sábado, 31 de diciembre de 2011

Cayo Lara tacha de "injustos e inútiles" los recortes del Gobierno

El coordinador federal de IU advierte que Rajoy “no cumple” con sus promesas en campaña y en la investidura cuando dijo que su prioridad era crear empleo ya que este ajuste “sólo va a servir para destruir puestos de trabajo”.
El coordinador federal de Izquierda Unida, Cayo Lara, ha hecho esta tarde una primera valoración de urgencia de los recortes aprobados horas antes por el Consejo de Ministros, que tachó de “injustos e inútiles”. Sobre las modificaciones en el Impuesto de la Renta de las Personas Físicas (IRPF) destacó que, pese a los cambios, “las rentas de los trabajadores van a seguir más gravadas que las del capital”.
Lara ha advertido en una rueda de prensa en el Congreso que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha empezado por “no cumplir” con lo que prometió en la reciente campaña electoral del 20-N y en su discurso de investidura cuando aseguró que su prioridad era la creación de empleo. Recordó que los ajustes decididos ahora, que supondrán una reducción del gasto de 8.900 millones de euros, “sólo van a servir para destruir puestos de trabajo”.
Para el presidente portavoz del grupo parlamentario de IU en el Congreso, el Gobierno ha conseguido que “las rebajas del mes de enero se adelanten a diciembre”. En su opinión, el Ejecutivo de Rajoy hace una apuesta “seguidista” de las políticas del Gobierno socialista de “recorte tras recorte” sólo con vistas a reducir el déficit, pese a haberse demostrado que generan “más crisis y más paro”.
Detalló que la congelación del salario mínimo interprofesional (SMI) o de los sueldos de los empleados públicos supone en realidad “un recorte porque el aumento de los precios con la inflación les afectará negativamente”.
Recordó que el “ya de por sí bajo SMI afecta al cálculo de las becas, las rentas de inserción o los salarios y programas sociales”, y congelarlo “perjudica los intereses de varios millones de trabajadores, los sectores más vulnerables”.
Además, Lara ha advertido que ni el Gobierno anterior ni éste del PP han cumplido con lo que defiende la Carta Social Europea, según la cual “el SMI debería suponer el 60% del salario medio de los países de la UE, es decir, 1.026 euros”, cuando en España, con 641 euros, se sitúa muy lejos de esa cifra.
Valoró el “recorte indirecto” que ahora se añade al recorte salarial que los empleados públicos ya tuvieron el año pasado, al aumentar su horario de trabajo de 35 a 37,5 horas semanales, y criticó que se deje la tasa de reposición en sólo uno de cada diez profesores o profesionales sanitarios que se jubilen.
Lara valoró que esto último supondrá un menoscabo de lo público, un incremento de las listas de espera en los hospitales y de la masificación en las aulas y, por tanto, un desvío de pacientes y alumnos al sector privado “que es uno de los grandes objetivos del Gobierno del PP”. Además, el bajo reemplazo de inspectores de la Agencia Tributaria limitará la lucha contra el fraude fiscal.
El máximo responsable de IU también se ha referido a la “insuficiente subida de las pensiones” y ha censurado que sólo sea del 1 por ciento, porque el Gobierno ha calculado un IPC “de forma poco creíble y con una previsión muy interesada”.
Cayo Lara denunció la contradicción de las primeras medidas del Gobierno en materia impositiva, ya que los ‘populares’ votaron siempre cuando estaban en la oposición únicamente por reducir el déficit sin aumentar los ingresos fiscales. No obstante, insistió en que, con la subida del IRPF, “se grava más a las rentas del trabajo que a las del capital, no se gravan los beneficios de las empresas, no se tocan las SICAV y no se lucha contra el fraude. Los trabajadores seguirán pagando cuatro veces más impuestos que las rentas del capital”.
Para el coordinador federal de IU “resulta especialmente curioso” que el PP haya votado siempre en el Parlamento contra las propuestas de IU de luchar contra el déficit público por la vía de incrementar los ingresos fiscales, mientras ahora justifica sus medidas fiscales asegurando que son “necesarias, eficaces y equitativas”.
Recordó que tales medidas, de haberse hecho bien, hubieran ahorrado mucho sufrimiento, reducido el déficit y supuesto menos intereses por la deuda de haberse aplicado cuando el déficit era del 11,2% sobre el PIB, cuando comenzó la crisis, y no ahora que, según lo adelantado por el Gobierno de la derecha, quedará en el 8% en este 2011.
Lara descalificó que se congele durante un año la aplicación de la Ley de Dependencia y sugirió que se podrían haber recortado otras partidas, como la destinada a la Iglesia, de la que dijo que es la institución que más subvenciones recibe del Estado.
A preguntas de los periodistas, aseguró que no criticaría la reducción de las subvenciones a las formaciones políticas y a los agentes sociales siempre que se haga “de manera proporcionada y proporcional”. Recordó, no obstante, en relación a lo ocurrido con algunas formaciones políticas que “hay quienes han tenido muchas excepciones bancarias y hasta financiación irregular”, algo que no ha le ha pasado a IU.
Fuente: izquierda-unida.es

Rajoy cambia la ley para evitar que muchas cajas pasen a ser fundaciones

Las entidades podrán seguir siendo cajas aunque controlen menos del 50% de su banco. -Dejarán de serlo si pierden el control. -La medida beneficia a Caja Madrid, Bancaja, CAN o Cajasol


El Gobierno de Mariano Rajoy ha dado el primer paso normativo en la reforma financiera que piensa acometer a lo largo de este primer semestre. Una disposición publicada hoy en el Boletín Oficial del Estado (BOE) evita que las cajas de ahorros que pasen a controlar menos del 50% del capital del banco a través del cual ejercen su actividad financiera pasen a ser fundaciones. Las siete cajas de ahorros lideradas por Caja Madrid y Bancaja estaban ligeramente por encima de ese umbral en el capital de Bankia, al igual que las entidades agrupadas en Banca Cívica, con Cajasol y la CAN a la cabeza.
Ante las necesidades de recapitalizarse (en especial si acometen nuevos saneamientos por los activos inmobiliarios tóxicos), dichas entidades se encontraban sin margen de maniobra para poder ampliar capital o emitir bonos convertibles sin caer por debajo del 50%. Las entidades, por tanto, corrían el peligro de verse convertidas en fundaciones, lo que aumentaría el control político de las mismas por parte de las comunidades autónomas. Como publicó este diario, el Gobierno estaba estudiando desde sus primeros días la toma de esta decisión de gran calado, impulsada por el Ministerio de Economía, a cuyo frente está Luis de Guindos, que antes de ser nombrado ministro era consejero de uno de los bancos controlados por cajas. Todas las cajas han creado bancos a los que han traspasado el negocio financiero. Si bajan del 50% de participación, dejan de ser llamarse "caja" y se convierten en fundaciones cuya única labor es gestionar la obra social.
Lo que hace la nueva norma publicada hoy en el Boletín Oficial del Estado es modificar el apartado 3 del artículo 5 del Real Decreto-ley 11/2010, de 9 de julio, de órganos de gobierno y otros aspectos del régimen jurídico de las Cajas de Ahorros, que pasa a tener el siguiente contenido: "Si una Caja de Ahorros dejase de ostentar el control, en los términos del artículo 42 del Código de Comercio, de la entidad de crédito a la que se refiere la presente disposición, deberá renunciar a la autorización para actuar como entidad de crédito según lo previsto en la Ley de Ordenación Bancaria de 1946 y proceder a su transformación en fundación especial (...)".
Se sustituye, pues, la exigencia de tener más del 50% del capital por la de ostentar el control en los términos del artículo 42 del Código de Comercio. Esa definición de control es mucho más general y permite que se considere que hay control incluso en casos en los que no se tenga más del 50% del capital.
Fuente: elpais.com


Especial fin de año en La TuerKa 



viernes, 30 de diciembre de 2011

Alberto Garzón: "He hecho mi análisis de las medidas del PP".

