lunes, 6 de mayo de 2013

Cayo Lara presenta el Plan de Empleo de IU para reducir el paro al 12% en 2015 y responder a la "situación de emergencia social, económica y política" existente

El coordinador federal de IU desgrana junto al secretario ejecutivo de Política Económica y Empleo, José Antonio García Rubio, la propuesta que contempla 9 escenarios y 22 puntos concretos para llevar al debate del Congreso del próximo miércoles y convertir la comparecencia de Rajoy en “un debate monográfico sobre el empleo”

El coordinador federal de Izquierda Unida, Cayo Lara, ha presentado hoy el ambicioso plan elaborado por esta formación con el objetivo de crear más de tres millones de empleos en los próximos tres años. Con las medidas contenidas en la propuesta –en la que se plantean 9 escenarios y 22 puntos concretos- se busca que la tasa de paro se reduzca hasta cerca del 12% en 2015, un reto que también se puso Mariano Rajoy cuando llegó a la presidencia del Gobierno y que “no sólo no ha cumplido sino que España tiene un millón más de desempleados”, como ha recordado Lara.

El máximo responsable de IU detalló parte del plan junto al secretario ejecutivo de Política Económica y Empleo, José Antonio García Rubio, en una rueda de prensa celebrada en la sede federal. El grueso del mismo lo explicará el propio Lara en su intervención durante la comparecencia de Rajoy el próximo miércoles en el Congreso para explicar las últimas medidas económicas enviadas a la Comisión Europea.

Indicó que para llevar a cabo estas medidas se debe contar con una financiación cercana a los 60.000 millones de euros –junto a otros fondos- también de aquí a 2015. El grueso de ésta saldría de una reforma fiscal progresiva para acercar los recursos fiscales a la media de la UE, la lucha contra el fraude fiscal y el afloramiento de la economía sumergida hasta dejarlas también a niveles comunitarios

Para Lara, España se encuentra en una “situación de emergencia social, económica y política”, de ahí la necesidad de planes como el presentado y que se busque convertir la próxima comparecencia del presidente del Gobierno en “un debate monográfico sobre el empleo”.

García Rubio puntualizó que se trata de que la contribución fiscal se aproxime a la media europea “ya que ahora está siete puntos del PIB por debajo, lo que no quiere decir que se deben subir impuestos de forma indiscriminada” y que también sea similar el fraude fiscal, que ahora es la mitad en la UE que en España, de acuerdo con los datos oficiales existentes.

Entre las 22 medidas concretas, una de las más ambiciosas es la aplicación de un Plan de Empleo/Formación financiado por el Estado y con la intervención de los ayuntamientos para crear un millón de puestos de trabajo anuales temporales como propuesta de choque dirigida a los desempleados de larga duración que ya no cobran ningún subsidio o “con un pie en la exclusión social”.

Además, para que pymes y autónomos encuentren financiación a sus proyectos se propone que las entidades bancarias nacionalizadas les faciliten créditos a bajo interés por un importe de 40.000 millones, que conseguirían tras pedirlo éstas al Banco Central Europeo al tipo oficial actual del 0,5 %.

Cayo Lara explicó también que se ha tenido en cuenta el grave problema de los desahucios, por lo que se incluye la exigencia de que se extienda a todo el Estado las medidas de embargo temporal del uso de viviendas plasmado en el decreto impulsado por IU y aprobado por el Gobierno de Andalucía. Se reclama también que el denominado ‘banco malo’ saque a alquiler social cerca de 50.000 viviendas, a precios no superiores a 300 euros mensuales.

Tanto Lara como García Rubio sostuvieron que la crisis actual pasa, entre otras cuestiones, por un problema de demanda y de falta de consumo interno. Para atajarlos, consideran que la reactivación de la economía necesaria conlleva un incremento de los sueldos y marcan una subida del salario mínimo hasta los 1.100 euros mensuales, “una cifra no desorbitada, teniendo en cuenta que en países como Francia está en 1.400 euros y así en otros Estados”.

Entre otras medidas desgranadas por Cayo Lara está que el Banco Europeo de Inversión acometa un plan de inversión productiva global en la UE por valor de 120.000 millones de euros y que el reparto se haga en función del número de parados que tenga cada Estado. A nivel fiscal, IU reclama la misma base imponible para las rentas del trabajo que las del capital, limitar las subvenciones fiscales de manera que no se produzcan paradojas como que una ferretería pague más del 22 % en el Impuesto de Sociedades mientras que el Banco Santander o el BBVA estén en torno al 8 %.

Del  mismo modo, Lara y García Rubio insistieron en que es urgente cambiar y diseñar un nuevo modelo productivo para nuestro país y definir “si va a ir por la vía especulativa, de la destrucción industrial, la deslocalización y el turismo de sol y playa” o, por el contrario, se apuesta por la inversión en I+D+i, la educación y el conocimiento.

Preguntado por la propuesta para reactivar el empleo lanzada ayer por el líder del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, Cayo Lara prefirió no profundizar en ella “ya que en estos momentos la está analizando la propia dirección socialista”, aunque señaló que mientras este plan ofrece “más deuda y más rescate”, el de Izquierda Unida va encaminado a lograr “menos fraude, menos déficit, menos deuda y más empleo”. 

Alberto Garzón en el programa 'Las Mañanas de Cuatro' (06/05/2013). Liderazgo Colectivo.


Joan subirats: "La reforma Wert es un ejemplo de la desconfianza de los ciudadanos y de la mirada reaccionaria de un Gobierno".


