El coordinador federal de IU alerta de que este fraude lleva a la economía y a Hacienda a un “deterioro permanente” que, además, está siendo aprovechado por el Gobierno del PP para “justificar su política de recortes”
El coordinador federal de Izquierda Unida, Cayo Lara, quiere que el Gobierno del PP no se quede a medio camino en sus propuestas y combata de verdad el fraude fiscal que existe en nuestro país, “uno de los más altos de Europa”, según ha señalado. Para ello, Lara ha presentado hoy la iniciativa parlamentaria que ha registrado esta formación en el Congreso sobre “medidas para luchar contra el fraude fiscal” donde, entre otras cuestiones, se busca una actuación conjunta y global entre Interior, la Fiscalía General del Estado, la Agencia Tributaria y el Servicio de Prevención de Blanqueo de Capitales “para averiguar la identidad de las personas o entidades que utilizan en España los bienes y derechos de los que son titulares las empresas domiciliadas en países o territorios que tengan la consideración de paraíso fiscal”.
Además, para acabar con la desorbitada cifra que indica que “uno de cada cuatro euros que circula en la economía española no paga impuestos”, recordada por el máximo responsable de IU, la proposición no de ley presentada, que lleva la firma del portavoz económico en el Congreso, Alberto Garzón, incluye también instar al Gobierno a “limitar los pagos en efectivo en determinadas operaciones a 1.000 euros como medida disuasoria frente al fraude fiscal” y que el Ejecutivo de Mariano Rajoy plantee “en las instituciones europeas la eliminación del billete de 500 euros”.
Como ejemplo, cifró en cerca de 26.000 millones de euros “el
dinero que saldría a la luz con la limitación de esos pagos en efectivo a 1.000 euros. Esto es casi tanto como la cifra que quiere recortar el Gobierno en los próximos Presupuestos Generales del Estado”.
Ilustró también la necesidad de la medida de eliminar los billetes de 500 euros –que, como la anterior, iba incluida en el Programa Electoral con el que IU se presentó a los pasados comicios generales del 20-N- al recordar que en la Eurozona circulan más 200.000 millones de euros en forma de este tipo de billetes “la mayoría de los cuales escapan al control de Hacienda”.
Cayo Lara alertó de que el fraude fiscal conduce a la economía y a la Hacienda Pública a un “deterioro permanente” que, además, está siendo aprovechado por el Gobierno de la derecha para “justificar su política de recortes”.
A su juicio, este tipo de fraude “unido a la economía sumergida reducen de forma decisiva los recursos de nuestro sistema fiscal, limitando la financiación precisa para contribuir al desarrollo económico y social del país”.
El coordinador federal de IU alternó la explicación de la propuesta registrada por IU con más cifras que evidencian su urgente necesidad. Así, apuntó al informe elaborado por los técnicos de la Agencia Tributaria que señala que, según recordó, que “el 75 por ciento del fraude tributario lo está generando el 3 por ciento de las empresas que facturan más de 150 millones de euros”, lo que tachó de “lacra”.
Asimismo, tal y como también recoge el texto de la iniciativa, alertó de que “según el último Barómetro Fiscal realizado por el Instituto de Estudios Fiscales (IEF), de 2010, los ciudadanos opinan que los colectivos que más defraudan son los empresarios (40%), seguidos por los profesionales (19%) y autónomos (11%), y los que menos defraudan son los asalariados (2%)”.
Como para combatir todo esto se necesitan los medios adecuados, Izquierda Unida propone al Gobierno en su proposición no de ley “aumentar los recursos materiales y humanos de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, cambiar sus procedimientos de trabajo buscando la calidad de la inspección más que la cantidad y reformar su metodología, organización, distribución del trabajo y competencias internas”.
Además, reclama que esta misma Agencia Tributaria informe “con carácter trimestral a las Cortes Generales de los resultados de las actuaciones de control del fraude y atención a los contribuyentes realizadas en el cumplimiento de sus funciones”.
