No hay plena consciencia en la cultura política y mediática dominante en España del significado de la reforma constitucional que realizó el gobierno socialista, presidido por el Sr. Zapatero, en colaboración con el mayor partido de la oposición entonces, el Partido Popular, presidido por el Sr. Rajoy. Esta reforma, conocida como la “reforma express” (por la rapidez con la que se hizo), fue un indicador claro de las limitaciones que el bipartidismo significa para la buena salud y calidad del sistema democrático español. La reforma se aprobó en muy poco tiempo y con escasísimo debate, a pesar de que ha sido una de las medidas tomadas por el estado español más importantes (y más perjudiciales) en contra del ya escasamente financiado Estado del Bienestar español. En realidad, la reforma ha dificultado muchísimo la posibilidad de corregir el enorme déficit de gasto público social que tiene España, uno de los déficits más grandes que existen en la Unión Europea de los Quince (UE-15), el grupo de países de la UE más semejantes a España en nivel de desarrollo económico. España se gasta en las transferencias (como las pensiones) y en los servicios públicos del estado del bienestar (como sanidad, educación, servicios sociales, vivienda social, escuelas de infancia o servicios sociosanitarios) mucho menos de lo que se debería gastar por el nivel de riqueza que tiene. Al inicio de la crisis, su PIB per cápita era el 94% del promedio de la UE-15, mientras que su gasto público social per cápita era solo el 74% del promedio del gasto público social per cápita de la UE-15. Nos gastábamos, por lo tanto, la friolera de 66.000 millones de euros menos de lo que deberíamos gastarnos por nuestro el nivel de riqueza. Y las políticas de austeridad, con los enormes recortes de gasto público social que han llevado a cabo tanto el gobierno Zapatero como el gobierno Rajoy, han empeorado todavía más esta situación, situación que ha pasado a “estar escrita en piedra” por la reforma constitucional aprobada por los dos grandes partidos. Esta reforma del artículo 135 de la Constitución prácticamente impide que pueda resolverse este enorme déficit de gasto público social.
El suicidio social que significa la reforma constitucional
Este cambio, promovido por lo que se conoce como la Troika (el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Central Europeo (BCE) y la Comisión Europea) y por el gobierno alemán presidido por la canciller Angela Merkel, se realizó como consecuencia de la influencia del pensamiento neoliberal, dominante en los establishments financieros y económicos europeos (incluyendo los españoles) que asumían que la Gran Recesión era resultado del excesivo gasto público de los países miembros de la UE (y muy en particular de los países periféricos). Esta interpretación de la causa de la Gran Recesión se estuvo reproduciendo en la gran mayoría de medios de información y persuasión, influenciados, cuando no controlados, por aquellos establishments financieros y económicos, a pesar de que la evidencia empírica mostraba y continúa mostrando la falsedad de estas interpretaciones. En realidad, los países periféricos, llamados GIPSI (Grecia, Irlanda, Portugal, España e Italia), estaban entre los que tenían un gasto público social más bajo, siendo España uno de ellos. La doctrina (en realidad dogma) neoliberal nunca ha sido muy permeable a los datos, ignorándolos, cuando no ocultándolos, cuando estos datos contradicen los supuestos en los que se sustenta su fe.
¿En qué consistió tal reforma constitucional?
El establecimiento del euro se hizo bajo una serie de condiciones, todas ellas muy favorables al capital financiero (que es una manera de definir a las instituciones financieras, como la banca, que ejercen una enorme influencia sobre las instituciones políticas y mediáticas del continente europeo). Una de las condiciones fue escrita en el Pacto de Estabilidad, al título del cual se añadió el término crecimiento, a pesar de que las medidas que se impusieron para garantizar la estabilidad monetaria dificultaban enormemente el crecimiento económico, tal como los datos han mostrado claramente. El crecimiento económico ha descendido en la UE-15 desde que se estableció el euro.