Parálisis institucional, cambio social

Es sorprendente la falta de respuestas institucionales a la tremenda situación que atravesamos. Todo parece desmoronarse, y los mensajes oficiales muestran a una élite paralizada. Un conjunto de dirigentes, tanto en la Generalitat como en la Administración General del Estado, a los que les han fallado los automatismos heredados, y que al no disponer de mapas de navegación útiles en los nuevos escenarios, recurren de manera reactiva y defensiva a viejas fórmulas o, peor aún, se refugian en tics autoritarios o salidas estrictamente ideológicas. Pasamos los días esperando señales de los que aparentemente mandan, Merkel y sus aliados en la Unión Europea, para saber si la asfixia será total o sólo parcial. Todo lo demás es secundario. Mientras, la gente va hundiéndose en sus penurias y sinsabores. Surgen debates sobre temas relevantes, como por ejemplo el aborto o la normalización lingüística, pero que parecen más entretenimientos para distraernos de lo que nadie sabe como abordar, que verdaderas encrucijadas políticas.

la respuesta del Gobierno Rajoy ha sido de vuelo gallináceo y cargada de ideologismo obsoleto
Fijémonos en la reforma educativa que propugna Wert. El diagnóstico de partida es suficientemente grave como para justificar cambios de estrategia. Estamos situados en el doble de abandono escolar (26,5%) que la media de la UE (13%), y muy lejos de los objetivos del 2020 (10%). Para ese mismo año, las aspiraciones europeas serían situar con niveles de educación superior al 40% de las personas entre 30 y 40 años. Estamos lejos de poder alcanzar esa cifra. Y ese negro escenario viene acompañado de un cambio tecnológico sin precedentes y de una crisis de empleo de envergadura descomunal. La situación requeriría una verdadera ofensiva pública y un gran acuerdo social. Pero, la respuesta del Gobierno Rajoy ha sido de vuelo gallináceo y cargada de ideologismo obsoleto. En la reforma Wert se sigue partiendo de la hipótesis que el Estado tiene las claves del problema, conoce las respuestas y dispone de los recursos para llevarlas a cabo. Frente a la perspectiva de restricciones en el gasto público de matriz estructural debido a las crecientes facilidades para la evasión y elusión fiscal, caben dos soluciones: movilizar a la ciudadanía para que haga suyas, defienda y cogestione el conjunto de políticas sociales y educativas, o aceptar e impulsar la segmentación social que generará el que unos paguen por esos servicios, y los que no lo puedan hacer, queden residualizados en unos servicios públicos desacreditados. La reforma Wert apunta a lo segundo. Frente a la dificultad para seguir gestionando la educación pública en un sistema de competencias fragmentadas y distribuidas, puedes dar confianza a los espacios territoriales más cercanos a los problemas, o tratar de blindarte con dinámicas de recentralización que aseguren (ilusoriamente) que todo está bajo control. La reforma Wert opta por lo segundo. Si tienes dificultades crecientes para gestionar un sistema educativo que necesita una profunda remodelación y puesta al día, puedes optar por que los profesionales de la enseñanza asuman sus responsabilidades y recuperen fuerza y dinámica para liderar el cambio y regenerar el sistema, o puedes pensar que de ellos no va a salir nada bueno, y que por tanto lo que es necesario es buscar liderazgo y dirección fuera, y disciplinar el sistema con mecanismos de evaluación externa que genere premios y castigos. La reforma Wert opta por lo segundo.
La parálisis institucional, la falta de perspectivas del Gobierno del PP (que en este sentido no es muy distinto de lo ocurrido en los últimos años del Gobierno Zapatero), la incomprensión sobre lo que significa Internet y el cambio de época, pretende contrarrestarse con reforzamientos ideológicos de matriz burocrático-religiosa (asignatura religión, separación por sexos,…), con oxidados mensajes nacionalistas (españolizar a todo quisque), y con el despliegue de mensajes que advierten de los peligros de la violencia que puede derivarse de aquellos que hacen oír su voz. La reforma Wert es, en este sentido, un ejemplo evidente de la parálisis institucional, de la desconfianza a los ciudadanos, de la mirada reaccionaria y defensiva de un Gobierno que si bien no sabe como responder al cambio de época ni hacia donde dirigirse, si que pretende aprovechar la crisis para reforzar la mercantilización de los servicios públicos y distribuir favores entre los allegados. Necesitamos otras perspectivas sobre las que construir el cambio social.
Joan Subirats es catedrático de  Ciencia Política de La UAB
Fuente: elpais.com

9 DE MAYO: STOP LOMCE



Los políticos corruptos españoles son portada en 'The New York Times'

Afirma que "es el resultado de una estructura política que pone un enorme poder en manos de las autoridades locales" con escaso control
El diario 'The New York Times' lleva a su portada en un extenso artículo la situación de corrupción en España, en el que afirma que los jueces españoles están investigando actualmente a "cerca de 1.000 políticos, que van desde los alcaldes de pueblos pequeños a exministros del Gobierno".
   La información toma como referencia el caso de la exalcaldesa de La Muela (Zaragoza), María Victoria Pinilla, para repasar otros como el caso Urdangarín, la gestión del expresidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, e incluso nombra al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, del que dice que ha tenido que enfrentarse a una lista "en la que se registraba que miembros de su partido recibían dinero por debajo de la mesa".
  
Aunque 'The New York Times' asegura que España "no es en absoluto el más corrupto de Europa", también apunta que "mucho más está por venir". Para el diario, la corrupción en España "es el resultado de una estructura política que pone un enorme poder en manos de las autoridades locales, en donde muchos de ellos pueden otorgar contratos o terrenos con poca o ninguna consulta".
   "Durante un almuerzo pueden decidir que vas a hacer con 100 millones de euros", explica al periódico Manuel Villoria, profesor del ciencias políticas de la Universidad Juan Carlos I, y añade que, ante esto, los dirigentes "podían pedir lo que querían". "A menudo no es para ellos, puede ser un apartamento para una hija o para los hijos de una hermana", apunta Villoria.
   Además, 'The New York Times' ha destacado los vínculos de las autoridades regionales y municipales con las cajas de ahorros que, en su opinión, "han creado las condiciones ideales para la corrupción en los años del 'boom' de la construcción".
   Al respecto, Villoria ha explicado que, "pronto, otros sectores comenzarán a ocupar el lugar" de la construcción. Así, ha indicado que "el sistema sanitario, que está siendo sometido a la privatización, fácilmente podría tomar este lugar en el futuro, a menos que se realicen cambios".

