Este Blog hace una PAUSA TEMPORAL. Desde el 20 de noviembre de 2011 se ha recogido, a modo de diario, toda la actividad de LA IZQUIERDA PLURAL. Aquí puedes consultar 1205 artículos con reflexiones y análisis de sumo interés político.
Durante este espacio de tiempo de inactividad del blog, podrás seguir toda lo que acontece a La Izquierda Plural y Organizaciones Afines en las páginas oficiales y en el siguiente enlace de información continuada, donde una importante representación de la Izquierda Alternativa te informarán minuto a minuto de toda la actualidad:
El pasado día 25 de mayo el Consejo Político de Izquierda Unida decidía abordar un proceso de convergencia con todos los movimientos sociales nacidos del 15-M y con el resto de partidos de izquierda. Y el secretario ejecutivo de Convergencia Política y Movimientos Sociales de IU, Enrique Santiago, lo habló ayer en las jornadas públicas impulsadas por Alternativas desde Abajo. “IU estaría dispuesta a [formar parte de] una candidatura única con los movimientos sociales y otras fuerzas políticas, y lo he propuesto. Para las elecciones europeas (junio de 2014) es importante conseguir una candidatura que represente a un amplio espectro social y político. Hay que discutir propuestas de forma abierta. ¿Que consigues alianzas?: perfecto. ¿Que no? Ya se verá si se pueden plantear alianzas después de las elecciones”, explica.
Enrique Santiago es uno de los varios miembros de IU, de Equo, de Izquierda Anticapitalista y de otros partidos, de movimientos ecologistas, de mareas ciudadanas, del 15-M, del 25-S, de Democracia Real Ya, de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, de otras plataformas, que se han reunido este fin de semana en Madrid bajo el lema, o quizá pregunta: ¿Cómo construir alternativas desde abajo?
– Lo que no quiero es que mañana escribas en el titular que proponemos a cualquier otro partido una alianza, ni a Izquierda Anticapitalista, ni a Equo ni a nadie. Esto es otra cosa-, advierte.
– ¿Está IU dispuesta a diluir sus siglas entre otros partidos y movimientos ciudadanos para lograr esa candidatura única?
– No. No te confundas. Ningún proceso de convergencia pasa por ninguna sigla. Nadie ha hablado de disolver ninguna sigla ni nada. Hemos hablado de sumar.
El hecho de que IU pueda acercarse a Alternativas desde Abajo, es uno de los mayores elementos de debate dentro de este movimiento que ni quiere siglas ni líderes. Y que este viernes y este sábado reunió en Madrid a cerca de 500 personas. Para muchos, IU no es más que otro partido tradicional, con sus siglas, sus subvenciones, sus verticalidades y sus exconsejeros de cajas de ahorro, implicados en la estafa de las preferentes. Lo confirma Jorge Aranda, activista de Marea Blanca (Sanidad), y presente en las jornadas recién clausuradas de Alternativas desde Abajo: “A mí, que IU se acerque a este movimiento, me parece una noticia excelente. Pero es verdad que hay gente que lo ve bien y gente que lo ve mal”.
Tania Sánchez, diputada de IU en la Asamblea de Madrid y también presente en las jornadas, es muy prudente con ese posible consenso: “Yo creo que lo más positivo de estas jornadas es ver que el movimiento tiene un alto consenso para intervenir en la política, para disputar el poder. Pero hay que hacerlo despacito. Hay que ir con cuidadito. Por la situación de crisis, por la cantidad de gente que está pasándolo muy mal, hay cierta sensación de urgencia. Pero no sé si en las elecciones europeas podrá unirse todo el mundo. Quizá, si en principio no es posible una candidatura unitaria, pueda ser posible después converger. La urgencia social y política del momento tiene que estar por encima de cualquier sigla. Debemos buscar un espacio unitario”.
Todos los entrevistados, antes de contestar al periodista, le han echado en cara que centre sus preguntas sobre pactos políticos, siglas, elecciones, titulares llamativos… Un interlocutor, de Ecologistas en Acción, llega incluso a afirmar: “No digas que soy de Ecologistas en Acción. Di que soy un activista de la ecología y ya”. La consigna es que ninguna sigla ensombrezca un proyecto que nace desde abajo. Que pretende afinar y hacer operativo el modelo asambleario y horizontal del 15-M.
Temas que realmente se trataron durante estos dos días en Madrid y que, a pesar de ser los esenciales, no ofrecen al periodista un titular:
Extender el debate a otros territorios, en el ámbito local, provincial, etc. Algo que ya se viene haciendo, pero no tanto.
Planificar la resistencia.
