sábado, 7 de julio de 2012

¿Quién ha vivido por encima de sus posibilidades?. Artículo de Alberto Garzón.

Desde que comenzó la crisis es común escuchar en los debates una manida frase que asegura que los españoles hemos vivido por encima de nuestras posibilidades. De forma paralela se insta a que «esto lo arreglemos entre todos», citando el lema de una campaña que las cámaras de comercio lanzaron al comienzo de la debacle económica. Tanto se han repetido ambas ideas que muchos, incluso entre los más críticos, las han asumido e interiorizado como verdaderas. Sin embargo, no hay nada más alejado de la verdad.
Es cierto, por ejemplo, que la economía española como un todo está profundamente endeudada con el exterior. Esto quiere decir que nuestro país ha podido disfrutar de crecimiento económico y creación de empleo gracias a que teníamos un modelo basado en las deudas, las cuales a su vez sostenían la burbuja inmobiliaria. Así, cuando ha devenido la crisis nos hemos quedado en el paro y con la cartera llena de deudas con otros países como Alemania. Pero ahí no termina el relato.
Observando los datos comprobamos que, por ejemplo, el endeudamiento público –el del Gobierno del país, de las comunidades autónomas y de los ayuntamientos– ha sido realmente reducido. Reducido en comparación con otros países y reducido en comparación con el endeudamiento de hogares y empresas. Así, en el año 2007, al inicio de la crisis, las deudas del Gobierno eran del 50% del PIB mientras que las deudas de las familias rozaban el 100% y las de las empresas alcanzaban el 200%. Dichos datos lanzan por tierra el populismo de derechas que de todo responsabiliza a un gasto público que, efectivamente, ha sido en todo caso muy poco eficiente.
Por otra parte, es importante señalar que ni todas las familias se han endeudado con la misma intensidad ni todas las empresas han tenido el mismo comportamiento «irresponsable». Así, según el Fondo Monetario Internacional, el 10% más rico de los hogares tiene a día de hoy el 40% de las deudas totales de los hogares, mientras que el 95% de las deudas empresariales pertenecen a las grandes empresas –aquellas con más de 250 empleados–. Estos datos señalan una obviedad: los más ricos se endeudan por cantidades muy superiores y hacen crecer extraordinariamente la deuda total de la economía española.
El Banco de España ha confirmado este hecho y asegura que sólo un 16,5% de los hogares más pobres tiene alguna deuda pendiente, mientras que ese porcentaje es del 64,7% entre los hogares más ricos. Además, las deudas de los más pobres han solido tener como motivo la compra de una primera vivienda, imposible de comprar sin recurrir a la hipoteca, mientras que en el caso de los más ricos el objetivo era la compra de segundas y terceras propiedades inmobiliarias.
Así pues, no todos hemos vivido por encima de nuestras posibilidades. Más bien podríamos afirmar que son los más ricos los que han vivido por encima de nuestras posibilidades, puesto que su creciente endeudamiento –con motivos de especulación inmobiliaria y financiera– ha sido socializado por los distintos gobiernos nacionales y actualmente lo estamos pagando la mayoría con altas tasas de paro y menores ingresos con los que hacer frente a unas deudas muy inferiores. Los trabajadores y las pequeñas y medianas empresas de este país estamos pagando la borrachera de unos pocos, muy adinerados, que además se las están arreglando para salir de la crisis aún más ricos.
Podemos llamarlo estafa, robo, extorsión o sencillamente lucha de clases, pero es evidente que frente al populismo de derechas hay que enfrentar la elegancia y rigurosidad de los datos económicos. En cada discusión, debate o coloquio debemos evitar ser absorbidos por una ideología que bajo una apariencia de ingenuidad esconde los mismos intereses de quienes nos están aplastando en esta crisis.
Fuente: agarzon.net

7 y 8 de Julio de 2012. Encuentro de activistas universitarios/as en Madrid

Para más información: PINCHA AQUÍ

Acto homenaje represaliados 'Encuentro de Activistas Universitarios' FEC (07/07/2012) 

viernes, 6 de julio de 2012

Represión es Régimen. "Los hombres del Régimen reprimen a los más débiles y se humillan ante los poderosos".


