titularidad está subordinada al interés general, por lo tanto usted debería aclarar qué entiende cuando dice que parte del espíritu de la transición es sacrificar los intereses particulares en aras del interés general, porque para nosotros anteponer el pago a la Banca a las inversiones en sanidad o en educación es todo lo contrario, es supeditar el interés general en beneficio de intereses particulares, es premiar a quienes han sido responsables de la ruina del Estado.
Por lo tanto, desde estas premisas entenderá que consideramos su carta como un intento de salvar una imagen que en estos momentos no se encuentra en su mejor momento, pero que en su contenido no tiene ningún elemento que pueda contribuir a lo que la mayoría de los españoles y españolas desean, a poner medidas en el sentido de una salida social a la crisis, y como alguien puede entender que esas medidas no existen o como sus encuentros con el Presidente Rajoy le pueden llevar a pensar que sólo existe una forma de gobernar, permítame que le adjunte un pequeño decálogo de propuestas que demuestra cómo se pueden hacer las cosas de otra forma, cómo se puede remar en otro sentido, en el sentido de la defensa de los intereses de la mayoría, cómo se puede remar desde una barca en la que de verdad el Patrón sea el Pueblo, donde, según reza la Carta Magna, reside la Soberanía Nacional, y podrá ver como ese espíritu de la transición que a usted le parece modélico ha sido utilizado para engañar y manipular la voluntad de una población que se ve estafada en relación a ese Estado democrático que le fue prometido y que hoy no ve por ningún lado.
Estas son nuestras propuestas que como le decía estamos dispuestos a explicar en cualquier ámbito o foro, porque entendemos están basadas en la defensa de los intereses de la mayoría:
1. Auditoría de la deuda y rechazo de la que no se corresponda con el déficit generado por los servicios públicos y la protección social.
2. Reforma de la constitución que fije la prioridad absoluta del gasto público en pensiones, desempleo y servicios públicos esenciales sobre cualquier otro compromiso. Derogación de la reforma laboral y de la reforma de las pensiones.
3. Programa de empleo público para las personas desempleadas sin subsidio y de una renta básica para quienes no tengan otra prestación asegurando un salario mínimo de 1.000 euros y ninguna pensión por debajo del salario mínimo.
4. Defensa de las políticas de igualdad como garantía de una sociedad justa y solidaria. Igualdad real entre mujeres y hombres frente a los retrocesos que el PP está llevando a efecto en los derechos conquistados durante décadas de lucha del movimiento feminista.
5. Reforma fiscal progresiva e intensificación de la lucha contra el fraude para acabar con los paraísos fiscales, evitando por ejemplo que bancos españoles tenga sucursales en estos lugares.
6. Defensa de una España Federal, con democracia avanzada, participativa con una separación efectiva entre Iglesia y Estado.
7. Creación de un sistema de banca pública que realice funciones de banca al por menor (cajas de ahorros), banca de desarrollo (reconversión del modelo productivo) y banca del estado (deuda pública).
8. Garantizar el derecho a la vivienda tal y como está reconocido en la Constitución y llevar a cabo medidas favorables a las familias hipotecadas por medio de la dación en pago con efectos retroactivos, la moratoria inmediata de los desahucios y la reconversión de las hipotecas en alquiler social.
9. Control ciudadano y popular sobre el gasto y la gestión pública. De forma especial de los canales de distribución y comercialización para evitar oligopolios que arruinen a los agricultores y que especulan con los productos alimenticios.
10. Política de juventud que garantice un futuro digno a las nuevas generaciones que hoy sufren el paro y la marginación social.
Declaraciones de José Luis Centella, Secretario General del PCE y Diputado de IU en el Congreso, sobre la represión policial a las manifestaciones de ciudadanos el 25S
Foto. Alberto Garzón en la Comisión de Presupuestos
No es nuestra deuda y no es nuestro rescate. Artículo de Alberto Garzón
Según los datos del Banco Internacional de Pagos (BIS, por sus siglas en inglés) el sistema financiero español tiene a comienzos de 2012 un total de 571.519 millones de dólares en deudas pendientes de pago con otros bancos internacionales. No obstante, esta cifra es bastante inferior a la que se daba a finales de 2010 cuando la deuda total alcanzaba los 706.065 millones de dólares.