REFORZAR EL SISTEMA JUDICIAL

   El diario estadounidense señala que en España "ya se habla de reformar la financiación de los partidos y las leyes de transparencia, así como el aumento de penas para la corrupción y el fortalecimiento de la independencia de los auditores". Pero, según subraya el periódico, "muchos expertos creen que aún queda mucho por hacer para reforzar el sistema judicial insuficientemente financiado, que permite que muchos casos de corrupción queden sin resolver durante años".
   No es la primera vez que 'The New York Times' dedica alguno de sus reportajes a España. En septiembre de 2012 publicaba una serie de fotografía que, según explicaba, retrataban "la austeridad y el hambre" en el país. Además, el pasado mes de marzo, el diario estadounidense criticaba en un artículo el "lujo" de la Semana Santa.
   Para el diario, la corrupción "fue aceptada en el sur de Europa como un hecho normal, como una forma de distribuir el botín entre unas pocas persona, en muchos casos, los fiscales". A su juicio, ha sido la llegada de la crisis la que, al "estancar proyectos", acabó "por levantar el velo sobre los funcionarios corruptos, los sobornos, los pagos por favores y otros acuerdos que pocos imaginaban".
   "En un momento en España, Italia, Grecia y Portugal están imponiendo planes de austeridad de reducción del déficit a unos ciudadanos en apuros, estas revelaciones de corrupción política generalizada están avivando un amargo resentimiento, está desestabilizando gobiernos y minando la credibilidad de la clase política en su conjunto", apunta el texto.
   En este sentido, el director general adjunto de Transparencia Internacional, Miklos Marschall, ha declarado al diario estadounidense que "la clase política no tiene sentido en el sur de Europa". Según ha señalado, "las instituciones públicas tienen que ser reconstruidas, paso a paso, para que el Gobierno pueda ser un actor creíble". "Este es el principal desafío", ha indicado.


Fuente: europapress.com

Entrevista a Xosé Manuel Beiras: "Los ciudadanos están hartos de la agresión del poder"

Leer Entrevista: nuevatribuna.es

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Beiras: "Nuñez Feijoo es un macarra"

                                                    

Joan Josep Nuet: "Más transparencia es más democracia".


El diputado de Izquierda Plural mantiene que Santamaría intenta, desesperadamente, que la ley de transparencia no se le vaya al Gobierno de las manos


La sociedad española vive tiempos convulsos de cambio en medio de una crisis sistémica de proporciones inimaginables hace apenas unos años. Son especialmente los trabajadores y los sectores populares los más golpeados, con diferencia, por todo tipo de medidas de ajuste, recorte, reestructuración o austeridad, pero también las clases medias observan atónitas como la concentración de la riqueza y de las decisiones se produce en núcleos cada día más reducidos, núcleos oligárquicos donde comparten la información y la gestión de la misma dirigentes políticos y empresariales selectos.
En los últimos decenios, de forma flagrante e indecente, los intereses económicos de esos pocos se impuso a la política, entendida como el más puro valor de preocuparse por organizar lo que es de todos, pensando en el bien común y en el interés general, encumbrando a una forma de entenderla basada en la “puerta giratoria” donde lo público y privado se entremezclan al servicio del lucro y sin demasiados escrúpulos a la hora de priorizar ese aspecto sobre el interés colectivo.
La desafección hacia ese modelo de entender la política estaba servido e incluso hacia la política en general al confundirla como la única opción posible en una sociedad donde la alternativa era continuamente minorada. Los recortes del estado del bienestar, la democracia representativa al servicio de los poderes oligárquicos no democráticos y la crisis del modelo de Estado han acabado de abonar una situación de “crisis política” sobre la que pivota en buena parte la incapacidad de los gobiernos y de las formas de representación clásica de reconducir la situación.
En ese marco llega la iniciativa del Gobierno del PP de desarrollar una Ley de Transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.En un principio la medida era presentada como ejemplo reformista e incluso regeneracionista, para dar respuesta anticipada a la demanda ciudadana de transparencia en los asuntos públicos y en concreto en el funcionamiento de las Administraciones Públicas. Seguía la estela de iniciativas pioneras en el mismo sentido como la del gobierno de Navarra y de algunas directivas europeas.
No hay ley que haya sido nombrada tantas veces por el Gobierno del PP como talismán contra todo tipo de males que afectan a nuestra democracia y al propio Gobierno, ya sea la desafección, la corrupción e incluso últimamente contra el desapego a la propia Monarquía. Este hecho ha contribuido a levantar aún más las expectativas de la ley, que en un principio perseguía objetivos sin duda propagandísticos sumados, siendo sinceros, a la propia modernización en su funcionamiento de la administración pública, revolucionada por el auge del papel de las redes sociales y de las nuevas tecnologías.
El contexto político del país ha superado con creces al Gobierno e incluso a los propios legisladores, concentrados en este momento en la Comisión Constitucional del Congreso de los Diputados. Del texto inicial que pretendía exceptuar al escrutinio de la ley una serie de espacios públicos o simplemente ya ni los citaba, se ha pasado a un debate en el Congreso, pero también en la calle, sobre la necesaria ampliación de los ámbitos del texto y sus pretensiones. El golpe de efecto del PP se ha convertido para su grupo parlamentario y para el propio Gobierno en un galimatías de difícil solución donde temas como los partidos, la corrupción, la monarquía o la calidad y preeminencia del derecho a saber sobre el derecho a proteger u ocultar, se han convertido en aceradas cuestiones desde la perspectiva conservadora.
La ponencia sobre la Ley se encuentra en este momento en la fase de escuchar a las cerca de cuarenta personas expertas que comparecen en la Comisión Constitucional, y una vez realizado este trámite se pasará a la fase de presentación de enmiendas ya sean parciales o a la totalidad del proyecto. El Gobierno comandado en este caso por la vicepresidenta Soraya Sáez de Santamaría y el Secretario de Estado para las Relaciones con las Cortes José Luis Ayllón intentan desesperadamente que la ley no se le vaya al Gobierno de las manos y sin duda las iniciativas de incorporar a partidos políticos y a la Monarquía al texto obedece a esa presión que los casos Bárcenas y Urdangarin ejercen sumados a la presión popular que pide aumentar la calidad de la democracia y el fin de los recortes.
"Donde hay luz y taquígrafos es más difícil que anide la corrupción"
Periodistas, académicos, funcionarios especializados pero también empresarios y sindicalistas ofrecen estos días una riqueza de argumentos que sorprende por su exuberancia, buena muestra todo ello del interés despertado y por el estado de ánimo del país ante el debate de la calidad democrática ya que donde hay “luz y taquígrafos” es más difícil que anide la corrupción y la ciudadanía de hoy y del futuro se niega a ser tratada solo como electores a cuatro años y consumidores y quiere interactuar con su administración y con su democracia.
Un flanco que también colea es el de la capacidad sancionadora del Gobierno Central sobre otras administraciones autonómicas y locales ya que podría vulnerar competencias de auto organización de esos entes, y finalmente el carácter independiente o no del Gobierno de un ente regulador que velaría por la aplicación de la ley ya que en el actual texto dependería directamente del Ministerio de Hacienda.
Hace pocos días afirmaba en un debate en la misma comisión que con su mayoría absoluta el PP no tendría que tener ningún problema en el trámite parlamentario, pero que estaba ocurriendo todo lo contrario, el nerviosismo y la tensión de la calle se notan en cada palmo del Congreso y podemos afirmar que si la Ley de Transparencia finalmente se tramita con un texto que este muy por debajo de las expectativas despertadas, la fuerza política que se responsabilice directamente o apoye ese hecho sufrirá una censura ciudadana que va mucho más allá de una votación o un debate parlamentario. Igual resulta que la ciudadanía a golpe de mercado está aprendiendo a valorar la democracia de forma distinta a como algunos pocos tenían programado y en este país se recupera la política con mayúscula.
Un nuevo fantasma recorre España, se llama democracia y en este caso si lo es y las leyes de transparencia deben ser puente de plata a ese nuevo sujeto.
(*) Joan Josep Nuet i Pujals es Portavoz de Izquierda Plural (IU,ICV-EUiA,CHA) en la Comisión Constitucional del Congreso de los Diputados
Fuente: elpais.com