Análisis provisional del decreto del PP


El PP ya ha avanzado las principales medidas que incorpora el decreto que presentará mañana. La valoración final no podremos hacerla hasta que leamos con detalle el contenido íntegro de las medidas, una vez podamos desglosarlas y analizarlas con rigor. En cualquier caso, la impresión que tengo es que se trata de una estrategia política del PP de cara a las elecciones andaluzas. Estamos, de hecho, ante un programa de medidas que incluye una reforma fiscal mucho más progresiva que la que el PSOE estuvo siquiera pensando hacer cuando gobernaba. El PSOE no se atrevió, aún siendo perfectamente posible, y ahora está pagando las consecuencias en términos políticos. El PP se ha aprovechado de ello y ha mostrado su careta socialdemócrata para golpear al PSOE al menos hasta que pasen las elecciones andaluzas (en marzo), momento en el que muy probablemente la careta deje paso a la cara más neoliberal. Podemos decir que el PP ha sabido leer muy bien la jugada.
Durante los últimos años PP y PSOE han mantenido que el peso duro del ajuste tenía que recaer en la parte de los gastos. Se proponía que el déficit se redujera tocando los gastos y no los ingresos. Y en la medida que se tocaron los ingresos lo que se hizo fue subir los impuestos más regresivos, como el IVA, que pagamos todos por igual y sin tener en cuenta la renta que cada uno recibe. Pero por norma general lo que se apostaba era por reducir el gasto público reduciendo obras públicas, congelando sueldos, etc. Las medidas aprobadas ahora por el PP ponen de relieve, en primer lugar, que todo era una patraña para no tocar a los más ricos. Que, como decíamos los economistas de izquierdas, era posible técnicamente tocar los impuestos a los que más tienen.
Ahora bien, el PP ha tocado también los gastos con un recorte brutal. La tasa de reposición 0 es un ataque a los servicios públicos, si bien en principio no afectará a los llamados servicios básicos (que habrá que ver cómo se definen y cómo quedan en cualquier caso). La congelación del sueldo de los funcionarios es un golpe más a los empleados públicos, que perderán poder adquisitivo. La congelación también del salario mínimo interprofesional (SMI) es un intento de contribuir a la moderación salarial que propugna el gobierno, ya que ese indicador sirve de referencia para establecer el nivel de prestaciones sociales e incluso de determinados salarios. Es decir, se tocan elementos claves (salarios funcionarios y SMI) que sirven para que el sector privado pueda bajar salarios. El efecto económico de eso es una caída brutal de la demanda y un avance seguro hacia la recesión económica. Eso sólo alargará la crisis, y permitirá que los beneficios empresariales sean mayores durante un tiempo. Sin embargo, los beneficios no se reinvertirán porque la población estará empobreciéndose y liberándose de las deudas. Probablemente y si no hay modificaciones del sistema financiero internacional, todo ese dinero se marche a la especulación en los mercados internacionales. En definitiva, un recorrido seguro hacia la II Gran Depresión.
La eliminación de la renta básica de emancipación es una medida regresiva porque se beneficiaban de ella los más jóvenes y con más necesidades. Aunque no era la solución al problema de la vivienda, quitarla sólo puede empeorar la situación de los más desfavorecidos. Paralelamente se mantiene el IVA superreducido a la vivienda y se recuperan las desgravaciones por compra de vivienda, todo lo cual está destinado a fortalecer el mercado de compra y venta de viviendas. Es una ayuda encubierta a los bancos, que están deseosos de limpiar de sus balances el gran número de viviendas que tienen sin vender. Es todo ello una declaración política: no al alquiler y sí a la compra de vivienda.
La supresión de subvenciones a partidos políticos y sindicatos es acabar con conquistas sociales conseguidas en mucho tiempo. Los partidos políticos más pequeños se financian sobre todo con esas subvenciones, mientras que los mayoritarios tienen otras fuentes de financiación distintas. Reducir ese dinero que llega a los partidos reduce la capacidad que tienen éstos de enfrentar el dominio de los más grandes. Esperemos que, por lo menos, aprueben también normas de transparencia en la financiación de los partidos políticos y que se pueda saber al 100% y con claridad qué tipo de donaciones reciben todos los partidos.
Y la parte fuerte es la reforma fiscal. Sorprendentemente (aunque no tanto si pensamos en clave política) es muy progresiva. Se suben los impuestos, pero en vez de subir los más regresivos y perjudiciales para los más pobres (como hizo el PSOE) se suben los directos. Y además se suben de forma progresiva, es decir, pagarán más aquellos que más tienen. Por si fuera poco, la distancia entre lo que pagan las rentas del trabajo y las rentas del capital se reduce, ya que estas rentas han visto su presión fiscal incrementada en mayor medida. Aunque a mi juicio se quedan cortos, pues las rentas del capital deberían pagar exactamente lo mismo que las rentas del trabajo, es un paso adelante. Algo que, insisto, el PSOE jamás se atrevió a hacer.
Sin embargo es obvio que esto responde a una estrategia política y que tendrá su segunda parte pasado marzo (las elecciones andaluzas). Además, hay que tener muy en cuenta todo lo que no se ha dicho. Nada del fraude fiscal ni nada de mecanismos para luchar contra los paraísos fiscales. Nada de subir los impuestos a los fondos de inversión, como las SICAV, y desde luego nada acerca de qué se hará con ese dinero. Sabemos que aunque en teoría el sistema impositivo español es progresivo (y tras esta reforma un poquito más), luego existen mecanismos que impiden que los más ricos contribuyan como tienen que hacerlo. Eso convierte al sistema en regresivo de facto. Y sin resolver esos problemas subyacentes el efecto de toda reforma fiscal es muy limitado. Es decir, si el PP quería de verdad hacer una reforma fiscal en condiciones tendría que haber aumentado los recursos destinados a los inspectores de Hacienda y haber habilitado los mecanismos para luchar contra el fraude fiscal (que en un 75% lo realizan grandes empresas y grandes fortunas).
Desde luego saber para qué se obtienen esos ingresos es muy importante. No es lo mismo que esos ingresos se destinen a un plan de estímulo que genere empleo público y reactive la economía, y que es lo que necesitamos, a que ese dinero que obtenemos se vaya a los bolsillos de los agentes privados que tienen los títulos de deuda pública. En este punto el PP no ha dicho nada, de modo que tenemos que entender (y sería lo lógico desde sus coordenadas ideológicas) que servirá para pagar la deuda pendiente y para sostener las finanzas públicas mientras se sigue recortando (que es un grave error económico). Así, esta reforma fiscal es en realidad manifiestamente insuficiente y sobre todo manifiestamente inútil para salir de la crisis.

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Paquete de medidas del PP

El paquete de medidas del PP incluye:

* Una subida temporal del IRPF que será progresiva: de un 0,75% para el primer nivel de renta, hasta alcanzar un 7% para la base liquidable de 300.000 euros.
* Una subida temporal del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) para los dos próximos años que afectará a las viviendas que se sitúen por encima del valor medio.
* Ha extendido a todo 2012 el IVA 'superreducido' del 4% para la compra de vivienda nueva y ha recuperado la deducción para la vivienda en propiedad con efecto retroactivo desde 2010.
* En Impuestos Especiales, ha eliminado prácticamente la bonificación al gasóleo profesional.
* Más horas de trabajo para los funcionarios: Los funcionarios, por su parte, verán congelado su salario, mientras que se amplía su jornada laboral a 37,5 horas semanales.
* En la administración del Estado, se va a reducir un 18% su estructura, que supondrá un primer recorte de gasto de 8.900 millones de euros mediante un acuerdo de no disponibilidad de crédito que limitará el presupuesto de los diferentes ministerios durante el primer trimestre del año, a la espera de que se elaboren los Presupuestos Generales del Estado.
* Menos subvenciones a partidos, sindicatos y patronal: Igualmente, se reducirá un 20% la subvención con cargo a los Presupuestos de los partidos políticos. Idéntica cantidad de reducción la sufrirán los sindicatos y las organizaciones empresariales.
* Dependientes y renta de emancipación: El Gobierno también ha decidido no incorporar más beneficiarios a la renta de emancipación, se establece una moratoria de un año para la incorporación de nuevas categorías de personas dependientes.
* Se congela el salario mínimo interprofesional.
* Se congela la tarifa eléctrica para el próximo año.
* Se suprime el canon digital y se instaurara otro sistema de compensación.
* Se aprueba la Ley Sinde.
* Sáenz de Santamaría también ha anunciado que el cementerio nuclear se instalará en Villar de Cañas (Cuenca).
* Las pensiones subiran un 1% y se prorroga la ayuda de 400 euros para parados.

El Gobierno congelará el salario de los funcionarios en 2012.


El Gobierno ha confirmado a los sindicatos algo que era de esperar y es que congelará el sueldo a los funcionarios para el próximo año. No obstante, el Ejecutivo no ha precisado si en marzo, cuando se presenten los presupuestos, se incluirá un nuevo recorte de los sueldos a los empleados públicos.
Con esta ya serían cuatro las congelaciones aprobadas desde el comienzo de la democracia. La primera de ellas fue puesta en marcha por Felipe González en 1994. La razón alegada fue la necesidad de controlar el déficit público en época de crisis, algo que recuerda bastante a la situación vivida hoy en día.
La segunda corrió a cargo de José María Aznar tras ganar las elecciones en 1996. En esta ocasión el argumento esgrimido era la elaboración de unos presupuestos austeros. Y la tercera tuvo lugar un año después de que Zapatero recortara el salario al sector público un 5%, la primera medida de este tipo en democracia.
Esta mañana todos permanecen atentos a las nuevas medidas que apruebe el Consejo de Ministros en materia económica. Los recortes serán los grandes protagonistas para conseguir así ahorrar los 16.500 millones anunciados por Mariano Rajoy en el debate de investidura.
Dentro de las medidas previstas se encuentran la tasa de reposición cero que sigue siendo la norma del nuevo Ejecutivo, algo que reiteró a los representantes de los trabajadores. Tan solo las Fuerzas de Seguridad del Estado y los servicios básicos se verán excluidos de esta medida al ver aumentada su dotación en un 10%.
Fuente: cincodias.com

jueves, 29 de diciembre de 2011

Chesús Yuste informa sobre las Comisiones Parlamentarias.