La mayor parte de esta deuda actual del sistema financiero español tiene su contraparte en los bancos alemanes (139.191 millones) y bancos franceses (115.261 millones), los cuales juntos poseen casi el 45% de la deuda total. Es decir, los bancos alemanes y franceses son los principales acreedores del sistema financiero español y, en consecuencia, los principales interesados en que las deudas se devuelvan.
Estos datos explican en gran parte el llamado “rescate al sistema financiero español”. Este “rescate” únicamente consiste en proporcionar recursos al sistema financiero español para que pueda hacer frente a sus deudas, aplicando como condición duros procesos de reestructuración interna. Así, y como tuve oportunidad de recordarle al ministro de economía hace unas semanas, no se trata realmente de un rescate al sistema financiero español sino de un rescate al sistema financiero alemán y francés. Porque determinados componentes de nuestro sistema financiero son recortados por el camino, tales como los trabajadores, los accionistas e incluso los estafados por las acciones preferentes.
Pero hay una cuestión aún más interesante desde el punto de vista de la economía política y que emerge cuando hacemos dos preguntas que van al corazón del problema: ¿debemos pagar estas deudas? y ¿sonestas nuestras deudas?
Cualquier economista liberal se aterrorizará al pensar que hay quien propone no pagar e incluso no asumir como propias estas deudas. Puede ser que hasta los no economistas valoren muy negativamente la falta de moral de quien reniega de un compromiso asumido previamente. Pero lo cierto es que ni las deudas se pagan siempre –la historia económica está llena de siglos de impagos y reestructuraciones de deuda- ni las deudas han de ser asumidas por partes que no fueron las mismas que contrajeron el préstamo –el concepto de deuda odiosa o ilegítima-.
El liberalismo económico siempre ha sido una ideología justificativa de determinadas políticas económicas, pero poco consistente en la práctica. De hecho, lo verdaderamente liberal sería asumir que dado que los bancos españoles están en quiebra –y no pueden pagar por si mismos sus deudas- aquellos que les prestaron también habrían de sufrir pérdidas por haber hecho una inversión ruinosa. De otra forma, como ocurre en la actualidad, existe el llamado riesgo moral: cualquier banco alemán puede prestar a los bancos españoles, aunque sepa que es para apostar en un casino, porque saben que siempre serán rescatados.
La cuestión no puede analizarse, en consecuencia, en términos microeconómicos. Ha de estudiarse el contexto macroeconómico e institucional para poder dar una respuesta satisfactoria y eficiente a este problema tan inmenso.
Y tenemos que hacernos las preguntas adecuadas: ¿tiene sentido que los bancos alemanes que se arriesgaron prestando a bancos españoles, y ganaron tantos beneficios por ello, no tengan pérdidas ahora que se demuestra que fracasaron eligiendo a quién prestar? ¿tiene sentido, por otra parte, que las deudas de las entidades financieras tengan que ser pagadas por los trabajadores en forma de recortes sociales y económicos?
No olvidemos que la economía española tuvo una burbuja inmobiliaria, promovida políticamente por los gobiernos del bipartidismo, para poder escapar de su falta de competitividad internacional. Esto fue una especie de huida hacia delante, permitiendo que durante algunos años se creara mucho empleo y el dinero fluyera hacia los bolsillos de los empresarios de la construcción, de las empresas financieras y de los políticos corruptos. Pero ese crecimiento económico sólo fue posible gracias a que países como Alemania reciclaban sus ingresos comerciales por la vía de préstamos a la periferia europea. Es decir, el milagro español es la otra cara de la moneda del milagro alemán, y viceversa. Un modelo simbiótico en el que ambas partes se necesitan y en la que ambas son responsables en un sentido agregado. Porque una vez uno escarba en la superficie se encuentra con que los únicos que salían beneficiados de este modelo eran las grandes oligarquías de uno y otro país, con la mayor parte de la población de ambos sufriendo recortes en sus condiciones de vida.
Nota: Para profundizar en la idea, un artículo breve que hice hace unas semanas para recordar cómo operaba la burbuja y las relaciones que implicaba entre el capital financiero alemán y el capital financiero español.