Izquierda Unida elabora un vídeo para denunciar la represión frente a las protestas en el que enfrenta la diferencia entre 'Régimen' y 'Democracia'

Izquierda Unida ha lanzado hoy un vídeo para denunciar la dureza con la que se están reprimiendo determinadas protestas sociales de la ciudadanía y de los movimientos civiles que han decidido plantar cara a la política de recortes y de ‘ajuste duro’ que hace recaer sobre ellos el peso de la crisis. Este nuevo trabajo audiovisual de IU coincide con la semana en la que se ha recrucedido el conflicto minero, asunto que ha llegado a provocar fracturas internas en el PP, o que ha terminado en polémicas actuaciones y excesos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en localidades como Ciñera o Pola de Lena.

En este trabajo, en el que se lanza la pregunta “¿Cuál es la diferencia entre Democracia y Régimen?”, se denuncia la represión, que se identifica precisamente como la política de ese ‘Régimen’ contraria a la Democracia. El spot recurre a un estilo contundente y un discurso rupturista que sigue la estela del anterior vídeo de IU ‘Cuando el miedo cambie de bando’, que batió todos los records de difusión audiovisual con más de 100.000 reproducciones en YouTube.

Con una base musical intensa y una voz el off masculina, juvenil y didáctica, el vídeo contrapone imágenes de los responsables de la crisis -Mariano Rajoy, Rodrigo Rato, José Luís Rodríguez Zapatero, Emilio Botín, Luis de Guindos o Juan Rosell) con actuaciones policiales contra ciudadanos indefensos, para señalar que mientas “la Democracia persigue a los responsables de la crisis…el Régimen reprime a los que protestan”.

La contraposición de imágenes de ciudadanos que protestan contra los recortes y la represión de la que son objeto continúa mientras la voz en off señala: “La democracia protege a las familias de la voracidad de los bancos…el régimen echa a la gente de sus casas…La democracia actúa contra los defraudadores …El régimen dicta leyes de amnistía fiscal…En democracia trabajar es un derecho…El régimen criminaliza a quienes lo defienden…La democracia garantiza la salud y la educación pública…El régimen las convierte en un negocio y en un privilegio”.

El mensaje del vídeo se concreta aún más cuando señala que mientras “La Democracia es el gobierno del pueblo, el Régimen es el gobierno de los ricos”, para plantear a continuación la pregunta “¿Sabes cómo se reconoce a los hombres del Régimen?”. Una de las formas de ilustrar la respuesta es con las criticadas declaraciones del jefe superior de la Policía de Valencia en las que asimilaba a los estudiantes valencianos como ‘el enemigo’.

A continuación el narrador señala que los hombres del Régimen “reprimen a los débiles” – se ve a un policía antidisturbios agrediendo a un adolescente- “y se humillan ante los poderosos”, momento en el que aparecen imágenes del magnate de Eurovegas, Sheldon Adelson, agasajado por la élite política madrileña.

El spot concluye con imágenes de la marcha minera -la voz declara “Rebeldía es Democracia-  y con un fundido a negro donde se escucha y se inserta en la pantalla el mensaje de “Represión es Régimen”.

El vídeo es obra de Producciones CMI, agencia especializada en comunicación política, responsable en los últimos trabajos de trasladar al lenguaje audiovisual al discurso de Izquierda Unida.

jueves, 5 de julio de 2012

Entrevista a Cayo Lara en el programa ' Parlamento' del Canal 24H de TVE (02/07/2012)


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Llamazares registra un recurso de alzada contra la exclusión de medicamentos de la financiación pública.

El recurso del diputado de IU es un paso “previo a la vía contencioso-administrativa” y en él detalla que se han dejado de pagar no sólo principios activos catalogados de dudosa eficacia sino “otros que tienen actividad demostrada y que son necesarios para tratar síntomas de diversas enfermedades, algunas de ellas graves, tanto agudas como crónicas” 
El diputado de Izquierda Unida y portavoz en la Comisión de Sanidad, Gaspar Llamazares, ha interpuesto ante el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, que dirige Ana Mato, un recurso de alzada, previo a la vía contencioso-administrativa, “contra la Resolución de la Dirección General de Cartera Básica de Servicios del Sistema Nacional de Salud y Farmacia, por la que se procede a la actualización de la lista de medicamentos que quedan excluidos de la prestación farmacéutica en el Sistema Nacional de Salud”.

