martes, 26 de febrero de 2013

Cayo Lara afirma que la no revalorización de las pensiones de Rajoy "es inconstitucional y quita cerca de 4.000 millones de euros a los pensionistas"

El presidente portavoz de IU, ICV-EUiA, CHA registra en el Tribunal Constitucional junto a otros cuatro grupos parlamentarios el recurso contra el decreto ley aprobado a finales de 2012 por el Gobierno de Mariano Rajoy

El coordinador federal de Izquierda Unida y presidente portavoz del Grupo de IU, ICV-EUiA, CHA, Cayo Lara, ha asegurado hoy que la no revalorización de las pensiones conforme al IPC decretada por el Gobierno de Mariano Rajoy “quita cerca de 4.000 millones de euros a los pensionistas y, además, vulnera artículos de la propia Constitución como el art.9, el art. 13, o incluso no cumple con lo preceptuado por parte del art. 50”.

Lara hizo estas declaraciones en la sede del Tribunal Constitucional donde su grupo parlamentario, junto a los del PSOE, CiU, PNV y UPyD, registraron un recurso de inconstitucionalidad contra la “decisión retroactiva” del Ejecutivo del PP, plasmada en un decreto ley aprobado a finales de 2012, que vulnera el derecho de los pensionistas. Se trata del primer recurso de inconstitucionalidad que plantean conjuntamente cinco grupos parlamentarios.


El máximo responsable parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA ha mostrado, junto a su compañero de grupo Joan Coscubuiela, su confianza en que el Constitucional admita a trámite este recurso y considere las argumentaciones expuestas en el mismo para que “se devuelva el derecho arrebatado a los pensionistas de forma ilegal”.


Del mismo modo, acusó al Ejecutivo que preside Rajoy de “incumplir fragantemente” su programa electoral, también en lo que respecta a sus afirmaciones de que los pensionistas no estarían entre los colectivos a los que se haría pagar la crisis económica.

Cayo Lara señaló que de haber tenido la voluntad política necesaria el Gobierno podría “haber resuelto sin dificultad” la paga compensatoria del poder adquisitivo de los pensionistas referida al 2012, así como la actualización de las pensiones en 2013 “a través del Fondo de Reserva de la Seguridad Social. No lo han hecho por no tener voluntad política y eso ha hecho daño a la economía, ya que la no actualización afecta al consumo, al crecimiento económico y a la creación de empleo”.

En el texto del recurso registrado hoy ante el Constitucional se reclama la restitución del derecho de los pensionistas a la actualización y revalorización de las pensiones conforme al encarecimiento del coste de la vida (IPC), tal y como establece la ley.

Además, la retroactividad que se considera vulnerada y que se pide restituir se basa en que parte de lo que cotizan los pensionistas en un año corresponde a la revalorización de las pensiones, según establece la ley. Por tanto, si se priva de esa subida a los beneficiarios de las prestaciones se les resta parte de lo que han cotizado.

Izquierda Unida considera que el Alto Tribunal debe declarar inconstitucional el real decreto, en particular el precepto de retroactividad mencionado, para que el Gobierno tenga que abonar las cantidades dejadas de percibir por los pensionistas.


Todos los grupos firmantes del recurso coinciden en que el artículo 50 de la Constitución señala expresamente que “los poderes públicos garantizarán mediante pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas la suficiencia económica a los ciudadanos durante la tercera edad”.
Leer > Texto del recurso de inconstitucionalidad

Fuente: izquierda-unida.es


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Joan Coscubiela: PENSIONES, MENTIRAS Y PP

Hoy hemos presentado Recurso de Inconstitucionalidad contra el Real Decreto Ley 28/2012 por haber acordado de manera retroactiva no pagar la actualización de las pensiones del 2012, en función de la evolución del IPC. Un derecho que los pensionistas tienen reconocido por Ley, que fueron devengando y consolidando mes a mes durante el 2012 y que el Gobierno del PP ha negado con efectos retroactivos.
Más allá del impacto social de esta medida, el comportamiento del Gobierno en el tema pensiones es un compendio de la genética política del PP. Mentiras y engaños como manera natural de hacer política.
Primero en la oposición atacaron al Gobierno Zapatero por la congelación de las pensiones del 2011 y a continuación se presentaron en campaña, prometiendo en falso que no tocarían las pensiones y respetarían los derechos de los pensionistas.
Durante todo el 2012 han estado engañando a pensionistas y ciudadanía. Vendieron una subida parcial inicial del 1% como un gran gesto social, al que comparaban con la congelación de las pensiones de Zapatero. Mil veces mintieron, cuando decían que iban a salvar las pensiones del ajuste. en palabras de Rajoy que no las iban a tocar.
Después de evitar un compromiso claro durante meses, el PP llego a votar a favor de la propuesta de revalorización integra de las pensiones para 2012 y 2013 que presenté en el Congreso en nombre de Izquierda Plural (IU,ICV-EUIA, CHA). Aunque 30 días después de votar a favor en Congreso - incluida la Vicepresidenta y la Ministra de Empleo- acordaron lo contrario en Consejo de Ministros. Y lo han hecho con efectos retroactivos, principal razón del Recurso de Inconstitucionalidad presentado.
Y por último y haciendo honor a su genética han presentado esta decisión de no actualizar las pensiones del 2012 y la revalorización parcial del 2013 como la prueba de que cumplen su compromiso con los pensionistas.
Lo dicho, el PP está consolidando una tendencia compulsiva a la mentira y el engaño como forma de actuar políticamente. Solo superada por su tendencia al uso de los eufemismos para esconder la realidad de sus mentiras.
La explicación de Cospedal para justificar que Bárcenas, después de ser despedido -dicen ellos- , continuara cobrando y cotizando es la última perla. Le llaman pago diferido de la indemnización, con cotización incluida.
Total, que nadie se extrañe si hoy sale el PP diciendo que ellos no mienten, que simplemente hacen un uso "diferido" de la verdad o como dice el amigo twitero @rafetaz se trata de una "simulación diferida de la verdad".
Si grave es para el Estado social la injusticia en el reparto de los ajustes, más grave es para la democracia el uso reiterado, normalizado y compulsivo de la mentira como forma de relacionarse con la ciudadanía.

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