Fuente: iniciativa.cat
lunes, 16 de diciembre de 2013
Jordi Guillot: “Veto a los Presupuestos Generales del Estado, 2014.”
Senyor President.
Señorías.
El ministro de Hacienda afirmaba en la presentación en el Congreso que “todo presupuesto es la expresión numérica de las políticas de un gobierno”. Le doy toda la razón. Este presupuesto es coherente con las políticas llevadas a cabo por este gobierno a lo largo de estos dos primeros años de legislatura, unas políticas erróneas, fallidas y socialmente injustas.
Señorías, estos presupuestos no son los de la recuperación económica, la creación de empleo y la solidaridad, como afirma el gobierno. Siguen siendo los presupuestos de la devaluación interna, de la pobreza, la desregulación y la recentralización. Unos presupuestos que responden a un diagnóstico de la crisis que sufre España y un tratamiento equivocados.
El principal objetivo de estos presupuestos sigue siendo la reducción del déficit público y no la recuperación económica ni la creación de empleo. Bien es cierto que este objetivo se enmarca en las exigencias equivocadas de la Troika. El gobierno persiste en el error de fiar la reactivación económica, al abaratamiento de los costes laborales unitarios y a la pujanza del sector exterior, por cierto las exportaciones han bajado del 9% al 4’7%.
A estas alturas, confiar que solo las exportaciones pueden sostener el crecimiento del PIB y generar empleo, es un grave error. Mientras el consumo interno siga deprimido por el endeudamiento de las familias, el paro, las rebajas de salarios y pensiones, la inversión pública recortada, y el crédito siga sin fluir, no habrá relanzamiento económico ni creación de empleo.
Salir técnicamente de la recesión no significa salir de la crisis. Esto solo pasa cuando el crecimiento y la creación de empleo son importantes y sostenidos.
Señorías, estos presupuestos son los de la consolidación de las políticas de ajuste, apenas hay políticas de estímulo y el crecimiento, de darse, será tan débil que apenas creará empleo. Esta es la realidad.
Con su habitual desparpajo el señor Montoro señalaba tres principales causas que asentaban el crecimiento económico: balanza por cuenta corriente, acceso a los mercados financieros y baja, muy baja, inflación, decía. Da sonrojo, abochorna oír estos argumentos cuyo único objetivo es hacer de la necesidad; virtud.
La reducción del déficit por cuenta corriente es un efecto inevitable de la recesión. El descenso de la prima de riesgo es mérito exclusivo del Banco Central Europeo. Y solo la destrucción de empleo y la pérdida de poder adquisitivo de asalariados y pensionistas, explica la bajada de la inflación. Por cierto, a un país tan endeudado le conviene una inflación baja, muy baja, como reivindica el ministro Montoro.
Con la misma alegría, este gobierno se plantea un marco de estabilidad que prevé un crecimiento sostenido de la deuda, cuando es precisamente la deuda lo que trata de reducir cualquier plan de estabilidad.
El gobierno de Mariano Rajoy ha fracasado en el que es su principal objetivo; el ajuste presupuestario para reducir el déficit. Y la deuda sigue creciendo. Seguimos suspendiendo en 6 de los 11 indicadores que Bruselas utiliza para detectar riesgos económicos, especialmente en los referidos a paro y deuda pública.
El principal esfuerzo del ajuste presupuestario lo están realizando las CC.AA y los ayuntamientos. 3 datos:
- El 2012, el recorte de empleados públicos fue el siguiente, 75% CCAA; 22% ayuntamientos y solo un 3% la administración central.
- Cuando Bruselas relajó la reducción del déficit, el estado se quedó la mejor parte. Las CCAA cuyo 76% del gasto es en sanidad, educación y servicios sociales se llevaron la peor parte. El estado del bienestar se resintió y de qué manera.
- El gasto de la administración central sigue creciendo, como prueba estos presupuestos.
No estamos en la senda del crecimiento. En el mejor de los casos estamos hablando siempre de mejoras en el ritmo de caída.
Pero, señorías, hay que ser bastante cínico para estar hablando, no ya de cierta recuperación, sino de crecimiento y creación de empleo, en unas circunstancias en las que la ocupación y la renta de las familias sigue cayendo a tasas muy importantes. Caídas que si bien son menores que hace un año, son sobre mojado, empeorando la crisis social e incrementando las desigualdades.
Para el gobierno de Mariano Rajoy, y para el PP, sus políticas, sus propuestas, son las únicas posibles, las realistas. Son las obligadas por nuestros acreedores. Las impuestas por la troika. No es verdad. Son exactamente las que ustedes han elegido e impuesto con el uso abusivo de su mayoría absoluta. Sus resultados y consecuencias son perfectamente conocidos. Había otras opciones, otras políticas, otros presupuestos posibles.
Su gran objetivo era y es superar la crisis a través de la reducción del déficit público. Su opción, conseguir cuanto antes el equilibrio presupuestario.
Para evitar debates absurdos voy a reiterar una vez más que mi partido, ICV, no se desentiende de los problemas del déficit y de la deuda. Sería una irresponsabilidad.