Leer en orden inverso.
Sobre Garoña
Casualidades del calendario. La empresa nacional de residuos radiactivos, Enresa, ha entregado al Ministerio de Industria el plan de desmantelamiento de Garoña. Lo hizo a finales de la semana pasada, con José Manuel Soria ya como ministro y justo cuando el PP explora las fórmulas que debería seguir para mantener la nuclear abierta más allá de 2013. En primer lugar, según fuentes del sector próximas al PP, debería derogar parte de la orden ministerial de cierre de Garoña y preguntar al Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) qué requisitos debería cumplir para continuar abierta.
En esa línea se ha manifestado hoy el ministro de Industria en Onda Cero. En esta cadena ha declarado que no es partidario de "infrautilizar ningún tipo de energía que ahora mismo se esté utilizando", aunque ha añadido que sobre Garoña "no hay una decisión al respecto". En su opinión, cerrar nucleares "supone una infrautilización de un tipo de energía que ya está amortizada, en cuanto a la instalación, lo que, por lo tanto, debería revisarse".
Pocas comarcas se jugaban más en las elecciones del pasado 20-N que la de la nuclear de Garoña (propiedad al 50% de Endesa e Iberdrola a través de Nuclenor). En octubre de 2009, en una visita a la planta burgalesa, Mariano Rajoy declaró: “Con el PP en el Gobierno, Garoña no se va a cerrar”.
El Ejecutivo socialista acababa de decidir dar a la planta cuatro años más de vida, frente a los 10 que querían las eléctricas. Con su decisión, Zapatero no contentó a nadie, ya que dejó al PP la llave del futuro de la central y también enojó a los pronucleares. Garoña se conectó a la red en 1971 y está a punto de cumplir 42 años, dos por encima del periodo para el que fue inicialmente diseñada.
Desde aquellas declaraciones de Rajoy, el PP no ha vuelto a realizar pronunciamientos públicos tan contundentes. En medio ha habido el peor accidente nuclear en 25 años, el de Fukushima, cuyo primer reactor es idéntico al de Garoña. En campaña, Miguel Arias Cañete declaró que el cierre de la nuclear era “revisable” y "reversible". Aunque el programa electoral no menciona Garoña, sí habla de gestionar “los permisos de emplazamientos nucleares” en función de lo que diga el Consejo de Seguridad Nuclear.
El Consejo aceptó que Garoña funcionase 10 años más, hasta 2019, bajo ciertos requisitos, pero después los relajó cuando Industria preguntó qué mejoras requeriría Garoña para operar durante solo cuatro años más.
“Es una situación complicada desde el punto de vista jurídico y administrativo, no técnico”, explica una fuente del sector muy próxima al PP. No se puede simplemente derogar la orden ministerial de cierre. De hecho, las eléctricas y los populares saben que de los cinco puntos referidos a Garoña en el texto deberían derogar inmediatamente dos de ellos. El primero, que fija la fecha de cierre para el 6 de julio de 2013, y el quinto, que establece que Garoña “no podrá realizar modificaciones y propuestas de actuación que impidan o dificulten el cese definitivo de la explotación”.
Así, hasta que Garoña obtenga una nueva licencia, el resto de la orden seguiría en vigor, porque no se puede dejar a la planta sin permiso. Garoña continuaría de momento con licencia aunque solo hasta 2013, ya que el trámite para ampliar su vida útil lleva años.
A continuación, el ministerio debe preguntar al CSN qué requisitos debe cumplir Garoña para funcionar hasta 2019. Si las eléctricas quisieran pedir 10 años más, todo el plazo se complicaría muchísimo. Como no hay precedentes, el CSN es probable que recurriera a todo el trabajo realizado hasta 2009. Entonces decidió que para funcionar más allá de los 40 años, la nuclear debía renovar todo el sistema de cables y aislar la sala de control del edificio de la contención. Finalmente aparcó esas exigencias porque solo iba a funcionar cuatro años más.
Ahora, el sector ve lógico que el CSN vuelva a autorizar la prórroga, aunque con la condición de que se realicen las dos obras pendientes. Además, Garoña debería implantar las medidas derivadas de laspruebas de resistencia pos-Fukushima, entre ellas la construcción de un nuevo edificio aislado que sirva como refugio de los trabajadores en caso de accidente.
Hasta ahora, Endesa e Iberdola no han escatimado en inversiones en la nuclear, puesta a menudo como ejemplo por el equipo del CSN. Entre 1999 y 2009, para su primera gran prórroga, se invirtieron 169 millones de euros, según la planta. Eso es poco comparado con lo que se tendría que invertir ahora.
Como Garoña tiene solo 466 megavatios (por unos 1.000 megavatios del resto de reactores) y al ser una prórroga de seis años -de funcionamiento menos, porque algunas de las obras solo se pueden hacer con la nuclear parada-, la rentabilidad puede llegar a ser dudosa. Y más si, como señala el programa electoral del PP, “la prolongación de la operación” de las nucleares debe “redundar en un menor coste de la energía para los consumidores”, lo que apunta a una bajada de la retribución de la electricidad producida en Garoña.
Sin embargo, fuentes del sector explican: “En Garoña hay mucho más en juego que el interés económico”. El sector nuclear considera que si en el peor momento para la industria desde Chernóbil se logra prolongar más allá de los 40 años una planta idéntica a Fukushima, el resto de centrales no tendrá problemas en alargar la vida. Además, mientras Alemania, Italia, Bélgica y Suiza han dado pasos atrás en sus programas atómicos –incluso en Francia ha comenzado el debate-, España sería un ejemplo de resistencia.
El debate ya no es sobre si es necesaria Garoña, ya que en España hay potencia eléctrica instalada de sobra y la red podría prescindir de Garoña sin problema.
Una solución de compromiso sería que el Gobierno del PP autorizase la renovación pero que en la negociación con las eléctricas pactase que estas renuncian por ser las obras demasiado costosas. Pero por el momento no ha habido signos de que las eléctricas estén dispuestas a entregar Garoña.
El popular Javier Maroto, alcalde de Vitoria, se ha mostrado en twitter en contra de una prórroga: "La permanencia de Garoña me parece un error y va en contra del criterio de una mayoría de vitorianos, que yo defiendo". Aunque en Castilla y León hay un gran apoyo político a la continuidad de la nuclear, en el País Vasco todo son críticas. La central está justo en la frontera con Álava.
En EEUU hay centrales nucleares similares a Garoña con permiso para funcionar hasta los 60 años. Aunque también hay nucleares idénticas que han levantado polémica. Una de ellas, la de Oyster Creek, anunció hace un año que adelantaba su cierre a 2019 por las denuncias de que calentaba demasiado la bahía de Barnegat, en la costa atlántica de New Jersey. Oyster Creek tenía permiso para funcionar hasta 2029. A cambio de cerrar antes, la eléctrica dueña, Exelon, quedó eximida de construir torres de refrigeración.
Greenpeace ha denunciado que Garoña calienta en exceso un embalse del Ebro e incluso llegó a medir en el agua temperaturas por encima de los 30 grados. La nuclear carece de torre de refrigeración, un problema que antes tuvieron Zorita o Ascó y que solucionaron con inversiones. Sin embargo, Medio Ambiente concluyó que no había ningún incumplimiento de la autorización de vertido.
Fuente: elpais.com


miércoles, 28 de diciembre de 2011

LA GRAN INOCENTADA. El Gobierno congelará el salario mínimo interprofesional en 2012

El Gobierno ha comunicado a los sindicatos que tiene intención de congelar el salario mínimo interprofesional (SMI) para 2012 en los actuales 641,40 euros mensuales, según fuentes sindicales. Es la primera vez desde 1980 que se congela el salario mínimo.
Fuente: cadenaser.com



IU considera "casi una declaración de guerra" económica la decisión del Gobierno de congelar el SMI

El portavoz parlamentario de IU en Congreso, José Luis Centella, ha calificado hoy de “casi una declaración de guerra” del Gobierno en sentido económico la decisión adoptada por el Ejecutivo de Mariano Rajoy y remitida a los agentes sociales de congelar en 2012 el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) en 641,4 euros al mes.

Durante la rueda de prensa celebrada en el Congreso tras la reunión de la Junta de Portavoces, junto al diputado de ICV-EUiA, Joan Coscubiela, Centella tachó de “aberración” esta decisión y adelantó que si el Gobierno consuma esta congelación en el Consejo de Ministros previsto para el próximo viernes, tendrá a los 11 diputados de su grupo parlamentario “radicalmente en contra”.

Para el parlamentario de IU, en estos momentos la verdadera necesidad de los trabajadores que soportan desde hace tiempo la gravedad de la crisis es la contraria, es decir, “una adecuada elevación del SMI”, así como la adopción de distintas medidas para mantener la protección a los desempleados. En este sentido, explicó que desde el Grupo parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA está lista una iniciativa parlamentaria para instar al Gobierno a prorrogar las ayudas de 400 euros a los parados que han agotado todas sus prestaciones, medida tomada la pasada legislatura y que tiene fecha de caducidad para el próximo mes de febrero.

Coscubiela, por su parte, detalló que el SMI ha perdido 5,5 puntos de poder adquisitivo en los últimos años y que está por debajo de la media de los países de la zona euro, salvo Portugal.

De la misma forma, instó a Mariano Rajoy a que, si tiene tanto interés en cumplir los compromisos internacionales, empiece por hacerlo con la Carta Social Europea, que establece que el SMI debe ser un 60 por ciento del salario medio en cada Estado. Si en España se cumpliera este compromiso, el salario mínimo debería situarse en 1.026 euros.
Fuente: izquierda-unida.es

Otras Inocentadas Económicas. La Banca sigue socializando pérdidas y privatizando ganancias.

PRESUPUESTO DE LA CASA REAL

El portavoz parlamentario de IU en el Congreso ha mostrado su satisfacción por el hecho de que la Casa Real haya decidido hacer públicas sus cuentas a partir de hoy, tras más de tres décadas de gran opacidad, aunque señaló que “quizá es algo que también haya que agradecer a Urdangarin”, en referencia al yerno del Rey, Iñaki Urdangarin, cuyas actividades económicas en distintas empresas y fundaciones están siendo investigadas por un cúmulo de presuntos delitos.
Leer más: izquierda-unida.es
Vídeo Rescatado (10/11/2011) 
Entrevista a Gaspar Llamazares (Caso Urdangarín, recortes,...)
 


VARIOS ARTÍCULOS SOBRE ECONOMÍA RECOMENDADOS POR ALBERTO GARZÓN





Los casi 490.000 millones de euros que recibieron los bancos del euro el miércoles en la mayor subasta de la historia por parte del emisor europeo, están volviendo en pequeñas dosis a las arcas de donde salieron. Los bancos depositaron el martes en el BCE 452.000 millones de euros, cifra que pulveriza el récord alcanzado el día anterior, 411.813 millones de euros, que ya superaba las cantidades depositadas desde la entrada del euro. Esta escalada, representa la desconfianza existente entre las entidades.
La facilidad de depósito del BCE remunera el dinero depositado diariamente por los bancos de la eurozona al 0,25%, una rentabilidad que se sitúa muy por debajo del 1% del precio oficial del dinero, lo que constata la escasa predisposición de los bancos a prestarse entre ellos al optar por la mayor seguridad del banco central en vez de buscar mayores rendimientos.
El importe que las entidades europeas tienen en la denominada facilidad de depósito -la hucha en la que los bancos ponen a resguardo el dinero- se situaba a cierre del jueves en los 346.994 millones de euros, un 30,9% más que el miércoles. Fueron 82.000 millones de euros adicionales que representan el 16,7% del importe total solicitado en la subasta a tres años. La cifra del lunes, supone una variación del 18.000 millones más sobre la cifra anterior y apenas un 3% sobre el total solicitado en la subasta.
Por otro lado, los datos de la entidad presidida por Mario Draghi muestran que los bancos de la zona euro retiraron este martes 6.225 millones a través de la ventanilla de urgencia del BCE, que grava estos préstamos con un interés del 1,75%, lo que supone un ligero incremento del 1,5% respecto a la cifra del lunes.
El pasado 21 de diciembre, el BCE adjudicó la cifra récord de 489.190,75 millones de euros a tipo fijo en la primera subasta de liquidez con vencimiento a tres años celebrada por la institución, que contó con la participación de 523 entidades.
Fuente: cincodias.com




David Harvey es uno de los geógrafos académicos más citados, así como también un referente indiscutido a la hora de desentrañar la naturaleza cambiante que subyace a las crisis del sistema capitalista y el modo en que ellas despliegan sus alas para moverse geográficamente. En una entrevista con Debate, Harvey explicó el origen de la crisis financiera actual, sus consecuencias, los distintos modos de afrontarla, y los beneficios ocultos de la misma para sectores minoritarios del poder global. Asimismo, Harvey advierte sobre la posibilidad de haber previsto el devenir de los acontecimientos y reivindica la necesidad de buscar alternativas al sistema capitalista tal cual opera hoy. Para ello, propone “mudarnos a una economía de crecimiento cero”, y echar mano a la imaginación humana para lograr el “desarrollo de las capacidades y los poderes humanos”, cuestiones estas últimas “ignoradas por la dinámica del capital”.