Conseguir que la autogestión pueda ir sustituyendo, mientras continúan las políticas neoliberales, los servicios por ejemplo sanitarios o educativos de los que se está privando a los ciudadanos.
Creación de redes de solidaridad para ayudar a la gente que está viviendo situaciones amargas.
Una de las derivas antidemocráticas más importantes que se han dado estos últimos años en España ha residido en fiar la formulación de las reformas políticas a pequeños grupos de expertos. Hoy sucede de forma más acelerada que nunca.
El pasado 15 de febrero se hizo público el informe de la comisión de 9 personas —8 profesores y un vicepresidente del Banco Santander— nombrada por el ministro José Ignacio Wert para la reforma universitaria. Desde el llamado Informe Universidad 2000, esta fórmula ha sido la elegida para el avance de las reformas neoliberales de la Educación Superior en España por unos y otros gobiernos. Son “expertos objetivos”, pero detrás de cada comisión siempre encuentras algún banco o gran empresa.
Este viernes una comisión de expertos sobre la reforma de las pensiones ha presentado su informe final en el Ministerio de Empleo. Se trata de 12 personas, de las cuales dos están vinculadas a la patronal de las cajas de ahorro, una a un banco, mientras cuatro han trabajado en aseguradoras o para su patronal. De 12, únicamente hay una mujer. Solo tres expertos —un representante de UGT, otro de CC.OO y un miembro afín al PSOE— parecían estar a favor de un sistema público de pensiones. Finalmente, aunque estos tres emiten un voto particular, el representante de UGT es el único que ha votado en contra del informe.
Parece así evidente que la conformación de las comisiones de expertos no son inocentes, ni plurales, ni equitativas. Pero aunque lo fueran, seguiría siendo antidemocrático fijar reformas de leyes fundamentales partiendo del criterio de estos denominados “expertos”. El problema no reside solo en que sean instancias extraparlamentarias. En democracia corresponde a la ciudadanía discutir las leyes, deliberar conjuntamente sobre ellas y decidir. Desde el primer momento, es decir, desde la fijación de la agenda y los temas a tratar, desde la formulación de los problemas. Hay mecanismos participativos posibles para ello, otra cuestión es que haya voluntad de ponerlos en marcha. Que exista un apoyo técnico puntual que informe sobre lo que es o no posible no tiene nada que ver con estas comisiones. El que los representantes con responsabilidad de gobierno cedan este poder a los expertos vinculados con patronales y bancos muestra, por enésima vez, que el vínculo que estos establecen no es democrático sino oligárquico.
La tradición teórica occidental no ha sido ajena a la entronización de los expertos. Hasta un autor que solemos considerar el adalid de la participación directa moderna como Jean Jacques Rousseau, una vez que se le lee despacio, muestra en realidad un sibilino desprecio por el pueblo. Dice Roussseau en el Contrato Social que antes de que se constituya la comunidad política, el pueblo —que no ha tenido la oportunidad de educarse políticamente con buenas leyes— ha de fiarlo todo a encontrar un Gran Legislador cuasidivino que redacte una arquitectura legislativa sobre la que decidir. No es un lapsus de Rousseau, pues luego nos dirá que en la Asamblea legislativa ciudadana no es bueno deliberar en exceso, ya que enseguida se forman facciones que arrasan con la voluntad general consensuada. En una metáfora terrible para las minorías, la del “cuerpo” político, el ginebrino nos viene a decir también que un dedo no puede ir por su lado mientras cabeza y corazón están ordenando el camino.
Pero no solo el pensador que tanto influyó en las revoluciones burguesas de fines del XVIII pensaba de esta manera. En nuestro terrible siglo XX el elitismo competitivo no se cansó de dibujar masas ignorantes para el trabajo político, justificando así que fueran los “profesionales” quienes tuvieran las manos libres en este terreno, al menos cada cuatro años.
Con razón Jaques Rancière afirma, en El odio a la democracia, que en nuestro “Estado oligárquico de derecho” se despolitizan las cuestiones básicas de la vida pública cuando, al mismo tiempo, se niegan las formas de dominación que recorren la sociedad. Esto es lo que sucede con las “soluciones” técnicas, objetivas, que se nos ofrecen para resolver los problemas políticos. Como prosigue Rancière, contra la radical transgresión del “gobierno de cualquiera” siempre se alzará el odio interminable contra la democracia de los que quieren mostrar títulos para justificar su dominación, sea desde el nacimiento, la riqueza o la ciencia.