Pero lo que era evidente es que España ni podía ni debía rebajar su déficit al 3% el 2013, como indica el pacto de estabilidad. Propuesta absurda, que Bruselas tuvo que modificar ampliando los plazos de tiempo para la reducción del déficit. Pero el daño ya estaba hecho.
Lo grotesco es que ustedes votaron el pacto de estabilidad y han ido defendiéndolo a lo largo de estos años, aun sabiendo que España no lo iba a cumplir.
Este año cerraremos con un déficit del 6’8%, su previsión en los PGE-2013 era del 4’5%.Y de la deuda qué les voy a contar, su previsión para 2013 era del 85’8%, vamos camino del 100% del PIB de deuda pública.
El señor Rajoy en dos años ha generado más deuda que en todo el periodo del señor Zapatero.
Si sumamos la deuda pública y la privada nos vamos al 320% del PIB. Impagable.
Una deuda que incrementará la carga financiera para el 2014 en cerca del 10% sobre el gasto real de este 2013. No habrá una reducción real del gasto por intereses. La rebaja de la que alardea el gobierno es sobre lo presupuestado el 2013, pero todos ya deberíamos saber que lo importante en todo presupuesto no es como empieza sino como acaba.
El ministro Montoro afirmaba – somos Europa. Sí, pero formamos parte de una Unión con:
- Graves insuficiencias estructurales e institucionales, especialmente en la Eurozona, como la crisis ha puesto en evidencia.
- Participamos de una Unión con un diagnóstico equivocado de la crisis y un tratamiento erróneo, fundamentado casi en exclusiva en la consolidación fiscal.
- Con unos gestores faltos de legitimidad democrática.
- En la que aún prevalece la lógica de los estados miembros, agrupándose éstos entre países acreedores y países deudores.
-Una Unión Europea que sufre una progresiva pérdida del ideal europeo, en la que crece el euroescepticismo, especialmente entre los países del sur, entre ellos España.
Señorías, a lo largo de esta crisis ha quedado evidente que al no existir un interés general europeo, ha prevalecido el interés nacional, especialmente en los países acreedores y singularmente en la Alemania de Angela Merkel.
Señorías, la supervivencia del euro y por ende de la Unión depende, también, de la convergencia económica de los países que integramos la Unión Monetaria Europea.
La última vuelta de tuerca desde Bruselas, ha sido a raíz de la presentación de estos presupuestos y los cuadros presupuestarios para 2015 y 2016. Nos piden un ajuste adicional de aproximadamente 3’5 puntos del PIB y en concreto un recorte de unos 5.000 millones de euros en este presupuesto que estamos debatiendo.
Hemos criticado al gobierno, que en vez de trabajar en una coalición de los países del sur para conseguir, una gestión razonable de la corrección del déficit, compatible con el relanzamiento económico, ha optado por el sálvese quien pueda.
Resultado: país tras país hemos sido sometidos a los dictados de la troika.
Junto a este grave error de estrategia, sorprende la falta de cualquier propuesta por parte del gobierno que permitiera ir corrigiendo los déficits estructurales de la Unión. Déficits que nos condicionan en negativo, y mucho, en nuestra salida de la crisis.
Estarán de acuerdo conmigo en que todo avance hacia la unión bancaria ejercería efectos positivos sobre la demanda y oferta de crédito en España, uno de nuestros talones de Aquiles. Como lo estarán, también, que todo progreso en la unión fiscal y mutualización de deudas tendría efectos inmediatos sobre las primas de riesgo y mercados de crédito.
La centralidad que tienen las políticas de la Unión para España no va acompañada del debate político y parlamentario necesario. Todo lo contrario. La Unión es utilizada casi exclusivamente como excusa o justificación de lo ejecutado.
Para el senador Saura y para mí, las prioridades de este presupuesto deberían ser:
1ª Proteger a los sectores sociales más vulnerables y más golpeados por la crisis.
Para el ministro Montoro las personas no existen, ni en su presentación de los presupuestos en el Congreso, ni aquí en el Senado. Las personas, sus problemas y anhelos, la gente corriente, los que lo pasan mal, no están presentes ni en sus discursos ni en sus presupuestos.
Para el PP son prioridad. La crisis y especialmente sus políticas están haciendo crecer la desigualdad en España de forma exponencial. Somos el tercer país con más desigualdad de la Unión de los 27. Desigualdad que afecta sobre todo a colectivos especialmente frágiles, mayores y niños, siendo para estos una condena de por vida.
Los dependientes verán reducidas sus prestaciones.
Algo más de 12 millones de personas viven en situación de pobreza y exclusión. La pobreza severa afecta a más de 3 millones de personas.Según UNICEF, en España hay más de 2 millones de niños y niñas bajo el umbral de la pobreza.
Subida de precios de los servicios básicos; agua, gas y electricidad. La electricidad ha subido el 60% en 5 años. El 2012, a 1’2 millones de hogares les fue cortado el suministro eléctrico.