Dicho Pacto establecía que el déficit público (es decir la diferencia entre lo que el estado ingresa y lo que gasta) no podía ser mayor que un 3% del PIB y que la deuda pública (lo que el estado debe como resultado de haber pedido prestado el dinero gastado) no debía ser mayor que un 60% del PIB. Entre 2002 y 2007, el promedio del déficit público en los países de la UE-15 fue de menos de un 2% del PIB. En realidad, en España, cuando se inició la Gran Recesión, no había déficit sino superávit y la deuda pública era solo de alrededor del 40% del PIB. Decir –como muchos gurús mediáticos con chaquetas llamativas o sin ellas hacen- que la causa de la Gran Recesión era el excesivo gasto público era una enorme falsedad, lo cual no fue un obstáculo para que los mayores fórums mediáticos promovieran esta explicación. La escasa variedad ideológica en los medios y la falta de medios de información críticos explica la baja calidad de la información provista pues auténticas barbaridades se enunciaban –y continúan enunciándose- sin dar la oportunidad de poder mostrar su error y/o falsedad.
Pero, por si no fuera poco, aquellos establishments financieros y económicos quisieron ir incluso más allá e instruyeron al estado español, gobernado por los dos partidos mayoritarios dominantes, que impusieron la Reforma Constitucional (renunciando a cualquier atisbo de soberanía ciudadana) que exigía que el déficit público debía ser incluso menor que el que había establecido el Pacto de Estabilidad, poniendo como límite la irrisoria cifra del 0,4% del PIB. Esta medida queda disimulada refiriéndose al déficit como el déficit cero del “balanced estructural budget”, como si quisiera indicar que es menos restrictivo de lo que es. Pero la realidad es que se fuerza a los estados a no tener déficit lo cual es una monstruosidad (el lector de mis artículos sabe que no soy dado a hipérboles, pero no hay otra manera de definirlo).
Esta reforma es equivalente a pedirle a una familia que en cada momento o periodo sus gastos tengan que ser iguales a sus ingresos. Cualquier lector podrá entender que una familia tiene que poder estar endeudada, para pedir prestado dinero y comprar una casa, pagar los gastos de educación de sus hijos y un largo etcétera. Pues una situación idéntica ocurre con el Estado. Este, ya sea a nivel central, autonómico o local, tiene que poder endeudarse para invertir en el futuro, en las estructuras físicas y sociales del país, de manera que la España que los hijos y nietos hereden sea mejor a la actual. La reforma constitucional dificulta esto enormemente. Y de todo esto no se ha informado adecuadamente a la población.
Como bien escriben los Profesores Philip Arestis (Director de Investigación del Center for Economic and Public Policy de la Universidad de Cambridge) y Malcolm Sawyer (de la Universidad de Leeds y Director de la prestigiosa revista International Review of Applied Economics), tal reforma constitucional es un DESASTRE (así es como la definen en “The Eurozone Balanced-Budget Disaster” de enero de 2014). Es el ataque más frontal al estado del bienestar, no solo imposibilitando a España corregir su enorme déficit, sino imponiendo mayores recortes y subfinanciación, todo ello para gloria (y beneficio) del capital financiero y empresarial.
Es de una enorme incoherencia (para decirlo de una manera amable) que los dos partidos mayoritarios, que se presentan como los grandes patriotas del país, nieguen el derecho a decidir a la población catalana, argumentando erróneamente que están defendiendo la soberanía de España, y a la vez aprueben con rapidez (y casi nocturnidad y alevosía) una reforma constitucional que significa un ataque frontal al bienestar social de los diferentes pueblos y naciones de España, siguiendo dócilmente los intereses de poderes financieros y económicos extranjeros y de sus aliados en el territorio español. De ahí que cualquier reforma constitucional que se apruebe para representar mejor la plurinacionalidad del estado español, y permitir el pleno desarrollo democrático del país, con formas de democracia directa y participativa, deba ir acompañada de la eliminación de la nefasta reforma constitucional que significó un ataque frontal al estado del bienestar de los distintos pueblos y naciones de España. Las fuerzas conservadoras y neoliberales que aprobaron aquella infame reforma constitucional son las mismas que ahora se oponen a la reforma constitucional que permita el pleno desarrollo democrático de España.
Este artículo señala el impacto muy negativo que la reforma constitucional del artículo 135 tiene y tendrá para el estado del bienestar de España.
Vicenç Navarro,Catedrático de Ciencias Políticas y Políticas Públicas. Universidad Pompeu Fabra.
Fuente: vnavarro.org
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