domingo, 5 de mayo de 2013

ChesúsYuste se solidariza con #hambredejusticia en su visita a Huesca



Centella: "Hay otra forma de gobernar, es posible cambiar de política y crear empleo". / Gaspar Llamazares: "El Gobierno se mantiene de forma fanática en la misma política"



Gaspar Llamazares: "El Gobierno se mantiene de forma fanática en la misma política"


Eduardo Garzón: "La Deuda. Los platos que unos rompieron y otros pagaron."

Unión Europea. 25 países se hunden en la miseria y ya no saben ni dónde meter la tijera.


La austeridad rompe el eje París-Berlín

El abismo entre Francia y Alemania complica el futuro de la UE

Los socialistas galos se rebelan


La consolidación de un partido fascista en Grecia. El éxito de Beppe Grillo y Silvio Berlusconi en Italia. Los 6,2 millones de parados en España —su máximo desde el año posterior a la muerte de Franco—, y los 26,5 millones de la UE. El hundimiento de la esperanza francesa con François Hollande. El ascenso de partidos antieuropeos en Grecia, Francia, Finlandia, Reino Unido, Alemania. El desguace del Estado social y la vuelta de los jornales de hambre en el sur de Europa. Nada de todo esto parece conmover a los liberales alemanes. Impasible el ademán, prietas las filas, la canciller Angela Merkel asiste a la tormenta perfecta en el continente que lidera sin mover una ceja. ¿Estímulos?Nein. ¿Crecimiento? Llegará solo, con la austeridad y el hada de la confianza. ¿Populismo en ascenso? Cuestiones internas. ¿57% de desempleo juvenil en España? Hagan los deberes: más reformas estructurales, más ajuste fiscal, ¡más madera!
Así están las cosas en la Europa teutonizada. Uno o dos países resisten, y los otros 25 socios se hunden en la miseria y ya no saben ni dónde meter la tijera. Los recortes, la recesión y el desempleo han destruido el consumo y la demanda interna; la actividad, el bienestar y el futuro son conceptos de los buenos tiempos; los países que pagan poco por financiarse, como Francia, no tienen liquidez, y los que más necesitan financiarse, como España o Italia, pagan el crédito a precio de oro. Mientras tanto, remotos paraísos fiscales (o no tan remotos: los hay en el Canal de la Mancha, y puede que incluso en la propia zona euro) esconden el capital ganado, especulado y robado durante los años de la expansión y las burbujas. Según los datos del comisario europeo de Fiscalidad, Algirdas Semeta, la evasión fiscal sustrae a Europa un billón de euros anuales. Y el colapso económico parece una hipótesis cada vez menos improbable en el Mediterráneo, ese sur corrupto y manirroto que debe pagar sus deudas y sus culpas —en alemán ambas palabras se dicen igual: schuld—.
Pero el acreedor jefe, Alemania, sigue en sus trece. No hay otra salida, dice la canciller, la austeridad no es incompatible con el crecimiento. Más o menos lo mismo que decía hace cinco años. Desde entonces ha llovido, pero el viraje alemán ha sido imperceptible. El relato de ese lustro es más o menos así: 1. Hay un problema de déficit, los mercados nos atacan. 2. Aplicamos austeridad a rajatabla esperando que vuelvan el crecimiento y la confianza. 3. Nos damos cuenta de que no era un problema de déficit sino de deuda privada (salvo en Grecia), pero seguimos adelante porque Alemania manda y a ella le fue muy bien. 4. Empieza la tensión social y política porque no se ven los resultados. 5. La tensión se hace insoportable; Bruselas abre la mano tímidamente.