¿Cuáles son los rasgos centrales de la crisis financiera mundial?
En toda crisis, lo interesante es observar el modo en que ella se mueve. Cuando parece que un problema se resuelve, otro surge enseguida. Por ejemplo, pareciera que se ha resuelto el problema de los bancos, pero entonces apareció la crisis fiscal. Al mismo tiempo, la crisis se mueve de otro modo. Las tendencias a las crisis circulan también geográficamente. Esta es la naturaleza de las crisis. La crisis previa a la actual se resolvió de diversas formas. Una de las soluciones que se desarrolló, durante los años noventa en particular, tuvo que ver con localizar la procedencia de la demanda. Así fue que se comenzaron a impulsar préstamos y se alentó a la gente para que pidiera tarjetas de crédito. De este modo, los préstamos financieros comenzaron a utilizarse para hacer frente a los problemas que se derivaban del hecho de que la gente no ganaba lo suficiente y, por consiguiente, no había poder de consumo. Ahora, nos encontramos con el problema del consumo masivo, pero también con el problema de la deuda.

¿Es factible identificar el comienzo de la crisis?
En este caso puntual, el origen de la crisis se localizó en los mercados de vivienda, sobre todo en algunos lugares de los Estados Unidos, como California, Arizona, Nevada, Florida y Georgia; los centros principales de la crisis. Esta última se manifestó también en España, Portugal, Irlanda; lo que evidenciaba que la crisis contenía una dimensión urbana. Por ello, se debería considerar a las relaciones existentes entre la urbanización, la formación de la crisis y la resolución de la crisis. En lineras generales, la crisis se trasladó al mundo a través de actividades financieras. China salió rápidamente de la crisis, lo mismo India. Es claro que una parte del mundo está creciendo rápidamente mientras que Europa, Estados Unidos y Japón están bloqueados. La cuestión geográfica es muy complicada; hoy el mundo está dividido entre quienes orientan sus relaciones hacia China, que está creciendo a pasos rápidos, y quienes lo hacen mirando a Estados Unidos y Europa, que están completamente estancados.

¿Hubiera sido posible anticiparla?
Sí, fácilmente. Podría haber sido prevista por quienes miran el funcionamiento de la economía. En Estados Unidos, por ejemplo, estaba claro que algo andaba muy mal al final de los noventa: quebraron Enron y WoldCom, y creo que cualquier persona que estuviera algo atenta podía notar que algo estaba yendo mal, pero fue disimulado y tapado con este boom en el mercado de la vivienda. En 2003, uno podía encontrar gente que decía que esto no podía ser cierto, que no podía durar, gente proveniente de las corrientes principales del poder y con influencia. Pero nadie escuchó.

Porque no era conveniente…
Exactamente, no convenía escuchar. Algunos estaban percibiendo mucho dinero a raíz de lo que estaba sucediendo.

¿Está ocurriendo lo mismo hoy?
Sí. Hubo un increíble aumento en el número de multimillonarios en el mundo en los últimos tres años. La crisis es un buen momento para concentrar grandes riquezas. Por ejemplo, en la Argentina de diciembre de 2001, quienes tenían su dinero en dólares eran muy ricos. Tres meses después, ese pequeño sector que tenía todo su dinero en dólares en alguna cuenta en Miami, se volvió extremadamente rico. Esa gente tenía información, puso su dinero en Miami y salió muy favorecida. En India, un país muy pobre, tres años atrás el número de millonarios era algo así como de 35, en este momento es de 69.

¿Cree que el surgimiento de cada nueva crisis tiene consecuencias más alarmantes que su predecesora?
Sin duda. El capital permite mantener activa la crisis y transformar su naturaleza. Entre otras cosas, en este momento se está tratando de volver la crisis a una cuestión laboral. Por eso, ahora también se vivencia en Europa y Estados Unidos un gran conflicto con el empleo, sobre todo en el sector sindical y el poder del trabajo en el sector público. En los setenta, esto ocurría en el sector privado, pero ahora están tratando de salir atacando nuevamente al trabajo, implementando lo que el Fondo Monetario Internacional (FMI) hizo a todos los países en el mundo, esto es, diciendo que los sacarán de sus problemas de deuda siempre y cuando reduzcan la calidad de vida de sus trabajadores. Esto le ocurrió a México y a la Argentina, entre otros países. Por eso, la complicación en todo esto tiene que ver con que las crisis están acostumbradas a moverse geográficamente.

¿Puede ampliar la idea respecto de la naturaleza cambiante de la crisis?
El capital puede atravesar dificultades de diferente índole. Por ejemplo, dificultades relacionadas con la escasez y el suministro de recursos. Por otro lado, aparecen problemas en torno al empleo, que pueden surgir por la escasez de mano de obra. Se presentan también dificultades con la organización misma del capital. Luego, hay cuestiones relacionadas con la demanda final, y surgen dificultades que tienen que ver con si hay o no mercados a los cuales vender y dónde están. Y luego hay una cantidad de cuestiones geopolíticas que entran también a jugar, como la rivalidad entre Estados Unidos y China, o entre Estados Unidos y Japón. Existe un gran abanico de bloqueos posibles y en un momento dado, por lo general, uno de ellos se vuelve dominante. Por ejemplo, en la década del setenta, el mundo del capital el trabajo era muy poderoso. La crisis de finales de los años sesenta y comienzos de los setenta fue de trabajo. Más tarde, en la década de 1980 y 1990, el problema era el mercado y su localización. Ahora, el problema es a quién vender.

¿Qué opina de las políticas de estímulo?
En Estados Unidos nunca fueron suficientes, y en Europa tampoco. En cambio, en China sí funcionaron, y logró reimpulsar su economía.

¿Qué tipo de medidas deberían tomarse?
Si uno observa lo que está haciendo China, ve que al menos intenta mantenerse a salvo. Tiene mejores condiciones que otros países, fundamentalmente porque posee grandes reservas de divisas, un gran superávit; a diferencia de Estados Unidos, que tiene un gran déficit. Al mismo tiempo, es cierto que China se está topando con otro problema, que se registra también en América Latina. Si se toma una vía expansionista, se suele generar inflación, por lo que la inflación se convierte en el problema. La inflación es una ruta muy interesante; la gente le teme pero, en realidad, representa una de las formas para deshacerse de la deuda.

¿Cómo es eso?
Una de las formas de deshacerse de la deuda es “inflarla”, pero nadie quiere ser lo suficientemente honesto y decir que eso es lo que se podría hacer. Hay un problema de inflación unido a lo que está haciendo China, grave, pero que sería un mejor camino a tomar si el capitalismo quiere sobrevivir como sistema.

Y la ampliación de la expectativa de vida complica la situación…
Claro, los cambios demográficos, el envejecimiento de las poblaciones, etcétera, ejercen una presión enorme sobre los servicios médicos, las pensiones, existen algunos problemas reales allí. Pero se nos dice que ya no lo pueden afrontar. Por supuesto que lo pueden afrontar, si se está preparado a cobrar impuestos a las clases altas.

¿Qué efectos cree que pueda tener la crisis sobre América Latina?
Depende de dos cuestiones. Por un lado, de la orientación externa que un país determinado le dé a su economía. En función de cómo y hacia dónde reoriente su economía va depender de lo que sucede en esa parte del mundo, sea China, Estados Unidos o Europa. Por el otro, depende también de su política interna, esto es, en qué medida se escuchan las ideas del FMI o las ideas sobre austeridad y la necesidad de aplicarlas. En general, América Latina es una región con una fuerte oposición a las políticas neoliberales del FMI y tiende a ser expansionista de varias maneras.

Entre las diversas formas de encarar la crisis, ¿cree que existe una suerte de manejo cultural de la crisis?
No creo que se pueda argumentar a través de simples explicaciones culturales. Sí creo que existen preferencias culturales respaldadas por fuerzas económicas y que están muy involucradas en ello. Sin ir más lejos, los argentinos están acostumbrados a la crisis; tuvieron una crisis inflacionaria, una crisis de desempleo. En Estados Unidos, en cambio, la gente no está preparada. En este momento, la gente está muy enojada y no sabe cómo manejar su realidad. La primera respuesta que aparece es: “esto no nos debería suceder a nosotros; esta es la clase de cosas que le suceden a la Argentina, Brasil o México, pero no a nosotros”. Creo que la suposición acá, en la Argentina, es que se pueden tener años buenos, pero casi seguro que habrá algún otro “ya hemos pasado por esto”.

¿Estas crisis son inherentes al capitalismo?
El capitalismo fue siempre propenso a las crisis y, de hecho, las crisis son necesarias en la historia del capitalismo como una forma de reorganizar el sistema para que pueda sobrevivir.

En este sentido, ¿qué diría acerca de las alternativas al capitalismo?
Habría que entender primero la necesidad de encontrar una alternativa. El capitalismo empezó siendo muy creativo y constructor. Podemos decir que lo queremos cambiar por las grandes desigualdades que provoca. Sin embargo, existieron períodos en la historia del capitalismo en los cuales la sociedad se volvió mucho más igualitaria. Así que no hay razón para pensar que el capitalismo no pueda ser más igualitario. De hecho, a nivel mundial lo es cada vez más.

¿Entonces?
Entonces, ¿por qué queremos cambiar eso? ¿Por qué no proponer, simplemente, reformarlo? A este respecto, mi respuesta es que el capitalismo se trata de crecimiento, y siempre fue sobre crecimiento. Por lo tanto, cuando el crecimiento es bajo cero -y en este momento está cercano a cero en Europa y Estados Unidos-, la gente define la situación como crisis del sistema, porque no está creciendo como se supone que debe suceder con el capitalismo. La posibilidad de crecimiento real es cada vez más difícil de mantener y una de las consecuencias de ello es que se empiezan a crear estos mercados ficticios, con inversiones en renta, y con una creciente especulación. Empezamos a crear un mundo ficticio donde no hay crecimiento real en absoluto.

Y ahí aparece otro problema, el de la especulación…
Se especula con la propiedad; se les da dinero a los capitalistas, pero, ¿lo destinan a producir o compran tierras con ese dinero? Si se observa lo que estuvo ocurriendo en América Latina y África, muchos de los capitalistas están comprando tierras. Entonces, ¿qué está pasando con la crisis de la tierra? Ahora, ¿eso es productivo? Las cosas están yendo muy mal desde todas estas perspectivas. Por eso, quisiera tratar de diseñar una razón por la que tenemos que pensar en mudarnos a una economía de crecimiento cero. Y si se habla de una economía de crecimiento cero, eso significa que se trata de una economía no capitalista; no es posible tener capitalismo con un crecimiento cero, porque el capitalismo es crecimiento, y debe incrementarse para sobrevivir. Entonces, si no aumenta, hay crisis.