En su recurso, que fue registrado ayer en el Ministerio, Llamazares alega que entre los dos tipos de medicamentos –de las más de 500 marcas concretas afectadas- que se han excluido de la financiación pública no sólo figuran principios activos que pueden ser catalogados de dudosa eficacia sino “otros principios activos que tienen actividad demostrada y que son necesarios para tratar síntomas de diversas enfermedades, algunas de ellas graves, tanto agudas como crónicas”.

“Entre los medicamentos excluidos –se especifica- los hay que están recogidos en la lista de medicamentos esenciales de la Organización Mundial de la Salud como la acetilcisteina. Esta exclusión de la financiación puede tener serios efectos en la salud de las personas más vulnerables y puede incrementar las desigualdades sociales en salud”.

Gaspar Llamazares considera que la decisión impuesta por el Gobierno de Mariano Rajoy incumple dos artículos de la Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública. “En concreto –expone- el artículo 3 que establece que ‘Las políticas, planes y programas que tengan impacto en la salud de la población promoverán la disminución de las desigualdades sociales en salud e incorporarán acciones sobre sus condicionantes sociales, incluyendo objetivos específicos al respecto”. Porque en ninguno de los apartados hace consideración alguna a los efectos de esta resolución sobre la equidad”.

“Incumple asimismo –continua el recurso- el artículo 35.1 y 3 que establece: ‘1. Las Administraciones públicas deberán someter a evaluación del impacto en salud, las normas, planes, programas y proyectos que seleccionen por tener un impacto significativo en la salud, en los términos previstos en esta ley. 3. La evaluación de impacto en salud deberá prever los efectos directos e indirectos de las políticas sanitarias y no sanitarias sobre la salud de la población y las desigualdades sociales en salud con el objetivo de la mejora de las actuaciones” pues no se ha procedido a evaluar los efectos mencionados de esta política farmacéutica del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.

Llamazares fundamenta jurídicamente el recurso presentado contra las restricciones de Ana Mato en materia de medicamentos al amparo de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

En concreto, indica que la resolución recurrida “incurre en anulabilidad de acuerdo al artículo 63 de la Ley 30/1992”, que recoge que son anulables los actos de las Administraciones públicas “que incurran en cualquier infracción del ordenamiento jurídico, incluso la desviación de poder”.

Texto de recurso de alzada registrada por Gaspar Llamazares ante el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad

D. GASPAR LLAMAZARES TRIGO

EXPONE:

Que, mediante el presente escrito, interpongo recurso de alzada, previo a la vía contencioso-administrativa, contra la Resolución de la Dirección General de Cartera Básica de Servicios del Sistema Nacional de Salud y Farmacia, por la que se procede a la actualización de la lista de medicamentos que quedan excluidos de la prestación farmacéutica en el Sistema Nacional de Salud, el que baso en los siguientes:

HECHOS

Primero. La mencionada Resolución excluye de la financiación pública dos tipos de medicamentos. Unos principios activos que pueden ser catalogados de dudosa eficacia y otros principios activos que tienen actividad demostrada y que son necesarios para tratar síntomas de diversas enfermedades algunas de ellas graves tanto agudas como crónicas. Entre los medicamentos excluidos hay medicamentos recogidos en la lista de medicamentos esenciales de la Organización Mundial de la Salud como la acetilcisteina. Esta exclusión de la financiación puede tener serios efectos en la salud de las personas más vulnerables y puede incrementar las desigualdades sociales en salud.

Segundo. Esta Resolución incumple dos artículos de la Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública. En concreto el artículo 3 que establece que “Las políticas, planes y programas que tengan impacto en la salud de la población promoverán la disminución de las desigualdades sociales en salud e incorporarán acciones sobre sus condicionantes sociales, incluyendo objetivos específicos al respecto”. Porque en ninguno de los apartados hace consideración alguna a los efectos de esta resolución sobre la equidad. Incumple asimismo el artículo 35.1 y 3 que establece: “1. Las Administraciones públicas deberán someter a evaluación del impacto en salud, las normas, planes, programas y proyectos que seleccionen por tener un impacto significativo en la salud, en los términos previstos en esta ley. 3. La evaluación de impacto en salud deberá prever los efectos directos e indirectos de las políticas sanitarias y no sanitarias sobre la salud de la población y las desigualdades sociales en salud con el objetivo de la mejora de las actuaciones” pues no se ha procedido a evaluar los efectos mencionados de esta política farmacéutica del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.