La evasión fiscal sustrae a Europa un billón de euros anuales
Hoy, el nuevo diktat es austeridad más lenta y reformas más rápidas. Bruselas acaba de dar dos años más a Francia y a España para llegar al 3% de déficit. Pero en los dos países, el paro, que ha batido récords, seguirá creciendo hasta fines de 2014. La duda es si el cambio de lenguaje es real en la sustancia, si la definición de reformas de Bruselas y Berlín coincide con la palabra recortes. ¿La reforma de las pensiones que el comisario Olli Rehn exigió a Hollande el viernes va a suponer jubilaciones más bajas? Ese es el quid de la cuestión. Francia siente que Alemania le engañó una vez, y si les engañan una segunda vez y sale mal (es decir, si Europa sigue sin ver la puerta de salida), el proyecto entero se puede ir a pique.
De momento, lo único obvio es que el eje franco-alemán está partido, roto en pedazos. El motor de Europa está gripado. Los vecinos que se odiaban y se reconciliaron parecen agotados de conducir juntos. Hollande no se entiende con Merkel y no confía en ella. La canciller no se fía de las reformas, las intenciones y los datos de la Francia socialista. Y lo que es peor, se diría que ambos han abandonado toda esperanza de que eso cambie.
La señal de alarma la han dado los socialistas franceses, que en un borrador destinado a definir la política europea de Francia para los próximos años se equivocan (¿o no?) y escriben negro sobre blanco lo que casi todo el mundo piensa y casi nadie se atreve a verbalizar. Merkel es “la canciller de la austeridad”, su política revela una “intransigencia egoísta”, ha forjado “una alianza de circunstancias con el thatcherista David Cameron”, y lo que le importa son “los ahorros de los depositantes alemanes, la balanza comercial de Berlín [que en marzo marcó un nuevo récord, elevando el superávit a 188.100 millones de euros, después de que en 2012 exportara 1,1 billones de euros] y su futuro electoral”.
“Si no cambia la política europea, vamos hacia una catástrofe política”, explica Jean-Christophe Cambadélis, dirigente del Partido Socialista (PS) francés y coordinador del documento sobre Europa. “Somos la única zona del mundo que lleva cinco años en recesión. La derecha europea pone todo el acento en la competitividad y comete un error enorme: nunca seremos competitivos como India y China si queremos mantener un nivel decente de protección social. La receta neoliberal ha generado un paro enorme, insoportable para muchas sociedades. Y donde no hay paro, como en Alemania, se ha precarizado el empleo con salarios de 400 euros”.
Según Cambadélis, la pareja franco-alemana debe reencontrar el equilibrio, pero es difícil en las actuales circunstancias de desigualdad. “Juntos sumamos el 49% del PIB europeo, pero Alemania tiene excedentes y Francia tiene déficit. El gran problema es que el Partido Popular Europeo domina Europa, los Estados y las instituciones con una política dogmática, basada en el modelo alemán, que afirma que la austeridad genera crecimiento y que solo es necesaria una mínima cuota de solidaridad”.
¿Y está Francia dispuesta a dar el salto hacia la unión política que pide Alemania? “Alemania quiere un federalismo presupuestario. Francia, un federalismo solidario”, dice Cambadélis. “Los pueblos no aceptarán ceder más soberanía si Europa si no calienta la caldera con solidaridad. Esa es la única forma de integrarse. El federalismo debe ser de ida y vuelta. Si no, reinará la desunión”.
Así las cosas, el entendimiento París-Berlín parece una quimera. Las propuestas del PS son mutualizar las deudas con bonos europeos; cambiar los estatutos del BCE, que el MEDE sea prestamista de último recurso y concertar las políticas económicas: la mayoría de sus peticiones son anatemas en Berlín. Pero, además de las diferencias ideológicas, está el factor humano. Hollande se siente ninguneado por la canciller. Durante los últimos meses, Merkel se las ha arreglado para limitar, retrasar o dejar en vía muerta casi todos los acuerdos importantes alcanzados en las cumbres europeas. Sobre todo, los de junio de 2012, cuando Merkel aceptó dos ideas francesas que deberían haber ayudado a mejorar la economía real: la unión bancaria, y el pacto por el crecimiento.
Un año después, Hollande y el nuevo jefe del Gobierno italiano, Enrico Letta, han pedido que en la próxima cumbre de junio se aplique lo acordado entonces: todo un símbolo de la resistencia alemana a las ideas ajenas.
Cada vez más, el choque entre fe y razón, y la filosofía del sacrificio alejan a Alemania del resto de Europa. En Berlín, cuando los líderes hablan, fuera de micrófono, del “factor humano” de la economía, suelen referirse a la “confianza de los mercados” financieros. No es que Merkel o su ministro de Finanzas, Wolfgang Schäuble, confíen en los inversores. Al contrario. Pero la prima de riesgo y la huida de la inversión son la única medida de la eficacia de un país. Hay otro consenso de hormigón en los principales partidos políticos alemanes: los recortes que hizo el SPD hace 11 años son el germen de la aceptable situación económica del país, boyante si se compara con las demás (aunque con ocho millones de minijobs o subempleos).
Puestos ante la evidencia del desastre que esas mismas medidas provocan a sus socios, no es raro que un líder democristiano alemán aduzca que “la economía no son solo matemáticas” y que lo más importante es recuperar la “confianza”, el mantra favorito de Schäuble. Y enseguida echan mano de las raquíticas señales de recuperación en España o Irlanda, bendecidas por los mercados de deuda, olvidando que la rebaja de los intereses se debe, según todos los expertos, al plan de intervención en los mercados de deuda del BCE, que por cierto todavía topa con la resistencia del Bundesbank.