En esta discusión se dan dos distinciones que resulta preciso enfatizar. La primera afecta a la diferencia entre lo objetivo y lo imparcial. El primer concepto suele esgrimirse como garantía de neutralidad y asepsia por expertos que se vanaglorian de estar libres de prejuicios. En realidad sufren la omnipotencia de creerse seres casi divinos en su formulación de verdades evidentes, verificadas y mayúsculas. Frente a ello, aquel que busca desarrollar un juicio imparcial no oculta su nombre y apellidos, sus experiencias de vida, su clase o su género. Su posición ideológica. En definitiva, es consciente de su condición humana, y de que su combate contra los prejuicios nunca le traerá una victoria total. Ser imparcial supone una actitud honesta que se encamina a la escucha de diversos puntos de vista, a la deliberación externa e interna a partir de datos empíricos, informaciones plurales, testigos y testimonios verosímiles; a la decisión meditada, pausada e informada.
Podemos así aspirar a ser imparciales en nuestros juicios políticos, pero a menos que nos consideremos marcianos, nunca lograremos ser neutralmente objetivos.
La segunda de las distinciones es triple. No es lo mismo saber de política que tener una determinada información, ni que gozar de un conocimiento experto de algún asunto concreto. Son tres cosas distintas. A menudo se muestran estudios sobre desigualdades en el acceso a la información política entre hombres y mujeres, o entre clases sociales. Quien goza de menos tiempo para informarse, también de manera injusta suele tener menos tiempo para actuar políticamente. Pero desconocer el nombre de un ministro, o no estar al tanto de la última reforma educativa, no quiere decir que no se sepa de política.
De la misma manera hay gente que estudia y se forma en aspectos concretos de un asunto, desde el comportamiento de un virus hasta el análisis de la financiarización en Francia. En el caso especial del estudioso de la política, este será como mucho experto en su campo académico —los partidos, la conducta electoral o las teorías de la democracia, por ejemplo—, del que conoceráaspectos puntuales que el resto de no expertos desconocerá; pero no sabrá más de política que cualquier otro ciudadano. Y es que saber de política es algo más profundo, y a la vez más cotidiano. Ya desde la antigua Atenas se consideraba la sabiduría práctica ( phrónesis) como algo más complejo que el mero conocimiento.
Contaba Protágoras en el diálogo platónico del mismo nombre que hasta que Hermes, por orden de Zeus, no repartió equitativamente entre los seres humanos el respeto por el otro, el sentido de la justicia y los lazos de amistad política, no fue posible la política ni consecuentemente la construcción de las ciudades. Antes del reparto, las gentes andaban aisladas, atemorizadas y por tanto amenazantes. El mito nos recuerda así que aquellas capacidades políticas habitan en cada persona desde tiempo inmemorial. El desarrollarlas es lo que nos convierte en animales de polis, en ciudadanos plenos. El silenciarlas, obviarlas o despreciarlas nos convierte en meros consumidores, votantes o burócratas, si no en algo peor.
Saber de política nos lo trae la propia experiencia, la reflexión, el tiempo del pensamiento y del diálogo, también de la lectura; del contacto cotidiano con los demás. A cada cual le vendrá de formas distintas. Recordemos que en última instancia la democracia consiste en decidir entre todos sobre lo que nos afecta a todos, es decir, sobre lo público. Y de eso, queramos o no, sí que sabemos.
Saber de política nos viene dado por nuestra condición humana y cívica, y en democracia se deben cultivar las capacidades que lo posibilitan para tener ciudadanos efectivamente demócratas. El mejor modo de hacerlo reside en fomentar la participación política más allá de los rituales electorales. También es importante cultivar la educación cívica, esas humanidades cada vez más despreciadas por los currículos oficiales marcados por los expertos. Las matemáticas sirven, y mucho; pero como ya dijera Aristóteles, son para otra cosa. A la vez es preciso fomentar la cultura popular, el acceso gratuito a sus representaciones, el autogobierno en los centros de trabajo, y por supuesto cuidar en todo momento las libertades civiles y políticas.
Marco Fabio Quintiliano afirmaba que “la justicia, la equidad y el bien” estaban entre las principales preocupaciones de la gente que frecuenta los campos, la plaza y el mercado tanto como entre aquellos que pasan la vida en palacio. Y no le faltaba razón. ¿Quién sabe mejor lo que necesita un barrio, las pensiones o la universidad? ¿Aquellos que lo experimentan cada día, o el “experto objetivo” de turno?
Cada asamblea, acto o movilización nos lo está demostrando. Una persona desahuciada, parada, estafada o expulsada del hospital por no tener papeles ni dinero sabe mucho más de la crisis, de sus causas, injusticias y posibles salidas, que el más docto de los llamados “sabios” o “expertos” de nuestra época. Alguien con la sensibilidad de saber escuchar tiene tan solo posibilidades de acercarse a esta sabiduría práctica. Quien participa en una asamblea o un encierro logra una formación cívica de la que carece cualquier ratón de biblioteca, por no hablar del experto a sueldo de las grandes corporaciones. Erigirse por encima del resto con arrogancia, servir de vocero del poder mostrando el curriculum científico, arrogarse el privilegio de fijar los borradores que luego serán leyes bajo el mantra del bien común, el patriotismo o la evidencia empírica significa en última instancia, como diría Rancière, ahondar en el profundo odio a la democracia que cada día pone en marcha la oligarquía de este país.
