lunes, 1 de junio de 2015
Bruselas evalúa a España por incumplir las normas que regulan la Tarjeta Sanitaria Europea.
España no se ajusta a las normas comunitarias que regulan la Tarjeta Sanitaria Europea. Fue la respuesta escrita que la comisaria europea de Empleo y Asuntos Sociales, Marianne Thyssen, dio hace un mes a los eurodiputados españoles de Izquierda Unida (IU) Marina Albiol y Javier Couso, quienes preguntaron si era correcto que las autoridades españolas expidieran a los trabajadores con contratos temporales que viajaban al extranjero un certificado provisional válido por tres meses en lugar de la habitual tarjeta con una validez de dos años.
Bruselas pidió explicaciones a las autoridades españolas y desde entonces la Comisión "evalúa" la respuesta facilitada por España en base "a las normas comunitarias en materia de coordinación de la seguridad social", según señaló un portavoz comunitario a VICE News sin facilitar más detalles.
El ministro de Sanidad, Asuntos Sociales e Igualdad español, Alfonso Alonso, señaló el 26 de mayo en el Senado que efectivamente las autoridades comunitarias "consideran que se emiten demasiados certificados y que debemos operar con un sistema de tarjeta", subrayó. Y señaló que el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social ya trabaja "en cambiar el procedimiento" para emitir tarjetas que solo tengan validez de tres meses.
El problema ha surgido tras la aparición de numerosos casos de españoles que se van a trabajar al extranjero después de que el Gobierno aprobara en 2012 el decreto de "medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones".
'En Alemania se han producido casos en los que les han exigido una traducción jurada del certificado y en países como Irlanda ni siquiera lo aceptan'.
La medida restringió, por ejemplo, el acceso universal al sistema sanitario a los inmigrantes sin los papeles en regla o a las mayores de 26 años con rentas de 100.000 euros que nunca hubieran cotizado. Además, un año después, las autoridades españolas introdujeron una nueva condición y era que para mantener el derecho a la atención sanitaria en España nadie podía estar viviendo fuera del país más de tres meses. La consecuencia es que los jóvenes de esa edad que no han trabajado nunca y que precisamente salen a otro país europeo a buscar su primer empleo las autoridades españolas solo les facilitan un certificado que les cubre por tres meses.
"Nos había llegado por varios compañeros que se estaban yendo a buscar trabajo fuera de España y que no les estaban dando la tarjeta sanitaria europea sino el Certificado Provisional Sustitutorio", explica Marina Albiol en conversación telefónica con VICE News. En todos los casos, subraya, las personas que emigraban tenían contratos temporales y en muchos de los casos el certificado — una fotocopia en papel con los datos y la información escrita solo en español — no estaba siendo aceptado en centros médicos europeos.
"En Alemania se han producido casos en los que les han exigido una traducción jurada del certificado y en países como Irlanda ni siquiera lo aceptan", afirma en conversación vía Skype desde Uruguay Sonia Camallonga, quien forma parte de la comisión de Sanidad de la Marea Granate, el colectivo social que representa a los emigrantes españoles que se marchan al extranjero para buscar trabajo. Para ella, los problemas que están surgiendo se deben "al cambio de modelo en el sistema sanitario español que llegó con la aprobación del decreto y que vincula la asistencia sanitaria en función de si cotizas o no a la Seguridad Social, cuando antes no era así".
La normativa europea que regula la asistencia sanitaria en un país comunitario — y que España debe cumplir — establece que los Certificados Provisionales Sustitutorios solo deben expedirse en caso de robo de la tarjeta sanitaria o cuando la partida al extranjero sean tan rápida que no haya tiempo suficiente para emitir el documento reglamentario. Es decir, solo deben entregarse en "circunstancias excepcionales", como subrayó la comisaria europea de Empleo y Asuntos Sociales en su respuesta escrita.
Según reflejan los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística, 225.000 españoles se fueron de España entre 2008 y 2012. Pero un informe elaborado hace dos años por la Fundación Alternativas, La nueva emigración española, eleva la cifra a más de 700.000.
Raquel Sánchez, socióloga de 26 años, salió hace dos de España rumbo a Irlanda en busca del trabajo que no encontraba en su país. Primero formó parte del Programa de Voluntariado de la UE, cuando terminó al cabo de un año regresó pero ante la falta de perspectivas se marchó de nuevo a Dublín a "buscarse la vida", y donde logró un contrato temporal de administrativa en una empresa.