Otro consenso alemán —y bruselense, que a veces tanto monta— es el que prima respecto a Francia, para la que auguran o recortes o miseria. En Alemania se percibe que las diferencias se deben a la cerrazón francesa ante las reformas. Reformas, obviamente, a la alemana. Cuando le toca defender a Hollande ante los conservadores, el líder parlamentario de los socialdemócratas alemanes, Frank Walter Steinmeier, pide comprensión: Francia, dice, está como Alemania en 2001. Es decir, antes de los recortes de Gerard Schröder. Esas opiniones tienen una explicación: el primer ministro de Finanzas de Merkel, y puede que aún más duro que el actual, se llamaba Peer Steinbrück. Y es la cara del cartel electoral del SPD en los próximos comicios.
El problema del SPD es que la masa de alemanes que aplaude la austeridad está formada, en su gran mayoría, por votantes de centro que simpatizan con la canciller. Da fe de ello el 40% de apoyos que cosecharía hoy la CDU, según una encuesta reciente. El lío es tan extraño que otro histórico de los socialdemócratas alemanes, Oskar Lafontaine, acaba de pedir que Alemania salga del euro.
En Bruselas la inquietud es creciente. Nadie piensa que las cosas tengan fácil arreglo. “Francia y el sur de Europa están frustrados por la intransigencia de Alemania con la austeridad; Alemania está frustrada con la resistencia a las reformas en Francia y en el sur de Europa. El consenso es que la austeridad ha ido demasiado lejos. Pero el consenso dice también que ni Francia, ni España ni Italia están para liderar nada”, confiesan fuentes europeas. “Se va a abrir la mano porque la recesión empieza a morder a los países del centro. Pero que nadie espere grandes cosas hasta las elecciones alemanas. Y ni así hay que hacerse ilusiones”, explica un diplomático.
Las relaciones con el país vecino, de eso no cabe duda en Berlín, atraviesan uno de sus peores momentos. Pero, en la Cancillería, el lema es “no hay alternativa”, como en los mejores años de Margaret Thatcher. En cualquier caso, la rebelión del sur parece estar en marcha. Portugal, España, Italia y Grecia no aguantan más. Y Francia se siente mucho más cerca del sur que del este, como ha demostrado el primer viaje europeo de Enrico Letta, el católico de centroizquierda catapultado a la principal poltrona italiana. Tras verse con Hollande en el Elíseo, los dos han puesto las cartas sobre la mesa: si Alemania no cede, Europa se muere. “Ningún país puede salir del agujero solo, la solución es necesariamente europea, y si es buena para Europa, será buena para Alemania”, lanzó Letta. “Sin crecimiento no solo habrá más paro y más pobreza, sino que los populismos acabarán imponiendo en toda Europa los peores instintos”, le secundó Hollande.
Aunque la crisis en Francia es más llevadera que en los vecinos del sur, y aunque el Estado social no se ha puesto —todavía— en cuestión, los franceses, con 3,2 millones de parados en el Hexágono, tienen miedo hasta de sí mismos. Un síntoma de ese ambiente deletéreo: en algunos sondeos, la líder ultraderechista y xenófoba Marine Le Pen tiene ya una intención de voto superior a la del presidente de la República. Y el mal se extiende por Europa: el ascenso del UKIP británico esta semana subraya esa misma tendencia, peligrosísima para la Unión a un año de las elecciones europeas de 2014.
“Si las cosas no varían vamos a ver un Parlamento Europeo poblado de euroescépticos, nacionalistas, populistas y xenófobos: una jaula de grillos antieuropeos en muchos casos. La paradoja es que a algunos líderes europeos no parece preocuparles, porque favorece la deriva intergubernamental en las instituciones comunitarias”, advierten fuentes diplomáticas en Bruselas. Según el socialista galo Cambadélis, “antes de que lleguen los populismos, la izquierda debe imponer su modelo. El año que viene el Parlamento Europeo podrá elegir al presidente de la Comisión, y si cambia la mayoría podremos librarnos del presidente Barroso y elegir a un progresista. Eso cambiaría bastante las cosas”.
Los alemanes parecen cada vez más solos, pero nada indica que vayan a ceder un milímetro. Como señala el escritor José María Ridao, el problema no lo tiene Merkel, sino Europa: “Berlín no parece entender hasta qué punto las heridas infligidas al proyecto europeo podrían ser irrecuperables. Quizá 26 millones de parados sea la línea de no retorno. A veces las decisiones económicas producen situaciones políticas extremas. Grecia es el laboratorio que explica adónde conduce la cura liberal. La UE ya no se asocia con bienestar y progreso, sino con paro y exclusión social. Y eso es devastador para el europeísmo”.
De forma incomprensible, los países perjudicados por el austericidio o en la lista de espera no han apostado todavía por una política común europea. “Alemania ha impuesto tanto la decisión como el marco institucional donde se adopta con un solo objetivo: resolver su riesgo financiero. Eso ha debilitado a Europa entera con la complicidad de los Gobiernos nacionales, unos por miedo y otros por convicción ideológica”, explica Ridao, que subraya otra gran paradoja. “Alemania ha extendido su modelo a los socios siguiendo la estrategia de las utopías del siglo XX: sacrifiquemos algunas generaciones y tendremos un futuro radiante. La promesa ya no ofrece monstruosidades épicas y trágicas como la sociedad sin clases o el Reich milenario. Ahora el ideal es digno de un tendero: cuadrar gastos e ingresos, conseguir la consolidación fiscal”.
Fuente: elpais.com