Es por ello que el informe final de la comisión de expertos sobre la reforma del sistema público de pensiones habrá que leerlo, analizarlo y discutirlo con calma. Pero desde su propia génesis resulta ilegítimo democráticamente hablando. No nos sirve. Como todas las decisiones tomadas durante esta crisis, se ha gestado a espaldas de la ciudadanía y sus conclusiones, por lo que vamos conociendo, van una vez más contra esta misma ciudadanía.
Moción, subsiguiente a la Interpelación al conseller de Sanidad sobre la política general de la consejería en los departamentos de salud de Torrevieja, Elche-Crevillente, Denia, Alzira y Manises, que formula la diputada Marina Albiol Guzmán, del Grupo Parlamentario Esquerra Unida . La moción planteaba el siguiente par de propuestas (copia literal): "Las Cortes instan al Consell a:
1. - Llevar a cabo las acciones oportunas para que los hospitales y departamentos de salud que en estos momentos están siendo gestionados por empresas privadas pasan a ser gestionados directamente por la Consellería de Sanidad.
2. - Llevar a cabo una Comisión de Estudio y Revisión por parte de la Conselleria de Sanidad que elabore un diagnóstico sobre las cuestiones que a continuación se relacionan:
- Las derivaciones de pacientes de hospitales de gestión pública hacia hospitales de gestión privada.
- Las derivaciones de pacientes de hospitales de gestión privada hacia hospitales de gestión pública.
- El desarrollo de las tareas asignadas a los Comisionados.
- El cumplimiento de los contratos con la Consejería por parte de las empresas que gestionan la sanidad a los departamentos de salud de Manises, La Ribera, Denia, Elche-Crevillente y Torrevieja.
- Las prácticas para aumentar el número de tarjetas SIP a los departamentos de gestión privada. "
En el encuentro, presidido por Cayo Lara, que se desarrolla en el Parlamento de Andalucía y en el que actúa de anfitrión la federación andaluza, se dedicará un apartado especial al análisis y a las alternativas que planteará IU a la distribución pendiente de decidir por parte del Gobierno central del reparto entre las comunidades y el Estado de la flexibilización del objetivo de déficit acordada por la UE
Izquierda Unida celebra durante toda la jornada de hoy lunes su V Reunión Interparlamentaria, presidida por el coordinador federal, Cayo Lara. En esta ocasión la reunión tiene lugar en Sevilla, en las dependencias del Parlamento de Andalucía, dado el carácter rotatorio que se ha dado a este encuentro político entre las distintas federaciones que componen IU.
Esta Interparlamentaria de Izquierda Unida estará centrada en la coordinación de las respuestas que desde esta formación –dentro de sus distintos ámbitos internos y a través de las instituciones municipales, autonómicas y estatales en las que está representada- se están dando ya y se van a seguir ofreciendo a la crisis económica, así como de oposición nítida y constructiva a las diferentes medidas neoliberales, de ‘ajuste duro’ y de sumisión a los dictados de la troika que está imponiendo el Gobierno de Mariano Rajoy y, por extensión, las distintas administraciones con mayoría de derecha.
Por ello, entre los temas centrales a tratar hoy estará la puesta en común de las iniciativas ya en marcha, además de las que están en fase de elaboración, de respuesta a la crisis elaboradas por las distintas federaciones de IU.
En este marco, se dedicará un apartado especial al análisis y a las alternativas que planteará IU a la distribución pendiente de decidir por parte del Gobierno central del reparto entre las distintas comunidades y el Estado de la flexibilización del objetivo de déficit acordada por la Comisión Europea, así como las aportaciones teóricas y prácticas que se hacen desde las federaciones de IU de cara a una futura reforma del modelo de financiación autonómica.
Otro de los temas destacados de la reunión será la puesta al día de las iniciativas, actuaciones y movilizaciones a nivel local y autonómico que realiza IU para trasladar a la sociedad su férrea oposición al todavía anteproyecto de reforma de la Administración Local que impulsa el Ejecutivo de Rajoy y que, de salir tal y como está planteado, supondrá una involución democrática y el golpe definitivo a la participación de la ciudadanía y al estrangulamiento de los servicios públicos en los municipios y entes locales tal y como se ha venido construyendo desde la vuelta de la democracia.