¿Y cuál podría ser esa alternativa?
Hay que notar la gran diferencia entre crecimiento y desarrollo; distingo y separo ambas cuestiones. Creo que el desarrollo de las capacidades humanas no requiere crecimiento. Siempre se nos dijo que sí, pero no es cierto. Y creo que el proyecto global debe apuntar al desarrollo de las capacidades humanas sin crecimiento económico. Lo que vemos ahora es que en realidad el desarrollo de las capacidades y los poderes humanos -lo que Marx llamó la prosperidad humana-está siendo, en efecto, negado por el capitalismo, aunque parezca increíble. Esta es otra razón de peso para buscar alternativas. La dinámica del capital ignora estas cuestiones, aún cuando produce bienes y materiales ligados a la riqueza que bien podrían contribuir a ello. Y nos llevó a una posición en la que podríamos utilizar esas capacidades que el capital genera para promover y apoyar un proyecto global completamente diferente. Es muy importante tener un poco de imaginación acerca de lo que el mundo podría ser, y el desarrollo humano siempre tuvo que ver con un mundo imaginario.

Pensar sobre lo que no existe.
Exacto. Creo que es elemental pensar sobre aquello que hoy no existe para trabajar en la creación de alternativas. La imaginación humana fue tremendamente significativa en esto. Sin ir más lejos, en la literatura suele aparecer una enorme galería acerca de los anhelos humanos de un mundo diferente. Si hicimos del mundo lo que es, hicimos de Buenos Aires lo que es, entonces podemos rehacerlo. Y rehacerlo en torno a un imaginario diferente, donde las relaciones sociales sean más igualitarias, más ecológicamente sensibles; podemos imaginar la reconstrucción de una ciudad, por ejemplo, como un proyecto político, en función de la creación de un mundo a partir de nuestros fuertes deseos.
Las medidas de austeridad¿Qué piensa de las medidas de austeridad que se están implementando en Estados Unidos y Europa?No creo que sean la salida a la crisis, al contrario, creo que la profundizan aún más. Si la crisis es fundamentalmente un problema derivado de la falta de demanda en el mercado afectado, la austeridad reduce la demanda efectiva, y ahonda la crisis. La dificultad radica en estimular la demanda efectiva sin aumentar la deuda. La austeridad no es una política sensata en estos momentos, a no ser desde la perspectiva excepcional de las clases altas. Es decir… En síntesis, la austeridad es una opción totalmente equivocada. Antes que nada, porque el impacto sobre las clases sociales es muy distinto. Las clases más vulnerables suelen ser las más perjudicadas, como en este caso. Pero más allá de esta última cuestión, lo cierto es que las clases más bajas gastan su dinero; y las clases altas, en cambio, lo utilizan para generar más dinero, y no siempre con fines productivos. A través de estas medidas los costos de la crisis se cargan, no sobre las clases altas, sino sobre quienes consumen servicios del Estado. Ocurre lo que siempre ocurrió, y de aquello sobre lo que se trata el FMI -y ha tratado siempre-, esto es, salvar a las instituciones financieras y destruir la calidad de vida de la gente.

¿Qué piensa de las medidas de austeridad que se están implementando en Estados Unidos y Europa?
No creo que sean la salida a la crisis, al contrario, creo que la profundizan aún más. Si la crisis es fundamentalmente un problema derivado de la falta de demanda en el mercado afectado, la austeridad reduce la demanda efectiva, y ahonda la crisis. La dificultad radica en estimular la demanda efectiva sin aumentar la deuda. La austeridad no es una política sensata en estos momentos, a no ser desde la perspectiva excepcional de las clases altas.

Es decir…
En síntesis, la austeridad es una opción totalmente equivocada. Antes que nada, porque el impacto sobre las clases sociales es muy distinto. Las clases más vulnerables suelen ser las más perjudicadas, como en este caso. Pero más allá de esta última cuestión, lo cierto es que las clases más bajas gastan su dinero; y las clases altas, en cambio, lo utilizan para generar más dinero, y no siempre con fines productivos. A través de estas medidas los costos de la crisis se cargan, no sobre las clases altas, sino sobre quienes consumen servicios del Estado. Ocurre lo que siempre ocurrió, y de aquello sobre lo que se trata el FMI -y ha tratado siempre-, esto es, salvar a las instituciones financieras y destruir la calidad de vida de la gente.
Fuente: rebelion.org







Diagonal: ¿Cómo surgió el movimiento Occupy Wall Street (OWS), y en qué modo está cambiando la realidad estadounidense?
Andrew Ross: Siempre pueden darse sucesos políticos espontáneos, lo que no es fácil es predecir cuándo y dónde van a coger fuerza. Creo que si OWS hubiese surgido un año antes, o incluso seis meses, no habría arrancado de la misma forma. Un factor fue la demora de los EE UU en sumarse a las protestas globales; todos nos preguntábamos si éstas iban a llegar aquí también. Otro factor fue que la indignación popular con el papel que estaba jugando Wall Street en el proceso político estadounidense llegó a una masa crítica. Recuerdo que, justo unas semanas antes de que la ocupación empezara, los periodistas Doug Henwood y Liza Featherstone mandaron una invitación a distinguidas figuras de la izquierda de Nueva York para participar en un simposio titulado “Why fucking Brother?”, el cual pretendía canalizar, o más bien mitigar, la sensación de desesperación que muchos de nosotros compartíamos, pues pensábamos que aquí era imposible que pasara algo, que no sucedería nada. Ni que decir tiene que hubo un giro moral de 180 grados en los últimos meses. Yo mismo llevo treinta años viviendo en los EE UU y nunca hasta ahora había visto nada parecido al ímpetu y la determinación que lleva consigo este movimiento. Esos treinta años pertenecen a Wall Street; los siguientes treinta podrían y tendrían que ser nuestros si el movimiento mantiene su energía y creatividad.
Mi implicación en el movimiento no es ningún caso particular. Empecé como residente (vivo no muy lejos de Zuccoti Park), luego pasé rápidamente a ser un participante (en las primeras manifestaciones y en el grupo de trabajo de Educación y Empoderamiento) y finalmente como organizador (en la campaña Occupy Student Debt). Como a otra tanta gente, a mí me ha resultado muy fácil dejarme arrastrar por el movimiento, que es como tendría que ser.
D.: Mucha gente dice que OWS ha sido un suceso imprevisible. Sin embargo, hay un gran número de luchas anteriores al movimiento; por ejemplo, la huelga de los estudiantes de la Universidad de Nueva York y la del transporte público en dicha ciudad, ambas en 2005. ¿Crees que existe un proceso de sedimentación de prácticas políticas y de subjetividad en la genealogía de OWS, o hay un predominio de nuevos elementos?
A.R.: Son muchos los afluentes que desembocan en el río que es OWS, siendo el movimiento por la justicia global el más importante de ellos. En cuanto a los trabajadores, creo que ha sido significativa la capacidad que han tenido los sindicatos de la ciudad para incluir al movimiento de trabajadores académicos. Y por lo que a los nuevos elementos respecta, la creciente conciencia sobre la deuda ha sido un factor clave. La lucha contra la esclavitud de la deuda ha sido el pan de cada día en los países del sur durante los últimos treinta años y, ahora, las consecuencias de vivir en esa trampa empiezan a afectar a los estados del norte. Como dice el dicho, quien siembra vientos recoge tempestades.
D.: ¿Cuál es la estructura del movimiento en cuanto a etnias y clases, así como edades y generaciones? Y, ¿cómo funcionan la organización y la comunicación?
A.R.: La composición racial en la etapa inicial de la protesta era bastante restringida, formada mayoritariamente por jóvenes blancos con estudios, mucho de los cuales tuvieron sus primeras experiencias en el movimiento por la justicia global, y otros que vivían por primera vez un movimiento político. Luego también había unos cuantos “viajeros”, no necesariamente politizados, que a partir de entonces durmieron en el parque. A día de hoy, sin embargo, la participación en la protesta es mucho más heterogénea; por ejemplo, los sindicatos de trabajadores públicos cada vez se involucran más, hay una variedad de generaciones muy rica, y el grupo de trabajo de People of Color tiene una fuerte presencia. La toma de decisiones por consenso de la Asamblea General es el eje del movimiento, y está empezando a calar en el grueso de la sociedad. Por ejemplo, algunos institutos de la ciudad han sustituido sus métodos de representación estudiantil por el método horizontal de la Asamblea General. Ha demostrado ser una metodología contagiosa. Además, como cada grupo puede formar su propia asamblea general (son muchas las que hay en toda la ciudad Nueva York), es una estructura organizacional que fomenta y genera autonomía. Así pues, la comunicación cara a cara implícita en este modo de toma de decisiones complementa el extendido uso de las redes sociales para difundir la información. En realidad, diría que el equilibrio entre los encuentros cara a cara y el uso de las redes sociales es un elemento clave.
D.: En las luchas transnacionales sobre la deuda, la privatización y la financiarización de los servicios sociales (educación, vivienda, sanidad, movilidad, etc.) es una cuestión primordial. También en Europa se pide el “derecho a bancarrota” para los trabajadores, precarios y pobres. Suena bastante similar a vuestro eslogan “Can’t Pay, Won’t Pay, Don’t Pay”. ¿Podrías explicar la campaña Occupy Student Debt?
A.R.: Desde el principio, la agonía que supone la deuda estudiantil ha sido una cuestión recurrente en OWS y en otras ocupaciones. George Caffentzis, Silvia Federici y yo mismo hemos llevado a cabo debates abiertos en OWS sobre la deuda durante la misma semana a mediados de octubre. Hemos invitado a los participantes a formar un gupo para trabajar en una iniciativa con el objetivo de relacionar la cuestión de la deuda estudiantil con el conjunto de la estructura de la educación superior. La conclusión más relevante fue que los institutos y universidades de EE UU son cada vez más dependientes de la esclavitud de la deuda de la gente a la que supuestamente tienen que ofrecer un servicio. Por ello hemos elaborado una campaña vinculada a nuestros principios políticos (el acto de rechazo, el desafío de una “huelga de deudores”, y la justa cancelación de la deuda) que tiene por objetivo dar a los deudores una oportunidad para actuar colectivamente en vez de padecer el tormento y la humillación de la deuda y de la bancarrota de forma individual. La campaña básicamente pide a los que rechazan la deuda que detengan el pago de los préstamos en el momento en que un millón de personas hayan firmado, y está sujeta a cuatro principios: todas las universidades públicas tendrían que ser gratuitas, los préstamos a estudiantes tendrían que estar libres de tasas, las universidades privadas tendrían que ser transparentes con su financiación, y la actual deuda tendría que ser cancelada. Podéis leer más en http://www.occupystudentdebtcampaign.org
D.: Los políticos e intelectuales socialdemócratas y liberales (por ejemplo, Paul Krugman) dicen que tenéis razón. Su intención, sin embargo, es precisamente reducir la radicalidad del movimiento a demandas concretas, es decir, a la opinión pública. Por el contrario, parece que el movimiento de ocupación representa también el fin de la esperanza de Obama, o, más bien, de la esperanza en Obama. No se piden cambios de gobierno, sino que se actúa para un cambio global. Por lo tanto, la reivindicación contra la deuda es primero de todo una práctica de reapropiación de la riqueza social. Desde este punto de vista podemos afirmar que éste es un movimiento constituyente. ¿Qué piensas sobre ello?
A.R.: Estoy de acuerdo. Nuestra campaña está planteada como una propuesta de acción, no como un conjunto de demandas. En este sentido compartimos el ethos del movimiento de ocupaciones: las demandas no pueden ser debidamente dirigidas al actual sistema político, puesto que éste se encuentra bajo la siniestra influencia de las grandes empresas. Las acciones llevadas a cabo para la reapropiación de la riqueza y del poder no sólo empoderan sino que también son constituyentes –como vosotros apuntáis– de una nueva cultura política. Muchos de los participantes de las ocupaciones darán cuenta de su experiencia de transformación personal; el lenguaje es muchas veces un ejemplo de inocencia radical, la manifestación del nacimiento de una nueva “estructura de sentimiento”, tal y como Raymond Williams una vez lo apuntó. Está claro que la clase política tratará de cooptar algunas de estas cuestiones, y, a diferencia de otros, yo no veo esto como una reacción que tenga que ser rechazada, en el sentido que no puedes establecer una delimitación entre un movimiento y el establishment político que no sea porosa.
D.: Recientemente hemos visto la solidaridad activa de Transit Workers Union 100 con OWS. ¿Cuáles son las relaciones entre las luchas de los trabajadores y los movimientos de ocupación?
A.R.: Los sindicatos de trabajadores públicos, no sólo han apoyado sino que han participado plenamente en algunos momentos. La solidaridad mostrada hacia la contracultura de Zuccotti Park por parte de los obreros que trabajan en el Wold Trade Center ha sido muy importante. Los líderes de los sindicatos, y aún más sus bases, han mostrado un importante respeto hacia el éxito que han tenido las tácticas de OWS para atrapar la atención y generar resultados políticos. Ha habido un grupo de debate y organización del trabajo en OWS, y su relación y alcance a los trabajadores han sido impresionantes.
D.: ¿Cuáles son las relaciones entre OWS y la universidad como espacio de producción y conflicto, así como con los activistas universitarios?
A.R.: La ocupación de universidades apenas está empezando, pero es un nuevo paso que se dará de forma natural. Los desalojos de Zuccotti Park han coincidido con este movimiento hacia las universidades, aquí en Nueva York pero también en California y en todas partes. En Nueva York, como mínimo, ha habido una Asamblea General de estudiantes de toda la ciudad que se encontraba cada semana, así como encuentros regulares de People’s University en la NYU (New York University) y en la New School, o distintas manifestaciones y concentraciones masivas de estudiantes, incluso una huelga de un día. La mayor parte de la atención ha girado recientemente hacia la protesta contra la subida de las tasas de matriculación en la CUNY (City University of New York). La no existencia de tasas –que ayudaron a la CUNY a ser una de las mejores universidades de la clase trabajadora- fue eliminada tras la crisis fiscal de 1976. Este cambio está generalmente considerado como el primer ataque del neoliberalismo contra la educación pública en este país. Razón de más para discutir sobre la CUNY en este momento altamente simbólico si queremos dar un golpe de timón.
Ahora mismo, el movimiento de ocupación de universidades está estableciendo una red por todo el país. Algunos rectores de universidad, sobretodo en la New School, han sido muy complacientes, pero otros han salido maltrechos después de haber recurrido a la policía para que reprimiera la libertad de expresión. Como sucede conel movimiento de ocupaciones en general, cada vez que la policía ha cargado o ha desalojado violentamente a los protestantes pacíficos, ha echado por el suelo el apoyo público a las autoridades y ha incrementado la simpatía por los manifestantes. Más que nada, quizás, esto es ahora mismo una prueba del éxito del movimiento.
Fuente: rebelion.org