La Izquierda Plural registra su enmienda a la totalidad de devolución al Proyecto de Ley del Gobierno de rehabilitación, generación y renovación urbanas

Texto íntegro de la enmienda a la Totalidad de devolución al Proyecto de Ley de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas

Es muy difícil no compartir los argumentos generales que se relatan en la exposición de motivos de este Proyecto de Ley para justificar la necesidad de la reconversión del sector inmobiliario y de la construcción, procurando efectos positivos en la calidad de vida de amplios colectivos, en la eficiencia energética, o en el empleo. El problema es, como veremos, que el texto normativo que se propone contiene implicaciones indeseables en los aspectos social y urbano que lo hacen incompatible con los objetivos señalados.

Algo parecido ha ocurrido con la apuesta declarada del Gobierno por fomentar el mercado de alquiler que, cuando se ha plasmado en un texto normativo, acaba por debilitar los derechos de los inquilinos y estimular los instrumentos de inversión inmobiliaria fomentando la financiarización del sector de la vivienda en alquiler. No es de extrañar, si no se entiende que el derecho a la vivienda no puede estar regido exclusivamente por las reglas del mercado y se rechaza que las políticas activas públicas propicien de manera regulada y estable el acceso a la vivienda en alquiler.

En esta ocasión, como decimos, también el diagnóstico que se hace en la exposición de motivos de la situación del sector inmobiliario y de la construcción, incluso de la legislación urbanística vigente, es correcto. La insostenibilidad económica, social y ambiental del ya agotado modelo en forma de producción indiscriminada de nuevas viviendas y la consiguiente urbanización masiva del territorio, debe dar paso a actuaciones sobre los tejidos urbanos existentes.

Pero esta nueva política, como la orientada a fomentar el alquiler, debe tener como objetivo prioritario la mejora de las condiciones de vida de la población y asegurar el derecho de acceso a una vivienda digna y adecuada recogido en el artículo 47 de nuestra Constitución. Si se anteponen otros objetivos económicos o ciertos intereses particulares puede suceder con la rehabilitación, la regeneración y la renovación urbanas lo ya ocurrido con la construcción de vivienda nueva: un ciclo expansivo del sector con sustanciosos beneficios, pero con empleo de baja calidad, procesos de exclusión, sobreendeudamiento y precios prohibitivos para la mayoría de la población.

España se comprometió en el año 2010, en una reunión de ministros de vivienda y desarrollo urbano promovida por la Presidencia española del Consejo de la Unión Europea, al desarrollo de una política pública de regeneración urbana de carácter integral, señalando su potencial estratégico para un desarrollo urbano sostenible y socialmente inclusivo. Ahora, esta política integral no se aborda porque la visión economicista y especulativa sustituye a otro tipo de consideraciones.

Este Proyecto de Ley pretende incidir de forma notable sobre aspectos económicos, sociales, urbanos y medioambientales pensando en la rehabilitación como un instrumento de gran importancia para la recuperación de nuestra economía y para la mejora de la eficiencia energética del parque construido, reduciendo la demanda de energía y las emisiones contaminantes para converger hacia las exigencias estratégicas en política medioambiental establecidas por la Unión Europea. Pero el problema de la actividad de rehabilitación y de la regeneración urbana en nuestro país ha sido y es la ausencia de financiación accesible y suficiente. Con la iniciativa del Gobierno los recursos van a salir fundamentalmente de los bolsillos de la ciudadanía. Y esto, considerando la situación económica y la elevada tasa de desempleo, es preocupante.

Vaya por delante que nada se especifica en el Proyecto de Ley sobre la cantidad de las ayudas públicas para la ejecución de las actuaciones y, sobre todo, la temporalidad para conseguirlas. Hasta la fecha, cuando ayudas de ese tipo llegan, lo hacen después de años tras finalizarse las obras, adelantando los propietarios el coste de las mismas cuyos beneficiarios han sido empresas constructoras privadas.

También se amplían las facultades de las comunidades o agrupaciones de propietarios y cooperativas de vivienda para actuar en el mercado inmobiliario con plena capacidad jurídica para todas las operaciones, incluidas las crediticias, pero sin ningún respaldo solvente ante la ausencia de instrumentos públicos financieros para garantizar financiación accesible.

El Proyecto de Ley extiende el deber de conservación, a cargo de los propietarios de los inmuebles, a la realización de obras e inversiones para la mejora de calidad y sostenibilidad del medio urbano y lo hace sin límites ni garantías.

La extensión del deber de conservación parece buscar un enfrentamiento directo entre los propietarios de viviendas y edificios y los agentes privados rehabilitadores que, so pretexto de la propia rehabilitación, podrán forzar a los ocupantes a realizar a su costa unas obras de importe desproporcionado. Incluso los promotores de la rehabilitación pueden incrementar las obras a un 75% del coste de reposición en detrimento de los derechos de los ocupantes de los inmuebles. Hay que señalar que el agente rehabilitador se cobra de la obra realizada con aprovechamiento (reparcelación interior del inmueble) o bien fuerza la venta o sustitución forzosa de los propietarios por imposibilidad de hacer frente a estas obligaciones.

Todo ello puede dar lugar a expropiaciones, traslados forzosos, rescisión de contratos de alquiler de viviendas o a la disminución de la superficie de vivienda de reposición. Se deja así la puerta abierta a la expulsión de comunidades vulnerables situadas en ámbitos valiosos y a forzar su traslado definitivo, en su caso, a otros inmuebles que no se especifican.

El régimen jurídico del realojo es radicalmente transformado porque no se garantiza el realojo de ocupantes legales de vivienda habitual en actuaciones aisladas, las edificatorias, en las que no se actúe por expropiación. Para este supuesto sólo se está garantizando el derecho de retorno de arrendatarios. En el supuesto de edificios necesitados de una fuerte rehabilitación y con ocupantes con escasos recursos económicos para afrontarlas, la subsistencia del derecho de realojo no queda asegurada para cualquier actuación que suponga la desaparición de la vivienda habitual.