Dado que esta V Reunión Interparlamentaria tiene lugar en Sevilla, actuando como anfitriona la federación andaluza de IU, se hará también un análisis de cuál está siendo la aportación de esta formación a las políticas del Gobierno de Andalucía del que se decidió formar parte activa, y cómo observa y valora en la práctica dicha intervención la sociedad de esta comunidad.
A los encuentros de la Interparlamentaria de IU están invitadas las direcciones de las distintas federaciones que componen esta organización, así como los representantes de los distintos grupos en el Congreso, el Senado y en las cámaras autonómicas en las que se cuenta con representación.
El primer encuentro de estas características tuvo lugar en mayo de 2009 en el Palacio de la Aljafería de Zaragoza, organizado por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida en las Cortes de Aragón. Con posterioridad la Interparlamentaria ha recorrido ya las comunidades de Castilla y León, Cataluña y Madrid.
Cayo Lara reclama al Gobierno de Rajoy que "traslade a las CC.AA en su integridad y miméticamente" la moratoria para cumplir con el déficit dada por la Unión Europea +info
La Generalitat valenciana adjudicó 4.098 millones de euros, en 217 contratos, a las empresas que aparecen en los conocidos como "papeles de Bárcenas", según ha denunciado hoy el coordinador de Izquierda Unida, Cayo Lara, quien añadirá esta documentación a la querella presentada en la Audiencia Nacional.
Lara ha ofrecido una rueda de prensa junto a la coordinadora general de Esquerra Unida, Marga Sanz, en la sede de la formación en Valencia. Según Lara, esa cifra no incluye contratos menores o sin publicidad, y ha estimado que el volumen total de las contrataciones efectuadas por las Administraciones y las citadas empresas en toda España podría alcanzar los 8.000 millones de euros, si bien todavía se investiga en distintas regiones.
A su juicio, estas actuaciones "las debería desarrollar la Fiscalía de oficio" porque, a su juicio, guardan relación con la supuesta financiación irregular del PP, hecho que si se demuestra supondría que "un partido gobierna de forma ilegal".
Según las cifras recogidas por Esquerra Unida del Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, entre 1996 y 2007 la empresa Sedesa ha sido adjudicataria de 1.869 millones de euros, Sacyr de 1.001 millones, FCC de 895, Aldesa de 100, Azvi de 97, OHL de 71, Constructora Hispánica de 59 y EOC de Obras y Servicios, de cuatro millones. "Alguien hizo de Génova la cueva de Ali Babá y la mayoría de los 40 ladrones aterrizaron en el PP valenciano", según Lara, quien ve "conexiones cada vez más fuertes" entre "Gürtel, Génova y Bárcenas".
Estos contratos "cierran el cerco de la querella que IU planteó sobre los donativos supuestamente ilegales y concesiones de instituciones gobernadas por el PP a cambio de supuesta financiación irregular".
El presidente del Gobierno y del PP, Mariano Rajoy, clausurará mañana en Peñíscola la convención política del PP de la Comunitat "de 'la familia'", según Lara. "Una vez, (Rajoy) dijo aquí que Carlos Fabra era un ciudadano ejemplar y efectivamente, muchos han tomado ejemplo de él", ha añadido.
En su opinión resulta sorprendente que el PP se haya querellado contra IU y no contra su extesorero Bárcenas, y además apelando "a una supuesta ofensa al pueblo español". "Cómo se le ocurre envolverse en la bandera para tapar sus miserias. Nos están insultando, piensan que España es su cortijo", ha agregado Cayo Lara. "No vamos a dejar caer el caso Bárcenas -ha advertido-, a pesar de que sabemos que el juez Pablo Ruz ha de dejar la plaza en septiembre porque la tiene en interinidad. Esperamos que lo dejen como ayudante en la causa para que el caso no muera, como sucedió con -el caso- Naseiro".
Marga Sanz, por su parte, ha considerado necesario saber "si ha habido un 'pasa antes por caja antes de que yo te dé la contratación' y que se investigue la supuesta relación entre los contratos de la Administración valenciana y la supuesta financiación irregular del PP".
Caso Cooperación
En referencia al conocido como caso Cooperación y al hecho de que la Fiscalía y la Abogacía de la Generalitat hayan solicitado penas de prisión para el exconseller Rafael Blasco, procesado en esta causa, Lara ha dicho que "Rajoy será cómplice político de sus fechorías si no ordena su expulsión del partido y de Les Corts".
"El caso Blasco eleva a la máxima potencia la corrupción del PP. El Parlamento valenciano ha batido el récord histórico, no conozco otro con tantos imputados, y nunca nadie ha dimitido", ha manifestado el coordinador de IU, quien cree que las imputaciones de Francisco Camps y Rita Barberá "son inminentes" en el caso Nóos.