FUNDAMENTOS JURÍDICOS

Primero. Este recurso se interpone al amparo de los artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

Segundo. La Resolución recurrida incurre en anulabilidad de acuerdo al artículo 63 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre que recoge que son anulables los actos de las Administraciones públicas que incurran en cualquier infracción del ordenamiento jurídico.

En su virtud,

SUPLICO A USTED SUPLICO que, teniendo por presentado este escrito, lo admita a trámite y dé por interpuesto recurso de alzada contra de la Resolución de la Dirección General de Cartera Básica de Servicios del Sistema Nacional de Salud y Farmacia, por la que se procede a la actualización de la lista de medicamentos que quedan excluidos de la prestación farmacéutica en el Sistema Nacional de Salud  y solicitando que se anule.

Madrid a 05 de julio de 2012

Fdo.: Gaspar Llamazares Trigo

Joan Coscubiela: "LA TEOLOGÍA DE LOS RECORTES ES SUICIDA. ES URGENTE UNA ALTERNATIVA."


LA TEOLOGÍA DE LOS RECORTES ES SUICIDA. ES URGENTE UNA ALTERNATIVA

Poco a poco y en pequeñas dosis el Gobierno del PP va enseñando la patita de la nueva vuelta de tuerca que nos tiene preparada. Durante semanas ha negado varias veces y en sede parlamentaria que el rescate a los bancos tuviera compartidas para los ciudadanos. Ahora, y para hacer todo lo contrario de lo prometido, intenta que el discurso de la inevitabilidad de los recortes cale en la conciencia ciudadana.
Así lleva varios días haciendo declaraciones y filtrando informaciones para que la ciudadanía se olvide de sus promesas anteriores y para que asumamos resignadamente esta nueva apretada a las tuercas del Estado Social.

Rajoy comenzó afirmando que el rescate a los bancos no tendría contrapartidas para los ciudadanos. A los pocos días incorporó un matiz: “El Memorándum que se firmará el 9 de Julio solo contendrá contrapartidas para el sector financiero”. Y ahora, para preparar el terreno a los ajustes,  ya dice que los recortes serán duros, pero que no tienen nada que ver con el rescate a los bancos y que deberían hacerse en cualquier caso. ¡Y que sapo más quiere que nos traguemos!. 

Con esta estrategia el PP pretende tres cosas, que la gente no identifique ayudas a bancos con reducción de derechos sociales, que la ciudadanía se olvide que el factor desencadenante de nuestro desequilibrio presupuestario no es un exceso de gasto social – que es de los más bajos de la UE- sino una caída de recaudación fruto de una depresión económica, provocada en buena parte por el colapso del sistema financiero. Y por último el Gobierno pretende que interioricemos que recortar derechos es la única manera de conseguir el equilibrio presupuestario y la reactivación económica. Muchas trampas, para una sola jugada. 

El Gobierno sabe, aunque lo oculta, que la UE ha impuesto un determinado concepto de estabilidad presupuestaria, el que recoge el Tratado de Estabilidad (Fiscal Compatc) votado en España entre otros por PP, PSOE Y CIU. El Gobierno pretende reducir el déficit público en dos o máximo tres ejercicios en unos 62.000 millones de euros, que cada día que pasa  son más porque la recaudación sigue cayendo. Al igual que sucede con el agujero del sector financiero que crece sin parar. El Gobierno pretende conseguir la reducción del déficit por la vía de recortar derechos y jibarizar el sector público, sin plantearse la más mínima estrategia de crecimiento económico o de reforma fiscal para aumentar los ingresos, como la que están intentando otros países. 

Y para adoptar estas medidas que son contrarias no solo a su programa electoral, sino a las afirmaciones efectuadas hasta hace escasamente una semana, necesita anestesiar más a la ciudadanía. Con una combinación perfecta de engaño y de resignación. 

Por eso lleva varios días filtrando información a través de los medios, para que cuando lleguen las medidas los ciudadanos ya las hayan asumido resignadamente y las tengan descontadas. 