Las personas con discapacidad son un colectivo especialmente afectado por la pobreza extrema, especialmente las mujeres. 650.000 viven solos.
El 27% de los hogares tienen a personas mayores de 64 años como sustentador principal.
Son 651.000 hogares o casi millón y medio de personas que carecen de cualquier tipo de ingresos.
El riesgo de pobreza o exclusión social alcanza casi al 30% de la sociedad.
La respuesta del gobierno a esta situación la podemos ver en los presupuestos:
- Pérdida de poder adquisitivo de las pensiones.
- Congelación de la partida destinada a la dependencia.
- Más de 3.000 millones menos en la partida de desempleo que lo gastado realmente en 2013.
- Una reducción del 36’4% de la partida de servicios sociales y promoción social.
A estos presupuestos este gobierno los llama los de la solidaridad. Menudo sarcasmo.
Un año más vuelven a recortar las partidas destinadas a la cooperación internacional para el desarrollo, si se aprueban estos presupuestos destinaremos el 0’17% de la renta nacional bruta.
2ª Medidas de relanzamiento económico que permitieran la creación de empleo.
Qué medidas aportan los presupuestos:
La inversión en infraestructuras cae un 8’6%.
La inversión estatal en las CC.AA cae un 7’1% respecto el 2013. En Catalunya el 25’5%.Un año se incumple la disposición adicional 3ª de l’Estatut.
La inversión privada cae un 6’3%. Cuando el gobierno justifica esta caída de la inversión pública lo hace argumentado que la prioridad es el gasto social. Miente. Su prioridad sigue siendo la consolidación fiscal.
España, su sociedad, su economía, sigue atrapada en el austericidio. Se me hace incompresible entender, con la experiencia acumulada y soportada por nuestro país, que ni en el gobierno ni en Bruselas se entienda que estos ajustes no relanzan la economía ni crean empleo, con lo que no hay consumo, ni suben los ingresos fiscales, por lo que no se corrige el déficit, lo que a su vez incrementa la deuda.
Lo que sí se consigue y véase España es la precarización social y la pauperización de amplios sectores de nuestra sociedad.
El consumo de las familias se redujo el 10%, que unido al desplome de la inversión y los recortes en gasto público, hunde la demanda interna que es el factor fundamental para la reactivación económica.
Excepto el gobierno y la patronal, por razones obvias, hoy nadie discute que la reforma laboral ha sido un fracaso total para la creación de empleo y la disminución de la temporalidad en nuestro mercado de trabajo.
Sí que ha sido un éxito como instrumento para la devaluación interna. Gracias a esta reforma se ha conseguido rebajar los salarios, facilitar y abaratar el despido y dejar en manos exclusivas de los empresarios la organización del trabajo. Todo ello gracias, también, a los recortes que comporta dicha reforma a los derechos laborales y sindicales.
Cerraremos el 2013 con menos población activa, paro, precariedad laboral, menos contratos indefinidos, con menos empleados del sector público y con una caída de cotizantes de la Seguridad Social. Y con una cifra de población activa por debajo del 60%, una de las más bajas de Europa.
3ª La apuesta por la economía real. Iniciar la transición hacia un nuevo modelo productivo.
Poco más de 11.000 empresas en España hacen I+D, y solo la mitad de éstas tienen un departamento de I+D como tal. El número de empresas en España superan los 3 millones.
Las empresas españolas que tienen actividades de innovación se han reducido en más de la mitad estos últimos 4 años, pasando de cerca de 46.000 a 18.000.
El presupuesto para I+D civil se incrementa en 1’3%, unos 71 millones. El presupuesto para I+D militar se incrementa en 143 millones de euros, el 39’5%.
Avanzar en el cambio del modelo productivo requiere dotarse de una verdadera política industrial; apostar por una política energética que garantice la suficiencia de suministro, la sostenibilidad medioambiental y un coste competitivo de la energía; invertir en I+D+I e introducir las políticas de la información y de la comunicación en el proceso productivo; dotarse de las infraestructuras necesarias, impulsar el ferrocarril y las intercomunicaciones; promover la agrupación y colaboración de las empresas, así como su internacionalización; mejorar el sistema educativo, en especial la FP, apostando por la formación continuada; y garantizar la financiación de las empresas.
Este corolario de propuestas es de manual. Son las que los países más desarrollados aplican. Lamentablemente nada tienen que ver con la acción de nuestro gobierno ni en las prioridades de este presupuesto. Valga como ejemplo el recorte en la partida de desarrollo industrial.
4ª El reto ecológico.
Globalmente se incrementa un 3% el presupuesto del Ministerio. Este aumento no tiene su traslación en las partidas medioambientales, excepto en inversiones hidráulicas (vieja política del agua). Todo el resto de partidas descienden.
En todo caso, el presupuesto de Medio Ambiente del 2014 es un ejemplo más de la inexistencia de política medioambiental del gobierno, de su carácter residual, o dicho de otro modo, del medio ambiente como “lastre u obstáculo” del actual modelo de crecimiento.