Sobre este asunto Marga Sanz se ha expresado en el mismo sentido al afirmar que el president de la Generalitat, Alberto Fabra, "es cómplice de una situación que denigra la política como ejercicio de la soberanía del pueblo".
Yolanda Díaz fue ratificada el sábado por el Consejo Político de Esquerda Unida en Galicia como coordinadora de la formación. Eligieron una nueva ejecutiva nacional que insistió en su objetivo de fortalecer la AGE y "contribuir" a una coalición que sea "la alternativa a Feijoo."
Entre los acuerdos adoptados, EU también aprobó por unanimidad un informe en contra de la comisión de expertos en materia de pensiones del sistema de defensa de la población contra los ataques "neoliberales" de la derecha. También destacó el apoyo de la formación de huelga general local de Ferrolterra en los próximos 12 días, así como las manifestaciones contra la reforma de la ley del aborto.
Nueve personas son parte de la nueva ejecutiva nacional, además de los responsables de las secretarías de la zona.
Según Yolanda Díaz, este organismo tendrá como objetivo hacer de EU "uno de los pilares fundamentales para la construcción de un bloque alternativo de poder unirse a las fuerzas de la izquierda transformando un proyecto para detener las políticas destructivas de la derecha". Alrededor de éste, la formación va a organizar una conferencia Debate gallego en el modelo europeo para el próximo 15 de junio en Compostela.
El portavoz de la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA), Joan Coscubiela, ha rechazado que el informe sobre el factor de sostenibilidad presentado por el comité de expertos tenga ninguna legitimidad y ha avanzado que su grupo se opondrá a "cualquier intento de degradar" el sistema público de pensiones.
El portavoz de la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA) en materia de Empleo en el Congreso, Joan Coscubiela, ha rechazado que el informe sobre el factor de sostenibilidad presentado este viernes por el comité de expertos -creado ex profeso para diseñar este parámetro- tenga ninguna legitimidad, y ha avanzado que su grupo se opondrá a "cualquier intento de degradar" el sistema público de pensiones.
En una nota de prensa, el diputado catalán se ha desvinculado del contenido de dicho informe, que incluye un factor de equidad intergeneracional (FEI) que actúa sólo sobre el cálculo de la pensión inicial y la "modera" por el aumento de la esperanza de vida respecto al año base; y otro de revalorización anual (FRA) que determinará el crecimiento anual equilibrado de las pensiones, de acuerdo con los ingresos disponibles del sistema público, y no con arreglo al IPC como hasta ahora.
"No nos vincula. No le vamos a dar ninguna legitimidad a este informe. Lo ha pedido el Gobierno, y el Gobierno sabrá lo que quiera hacer de él. Para nosotros lo importante es la propuesta que haga el PP (en el seno del Pacto de Toledo) y nos opondremos claramente a cualquier intento de volver a degradar el sistema público de pensiones y a cualquier propuesta que suponga una pérdida de poder adquisitivo para los actuales pensionistas", ha insistido.
REFORMA INNECESARIA Y CON OBJETIVOS ESPURIOS
A renglón seguido, Coscubiela ha asegurado que no era necesario reformar de nuevo el sistema de pensiones, cuando la última modificación entró en vigor el pasado 1 de enero, y ha acusado al Ejecutivo 'popular' de pretender "abrir la puerta a su privatización".
En este sentido, ha recordado que gran parte de los doce 'sabios' convocados por el Ejecutivo para realizar este análisis están "vinculados a intereses y profesionalmente al sector asegurador y financiero". "Es absolutamente inaceptable", ha añadido el diputado de ICV.
Finalmente, ha recordado que España gasta "casi tres puntos menos" de media en pensiones que el conjunto de la UE y tiene "unos datos de sostenibilidad aceptables", y ha lamentado que "la única voluntad" del PP sea, "otra vez, dar otra vuelta de tuerca a las pensiones en sentido negativo".
"Nosotros nos vamos a oponer a una reforma que, además, afectaría por primera vez no sólo a los futuros pensionistas sino también a los actuales, cargándose la revalorización de las pensiones", ha concluido, reiterando el compromiso de su grupo con la "defensa del sistema público y porque esta reforma del PP no implique un retroceso".
