Manuel González Orviz explica una batería de iniciativas en el Parlamento de Asturias, Congreso, Senado y UE destapa conflictos de intereses y opacidad en la ampliación de competencias de los registros
Registradores en excedencia participan, como juez y parte, en la reforma que impondrá la gestión del Registro Civil a través de los mercantiles
Poco más de 1.000 Registradores explotan un servicio público cuyas ganancias se desconocen y el que los ingresos, salvo el IVA, no repercuten en las arcas del Estado
Izquierda Unida quiere desentrañar la maraña que envuelve la actividad de los Registradores Mercantiles y que se aclare cuál es el ingreso bruto de estas entidades, así como desenmascarar las implicaciones del cambio de la planta registral iniciada por el Gobierno central, con una concentración de registros –y la desaparición de otros-. Una restructuración que viene acompañada por la intención del ejecutivo de Mariano Rajoy de eliminar los Registros Civiles tal y como hoy se conocen para entregar su gestión a los registradores mercantiles, en una suerte de encomienda que abre las dudas sobre la conformidad de tal externalización respecto a la legislación europea en la materia. La opacidad en el funcionamiento de estas entidades está salpicada por un proceso poco transparente por parte del Gobierno Central en el que se han constatado importantes conflictos de intereses en relación a la ampliación de competencias. Contratos millonarios sin concurrencia, registradores en excedencia, como el propio presidente del Gobierno, pero que están participando activamente en el diseño de un nuevo modelo, han hecho saltar todas las alarmas sobre los objetivos últimos de la reforma, que se suman a la ya vieja falta de transparencia. Con el fin de poner coto a una actividad de carácter público, con demasiadas lagunas, IU ha presentado iniciativas en la Junta General del Principado, Congreso de los Diputados, Senado y Unión Europeo en la que han
El coordinador de IU Asturias, Manuel González Orviz, expresó sus serias dudas sobre los objetivos últimos de estas modificaciones en la planta registral, en cuanto a las consecuencias que se derivarán tanto para los trabajadores de los registros mercantiles como para los ciudadanos, que verán, aún más, limitados sus derechos como usuarios y exigió, además, que se aclare la cuestión de los ingresos reales de los Registradores que, a pesar de su condición de funcionarios públicos, no perciben salarios homogéneos sino lo que vendría a ser un “reparto de dividendos” que varía de unos a otros registros de forma escandalosa, con diferencias de miles de euros al mes.
“El cambio de planta registral supondrá la concentración de los registros y, por tanto, la desaparición de los mismos en muchas localidades, lo que, sin duda, supone un perjuicio para los potenciales usuarios que, en realidad, son todos los ciudadanos: la concentración afecta a todo el mundo, pues es en estas instancias es donde deben formalizarse desde las titularidades de los inmuebles hasta créditos vehículos o la liquidación de ciertos impuestos”, explicó Orviz.
La ofensiva del PP de Mariano Rajoy –registrador en Santa Pola (Alicante) y actualmente en situación de servicios especiales dada su actividad política-, con el traspaso de los Registros Civiles –hoy en día dependientes al cien por cien de la Administración- a los Registros Mercantiles, ha sido cuestionada tanto por los Registradores Mercantiles como por el Colegio de Registradores, de los Secretarios Judiciales y de una parte sustantiva de los jueces, juristas y expertos en Administración Pública, que no ven la ventajas del nuevo modelo ni para el propio sector ni para los usuarios.
Izquierda Unida ha planteado una batería de acciones con el fin de desentrañar los fines ocultos de toda la modificación con preguntas y denuncias en todos los ámbitos institucionales, desde la Comunidad Autónoma hasta la Comisión Europea, pasando por el Congreso y el Senado.
En Asturias, la diputada Marta Pulgar ha solicitado al Gobierno de Asturias que explique si tiene ya evaluado el impacto que puede sufrir la prestación del servicio registral, con la concentración impulsada por el Ejecutivo Central y ha reclamado copia de todos los documentos de los que disponga el Consejo de Gobierno sobre la modificación de la planta registral, tanto los que hayan sido remitidos al Principado por la Dirección General de Registros y del Notariado en su proceso de consulta, como los despachados por el Gobierno al Ministerio de Justicia, así como cuales quiera otros que atiendan al proceso de reordenación que obren en su poder.
El senador por Asturias Jesús Iglesias ha pedido información en la Cámara Alta para conocer, de una vez por todas, los ingresos brutos por arancel de los registradores. La pregunta no es baladí, pues las cifras pueden suponer un auténtico escándalo, al permitir desentrañar las percepciones reales de los registradores que, según diversas fuentes consultadas por IU, estarían cobrando cantidades que podrían superar, en muchos casos, los 60.000 euros al mes, más que lo que perciben en bruto al año muchos funcionarios de las categorías más altas de la administración pública.
