El presidente de Andalucía ha arremetido contra el ministro de Hacienda a causa de los recortes en la capacidad de endeudamiento de la comunidad autónoma que preside. Según Griñán, los 2.735 millones que tenía previsto ingresar por vía de préstamo son indispensables "para evitar el cierre de 19 hospitales o de 2.000 colegios, o el despido de hasta 60.000 empleados públicos".
Es indudable que, de ser cierto esto, el asunto es gravísimo, pero lo es aún muchísimo más por lo que el modelo de financiación tiene de perverso, suicida y carente de futuro. Estamos ante un callejón sin salida, ante un camino que conduce directa y velozmente a la horca a cualquier Hacienda pública.
El recurso al endeudamiento por parte de las Administraciones Públicas se ha contemplado siempre bajo dos perspectivas: la de la financiación de infraestructuras u obras de nuevo establecimiento y la de -en situaciones excepcionales- problemas puntuales de la Hacienda en cuestión.
El hecho de que se haya establecido como norma y línea de actuación permanente el endeudarse para financiar el gasto corriente -o sea, el del mantenimiento de los servicios y prestaciones que la ley atribuye a los entes públicos- constituye una perversión que está llamada a la total paralización de lo público. Y la gravedad llega al paroxismo cuando, tras la reforma constitucional perpetrada por el bipartidismo, el pago de la deuda es prioritario a cualquier otra obligación. Habría que rebuscar mucho en la historia para encontrar una casta política que entrega su país maniatado a intereses y decisiones foráneas.Esta carrera enloquecida de endeudamiento ha llevado a España a dedicar un euro de cada tres al pago de la deuda.
La aceptación de este modelo, que obvia cualquier reforma fiscal avanzada y justa como fuente permanente y reglada de financiación, convierte a las aparentes víctimas de hoy en cómplices de la anunciada quiebra del Estado. Aquí reside el problema, aquí estriba la disyuntiva política de estos días.
-Un acto de desobediencia civil, de no violencia activa, que es lo que llevamos practicando treinta años. Fue un hecho simbólico que ha levantado mucha polémica.
-Que en definitiva es lo que buscaban.
-Queríamos quitar la atención sobre la prima de riesgo y ponerla en aquellas cuestiones que preocupan de verdad. En Andalucía tenemos más de un millón de parados, familias con todos sus miembros en paro y a las que se les ha acabado el seguro de desempleo, gente que está pasando auténtica necesidad. La crisis son más que números y estadísticas; la crisis tiene rostro, nombre, apellidos, DNI…
-Otra que tiene rostro, nombre, apellidos, DNI es la cajera a la que empujaron.
-Vi las imágenes por televisión y el empujón no me pareció bien. Nuestro objetivo no son las cajeras de supermercado, trabajadoras como nosotros, que cobran 800 euros al mes y echan diez y doce horas al día.
-Pues ahí queda la foto de la chica llorando.
-A veces, incluso en acciones pacíficas, las tensiones son inevitables. Lo que no significa que busquemos el enfrentamiento, mucho menos con trabajadores. Creemos con Ghandi en la no violencia. Pero con Ghandi también creemos que la no violencia no es posible mientras haya injusticias.
-¿La solución está en asaltar supermercados?
-La solución está en sacar una ley que obligue a repartir los productos a punto de caducar antes que tirarlos a la basura. Y otra por las que familias con todos sus miembros en paro tengan una renta básica de 800 euros. El remedio también está en un plan de empleo para los parados. Que la cosa está muy mal y el polvorín puede estallar en cualquier momento.
-¿Y el fósforo que encenderá la mecha no son acciones del tipo que usted propone?
-No, oiga, el detonador son las hipotecas basura, y los desahucios, y los recortes en Sanidad y Educación, y que se asuma como pública una deuda que es privada, y los sueldos e indemnizaciones millonarias de los banqueros, y que los bancos privados compren a los públicos al 1% y vendan al Estado al 6%... ¡Pero esto qué es!
-Volvamos al supermercado: se resiste a hablar de robo.
-Es que no lo fue.