Les hago una pregunta ¿alguien ha oído en estos dos años de legislatura hablar del cambio climático a algún miembro del gobierno? No, y menos al señor Arias Cañete.
Esta concepción explica por otro lado, que España sea de los pocos países de la UE que no tiene un Ministerio en exclusiva para el Medio Ambiente.
Mientras que los retos ecológicos reclaman prioridad a una política transversal medioambiental, en España se va en dirección contraria. La reforma de la ley de Costas, la ley de Medidas Urgentes en Materia de Medio Ambiente o la ley de Evaluación Ambiental son, en este sentido, suficientemente elocuentes. Así como la ley que discutiremos en este Pleno sobre la reforma del sector eléctrico.
Una política moderna, a la altura de las circunstancias, requiere considerar en primer término los aspectos de fiscalidad medioambiental. España se mantiene en la cola de recaudación por fiscalidad verde entre los países de la UE. ¿Hasta cuándo? Los PGE eran un buen instrumento para implementar la fiscalidad verde. Por otra parte, el desarrollo de la fiscalidad verde contribuiría al fortalecimiento y modernización de nuestro sistema tributario.
Desde la perspectiva del gasto en los PGE no existen ni objetivos medioambientales, ni por supuesto ningún esbozo de política transversal contra el cambio climático. El programa para la prevención de la contaminación y el cambio climático alcanza su nivel más bajo.
Por supuesto total ignorancia de las competencias de las CCAA cuando en este ámbito es imprescindible la coordinación y colaboración, que no usurpación, de las competencias y funciones asignadas a las CCAA.
En resumen, política antigua, arcaica sin una concepción avanzada de la política medioambiental que tiene su traducción en unos presupuestos ecológicamente insostenibles.
5ª Priorizar los ingresos. La reforma fiscal.
Si había una prioridad esta era la reforma fiscal.
A diferencia de la opinión del PP, para los senadores de ICV la crisis reclamaba una atención urgente y prioritaria a la obtención de ingresos públicos, que permitieran afrontarla de una manera más equitativa y eficaz.
La prioridad del PP se ha centrado casi exclusivamente en la reducción del gasto y en un compulsivo lanzamiento de nuevas medidas tributarias, casi medio centenar, de dudoso éxito recaudatorio. La realidad es que aun habiendo subido determinados tipos impositivos recaudamos poco, lo que explica por qué nuestro modelo fiscal es muy ineficiente.
La recaudación por IRPF cae en octubre un 2’4% respecto a hace un año por la reducción de los salarios. Y baja también la recaudación por el IVA.
Aumentar los tipos sin modificar a fondo los impuestos se ha demostrado que no sirve. Prueba de ello es que hasta el mes de octubre hemos gastado 37.000 millones más de euros que los que ingresamos.
El gobierno confía en que el 2014 la carga tributaria alcanzará sus máximos, ya que en el próximo año convergerán todos los incrementos aprobados, y de que este año crecerá nuestra economía un 0’7%. Pero mucho me temo que, también el 2014, habrá menos renta que grabar, menor consumo y las empresas ganarán menos.
La economía española necesita una profunda reforma fiscal, asunto que no ha merecido la atención que se merece. Solo a mediados de este año se ha iniciado el proceso con la constitución de una comisión de estudio. Introducir la fiscalidad verde.
Una reforma fiscal que consiga de una vez que los que más tienen más aporten. Es injusto que las rentas del trabajo aporten el 38’56% de la recaudación total y las del capital solo el 3’15%.
Lentitud en la reforma fiscal y desidia en la lucha contra el fraude y la evasión fiscal. Este año, como mínimo, no pasaremos la vergüenza de una amnistía fiscal. Este año, el escandalo está en la caza de brujas desatada en la Agencia Tributaria, que tiene su inicio con la destitución de una inspectora dedicada a grandes contribuyentes y que en concreto trabajaba en un expediente sobre la empresa CEMEX. A partir de aquí una cascada de dimisiones y ceses.
Señorías, algo huele a podrido en la Agencia Tributaria.
El ministro Montoro ha conseguido de entrada desestabilizar la agencia. Con la Agencia Tributaria se repite una constante de este gobierno; el asalto a las instituciones, su ocupación y manipulación para colocarlas al servicio del PP y de los intereses particulares que defiende.
Una agencia con su partida presupuestaria congelada después de 4 años de recortes. Una agencia que dedica el 80% de sus recursos al seguimiento de pimes, autónomos y asalariados, cuando el 72% del fraude y la evasión fiscal la realizan las grandes fortunas y las grandes empresas.
Otro tipo de fraude que no tiene la persecución adecuada es el de la economía sumergida, entre el 22 y el 25% de nuestro PIB, por el que dejamos de ingresar alrededor de 80.000 millones de euros.
No quisiera terminar mi intervención sin antes hacer referencia a esta culminada y exitosa reforma financiera, según opinión del gobierno.