Sinceramente he dudado mucho en meterme en este berenjenal, pero como la cabra tira al monte, vamos a intentarlo. No es tarea fácil intentar descodificar políticamente el informe de los expertos. Por su complejidad, pero sobre todo porque en este debate se han consolidado al mismo tiempo dos imágenes tan estereotipadas como falsas que es difícil combatir con explicaciones. Una, que es inevitable y urgente la definición del factor de sostenibilidad, sin esperar al período 2027/2032 previsto en la ley 27/2011. Otra, que el informe de los expertos sólo tiene una lectura, la de la reducción de las pensiones y que además el informe es el marco en que debe hacerse la reforma legal. Durante el día de ayer comprobé hasta qué punto estas dos imágenes construidas mediáticamente están consolidadas y dificultan una reflexión serena.
INFORME TAN POLÍTICO COMO TÉCNICO. El informe se presenta como técnico y en buena parte lo es, pero contiene una gran cantidad de valoraciones políticas y juicios de valor estrictamente políticos. Hasta el punto que en muchos de sus apartados las reflexiones políticas solapan claramente las sugerencias técnicas. Ello confirma que el Gobierno nunca debió iniciar el debate de la pensiones intentando marcar las cartas con un informe de “expertos”. Entre otras razones porque los análisis técnicos bien podían haber sido aportados por los propios “expertos” de la Seguridad Social, que a lo largo de décadas han demostrado ser quienes más han acertado en sus proyecciones y los menos contaminados.
Pero me temo que al Gobierno le puede haber salido el tiro por la culata. El informe está lleno de matices, de dobles interpretaciones y de llamadas a la toma de decisiones políticas. Lo que permite intuir que el debate en la Comisión ha sido intenso y que en los temas más conflictivos se ha optado por abrir diferentes interpretaciones y derivar la decisión al Gobierno, al Pacto de Toledo y al Parlamento, como no podría ser de otra manera. Las políticas de pensiones requieren solvencia económica, pero son sobre todo decisiones políticas que no se pueden delegar en el “despotismo ilustrado” de los expertos.
PREJUICIOS Y ADANISMOS. El informe sólo comenzar incurre en dos flagrantes prejuicios. Dar por hecho, sin argumentarlo técnicamente, que es inevitable y urgente adelantar el cálculo del factor de sostenibilidad previsto para entrar el vigor el 2032. Y el habitual adanismo de afirmar que hasta llegar los “expertos” no se han abordado las reformas necesarias.
EL INFORME SE EXTRALIMITA EN EL MANDATO RECIBIDO. El Gobierno del PP intenta justificar su decisión de abordar ahora la reforma en el artículo 8 de la Ley 27/2011 que mandata al establecimiento de un factor de sostenibilidad para el calculo de las pensiones futuras, pero no dice nada de tocar la revalorización de las pensiones actuales. Al proponer una nueva fórmula de revalorización de las pensiones actuales, los expertos lo hacen con criterios políticos para los que no están legitimados democráticamente. Se da la circunstancia que en algunos de los países que han abordado el factor de sostenibilidad, este no afecta a las pensiones presentes.
CARTAS MARCADAS EN EL CÁLCULO DE LA SOSTENIBILIDAD. Todo el informe gira alrededor de una variable importante, como es el aumento de la esperanza de vida a partir de los 65 años, pero ignora otros factores. En el terreno demográfico las entradas de nuevas cohortes al sistema, vía inmigración o aumento de la natalidad – clave en algunos países gracias a las políticas de familia-. O la ampliación de la base de sistema contributivo, con más y mejores cotizaciones. Sin olvidar el impacto de las mejoras de la productividad – con mucho recorrido en España – y de su reparto social de manera equitativa. Con los restrictivos criterios de “sostenibilidad” del informe, el sistema de pensiones construido en Europa durante el siglo XX no hubiera sido posible.
EL INFORME ABRE LA VÍA A CONSEGUIR MÁS INGRESOS. Y puede que esa sea la razón de que el informe incorpore, como un añadido en su página 22, una reflexión sobre las diferentes posibilidades políticas de mejorar la sostenibilidad, no sólo moderando el crecimiento del gasto, sino aumentando los ingresos. Y no sólo los provinientes de cotizaciones sociales, sino vía fiscalidad general. Y ello a pesar que desde los teóricos de la sostenibilidad siempre se ha querido limitar el debate a un ajuste de gastos en función de los recursos disponibles.
UNAS MEDIDAS PROCICLICAS. Al reflexionar y proponer medidas para una nueva forma de revaloración de las pensiones, se insiste en que la nueva propuesta pretende ser anticíclica en relación al impacto de la revalorización en los gastos del sistema. O sea que en períodos de menos crecimiento de la economía, menos revalorización de las pensiones. Pero al hacerlo se ignora que lo que puede ser anticíclico para el sistema de seguridad social, resulta procíclico para el conjunto de la economía. Porque revalorizar menos las pensiones, cuando la economía crece menos, sin duda puede agravar la crisis en una economía con fuerte dependencia del consumo interior.