-¿Entonces…?
-Hablamos de una expropiación alimentaria.
-Pues el Ministro de Interior, que ha dictado orden de arresto, no es de la misma opinión.
-Supongamos que haya un delito, que ya le digo yo que no lo hay. Pero supongámoslo. Eso tendrá que decidirlo un juez y no el ministro de Interior, ¿no? Lo contrario sería volver al franquismo, cuando los gobernadores civiles eran juez y parte. En cualquier caso, será un orgullo ir a la cárcel por defender lo que defiendo.
-De momento, ya le ha salido un abogado defensor: Gaspar Llamazares.
-Toda Izquierda Unida debería haberse puesto de mi lado. Pero, claro, los hay reticentes, sobre todo después de nuestra oposición al pacto con el PSOE.
-También le ha salido un fiscal: Griñán.
-Dice que lo que hicimos fue una barbaridad. Hace falta tener la cara dura. Lo que es una barbaridad es el escándalo de los ERE, los 1.700 millones del dinero de los parados que fueron a parar a los bolsillos de los amigos con carnet del partido del señor presidente.
El portavoz parlamentario de IU en la Comisión de Sanidad afirma que “estamos ante otro capítulo más con el que la derecha más rancia e insolidaria sigue poniendo piedras, esta vez a nivel estatal, para la construcción del edificio de su modelo privatizado y de aseguramiento que tanto les gusta y con el que tan buen negocio están haciendo ya a nivel autonómico algunos empresarios bien conocidos por el PP”
El diputado de Izquierda Unida y portavoz parlamentario en la Comisión de Sanidad del Congreso, Gaspar Llamazares, ha tachado hoy de “escándalo e intento de criminalización al colectivo de inmigrantes” la intención del Gobierno de Mariano Rajoy de limitar drásticamente el acceso a la Sanidad Pública a los ciudadanos extranjeros con su estancia no regularizada en nuestro país.
Llamazares detalla que “por lo conocido a través de la Prensa, ya que el Gobierno del PP vuelve a anteponer su labor ejecutiva de ordeno y mando al trabajo legislativo ordenado y de consenso del Parlamento, nos encontramos ante una maniobra muy bien orquestada para que los inmigrantes parezcan los responsables de un despilfarro que no es tal en la Sanidad Pública y tener así coartada para allanar el camino a una mayor privatización del sector con la entrada de más empresarios amigos del PP”.
El dirigente de IU se refería así a las intenciones del ministerio que dirige Ana Mato de de hacer pagar mediante convenios privados hasta 710 euros a los inmigrantes menores de 65 años y 1.864 euros a los mayores de esa edad como condición para poder tener asistencia sanitaria mientras estén en España.
“Esto no es sino otro capítulo más de los muchos que quedan por venir con el que la derecha más rancia e insolidaria que representa el PP sigue poniendo piedras, esta vez a nivel estatal, para la construcción del edificio de su modelo privatizado y de aseguramiento que tanto les gusta y con el que tan buen negocio están haciendo ya a nivel autonómico algunos empresarios bien conocidos por el PP”, denuncia.
Para Gaspar Llamazares, “el precio que ponen ahora al aseguramiento es toda una definición de la concepción de ‘ciudadanos de tercera’ que tiene el PP hacia los inmigrantes y también de su concepción sobre que la salud no es un derecho sino una fuente más de negocio al que sólo hay que buscarle el modelo adecuado”.
El diputado de IU advierte que “además, legalmente estamos ante un peligro muy grave como es que el PP tira de decretos y órdenes ministeriales para cargarse por la puerta de atrás la Ley General de Sanidad, todo ello de espaldas al Congreso y a los ciudadanos que éste representa”.
Como en anteriores ocasiones, Llamazares adelanta que “desde Izquierda Unida vamos a pedir la comparecencia de la ‘escurridiza’ ministra Mato para que dé cuenta de estas tropelías en el Congreso, aunque mucho nos tememos que vuelva a esconderse tras el grupo que sustenta al Gobierno para no dar explicaciones”.