Es un escándalo y una vergüenza todo lo que ha pasado y está pasando relacionado con el sistema financiero español. Su nivel de corrupción, inutilidad y codicia no tiene parangón. El servilismo político a los intereses de los prestamistas patrios tampoco tiene parangón.
Lo último es la noticia de que casi 37.000 millones aportados al rescate se dan por perdidos, y esto después de que el gobierno afirmara que el rescate bancario no iba a costar ni un solo euro al contribuyente. Aun es hora de que el gobierno explique el por qué debemos hacernos cargo de más de 3’5 puntos del PIB.
Un sistema financiero que no está saneado, sigue siendo muy vulnerable. La morosidad sigue creciendo. Habrá que refinanciar los préstamos de dudoso cobro por un valor de 200.000 millones de euros.
Los bancos no están jugando el papel que les corresponde, la sequía del crédito es una de las causas que frenan la salida de la crisis. El crédito al sector privado entre marzo 2012 y marzo 2013 cae un 5’7%. Se da la paradoja de que crédito no hay, pero que los principales tenedores de nuestra deuda pública son los bancos que se financian casi gratis en el BCE y compran deuda pública con intereses del 4% a 10 años.
Los ciudadanos no entienden que el cheque extendido a nuestros bancos no tenga contrapartidas.La verdad es que los bancos siguen dominando nuestra política y nuestra economía.
Para el PP la descentralización política que impulsa la Constitución de 1978 es una rémora. Este gobierno, desde el primer momento, ha llevado a cabo un proceso de recentralización con la legislación sectorial aprobada y un maltrato presupuestario. En este presupuesto vuelve a pasar.
Se reducen las transferencias a las CCAA un 13’6% y para las entidades locales el 0’1%.
Recortan el fondo de suficiencia un 16% y el fondo de compensación interterritorial un 24%.
El 76% del gasto de las CCAA es gasto social, su distribución del esfuerzo para la corrección del déficit penaliza a las entidades territoriales y repercute directamente en el estado de bienestar.
Permítanme que, cómo senador elegido por Barcelona, haga también una lectura catalana de estos presupuestos. El recorte de un 25’5% de las inversiones del estado en Catalunya es una afrenta más. Buscan el choque de trenes y al final lo tendrán.
Señorías, un gobierno que hubiera aprendido alguna lección de las causas que nos llevaron a esta crisis, hubiera convocado al conjunto de la sociedad a realizar los esfuerzos y sacrificios que comportan la superación de esta crisis. Ustedes han optado por primar a los empresarios, desde una lectura vieja y equivocada, de que la recuperación solo es posible creando las condiciones de todo orden para que los empresarios, especialmente las grandes corporaciones, puedan actuar a su antojo. La crisis nos ha hecho más pobres, sus políticas más desiguales. La desigualdad es injusta, desestabilizadora, pero también es una rémora para la recuperación económica por cuanto deprimen la capacidad de consumo de amplias capas de la población.
Su rechazo al dialogo y al consenso social y político es, no lo duden, un lastre para la recuperación económica, ya que impide generar el clima de confianza necesario. Pero claro, no puede haber diálogo cuando se defienden intereses de privilegiadas minorías frente al interés general.
Termino señor presidente. Un gran presidente americano Franklin Delano Rooselvet inició su campaña que le llevo al segundo mandato, con este discurso: “Tuvimos que luchar contra los viejos enemigos de la paz: los monopolios empresariales y financieros, la especulación, la banca insensible, el sectarismo, los intereses bélicos. Habían comenzado a considerar al gobierno como un mero apéndice de sus propios negocios. Ahora sabemos que un gobierno del dinero organizado es tan peligroso como un gobierno de la mafia organizada”.
Fuente: Els apunts d'en Jordi Guillot
#PrimàriesICV Iniciativa per Catalunya Verds. Ernest Urtasun i Salvador Milà.
#PrimàriesICV
@ernesturtasun i @SalvadorMilaS
Aquesta és la última setmana per participar en les #primàriesICV. Podeu seguir l'activitat dels 2 candidats @ernesturtasun i @salvadormilaS
Salvador Milà (Vídeo 2)
domingo, 15 de diciembre de 2013
Nieves Ibeas (CHA) dejará su escaño en las Cortes en enero.
Retornará a su puesto de profesora en la Universidad de Zaragoza después de más de diez años como parlamentaria nacionalista
La diputada autonómica de CHA volverá a su puesto en la Universidad de Zaragoza tras más de diez años como parlamentaria. ZARAGOZA. La actual portavoz del grupo de CHA en las Cortes de Aragón, Nieves Ibeas, ha decidido dejar su escaño el próximo mes de enero. Así lo anunció en el Comité Nazional del partido, que se celebró ayer, en que aludió a motivos personales para justificar su decisión. La diputada retornará a su puesto de profesora de la Universidad de Zaragoza, al departamento de Filología francesa.
La renuncia de Ibeas, que llegó a ser presidenta de CHA y candidata a la DGA en 2011, se produce después de que progresivamente haya ido cediendo protagonismo al actual líder del partido, José Luis Soro, que hace unos meses que asume responsabilidad de hacer las preguntas a Luisa Fernanda Rudi en las sesiones de control y que asumió la representación de la formación en el pasado debate sobre el estado de la Comunidad.