El año pasado tuvo que acudir al médico por una infección y como su tarjeta sanitaria europea estaba caducada las autoridades sanitarias irlandesas le exigieron pagar 100 euros por adelantado para ser atendida en Urgencias. A través de su familia en España, trató de renovar la tarjeta europea pero como ya había cumplido los 26 años y no había cotizado nunca en España se la denegaron — además del reembolso de la atención médica en Irlanda — y solo le dieron el certificado de los tres meses. Este año le volvieron a dar un nuevo certificado por tres meses — solo se permite uno al año —, que ya le ha caducado y se ve "como muchos otros españoles sin ningún tipo de protección" ya que la sanidad irlandesa no es universal y solo es posible acceder a ella con un seguro médico.
El ministro de Sanidad español aseguró en el Senado que España está trabajando para cambiar los certificados en papel por unas tarjetas — y adaptarse así a la normativa europea —, que en cualquier caso, seguirán siendo válidos solo por tres meses. "Consideramos que tres meses es tiempo suficiente para encontrar un trabajo", subrayó Alonso, quien explicó que si un español trabaja en el extranjero debe ser ese país quien cubra sus prestaciones sanitarias.
Faustina González, una enfermera de 37 años que trabaja desde hace dos años en un hospital inglés rechaza las palabras del ministro: "Yo tardé siete meses en encontrar trabajo y eso que yo ya llevaba muchos trámites realizados desde España".
En noviembre de 2012, se marchó de su país con su prestación por desempleo exportada — algo posible tras registrarse como demandante de empleo en el país de llegada — pero con un Certificado Provisional Sustitutorio, que le caducó a los tres meses. Justo una semana después se vio en la necesidad de acudir a Urgencias. "Por entonces la sanidad inglesa era gratuita [ahora se han introducido algunos copagos] y no me cobraron nada, pero si llega a ser en otro país hubiera tenido que pagar porque España no me dio la tarjeta sanitaria europea", subraya. Hasta tres meses después no logró su primer contrato como enfermera.
Fuente: news.vice.com
El Congreso rechaza la ley contra las agresiones a LGTBI presentada por la Izquierda Plural.
- El PP ha rechazado en la Comisión de Interior una iniciativa de Izquierda Plural, respaldada por PSOE y Grupo Mixto.
- Se solicitaba un protocolo de actuación para tratar a las personas que sufren agresiones por su orientación sexual, identidad o expresión de género.
- Ha tenido 23 votos en contra y 17 a favor.
El PP ha rechazado en la Comisión de Interior del Congreso una iniciativa de Izquierda Plural, respaldada por PSOE y Grupo Mixto, encaminada a pedir al Gobierno que elabore una ley integral de igualdad de trato que luche contra las agresiones y discriminación hacia el colectivo LGTBI. La proposición no de ley de Izquierda Plural, en la que también se solicitaba un protocolo de actuación para tratar a las personas que sufren agresiones por su orientación sexual, identidad o expresión de género, ha tenido 23 votos en contra y 17 a favor.La propuesta ha sido defendida por el diputado Ricardo Sixto quien ha señalado que los ataques contra este colectivo (lesbianas, gais, transexuales, bisexuales e intersexuales) son una "realidad" en España, por lo que ha demandado un cambio para que las instituciones públicas adopten medidas. Con esta iniciativa se pretendía también pedir al Ejecutivo que promoviese la denuncia por parte de las víctimas y la puesta en marcha de planes de formación para que la Policía, la Guardia Civil y el profesorado sepan detectar delitos por LGTBIfobia.Además, Sixto ha recordado que en 2013 se denunciaron 452 delitos por la orientación sexual y la identidad de género, de un total de 1.172 de los delitos de odio ocurridos en España, según datos del Ministerio del Interior.La diputada popular María Jesús Bonilla ha asegurado que su partido tiene como prioridaddefender los derechos de las personas "sea cual sea su condición" y ha manifestado que en la actualidad ya existen medidas como las que se plantean en esta iniciativa, como el plan director de seguridad. Por ello, ha considerado que no es necesario un protocolo de actuación, sino la "aplicación de la ley vigente".Desde el PSOE, Ángeles Álvarez ha indicado que es "mejor una ley integral de igualdad de trato" para luchar contra las agresiones del colectivo LGTBI, ya que el simple reconocimiento de un derecho "no es suficiente".- Fuente: 20minutos.es
Los socialistas se alían con la derecha europea y abren la puerta al blindaje de las empresas con el TTIP.
Los socialistas europeos claudican y evitan que el Parlamento de Bruselas dé un espaldarazo al acuerdo comercial entre la UE y Estados Unidos (TTIP, en sus siglas en inglés) al evitar que la Cámara apruebe el rechazo pleno a la fórmula de blindaje judicial que pone a las multinacionales por encima de los Estados y de la soberanía de los parlamentos nacionales.