Y es que la este cambio de planta y de competencias , por la obligación de los registradores mercantiles a asumir también el registro civil, responde a una auténtico asalto al sistema registral cuyas implicaciones podrían esconder una trama de turbias relaciones económicas entre la Dirección General de Registros y del Notariado (dependiente del Ministerio de Justicia), el Colegio de Registradores y la empresa privada Futuver, cuyo enlace sería el registrador Javier Angulo Rodríguez, que fue el jefe de Proyecto de Gestión de Expedientes de Nacionalidad y director del equipo nombrado en enero de 2012 por el ministerio de Justicia para “desatascar” el colapso de los expedientes de nacionalidad, merced a su externalización a través del Colegio de Registros.
Precisamente, en relación con Futuver, el diputado Nacional por Asturias de IU, Gaspar Llamazares, acaba de presentar una batería de preguntas en el Congreso, toda vez que el Paso de Angulo por el equipo del Ministerio terminó con el “pacto-imposición” de un software para el Colegio de Registradores con la empresa Futuver Consulting S.L, por valor de 5,15 millones, una cifra desorbitada para un programa cuyo coste a precios de mercados, según una auditoría posterior, hubiera sido muy inferior, en una horquilla entre los 300.000 y 400.000 euros menos. La decisión de este contrato fue tomada por la Dirección General del Registro, mediante un proceso de adjudicación directa a la empresa Futuver y sin ningún tipo de concurrencia que hubiera permitido, a priori, valorar otras ofertas.
Todas las alarmas sobre transparencia saltan cuando se sabe que Javier Angulo, el director del equipo de fontanería para el “desatasco” de los expedientes de nacionalidad fue nombrado en enero de 2012, momento en el que también aparecía como administrador solidario de la filial rumana de Futuver, cargo que ocupará hasta mayo de 2012, por lo que la adjudicación directa se produciría a su propia empresa.
Curiosamente, el Colegio de Registradores acepta la propuesta de contratación del software a Futuver pero no sin tensiones. De hecho, la decisión de contratar el desarrollo del programa provocó una división de un colectivo que aglutina a poco más de 1.000 profesionales con carácter de funcionarios, aunque de un tipo particular, pues acceden por oposición y dependen del gobierno, pero no cobran un sueldo público sino aranceles a sus clientes, contratando a sus propias plantillas.
A este pelotazo tecnológico, en una contratación que supuso un desembolso 12 veces superior al del mercado, se suma otra en marcha, como lo es la contratación de la plataforma informática del Registro Civil que también fue adjudicada a Futuver. No sorprende que sea, precisamente, esta empresa, pues además de Angulo, explica Llamazares en la explicación de motivos de sus preguntas, “se comenta que el Director General –de Registros y del Notrariado, Joaquín Rodríguez- tiene una opción de compra de participaciones de Futuver”. Por si fuera poco, añade el diputado, “el registrador Enrique Rajoy, hermano del Presidente del Gobierno, hizo gestiones internacionales a su favor”.
Las casualidades continúan en este departamento y, en una instrucción de Joaquín Rodríguez de octubre de 2012, se fija el domicilio de los expedientes de nacionalidad en la calle Alcalá 540 de Madrid, en el edificio de ICREE, la sociedad inversionista de los registradores y en el que también está la sede de los registros de Madrid y la propia sociedad Futurver.
Rodríguez, el director General, es también registrador del Registro Mercantil de Zaragoza y, al igual que Rajoy, en servicios especiales con reserva de Plaza. Lo curioso es que las facturas de este Registro Mercantil se emiten para una comunidad de bienes, aunque solo queda un registrador en activo lo que desvirtuaría tal figura, pues en un solo tenedor no puede existir comunidad alguna. Curiosamente, el otro comunero es el consuegro de Joaquín Rodríguez que sigue figurando como cotitular en la cuenta corriente en la que deben hacerse los ingresos del registro.
En Europa, al eurodiputada asturiana de IU Ángela Vallina ha instado a la Comisión que fije posición sobre la reordenación administrativa de la planta registral. En una pregunta, la parlamentaria explica que a pesar de que los registradores son funcionarios públicos que prestan un servicio público que afecta a toda la ciudadanía, funcionan en un régimen de monopolio dividido en exclusivas territoriales que si bien responde al necesario carácter de servicio público de la actividad, los usuarios son tratados como un consumidor más, aunque sin la posibilidad de elegir el registro en el que realizar sus inscripciones o consultas.
Este hecho implica, a juicio de Ángela Vallina, una situación de indefensión absoluta para la ciudadanía, dado que las oficinas prestan sus servicios sin una homogeneidad en los costes del servicio. Desde las perspectivas de los propios registradores, también se producen importantes diferencias y, a pesar del hecho de ser funcionarios públicos, el régimen retributivo y laboral de los registradores de propiedad y mercantiles son dispares, cuando debería estar equiparado al del resto de funcionarios y limitarse a su carácter de servicio público.
En una reciente respuesta, la Comisión ha señalado que no encuentra, en principio, que pueda haber discrepancias con la legislación europea aunque deja la puerta abierta a que se aporte más información con el fin de poder investigar en profundidad el modelo de operación de los registros
Fuente: izquierdaxunida.com
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