Ahora, el siguiente en la candidatura es Bizén Fuster. Pero el hecho de que en la actualidad sea diputado provincial, puede propiciar que la lista corra en favor de Carmen Martínez Romances. El grupo parlamentario de CHA deberá decidir ahora quién se encarga de la portavocía tras la decisión de Ibeas.
La diputada explicó que «cada uno debe saber cuál es su sitio en cada momento» y destacó que ha pasado «diez años interesantísimos en las Cortes de Aragón». Ibeas inició su carrera política en 2003, cuando fue elegida como diputada, y, tras el fuerte retroceso de CHA en 2007, fue elegida presidenta del partido (entre enero de 2008 y febrero de 2012). Su papel fue el de pilotar un intenso proceso de renovación. «Pero en la política hay que estar solo un tiempo», afirmó Ibeas.
Destacó lo mucho que ha aprendido de los históricos dirigentes de CHA Bizén Fuster, Chesús Yuste y Chesús Bernal. «Ha sido una experiencia muy enriquecedora, muy positiva, he conocido a gente muy interesante de otros partidos, además de descubrir las miserias de la política», indicó. Explicó que su trabajo en la formación nacionalista «va a seguir». «Solo me voy de las Cortes, dejo paso», aseguró.
Contra el trasvase
Además de la confirmación de la decisión de Ibeas, en el Comité Nazional, el máximo órgano del partido entre asambleas, se debatió sobre las consecuencias que supondría la recuperación del trasvase en el futuro Plan Hidrológico Nacional. CHA ha iniciado una campaña de recogida de firmas, a través de la plataforma change.org, para expresar su oposición al proyecto. José Luis Soro recordó que los planes del PP son «los de priorizar unos territorios sobre otros y apostar por un modelo de desarrollo especulativo al precio que sea». Lamentó que el Gobierno PP-PAR «quite hierro al asunto, aunque sean conscientes de que estamos vendidos».
Fuente: Kioskoymas.com
viernes, 13 de diciembre de 2013
13-15 diciembre. IV Congreso del Partido de la Izquierda Europea (PIE)
HT: #ELChangeEurope
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Elected presidency of the #EL @plaurent_pcf @atsipras @Maitemola @mmatias_ @MargaritaMileva and comrade @cayo_lara
Alberto Garzón: La democracia como obstáculo.
Las llamadas leyes del mercado no operan en el vacío sino que se encuentran siempre institucionalizadas, es decir, sujetas a un conjunto de reglas, normas, leyes, valores y costumbres que operan como su límite. En consecuencia, hablar de tal cosa como el libre mercado es tanto una exageración como una utopía. Es una exageración porque siempre hay, aunque sea en grado reducido, algún tipo de regulación. Y es una utopía porque, como advirtió K. Polanyi, cualquier avance de ese mercado autorregulado pone en riesgo el orden social y genera un contramovimiento de protesta/protección que acaba por neutralizarlo.
Afortunadamente, en nuestras sociedades constitucionales la dinámica del mercado está limitada por las normas jurídicas, siendo la Constitución la norma suprema. De no organizarnos así estaríamos aún más expuestos a los caprichos irracionales del mercado, que todo lo sacrifica en aras de una ganancia económica cortoplacista. Las Constituciones, primero, y las leyes, después, moldean y constituyen el diseño institucional en el que vivimos como sociedad. Dicho de otra forma, constituyen las reglas de juego.
Y es cierto que la lucha social, ejercida por los trabajadores, ha conseguido históricamente modificar esas reglas de juego en su favor y consolidar en ellas garantías constitucionales que en otro tiempo no existieron (tanto derechos negativos, tales como el derecho a la libertad de expresión, como derechos positivos, tales como el derecho a las prestaciones sociales). Lo que sucede es que también el desarrollo capitalista requiere la permanente adecuación de estas reglas de juego, las instituciones, a sus propias necesidades. La fuerza salvaje de la lógica capitalista presiona constantemente sobre las instituciones, convirtiéndolas enineficientes de facto. Este fenómeno de «fuerzas encontradas» permite estudiar las constituciones, y las leyes, como la cristalización de una determinada correlación de fuerzas, en un momento histórico dado, entre trabajo y capital.
De ahí que la reciente avalancha de reformas legislativas, e incluso constitucionales, tenga que ser interpretada como parte de la ofensiva del capital contra los derechos conquistados previamente, es decir, contra aquellos que había logrado afianzar el movimiento obrero. Sólo en España se han aprobado 44 Reales Decreto-Ley en el año 2011, 29 en 2012 y 14 en 2013. La reforma constitucional de 2011 fue, de hecho, una exigencia bastante clara del capital al institucionalizar la prioridad de la devolución de la deuda pública a los mercados por encima de cualquier cosa[1].