A CONTINUACIÓN SE INCLUYE EL TEXTO ÍNTEGRO DE LA PROPOSICIÓN NO DE LEY SOBRE MEDIDAS PARA LUCHAR CONTRA EL FRAUDE FISCAL REGISTRADA POR IU.
A LA MESA DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: LA IZQUIERDA PLURAL presenta la siguiente Proposición no de ley sobre medidas para luchar contra el fraude fiscal, para su debate en el Pleno.
La crisis económica está afectando con especial virulencia en España al mercado de trabajo, con más de 5 millones de personas en desempleo, debido a las particulares circunstancias de nuestro modelo productivo que han puesto al descubierto las debilidades estructurales de la economía española. Asimismo, la cobertura de las necesidades públicas corrientes y las extraordinarias sobrevenidas por la propia crisis, han producido un acelerado incremento del déficit público que ha justificado ajustes y políticas regresivas de todo tipo que están impidiendo la propia salida de la crisis.
En este contexto, el fraude fiscal y la economía sumergida reducen de forma decisiva los recursos de nuestro sistema fiscal, limitando la financiación precisa para contribuir al desarrollo económico y social del país.
El IEF -Instituto de Estudios Fiscales-, organismo dependiente del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, viene realizando, desde hace una quincena de años, estudios que analizan las opiniones y actitudes fiscales de los españoles aportando, año a año, una preciosa información que resulta esencial para que nuestra clase política pueda adoptar decisiones.
Lo que nos revela el último Barómetro fiscal realizado por el IEF, referido a 2010, es que, eliminando el efecto de la falta de las personas que se abstienen de opinar, un 72% de los españoles afirma que el fraude ha aumentado, un 57% que ha empeorado el cumplimiento de las obligaciones fiscales en la última década y, lo que es más grave, que un 37% justifica el fraude fiscal.
Igualmente, los ciudadanos opinan que los colectivos que más defraudan son los empresarios (40%), seguidos por los profesionales (19%) y autónomos (11%) y los que menos defraudan los asalariados (2%).
Los ciudadanos fueron interrogados por primera vez en 2008 sobre las medidas de ahorro que debería tomar el Gobierno en la actual situación de crisis económica. Según el IEF las opiniones de los ciudadanos son bastante claras: existe aún margen de maniobra antes que subir impuestos y reducir la oferta pública de servicios y prestaciones. Así, un 83% de los ciudadanos opina que “una agresiva campaña contra el fraude fiscal permitiría allegar los recursos suficientes para mantener la calidad de los servicios y prestaciones sin modificar la presión fiscal actualmente existente.”
La aplicación de nuestro sistema fiscal ha permitido que se consoliden notables diferencias en la carga tributaria que soportan los distintos tipos de contribuyentes. Así, en el año 1993, las rentas salariales medias declaradas a Hacienda superaban a las rentas empresariales medias en el equivalente a unos 2.000 euros; dieciséis años más tarde, las rentas salariales declaradas siguen siendo superiores a las de actividades económicas, pero la diferencia se ha ensanchado hasta los 8.323 euros respecto de los profesionales y empresarios en estimación directa y 8.527 euros respecto de los empresarios en módulos. De este modo se ha perpetuado el sacrificio de los que son fácilmente controlables, como asalariados y pensionistas, frente a un buen número de empresas, empresarios y profesionales que son objeto de un menor control y que cuentan con mayores medios y recursos para evadir impuestos, pese a que la mayoría de ellos aún declare honestamente.