La comisión de Comercio Internacional de la Cámara europea ha aprobado hoy una resolución elaborada por el socialdemócrata alemán Bernd Lange que evita rechazar explícitamente la fórmula de los tribunales internacionales privados para dirimir conflictos entre Estados e inversores extranjeros, el llamado mecanismo ISDS (Investor-State Dispute Settlement).
Y esto a pesar de que el propio Lange llevaba meses criticando esta cláusula ISDS y a pesar también de que en el borrador inicial Lange había incluido su rechazo frontal a dicha fórmula.
Sin embargo, acaso en previsión de que un texto tan contundente iba a ser tumbado por la derecha europea (PP y liberales, que tienen mayoría), Lange ha optado por aguar el contenido del mismo y el texto final aprobado no cita siquiera explícitamente el ISDS: apela a confiar en los tribunales nacionales y se refiere únicamente a la necesidad de reformar los mecanismos actuales de resolución de conflictos entre inversores y Estados.
Junto a esto, Lange propone “a medio plazo, la creación de una Corte Internacional pública de resolución de conflictos con inversores para dirimir estas disputas”, lo que cumple exactamente con la línea reivindicada por la comisaria de Comercio de la Comisión Europea, Cecile Malmstrom, la encargada en la UE de negociar el acuerdo con Estados Unidos.
El texto de este informe debe ser ahora votado por el Parlamento Europeo al completo durante la segunda semana de junio en Estrasburgo. Debido a la mayoría de la derecha, no es esperable que el resultado sea diferente al obtenido hoy en la votación de la comisión de Comercio Internacional.
“Tras año y medio y 9 rondas de negociación del TTIP entre la Comisión y EEUU, la Comisión de Comercio Internacional del Parlamento ha aprobado una resolución en la que socialistas, liberales y conservadores han dado todo su apoyo a la Comisión Europea y han omitido las demandas de la ciudadanía de transparencia y en contra de la creación de un sistema jurídico paralelo para las multinacionales, el Tribunal de Inversores, ISDS”, ha criticado el portavoz de EQUO en el Parlamento Europeo, Florent Marcellesi.
La derecha europea, en cambio, defendió que “no era ahora el momento de tumbar el ISDS, puesto que se está en plenas negociaciones. Lo correcto es dejar que la Comisión Europea tenga diferentes opciones sobre la mesa”, defendió la conservadora Emma McClarkin.
El informe del Parlamento llega tras un año y medio de discusiones en la Cámara. Lange debía recoger las opiniones de otras 13 comisiones, seis de las cuales rechazaron el ISDS, sin embargo, el informe del socialdemócrata alemán no muestra tal contundencia.
Lo más paradójico de todo es que el propio Lange ha asegurado en la rueda de prensa posterior a la votación su postura contra el ISDS. Lange ha asegurado, de hecho, que para él el mecanismo de tribunales privados no es adecuado en casos como Estados Unidos y Europa porque tienen sistemas judiciales fiables, transparentes y consolidados”. Entonces, ¿por qué no ha incluido este punto de vista en su informe?
El diputado de Los Verdes Yanick Jadot ha criticado que “los socialistas se han echado para atrás para lograr un consenso con conservadores y liberales para evitar que éstos tumben su informe. Han preferido esa opción que reflejar el rechazo generalizado que hay en la opinión pública europea al ISDS”.
“EL ISDS debería pertenecer al pasado”, ha recalcado Helmut Scholz, de Izquierda Unitaria Europea. “Nuestro sistema legal reúne todas las garantías y es transparente… pero el voto de hoy muestra qué tenía en mente el partido socialista a pesar de lo que venía diciendo”.
Uno de los argumentos típicos que esgrime a menudo la derecha europea para defender el blindaje a las multinacionales es que los Estados miembros de la UE ha firmado ya más de 1.400 acuerdos con el ISDS, algunos de ellos desde los años 50.
Sin embargo, la cláusula ISDS permitió a Vattenfall denunciar en octubre del año pasado al gobierno alemán y reclamarle 4.700 millones de euros de compensación debido a que, tras el desastre de Fukushima, el gobierno alemán había decidido recular en sus políticas pronucleares y retirar licencias de funcionamiento a ocho plantas de este tipo.
La Cooperación Reguladora y el ISDS son precisamente los dos aspectos del TTIP más criticados por el creciente número de detractores del tratado. Bruselas ha celebrado una consulta pública en la que 150.000 europeos expresaron su opinión sobre el mecanismo de blindaje de las empresas. El 97% rechazó el ISDS, pero la Comisión sigue empeñada en incluirlo en el acuerdo.