Cuando miramos hacia atrás en este período, alguien tendrá que escribir una novela que comienza con la siguiente frase: que era el mejor de los casos (para empresas), era el peor de los casos (para el 99 por ciento).
Y, por supuesto, lo mejor y lo peor de los tiempos están conectados.
De acuerdo con un reciente informe de Public Campaign [ pdf , ht: sm], 30 de varios millones de dólares, las empresas estadounidenses gastaron más dinero cabildeando en el Congreso de lo que pagaron en impuestos federales entre 2008 y 2010, en última instancia, los bombardeos a cabo unos 400.000 dólares cada día, incluyendo fines de semana-durante ese período de tres años a los legisladores del vestíbulo. Y, en 2008 y 2010, pagaron más que a sus 5 principales ejecutivos. 
Ahí es donde los beneficios empresariales se van, no a los impuestos sobre la renta federal, sino a grupos de presión y ejecutivos corporativos, que es por eso que es el mejor momento para ellos y en el peor de los casos para los demás.
Fuente: wordpress.com




"Mini jobs", ¿un globo sonda de las organizaciones empresariales?

Hace unas semanas empezó a rondar entre las declaraciones de dirigentes empresariales, recogidas por la prensa, la idea de trasladar a la realidad laboral española una experiencia alemana en materia de contratación, proveniente de los años setenta, denominada mini empleos (minijobs). En síntesis lo que venían a plantear estas voces patronales consistía en promover una nueva reforma legislativa en la regulación de los contratos que permitiera llevar a cabo contrataciones por debajo de los mínimos salariales establecidos, en el caso alemán por 400 euros semanales, con absoluta flexibilidad laboral en cuanto a los condiciones de trabajo. 

Se pretendería con ello, en el caso español, alcanzar como objetivo un mayor volumen de empleo. El argumento, tradicional ya en estos casos donde se propone una reducción drástica de los niveles salariales, es que para un desempleado resulta más aceptable poder “disfrutar” de un empleo que estar en las listas del paro. 

Tal definición de objetivos no está exactamente en concordancia con lo que podríamos denominar el modelo alemán de mini empleos en tanto que éste se puso en circulación en los años setenta con un argumentario distinto, buscando, entonces se decía, como objetivo una reducción de los niveles de economía de irregular o de empleo oculto o no declarado, para ser más precisos. Es decir, no se trataba con la puesta en marcha de estas fórmulas “ultra flexibles” de contratación de aumentar el volumen de empleo existente, si no, en todo caso, de emerger a aquellos que estaban en una zona oscura o irregular desde el punto de vista de la legalidad vigente. 

La reforma introducida en la legislación alemana en el año 2003, por el entonces gobierno socialdemócrata, supuso aún mayores niveles de flexibilidad con la utilización de estas formas contractuales, eliminando las limitaciones en tiempo de trabajo que la primera regulación de los mini empleos incorporaba. Andando el tiempo en el mercado de trabajo alemán se han expandido estas fórmulas contractuales hasta el punto de que alcanzan casi a un cuarto de la población asalariada. Desde el punto de vista sectorial su mayor difusión se ha producido y se está produciendo, en subsectores, fundamentalmente, de servicios tales como la hostelería y el comercio. Este es un dato importante a retener ya que estas fórmulas contractuales, que significan el desarrollo en el interior de las empresas de trabajo de muy baja cualificación, no se suelen utilizar con profusión en los sectores industriales, los más dinámicos desde el punto de vistas de su vocación exportadora. 

Esta forma de regulación contractual ha introducido en el mercado alemán una fuerte dualidad en el mercado de trabajo con una elevada proporción de trabajadores (especialmente mujeres) con unos ingresos muy reducidos que se complementan tanto en el momento de vigencia del contrato, como, posteriormente, tras la jubilación del trabajador con recursos públicos. En definitiva constituye una fórmula de subvención implícita a la contratación de mano de obra de baja cualificación. 

Cuando se analiza la posible virtualidad de la incorporación de una figura contractual de estas características en el caso español, se constatan varias evidencias, lo que pone de manifiesto una intencionalidad oculta cuando no una falacia o múltiples falacias que de tanto repetir tratan de convertirse en una verdad asumida. 

En primer lugar, en el caso español nos encontramos ya con una realidad legal en materia de contratación de elevadísima flexibilidad. Sobre la base de un salario mínimo, que para el año 2011 se situaba en 641,40 euros, que no se actualizará en el año 2012 por decisión gubernamental, se pueden alcanzar por distintos caminos contractuales los 400 euros que conllevan los mini empleos en el modelo alemán sin excesivas dificultades. Podemos contar con contratos a tiempo parcial temporales, a través de los cuales se podrían alcanzar esas cifras salariales, eso sí a través de una limitación en cuanto a las horas trabajadas y con algo más de protección social para el trabajador, que puede acudir asimismo a contratos fijos discontinuos o a los servicios de empresas de trabajo temporal. Podríamos alargar la lista en cuanto a fórmulas pero en última instancia cualquier avezado gestor laboral de empresas podría poner en manos de sus ejecutivos numerosas fórmulas para dotar de flexibilidad contractual a bajo precio. No estamos tan lejos pues de la realidad alemana en esta materia. 

En segundo lugar, si el objetivo es crear empleo en términos netos, se supone, en una fase depresiva como la que estamos viviendo, difícilmente se va a lograr en un plazo razonable crear un puesto de trabajo en este sentido. En el mejor de los casos, como ponen de manifiesto numerosos análisis evaluatorios sobre la incidencia de los programas de subvención a la contratación, lo que alcanzaríamos sería un efecto desplazamiento, es decir, que sustituiríamos a un trabajador que ahora mismo está cobrando el salario mínimo o algo más por otro que pasaría a recibir menores prestaciones salariales y también sociales. Luego la cola del paro seguiría, en el mejor de los casos, engrosada por el mismo volumen de buscadores o más, sólo que tal vez se cambiarían unos por otros. 