Todo ello tiene una relación directa con el importante nivel de fraude fiscal y economía sumergida que existe en España -entre el 20 y el 25% del PIB según la mayoría de análisis internos y externos- que si fuera combatido con mayor eficacia podría resolver muchos de los problemas económicos y sociales que hoy aquejan a nuestro país. De esta forma sería posible obtener entre un 10 y un 20% de recursos adicionales sobre los actuales ingresos fiscales por año, lo cual permitiría un nivel mayor de inversión pública, más crecimiento económico, creación de nuevos puestos de trabajo y reducción del desempleo, y transitar por una senda razonable para reducir el déficit público.
Por todo ello, se presenta la siguiente
PROPOSICIÓN NO DE LEY
“El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a llevar a cabo las acciones necesarias para desarrollar el siguiente conjunto de medidas:
1.- Elaboración por parte del Instituto de Estudios Fiscales de un estudio que cuantifique la economía sumergida en España, con desagregación territorial, sectorial y por impuestos, y actualizará bianualmente dicho estudio, con la misma metodología o en su caso con la metodología que apruebe la Comisión Europea. Este informe será presentado y debatido por las Cortes Generales y Parlamentos autonómicos, que adoptarán las medidas correctoras oportunas.
2.- Información por parte de la Agencia Estatal de Administración Tributaria con carácter trimestral a las Cortes Generales de los resultados de las actuaciones de control del fraude y atención a los contribuyentes realizadas en cumplimiento de sus funciones, remitiendo datos de los resultados de control en las distintas áreas, así como la detección de grandes redes de fraude organizado, de forma que se garantice una gestión transparente e independiente y posibilitando el seguimiento de la evolución temporal de la economía sumergida en España.
3.- Propiciar los acuerdos necesarios para establecer fórmulas de coordinación y colaboración efectiva entre la Agencia Estatal de Administración Tributaria del Estado y las Administraciones Tributarias de las Comunidades Autónomas, potenciando la corresponsabilidad en la lucha contra el fraude fiscal.
4.- Propiciar los acuerdos necesarios para crear una Base de datos o Censo Único Compartido, con la información tributaria procedente de los ámbitos central y autonómico.
5.- Mejorar la información y la asistencia al contribuyente por parte de la Agencia Estatal de Administración Tributaria del Estado para incentivar y facilitar el cumplimiento voluntario de las obligaciones fiscales. En particular, efectuar un estudio exhaustivo sobre incidencias detectadas en los borradores de declaración de IRPF proponiendo las medidas necesarias para subsanarlas, así como impulsar la colaboración con el sistema educativo para contribuir al desarrollo de una cultura de responsabilidad fiscal y cumplimiento tributario.
6.- Propiciar un Acuerdo en las distintas Organizaciones internacionales de carácter político o financiero para controlar e identificar a los verdaderos titulares de los movimientos de capitales y los movimientos efectuados entre los Estados miembros y los territorios calificados como paraísos fiscales.
7.- Coordinar al Servicio de Prevención del blanqueo de capitales con el Ministerio del Interior, la Fiscalía General del Estado y la Agencia Tributaria del Estado para averiguar la identidad de las personas o entidades que utilizan en España los bienes y derechos de los que son titulares las empresas domiciliadas en países o territorios que tengan la consideración de paraíso fiscal, así como el título jurídico que les permite su utilización o disfrute.
8.- Presentar con carácter de urgencia un Proyecto de Ley para establecer una obligación de las empresas que operan en España, y especialmente en el sector financiero, a suministrar información de las operaciones de sus filiales o sucursales en paraísos fiscales en los mismos términos que informan de sus operaciones realizadas en territorio nacional.
9.- Presentar un estudio para fomentar una especialización tributaria en los órganos jurisdiccionales.
10.- Aumentar los recursos materiales y humanos de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, cambiar sus procedimientos de trabajo buscando la calidad de la inspección más que la cantidad y reformar su metodología, organización, distribución del trabajo y competencias internas.
11.- Plantear en las instituciones europeas la eliminación del billete de 500 euros.
12.- Limitar los pagos en efectivo en determinadas operaciones a 1.000 euros como medida disuasoria frente al fraude fiscal.