Algunas de las nuevas leyes tienen que ver directamente con el proceso de circulación del capital, como son la decena de leyes destinadas a rescatar el sistema financiero o las distintas reformas laborales, y mantienen como objetivo servir a la configuración de un nuevo modelo de crecimiento económico basado fundamentalmente en la precariedad laboral y las ganancias de competitividad derivadas de devaluaciones salariales. Otras leyes han sido aprobadas con propósitos indirectos, como la ley de seguridad ciudadana y la reforma del Código Penal, con objetivos que tienen que ver con la represión, en un sentido amplio, de los movimientos de crítica y protesta social que emergen en contextos como el actual. Un contexto que refleja, sin duda, la ruptura de la paz social.
El obstáculo de la democracia
En la situación actual, de agotamiento del modelo de crecimiento económico español, las exigencias del capital se han radicalizado. Hasta tal punto que la ofensiva es verdaderamente una agresión democrática en toda regla, no un simple retoque menor de algunas leyes. Nos encontramos ante la primacía de lo económico –la lógica capitalista- sobre lo político –la democracia-, de tal forma que el poder político que ejecuta las reformas no renuncia ni a socavar los cimientos democráticos en aras de satisfacer las implacables necesidades del capital.
Un ejemplo paradigmático es el reciente Real Decreto-Ley 14/2013, de 29 de noviembre, de medidas urgentes para la adaptación del derecho español a la normativa de la Unión Europea en materia de supervisión y solvencia de entidades financieras. En este decreto, de apariencia técnica, se esconde una disposición adicional tercera que concede a los alcaldes un poder especial para ignorar al Pleno en aquellos casos en los que pueda ejecutarse un plan de ajuste y éste no cuente con la aprobación del Pleno municipal. Una medida notoriamente antidemocrática que precisamente se justifica, en la memoria del propio decreto, en los siguientes términos:
«el objetivo de esta disposición es facilitar la mayor incorporación posible de municipios a las medidas extraordinarias citadas eliminando obstáculos que no deberían afectar al logro de la estabilidad y del reequilibrio de aquellas entidades».
Obsérvese que en un raro ejercicio de sinceridad se utiliza el explícito concepto deobstáculo para hacer referencia, nada más y nada menos, que al Pleno Municipal, que es donde reside la soberanía municipal.
La otra cara de la moneda son las administraciones que han intentado frenar la ofensiva del capital por medio de leyes que garantizaran derechos sociales. Un ejemplo es el Decreto-Ley 6/2013, de 9 de abril, de medidas para asegurar el cumplimiento de la Función Social de la Vivienda aprobado por la Junta de Andalucía, que tuvo un eco legislativo en Navarra, y que ha sido recurrido por el Gobierno del Estado precisamente ante el Tribunal Constitucional[2]. Todas las voces críticas con aquel decreto, que procuraba garantizar el derecho a una vivienda a todos los ciudadanos, insistían en que ponía en riesgo el «proceso de recuperación económica». La propia Comisión Europea envió una carta al Gobierno de España asegurando que no descartaban «que la legislación tenga efectos negativos significativos sobre los mercados financieros y las instituciones en España» porque «eleva la incertidumbre sobre el mercado de la vivienda y puede reducir el apetito inversor por los activos inmobiliarios españoles». Los llamados mercados tampoco tardaron en reaccionar. De hecho, el periódico El Mundo titulaba así una noticia del 3 de octubre de 2013: «Los fondos extranjeros exigen que no haya más leyes antidesahucio».
Así, los diferentes ámbitos democráticos del Estado, resquicios donde aún se escuchan los susurros del pueblo como soberano, están enfrentados de facto con las necesidades del capital. Y son las fuerzas políticas mercenarias de ese capital las que ejecutan las políticas que profundizan la desdemocratización de la sociedad. Mientras los representantes políticos se posicionan en línea con los intereses del capital, la apariencia general es de normalidad. Sin embargo, cuando los representantes políticos se posicionan en contra de dichos intereses, y por ende a favor de la democracia, entonces estalla el conflicto. Ocurre en los ayuntamientos, en los Gobiernos de Andalucía y Navarra, pero también y sobre todo en países vecinos como Grecia y Portugal.
La Restauración Borbónica
Ese papel de las fuerzas políticas ejecutoras es absolutamente necesario en el proceso de transformación social que se está llevando a cabo. El propio Fondo Monetario Internacional consideraba como riesgo el hecho de que «el contexto económico ha reducido la popularidad de los dos principales partidos, lo que podría hacer que el apoyo público a nuevas y difíciles reformas fuera más complicado»[3].
La dinámica del capitalismo necesita instituciones que engrasen el movimiento del capital, y aquellas sólo pueden reformarse y crearse a través del sistema político. De ahí que la batalla entre democracia y mercado encuentre un espejo en el terreno de las organizaciones políticas. De un lado, aquellas fuerzas políticas que suscriben la necesidad de acondicionar las instituciones a las demandas del mercado y donde podríamos situar al Partido Popular pero también a las organizaciones nacionalistas de derechas como CIU o PNV y a las organizaciones de grandes empresarios. De otro lado, fuerzas políticas izquierdistas y movimientos sociales que con diferente intensidad defienden tanto las conquistas sociales históricas como la creación de otro tipo de instituciones de representación popular.