FACTOR DE EQUIDAD INTERGENERACIONAL. Es la formula propuesta para acomodar el crecimiento futuro de las nuevas pensiones. Hasta ahora en el cálculo de las pensiones intervienen tres factores, años cotizados, bases de cotización y edad de jubilación. Y los expertos proponen una cuarta, el de la esperanza de vida prevista en el momento de la jubilación. Una nueva proporcionalidad que significa que a más esperanza de vida, menos % sobre 100 se cobraría. De manera que siempre se cobrara menos del 100% actual si la esperanza mejora y solo se cobrara más de 100% actual si cae la actual esperanza de vida. La formula propuesta por los expertos comporta que cada uno se hace cargo del reparto de su pensión a lo largo de su vida por vivir más años. Aunque de nuevo aparece el matiz en el informe, cuando se dice que nada impide que la solución sea aumentar los ingresos del sistema de seguridad social, siempre que se explique de donde salen estos nuevos ingresos. Como ven, de nuevo, las formulas técnicas ceden el paso a la política, que es de lo que se trata.
FACTOR DE REVALORIACIÓN ANUAL (FRA). Es el que determina como hacer la revalorización de las actuales pensiones, acabando con la revalorización automática para mantener el valor real de las pensiones, que ha funcionado hasta hoy, con la excepción de los años 2011 y 2012. Ya hemos dicho que en este apartado el informe de los expertos se extralimita en sus consejos. Pero lo más interesante es como el informe abre la vía a tantas posibilidades como quiera la política. Después de proponer una formula nueva, que no garantiza el valor real de las pensiones, se introducen algunos matices. Para evitar que la aplicación de su formula de revalorización pueda suponer una reducción del valor nominal de la pensiones, se plantea una cláusula suelo y se dice que para financiarla se usará el Fondo de Reserva, nutrido de los excedentes de las cotizaciones en épocas de bonanza. Y lo que es más curioso, se abre también la posibilidad de que si así se decide políticamente se pueda garantizar el mantenimiento integro del poder adquisitivo, siempre que se habiliten los recursos necesarios y se explique de donde salen.
APLICACIÓN DE LAS PROPUESTAS. A pesar de que los expertos no justifican el porqué de su propuesta, se plantea que las reformas deberían aplicarse cuanto antes, dentro el período 2014/2019. El porque de este período transitorio y no otro, no se explica. Aunque no es exagerado pensar que es el margen político, no técnico, que se le da al Gobierno para que el impacto de las medidas no sea visible – ni en pequeñas dosis- hasta pasados dos ciclos electorales, el del 2015 y el del 2019 – en la hipótesis de no adelanto electoral-. Pero hay más, nada impide en el informe que se pueda acordar políticamente que los criterios adoptados entran en vigor después del 2019. Y más aún, se sugiere que sea cual fuere la fecha escogida para la entrada en vigor de los cambios, los nuevos pensionistas reciban a partir del 2014, además de la información de la pensión reconocida, otra en paralelo sobre cual seria su pensión en el caso de haberse aplicado los nuevos criterios. Total que lo que se podría hacer, si así se decide políticamente, que los criterios propuestos no entren en vigor hasta transcurridos unos años de comprobación de cuales serian sus efectos en los pensionistas y en el gasto agregado del sistema.
Bien, hay muchas más cosas y muy interesantes, como una referencia explícita al artículo 135 de la Constitución Española y a los límites que impone a la política democrática.
Espero haber sabido explicar tres cosas: que el informe es todo menos un informe exclusivamente técnico – los eunucos ideológicos no existen- . Que el informe intenta marcar el terreno de juego de la reforma, pero que permite tantas interpretaciones como quiera la política. Y que el Gobierno no debe escudarse en el informe de los expertos y si quiere plantear una reforma, por otra parte no necesariamente urgente, deberá mojarse.
Y será entonces, cuando el Gobierno presente su propuesta política a los agentes sociales y a la Comisión del Pacto de Toledo, cuando de verdad comenzará el debate de fondo y en el terreno del que nunca debió salir, el de las decisiones de las instituciones democráticas.
Si el Gobierno pretendía con el informe marcar la agenda política de los debates, escondiéndose detrás de los expertos, no deberíamos permitírselo. Y además, son tantas y tan variopintas las hipótesis que abre el informe, que al Gobierno no le va a quedar más remedio que responsabilizarse de las propuestas que haga. Y decidir si quiere tirarse a la piscina, y si lo quiere hacer antes o después de las próximas elecciones.
Al final, será la política la que decida, como no puede ser de otra manera y la ciudadanía tiene mucho que decir. Lo contrario significaría sustituir la democracia por el despotismo ilustrado.
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