Los secretario generales de CC.OO. y UGT, Ignacio Fernández ToxoyCándido Méndez, han trasladado al Rey Don Juan Carlos su "convicción" respecto a la necesidad de cometer a referéndum las políticas económicas que está desarrollando el Gobierno, al ser "radicalmente diferentes a las planteadas en las últimas elecciones generales".
En un comunicado conjunto, tras casi una hora de reunión en La Zarzuela, se señala que ambos líderes sindicales le han expresado que esta consulta es precisa para "que los ciudadanos puedan ejercer su derecho a decidir sobre medidas y actuaciones que están condicionando y transformando de manera radical, y en ocasiones dramática, la vida de muchas personas y el futuro del conjunto de la población".
Asimismo, los secretarios generales de UGT y CC.OO. han trasladado al Rey la preocupación de ambas organizaciones por la situación económica que atraviesa el país, y han expresado su "oposición" ante un posible segundo rescate de la economía española por las instituciones de la UE.
Este rescate, aseguran llevaría aparejado "una serie de condiciones que nos abocarían a una recesión de la que sería muy difícil salir en los próximos años, transformando de hecho a la población española en un muro de contención frente a la especulación financiera contra nuestro país y en el contexto de la Unión Europea".
Los líderes sindicales también han expresado al Monarca que consideran su visión de que las políticas económicas del Gobierno suponen un "durísimo recorte del gasto público" y que las reformas estructurales que se están ligando a ellas "bajo el objetivo de reducción drástica y perentoria del déficit público español" son un "suicidio" para España.
El Jefe del Estado convocó a los dos líderes sindicales en una audiencia con la que pone fin a su actividad ordinaria para pasar unos días de descanso en Mallorca.
Méndez y Fernández Toxo fueron recibidos por separado por el jefe del Estado el pasado marzo, en el marco de una ronda de audiencias concedidas a los agentes sociales que incluyó también a los presidentes de CEOE, Juan Rosell, y de CEPYME, Jesús Terciado.
El final de aquella ronda de reuniones, en la que el Jefe del Estado fue informado sobre la marcha del diálogo social y las reformas económicas, coincidió con la convalidación en el Congreso de la reformalaboralimpulsada por el Gobierno de Mariano Rajoy.
Algo más de un año antes, el 9 de febrero de 2011, Fernández Toxo y Méndez habían acudido a la Zarzuela, pero junto a Rosell y Terciado, con ocasión de la firma del pacto social y económico suscrito con el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero.
La primera visita conjunta a la Zarzuela de los secretarios generales de CCOO y UGT -que hasta entonces habían sido recibidos por el rey por separado- tuvo lugar en febrero de 2010, y en ella analizaron con Don Juan Carlos el contenido del acuerdo salarial para tres años alcanzado con CEOE-CEPYME.
Este segundo encuentro conjunto con el Rey de los dos líderes sindicales se producirá unos días después de la reunión que mantuvieron con Rajoy el 26 de julio, en la que el jefe del Ejecutivo les presentó su visión de la crisis y las reformas en marcha, mientras que Fernández Toxo y Méndez le informaron del calendario de movilizaciones contra su último plan de ajuste.
Los secretarios generales de CCOO y UGT, que habían mantenido asimismo el 5 de julio un encuentro con la canciller alemana, Angela Merkel, han rechazado duramente los nuevos ajustes aprobados el pasado 13 de julio por el Gobierno y han advertido de que no descartan convocar una nueva huelga general contra su política económica.
Además, ambos han acusado al Ejecutivo de Rajoy de utilizar en su favor la figura del Rey, quien presidió ese día el Consejo de Ministros deliberativo que precedió al formal en el que se aprobó un ajuste de 65.000 millones de euros.
Al día siguiente, Méndez subrayó que Don Juan Carlos representa el valor del equilibrio y Fernández Toxo lamentó algunos comentarios del Monarco sobre los nuevos ajustes y los atribuyó a que solo conocía las grandes líneas, por lo que pronosticó que, cuando conociera todo el contenido, cambiaría su discurso.