Cabe la posibilidad, pero es una hipótesis que no veríamos materializarse, si es el caso, en el mercado de trabajo español hasta dentro de unos cuantos años, de que un abaratamiento significativo de los costes salariales, tal vez en los términos que significan losmini empleos, en la fase expansiva del ciclo pudiera crear algo más de empleo, que lo que se hubiera creado en ausencia de este tipo de situaciones. Pero, habrían de tenerse en cuenta los efectos de carácter macroeconómico en el conjunto del sistema. 

No olvidemos que la economía española no tiene la vocación exportadora, al menos de productos industriales de medio y alto componente tecnológico, que la alemana. En todo caso, eso sí, somos grandes exportadores de servicios turísticos, por encima de esa economía centroeuropea. 

Eso quiere decir que de abordar un hipotético plan de creación de empleo a través de estos mecanismos contractuales, lo que nos encontraríamos a corto plazo, probablemente, es una mayor depresión de los niveles de consumo privado que, en una economía como la española sigue siendo el componente fundamental de la demanda para promover un incremento significativo del producto interior bruto, y por extensión impulsar la salida de la crisis. 

En tercer lugar, y desde otro punto de vista, difícilmente cabría entender que este mecanismo constituye un razonable modus operandi para emerger la economía sumergida. En el mejor de los casos estaríamos hablando de legalizar el empleo oculto a base de acercar las condiciones de trabajo del mercado legal a las que son habituales en el mercado irregular o ilegal. En ese caso no estaríamos contribuyendo a crear más empleo si no en el mejor de los supuestos a legalizar un empleo que ya existía, eso sí en condiciones irregulares y con niveles salariales incluso inferiores a los de la economía sumergida y escasas prestaciones sociales. Para este viaje no necesitábamos “tales bueyes”. 

Creo que, honestamente, el lanzamiento de un globo sonda de estas características que suponen las antedichas declaraciones de dirigentes empresariales, no viene a ser más que una cortina de humo para justificar posteriormente otro tipo de propuestas cara a una hipotética reforma laboral decretada por el nuevo gobierno, las cuales, en definitiva, serán las que tradicionalmente se han esgrimido en los últimos años por las instituciones patronales de diversa índole. Cortina de humo que estará “fortaleciendo” la imagen pública de propuestas relacionadas con el contrato único, la modificación de las condiciones de trabajo a la baja, los contratos en prácticas para formación o, con o sin contrato único, la reducción de los costes de indemnización para las empresas. A mi entender, las propias voces que pontificaban el interés del “modelo alemán de los mini empleos”, para un hipotética reforma del mercado español, son plenamente conscientes de la escasa incidencia que pueden tener en la situación concreta de nuestros mercados, por la cercanía a las figuras que en este momento ya existen y por la escasa capacidad de aportar elementos a la creación de empleo cualificado, que es lo que a medio y corto plazo requiere la economía española. Porque los instrumentos para esto último están en otro terreno diferente al del propio mercado de trabajo, en el sistema productivo y en la capacidad de expandir la demanda agregada por los instrumentos de la política económica. 