Fuente: publico.es
Los grupos popular y socialista del Parlamento Europea coinciden en un 69,7% en las votaciones, un grado de consenso desconocido en la política nacional, y que PSOE y PP ocultan para diferenciar su oferta electoral. [+Info]
viernes, 29 de mayo de 2015
Álvaro Sanz recrimina al Gobierno que "se ría de la gente" por recurrir un año más a créditos extraordinarios para aumentar la partida que defensa destina a pagar armamento
El diputado de IU y portavoz parlamentario de Defensa acusa al Ejecutivo de Rajoy de “tomar el pelo” al Parlamento y denuncia la “vocación por la industria de las armas” del ministro Morenés
El diputado de Izquierda Unida y portavoz parlamentario de Defensa de IU, ICV-EUiA, CHA, Álvaro Sanz Remón, ha recriminado hoy al Gobierno de Mariano Rajoy que “engañe y se ría de la gente” al recurrir un año más en esta legislatura a la argucia legal de aumentar el presupuesto que Defensa destina a pagar ‘programas especiales de armamento’ a través de un decreto-ley que incorpora créditos extraordinarios y un suplemento de crédito para tal fin. Sanz Remón acusó al Ejecutivo, a través del titular de esta cartera, Pedro Morenés, de “tomar el pelo” al Parlamento y denunció la “vocación por la industria de las armas” del ministro.
En su intervención ante el Pleno del Congreso el diputado aragonés de IU defendió la posición de su grupo en contra de este Real Decreto-Ley 7/2015 que vuelve a aumentar el gasto en armamento en más de 856 millones de euros. Destacó su “hartazgo” por la actitud del Gobierno “contraria a las más mínimas normas de correcto funcionamiento democrático del Parlamento”, al que reprochó también el “ninguneo” que practica Morenés, ausente durante el debate parlamentario y al que sustituyó el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, al que calificó como “ministro para todo”.
Sanz Remón manifestó el “asombro” de su grupo ante la intervención de Montoro por “justificar lo injustificable”. Criticó con dureza el uso que desde Moncloa se hace de la figura del decreto-ley que convierte la aprobación de sus medidas en un “paseo militar” con el que “han dinamitado el control y el respeto del Parlamento”.
El parlamentario de IU por Zaragoza denunció que el Ejecutivo practique este “trágala” en la Cámara Baja “por cuarta vez” cuando esta partida debería haberse fijado el pasado otoño en los Presupuestos Generales del Estado para 2015 y como debería haber hecho también en los tres años anteriores.
Respecto al Presupuesto de 2014, recordó el recurso de inconstitucionalidad presentado por su grupo, junto a PSOE y UPyD, contra el real decreto-ley que incluía también un crédito extraordinario de más de 883 millones de euros para los Programas Especiales de Armamento (PEAS).
Avisó de que los “grandes beneficiarios” de esta forma de actuar “no son los ciudadanos españoles” y reprendió al PP por poner al Ejecutivo “al servicio del poder armamentístico”, que “no es para lo que ha sido elegido”. El diputado de IU insistió en su crítica a la “reincidencia” del Gobierno, a pesar de que ahora pretenda “edulcorar” su actitud al conceder que dicho decreto se tramite como proyecto de ley.
Para Álvaro Sanz Remón, el PP al recurrir a estas prácticas el PP “le hace un flaco favor a la credibilidad del Parlamento y de la política. Siguen empecinados en entender que la momentánea correlación de fuerzas de este Hemiciclo les da carta blanca para hacer de su capa un sayo, para exprimir hasta límites insólitos el uso y el abuso de los reales decretos”.
Destacó también la necesidad de modificar el modelo de I+D+i en España. Señaló que “es necesario un cambio de rumbo en esas políticas” y abundó en la ineludible “reconversión de la I+D+i militar en civil” para lograr un cambio de modelo productivo y para mejorar el empleo. En este punto, exigió a los ‘populares’ que no utilicen a los trabajadores “como chantaje para defender su apuesta por la industria” de Defensa.
Sanz Remón reclamó que se realice una “valoración sobre la idoneidad o no” de este armamento cuyo pago se arrastra en el tiempo, tal y como han exigido los profesionales de las Fuerzas Armadas, para ver si responde a sus necesidades.
Remachó que sería “conveniente” realizar un “análisis profundo” sobre las necesidades de la defensa española y estudiar si se precisan “este tipo de programas que han decidido pagar saltándose la vía presupuestaria, ocultando a la gente que su Gobierno prefiere pagar la factura de las armas, aunque tenga que endeudarse y seguir haciendo recortes”.
Fuente: izquierda-unida.es
Javier Couso: "Me da mas miedo la NSA que los ciberterroristas".
Couso pide responsabilidad a la UE: "No se pueden dar soluciones militares a problemas políticos"
viernes, 22 de mayo de 2015
sábado, 16 de mayo de 2015
miércoles, 13 de mayo de 2015
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