De esta forma, los efectos perversos de la búsqueda de la rentabilidad inducida a favor del agente rehabilitador en las operaciones de regeneración y rehabilitación urbana pueden aparecer con toda crudeza. Porque la rentabilidad y la viabilidad económica pretende conseguirse sobre la base del incremento indiscriminado de deberes a cargo de los propietarios de viviendas y el cuestionamiento de derechos de realojamiento de sus ocupantes en las actuaciones de rehabilitación o reedificación privadas.

En esta misma línea, el espacio público es otro gran afectado porque el Proyecto de Ley pretende nada más y nada menos que su conversión, automática e indiscriminada, en solar edificable, en espacio susceptible de ser incorporado a la edificación sin deberes urbanísticos ni cesiones, admitiéndose el aumento indiscriminado de la edificabilidad y la densidad so pretexto de la búsqueda de rentabilidad económica, con sacrificio del interés público urbanístico. El redactado del párrafo cuarto del artículo 16 del Texto Refundido de la Ley de Suelo es un buen ejemplo, aunque no el único, de lo que se expone. De esta forma, los procesos especulativos tienen el terreno abonado.

Además de abrirse la puerta a las operaciones de financiación de infraestructuras o financiación por medio de ahorros amortizables en el tiempo para empresas prestadoras de servicios energéticos, de abastecimiento de agua o de telecomunicaciones (inversión obligatoria para los ciudadanos, pero negocio oportuno y voluntario para las empresas), las empresas constructoras interesadas en el valor de un determinado suelo, por su situación o características, sobre el que se ubiquen infraviviendas, podrán permutar legalmente y trasladar de forma forzosa a los habitantes a otras viviendas en propiedad de esas empresas y grupos en zonas de menor interés o valor (depreciadas como resultado del gran stock inmobiliario producido por la crisis).

Por otra parte, el Informe de Evaluación de los Edificios, que acreditará la situación en la que se encuentran los inmuebles ubicados en edificaciones con tipología residencial de vivienda colectiva, recoge cuestiones que tan solo hacen referencia a la edificación (conservación, accesibilidad y eficiencia), obviando que la mejora de esas categorías pasa necesariamente por la regeneración urbana y la toma en consideración, y participación en el proceso, de los habitantes. Tampoco se incluyen las condiciones generales que deben cumplir las empresas constructoras que finalmente serán adjudicatarias de las actuaciones sobre el medio urbano, cuando parece sensato pensar que la eficacia y la eficiencia de las soluciones apuntadas en los informes de evaluación y posteriores proyectos de ejecución que fueran necesarios, dependerá en gran medida de la regeneración del sector de la construcción, especializando y formando a empresas y operarios y estableciendo unos márgenes acotados de beneficio para estas operaciones.

En resumen, el incremento de los deberes de los ciudadanos a través del deber de conservación, la restricción de sus derechos a través del nuevo régimen de realojo, el sacrificio del espacio público urbano para ser tratado como solar edificable y, por último, la ausencia de protagonismo público en la gestión y en la financiación de esta política urbana sólo encuentra su explicación en la pretensión de fiar toda la iniciativa a la promoción privada, convirtiendo la ciudad en una gigantesca plusvalía latente, que parece hay que explorar.

Ya conocemos los resultados que tiene dejar la actividad urbanística en manos de la promoción privada: la búsqueda de plusvalías con independencia del interés público urbanístico. Ahora que las plusvalías han desaparecido de la actividad de nueva construcción, se intenta extender exactamente las mismas herramientas a la ciudad construida. Y para disimular la realidad de lo que se busca la cuestión se disfraza con palabras como "regeneración urbana", cuando la regeneración es una cosa muy diferente.

El Proyecto de Ley trata de sustituir plusvalías sobre "suelos" trasladando las mismas sobre los espacios urbanos donde la gente vive y habita. Y eso nos debe merecer un especial cuidado porque puede terminar abocando a desplazamientos forzados de la población residente o a promover barbaridades urbanísticas so pretexto de convertir la actuación en económicamente más rentable. Por ello, hay que tomarse en serio el tema y buscar un justo equilibrio en la actividad de regeneración entre las vertientes económica, social y medioambiental; equilibrio que este Proyecto de Ley está muy lejos de alcanzar.

Y quede claro que todo ello es en perjuicio de las personas con menores recursos económicos y que viven en los barrios más necesitados de regeneración o rehabilitación. Podemos encontrarnos con procesos de expulsión de la población menos pudiente de los barrios regenerados ante la ausencia de un papel protagonista de la iniciativa pública en las actuaciones y en la tutela de los derechos de los afectados o, en el mejor de los casos, con el grave deterioro de la calidad urbana de los espacios que habitan.

Por lo tanto, queremos dejar claro que en este Proyecto de Ley no se trata de proteger el medioambiente ni garantizar el acceso a la vivienda. Se trata de un negocio cuyos principales afectados serán las personas económicamente más indefensas y que suelen habitar los entornos urbanos más proclives a generar este tipo de actuaciones.

Finalmente, señalar que esta forma de afrontar la rehabilitación, la regeneración y la renovación urbana ni siquiera va a provocar los efectos positivos que se le auguran al Proyecto de Ley. El éxito o fracaso de esta actividad de rehabilitación y regeneración urbana depende en gran medida de la gestión que se haga de las políticas públicas urbanas propuestas por las Administraciones Públicas, participadas con la ciudadanía y con enfoque integrado. Enfoque que prácticamente ha desaparecido del Proyecto de Ley.

Por todos estos motivos se propone el rechazo del texto del Proyecto de Ley y su devolución al Gobierno.

PAH. De ciudadano a presidente.