Y en medio se sitúa una socialdemocracia en trance, acompañada por los grandes sindicatos desnortados. Una socialdemocracia que en la práctica ha formado parte activa del modelo político y económico que se desploma y que además ha abierto la puerta a la ofensiva del capital. Una socialdemocracia que, de hecho, cogobierna con la derecha liberal en varios países de Europa. Esta socialdemocracia, y los sindicatos mayoritarios, están viendo cómo el suelo se desplaza bajo sus pies y cómo la realidad social y política los desborda. Incapaces de proponer alternativas económicas factibles, debido a que la socialdemocracia carece de espacio en el escenario de globalización financiera que ellos mismos han construido y que sus propuestas son sencillamente ignoradas por no existir ya pacto social[4], se posicionan a la defensiva y se tornan conservadores.
Así, mientras la legitimidad del régimen del 78 se evapora a golpe de reforma constitucional y decretos leyes, la socialdemocracia paradójicamente sale en su defensa mientras suscribe los puntos fundamentales de la ofensiva del capital. De tal forma que en España tanto PP como PSOE han puesto en marcha el proyecto de la Restauración Borbónica, con el que se intenta apuntalar un sistema político caciquil, corrupto y perverso, que aspira a ser funcional para el nuevo modelo de crecimiento económico precario, antisocial y volátil.
La recuperación de la soberanía: el proceso constituyente
Algunos pensadores consideran que estamos viviendo un momento de reflujo en la acción de los movimientos sociales y organizaciones de izquierdas. Yo estoy de acuerdo. Sin duda ese reflujo está vinculado al cansancio, al miedo y, por qué no, a cierta desorganización o descoordinación. La travesía por el desierto que recorrió la izquierda durante los años de espejismo inmobiliario todavía pesa sobre nuestras capacidades efectivas. Y tristemente es así en el contexto en el que más hace falta todo lo contrario, un fuerte proceso de resistencia y de movilización social. Ante esta realidad, han resurgido proyectos teóricos que reclaman un proceso constituyente. Incluso una organización como Izquierda Unida, con un horizonte electoral que oscila entre el 10% y el 15% de los votos según las encuestas, ha aprobado tal idea como un objetivo a conseguir.
Un proceso constituyente no es más –ni menos– que un proceso de emancipación política y social que parte desde las clases subalternas de una sociedad y que, convertidas en sujeto constituyente, elaboran una nueva constitución que regirá las reglas del juego político de ahí en adelante. Como tal, supone una ruptura con el poder constituido hasta ese momento y al que se considera deslegitimado.
El proceso de deslegitimación del régimen del 78 comenzó hace mucho tiempo, si bien a raíz de la crisis económica se ha intensificado. El desplome del bipartidismo es uno de sus rasgos, pero no el único. El desprestigio de la política institucional –erróneamente reducida a política, sin más– y la movilización social dirigida contra las políticas suscritas por los gobiernos a instancias del poder, son factores a sumar también. Y todo ello forma un magma que debilita el sistema político actual pero sin que necesariamente suponga la legitimación de una alternativa.
Esa doble tarea, la de deslegitimar el régimen del 78 y legitimar el proceso constituyente, es aún más importante que cualquier otra tarea actual. Y lo es porque, con independencia del medio por el cual ese proceso constituyente se active –bien sea por la vía electoral o por la presión social–, el horizonte programático debe estar suficientemente definido. La gente protesta muy biencontra algo, pero lucha mucho mejor por algo.
En esa tarea nos vamos a encontrar muchos. A saber, en la constitución de una alternativa republicana radical, basada en la participación democrática y en un cambio radical de la relación representante-representado, unida a la puesta en marcha de una alternativa económica basada, fundamentalmente, en la activación de las garantías constitucionales positivas (vivienda, agua, luz, salud, educación…) que hoy son convertidas en papel mojado por la ofensiva del capital. Ese es el horizonte, que debe ser debatido y concretado, en el marco de una lucha incesante entre capital y trabajo y entre fuerzas políticas del régimen y fuerzas emancipadoras.
[1] De hecho la reforma constitucional de 2011 ha sido la excusa necesaria para iniciar la mayoría de las reformas legislativas, que sistemáticamente se han justificado en aras de aquella reforma constitucional. De este modo, la deuda pública y el dogma de la consolidación fiscal se han convertido en las palancas económicas que justifican el desmantelamiento de las conquistas sociales.
[2] Lo cual supuso la suspensión temporal del decreto, levantada hace unos meses tras la aprobación de una ley que superaba y derogaba el decreto anterior. La batalla sigue abierta.
[3] FMI (2013): “IMF Country Report, No. 13/244. Spain. IV Article Consultatiton”. Disponible en http://www.imf.org/external/pubs/ft/scr/2013/cr13244.pdf
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