Fuente: expansion.com

El Estado del Bienestar es la propuesta de la Unión Europea para el mundo. Sin esa propuesta la democracia perdería profundidad y, seguramente, también la Unión perdería parte de su sentido. Y para poder mantener esa propuesta los economistas tenemos que impulsar las reformas que sean necesarias para mantener el pulso de nuestra economía. Continuamente oímos que nuestra economía necesita más mercado y reformas estructurales. Y sí, sin duda lo necesita. Pero tenemos también la obligación de impedir que nuestro lenguaje sea tergiversado con palabras y conceptos que manipulan el pensamiento económico que nuestros maestros nos han trasmitido, que nuestra experiencia como profesionales de la economía nos ha enseñado.
Por esta razón, los economistas debemos rescatar del lodo en el que están siendo ahogados, desde las instancias más conservadoras, los conceptos,  entre otros muchos, de mercado y de reforma estructural. Con toda energía debemos afirmar que reestructurar no es desregular y que las reformas estructurales no pueden ser las reformas laborales que se anuncian, conducentes a diluir los derechos de los trabajadores. Los economistas –fundamentalmente nuestros jóvenes economistas- deben saber que reformar y desregular no son sinónimos y que no pocas reformas estructurales son necesarias antes que las que sólo pretenden la flexibilización del mercado laboral a través de la desregulación y la precarización. Combatir la torre de babel en la que nos sumen poderosos intereses empieza a ser para los economistas tarea imprescindible si no queremos que nos arranquen las palabras, que nos dejen mudos.
Y por eso los economistas debemos declarar que no son los mercados los responsables de la crisis.Los responsables son los No mercados, en los que las barreras de entrada y de salida son infranqueables, en los que la información es privilegio de pocos, en los que la concentración oligopolística adquiere mayor poder que el gobierno de los ciudadanos. Y en esta situación son los gobiernos los que deben intervenir para impedir que los No mercados gobiernen por encima de los intereses generales. Se trata, al fin, de que los mercados funcionen aunque para ello necesiten las muletas del Estado, de la regulación o, simplemente, de la pura intervención pública para evitar las ineficiencias asociadas a las imperfecciones.
Mercados y regulación no son incompatibles sino expresión de una misma cosa. Liberalización y regulación son conceptos complementarios, inseparables, porque los requisitos que los economistas hemos formulado para que los mercados aporten eficiencia al progreso y al bienestar sólo están presentes, cuando lo están, de manera imperfecta, y en ocasiones en sectores económicos de alcance sistémico con resultados letales para el bienestar. O en el progreso y en la riqueza estamos todos, o ni el progreso existirá ni la riqueza interesará a nadie más que a sus poseedores. Tampoco interesarían las instituciones ni el Estado. La sociedad devendría una sociedad dual. Esta no es la propuesta de la Unión Europea ni a sus ciudadanos ni al mundo.
Economistas Frente a la Crisis señaló, en su primer manifiesto, que el primer objetivo de toda política económica es perseguir la máxima utilización de los recursos productivos disponibles y, entre ellos y en primer lugar, del empleo. Hoy ya se solicitan desde instancias relevantes funciones para el BCE más cercanas a las que detenta el Banco de Inglaterra o la Reserva Federal. No sólo la estabilidad de precios, también el empleo y el crecimiento debiera ser una responsabilidad compartida por todas las instituciones de la Unión, con el BCE a la cabeza.  Pero el “nuevo pacto presupuestario” y las “herramientas de estabilización” acordados el 9 de diciembre de 2011 por los Jefes de Estado y de Gobierno de la Zona Euro, agudizarán la crisis. No estamos ante un problema de inflación sino de estancamiento originado por la imposición de rápidas reducciones del déficit público. Pero estos acuerdos no son el resultado de un mal diagnóstico –los gobiernos, las instituciones y Alemania disponen, sin duda, de competentes economistas- sino de la nueva concepción de Europa que el gobierno alemán, conservador y nacionalista, está logrando imponer: Deutschland über alles, über alles in der Welt.Siempre hemos insistido en la necesidad de avanzar hacia una gobernanza europea común de la Unión frente al sesgo insolidario de esa gobernanza.
Economistas Frente a la Crisis calificó de artera la utilización de la austeridad y de la estabilidad presupuestaria como argumento para debilitar la prestación de servicios básicos como la educación y la sanidad y señaló el sin sentido de políticas procíclicas y contractivas en un contexto en el que los problemas se centran en torno al paro y al estancamiento y no a la inflación. Austeridad siempre. Derroche o despilfarro nunca. Pero austeridad no es déficit cero. Es eficiencia en la inversión y en el gasto. Para ello se deberán establecer  metodologías públicas para una declaración del impacto económico de las decisiones correspondientes y condicionarlas al retorno económico y social que las justifique. Así la austeridad quedaría justificada en la eficiencia de la gestión pública del gasto y de la inversión y no caería bajo la manipulación de lo que no es más que una campaña ideológica subliminal.
Ahora, sin complejos –como tampoco los tuvimos antes- debemos decir que las reformas estructurales son necesarias para restaurar la operatividad de los mercados, aumentar la productividad del trabajo y la competitividad de la economía. Pero no son las que desde las instituciones europeas nos llegan. Desde este manifiesto, ponemos algunas propuestas sobre la mesa del debate:
1- De las reformas laborales y la Gobernanza Corporativa.       La productividad del trabajo no sólo depende de las reformas laborales que deberán ser abordadas desde el consenso entre los agentes sociales, sino también, y de manera determinante, de la organización del trabajo, de la capacidad de innovación, del stock de capital de las empresas y de los aciertos de la gestión empresarial que se desenvuelve, irremediablemente, en el contexto de la globalización. Los sindicatos no pueden ser ajenos a estas cuestiones –y no deberán serlo: es clara la relación directa entre mayor productividad y mayores derechos de negociación- pero implican, en primer lugar, a los empresarios y a quienes ejercen esa función. La mayor parte de responsabilidad sobre la velocidad de crecimiento de la productividad corresponde a los que pueden tomar las decisiones sobre el cambio tecnológico y la inversión en la empresa. Las reformas laborales que puedan ser acometidas no pueden ignorar esta cuestión crucial, casi siempre ignorada.
Considerar el factor trabajo y los salarios sólo como un coste variable que pueda ajustarse, sin más, a la marcha de los negocios, según convenga a los márgenes pre asignados a los capitales invertidos y a las altas remuneraciones de los administradores, es el mayor incentivo que una reforma puede conceder a la ineficiencia y a la irresponsabilidad o impericia de los empresarios en relación con la organización del trabajo, la innovación y la gestión industrial, comercial y financiera. El salario es la base de la demanda agregada de la economía y el único ingreso de la mayoría de los trabajadores para atender a sus necesidades vitales. Poner el acento de las reformas laborales exclusivamente en la contención salarial y en la austeridad no contribuirá a la recuperación de las economías europeas. Sólo a la agudización y prolongación de la crisis.
Toda reforma laboral que pretenda el calificativo de estructural, debiera centrar sus preocupaciones en la regulación de la gobernanza corporativa y en la organización del trabajo en las empresas. El control de las retribuciones de los ejecutivos, el destino de los beneficios empresariales y la creación de servicios y auditorías laborales conducentes al aumento de la productividad de los factores, deben constituir ejes de las reformas laborales y corporativas. Como primer y tímido paso en la buena dirección: la conversión en contratos indefinidos de los contratos temporales encadenados que mantienen las administraciones en la enseñanza y en la sanidad.
Las propuestas que se están poniendo sobre la mesa, tendentes a desmembrar las negociaciones de los convenios laborales, no buscan tanto la eficiencia del mercado de trabajo y la recuperación del empleo, sino el debilitamiento de la fuerza sindical de los trabajadores, seguramente el último reducto que queda para contener el deterioro del estado del bienestar. Thatcher en la memoria: reducir primero el poder sindical para encoger después el Estado del Bienestar.
2- Del Sistema Financiero. La dación de los activos inmobiliarios de particulares y promotores en pago de las deudas que garantizan, provocaría elevadas pérdidas a la banca española. Esta es la demostración de que detrás de la burbuja inmobiliaria están los pulmones de la banca que han hinchado el globo por encima de valores prudentes. El diferencial de costes entre los recursos pasivos y activos de la banca, unido a sistemas de incentivos que premian los beneficios sin relación con el riesgo, está en los fundamentos de la especulación sobre el valor del suelo y de la  cultura del ladrillo que ahora nos amenaza a todos con el abismo de las restricciones del crédito e, incluso, de las quiebras bancarias.
El interés general exige el rescate de la banca. ¿Pero qué rescate? ¿Banco bueno o banco malo? El crédito debe volver a fluir y sólo el desapalancamiento de la banca, con la restauración de sus ratios de solvencia, podrá restablecer su función en la economía, imprescindible porque es sistémica. Al Estado le corresponde lograr urgentemente y de manera imperativa ese restablecimiento. ¿Sacamos de los bancos sus activos contablemente inflados o tóxicos para ubicarlos en bancos malos en los que las aportaciones públicas cubran los agujeros y el relajamiento de las normas contables lamine en el tiempo su impacto? Si hiciéramos tal cosa estaríamos amnistiando la irresponsabilidad que ha incentivado prácticas financieras no ajenas a la generación de esta crisis.
La contabilidad debe recuperar su prestigio y lo que vale menos debe tener su reflejo en los balances de los bancos. Eso es información y transparencia, ambas imprescindibles para la recuperación de la confianza en las instituciones. Dar visibilidad a los agujeros allá donde se hallen permitirá a los accionistas y a las administraciones exigir las responsabilidades que correspondan a los gestores y a los reguladores. Y permitirá que las pérdidas, si existieran, sean asumidas por un accionariado indiferente al cortoplacismo y complaciente con sus gestores. El Estado se sentaría en los Consejos de Administración para garantizar la recuperación de aquellos fondos preferentes que, en defensa del interés de los ciudadanos, hayan tenido que ser aportados desde los fondos fiscales. El Estado deberá garantizar, por todos los medios, el desapalancamiento de la banca para restaurar los flujos del crédito. Pero bancos malos no. Sólo son la solución de los malos banqueros. No olvidemos que elbanco malo es una forma de socialización de pérdidas privadas con su conversión en deuda pública.
Esta es la reforma estructural que necesita la banca para que el crédito fluya. Inspección, regulación y recapitalización. La desregulación hasta aquí nos ha traído. Su trayecto ha llegado ya al final.
3- Del sistema fiscal.  Los adjetivos que apellidan los grandes conceptos de la construcción europea son casi siempre sospechosos: “nuestro objetivo es un estado del bienestar sostenible”. Sostenible. Otra palabra manipulada que esconde una propuesta de estado de bienestar de menor calidad, con menor coste. Con menor coste para no tener que acometer la reforma fiscal que necesita España para acercar su presión fiscal a la media de los países de la Unión que encabezan las prestaciones sociales, la calidad de su educación y sanidad, la protección a los dependientes, la defensa del medioambiente, los equilibrios territoriales, el bienestar de sus jubilados, el mayor crecimiento económico, la mayor renta de sus ciudadanos.
Revisar el Impuesto de Sociedades para acercar su tipo real a su tipo nominal, el primero entre los más bajos de la Unión, el segundo entre los más altos; reforzar los recursos de la Inspección de Hacienda sobre las grandes compañías y ciertas actividades profesionales, responsables de la mayor parte del fraude; incentivar fiscalmente la creación de nuevas empresas y la contratación de los primeros empleos; restaurar la progresividad del impuesto sobre la renta e igualar la presión sobre las rentas del capital a la que soportan las rentas del trabajo, implantar un impuesto sobre las grandes fortunas, constituyen, todo ello, algunos de los ejes sobre los que debiera pivotar una reforma estructural de nuestro sistema fiscal.
Los déficits fiscales continuos, con un comportamiento autista respecto al ciclo económico, son letales para la sostenibilidad de la deuda pública y conducen a la catástrofe. Pero es completamente ilusorio y carece de fundamento científico solvente basar la eficiencia fiscal en la reducción de la presión fiscal. El dinero no siempre está mejor en manos de los individuos si el estado del bienestar es la propuesta de Europa para el mundo y el soporte de la convivencia social en un Estado democrático. Una gestión contracíclica del saldo presupuestario necesita una capacidad recaudatoria que pueda responder a las crisis con un aumento del gasto para limitar el aumento del déficit y el deterioro de la deuda a cotas insostenibles. De otra manera reduciríamos el Estado a mero administrador de sus ingresos y gastos corrientes; transferiríamos al sector privado un inmenso negocio sobre las pensiones, la sanidad, la educación, las infraestructuras… Tal vez sea esta  la explicación que nos falta para comprender la trastienda de una política económica que nos dejaría de parecer contraria al sentido común para parecernos contraria al interés general.
4- De la Gobernanza Europea.  La crisis de deuda soberana que sufre Europa, se ha agravado en los últimos meses  debido a la política contractiva impuesta desde la mayoría conservadora que gobierna las instituciones de la Unión Europea, el Partido Popular Europeo, bajo el desvirtuado eslogan de la austeridad. El planteamiento de la necesaria consolidación fiscal en plazos muy restrictivos y sin discriminar entre las dispares estructuras de la deuda total que presentan los Estados miembros, ha acentuado la situación de estancamiento de la eurozona, particularmente de España, comprometiendo la recuperación de los ingresos fiscales que serían necesarios para no deteriorar la solvencia del Estado.
Las posiciones mantenidas por Alemania no están contribuyendo, de ningún modo, a la mayor gobernanza económica de la zona euro. Muy al contrario, Alemania mantiene posiciones contrarias a la integración fiscal de la zona en tres aspectos clave: (1) la ampliación del mandato del BCE para que asuma un papel activo en relación con el crecimiento y el empleo, ahora limitado a la estabilidad de precios; (2) la consolidación del mecanismo europeo de rescate ante crisis financieras, y (3) la mutualización del riesgo a través de los eurobonos. Estas cuestiones, constituyen, en el momento actual, las que de manera urgente debieran ser abordadas en el camino hacia “una mayor gobernanza económica de la zona euro”. En cualquier caso ya es dramáticamente urgente que el BCE se convierta en un cortafuegos creíble frente al deterioro de las deudas soberanas.
El problema de la deuda española reside en el elevado endeudamiento privado, no en el volumen de la deuda pública que presenta sobre el PIB uno de los mejores ratios de la eurozona. Y es, precisamente, la rápida consolidación fiscal la que no contribuye como debiera, desde el gasto público, a los estímulos expansivos que necesitan los deudores privados para hacer frente, en menor tiempo y con menores dificultades, a sus compromisos financieros. Por consiguiente, de la mal llamada austeridad no sólo sufren los ingresos del Estado y los servicios esenciales que configuran el estado del bienestar. Sufre la economía en su conjunto, las empresas y el empleo.
La reciente constitucionalización del principio de estabilidad presupuestaria que dará cobertura a la gestión del saldo presupuestario mediante una regla automática, carece de argumentos económicos consistentes y su explicación sólo puede buscarse en motivos de naturaleza política relacionados con un gran chantaje: a cambio de controlar la “hemorragia” de nuestra deuda, la gibarización de nuestro Estado. Es la imposición vicaria de un BCE cada vez más ajeno a las necesidades de los Estados. Los intereses generales no pueden dejarse abandonados a “reglas de oro”, recetas ya inservibles que la realidad de la crisis refuta, y que esconden, con el recurso a automatismos supuestamente técnicos, desconfianza en la propia democracia.
Una reforma estructural de la Gobernanza Europea, que confiera al Parlamento Europeo la capacidad de elegir el gobierno de las instituciones europeas, es el único principio que podría legitimar las decisiones que emanen de la Unión Europea.
5- De la energía.  La energía y su suministro, como el dinero y los servicios financieros, es un bien y un servicio que impregna todas las actividades de los individuos y de las empresas. Incluso en algunos sectores productivos su coste es superior al coste del trabajo. Su regulación es, por consiguiente, esencial para que el impacto de su coste y de su calidad contribuya a la competitividad de la economía.
En España estamos muy lejos de esa contribución. Una profunda reforma estructural debe conducir los precios que pagan los consumidores a los costes reales y justificados de su producción, de su abastecimiento y de su suministro. Esto es especialmente cierto para la electricidad cuyo mercado solo alcanza a revelar los costes de la producción de mayor coste que cubre la última unidad de electricidad consumida generando beneficios injustificados (incompatibles con el interés general) en segmentos que escapan a los mercados y a la competencia, tales son las grandes concesiones hidroeléctricas y las centrales nucleares. Y es especialmente cierto también, porque la electricidad es el principal vector energético que puede permitir el aprovechamiento masivo de recursos autóctonos renovables, cuestión no sólo clave para la gestión de la mayor amenaza que gravita sobre nuestro Planeta –el Cambio Climático- sino también para alcanzar, en el medio plazo, la mayor contribución a la competitividad de nuestra economía que pueda imaginarse: independencia energética, innovación, creación de empleo, mejora de nuestra balanza de pagos, contención de la contaminación medioambiental inherente al crecimiento económico, y disminución de costes para las familias y las empresas. Para ello, tan profunda tendrá que ser la reforma estructural necesaria que la regulación de la energía deberá partir desde cero. Naturalmente todo ello sin menoscabo de la seguridad jurídica y de la confianza legítima que debe presidir toda reforma en defensa de los ciudadanos, las empresas, las instituciones y el Estado de Derecho.
Fuente: attac.es