Para hacer frente a estas políticas es vital intentar desmontar las dos grandes coartadas que el gobierno ha construido para justificar este nuevo y duro ajuste. Las dos coartadas, son viejas conocidas de los ciudadanos. Una, la del único camino posible, intenta promover la resignación ciudadana por la vía del engaño. Otra, la de la falsa esperanza de que las medidas promuevan en algún momento, que no se concreta, una reactivación económica. Nótese que es  la misma estrategia seguida con la Reforma Laboral y con los ajustes anteriores. 

Las políticas del Gobierno nos están llevando a un callejón sin salida, del que cada vez parece más difícil salir, sino se produce un cambio radical en la orientación de las políticas. Un cambio que el PP no puede hacer por dos razones. Porque se ha comprometido a ello con la UE, a cambio del rescate bancario. Y porque en el fondo, el Gobierno y el PP son los apóstoles más aventajados en la UE de la teología del recorte y del sufrimiento. El PP siempre ha visto en la crisis una oportunidad para imponer el Estado Mínimo, la privatización de esferas importantes de los servicios públicos, la desregulación de las relaciones laborales. Otra cosa es que ahora estas políticas que el PP defiende sean el camino directo a la depresión económica crónica. 

Presionar a la baja los salarios, como ha hecho la Reforma laboral, jibarizar el sector público e incentivar el despido de empleados públicos, desmantelar los Servicios Públicos de Empleo, reducir el período de cobro de las prestaciones de desempleo, acabar con el programa Prepara, modificar el sistema de calculo de las pensiones en casos de lagunas de cotización, alargar la edad de jubilación o congelar su actualización de las pensiones son medidas que provocaran una gran injusticia en el reparto de los costes de la crisis y van a generar más desigualdad y pobreza. Además y en la medida que deterioran el poder adquisitivo de la mayoría de la población, asfixian aún más la capacidad de reacción de la economía y provocan más desempleo, como se esta viendo en el último año, con crecimientos interanuales superiores a los 500.000 desempleados. Pero si al mismo tiempo se adoptan políticas fiscales que gravan más los salarios, que aumentan el tipo del IVA para determinados productos básicos y de elevados consumos y si además se incrementan los precios controlados como el de la electricidad, se incrementan las tasas para el acceso a servicios o prestaciones públicas y se introducen mecanismos de repago para poder obtener prestaciones básicas como la salud, el suicido económico y social del país esta servido

Por ello, se hace  imprescindible parar las pretensiones del Gobierno y el primer paso pasa por  construir una alternativa que sea creíble para la ciudadanía y consiga aunar el máximo de soporte de fuerzas sociales y políticas. Esta alternativa comporta negar la ideología del único camino, por generar en la ciudadanía la percepción que, aunque difícil y complejo, es posible generar otra orientación en las políticas. 

Los ejes de esta alternativa deberían ser: 

Exigir en el marco de la UE que el proceso de estabilidad presupuestaria y de reducción de déficit público sean paulatinos y a medio plazo, única manera de que sean social y económicamente sostenibles. Claro que ello significa renunciar a la filosofía del Pacto de Estabilidad y es ahí, donde posiblemente algunas fuerzas políticas estén atrapadas. No es posible estar de acuerdo con el pacto de Estabilidad y después quejarse de las consecuencias que su aplicación “rigorista” provoca.  

Poner en marcha instrumentos y políticas para que los mecanismos institucionales europeos  posibiliten la restructuración del sistema financiero europeo, sin que ello comporte más presión sobre la deuda pública y por tanto sobre los intereses a pagar por los Estados. No tiene ninguna lógica económica o social que mientras las instituciones financieras funcionan a nivel global y así lo hacen los grandes inversores institucionales que se aprovechan de este proceso de globalización cuando las cosas van bien, en cambio cuando las cosas van mal el coste de los ajustes en el sector financiero deba recaer en exclusiva sobre el país en el que esta domiciliada la entidad.

Todas estas medidas de reforzamiento europeo, comportan cesión de soberanía de los Estados, que en la practica ya se esta produciendo al margen de los que digan las normas de la UE o de cada país. Pero la cesión de soberanía de las instituciones democráticas estatales lo ha de ser a otras instituciones democráticas europeas y no a los mercados financieros o a instrumentos ademocràticos que se presentan como independientes de la política y que son tremendamente dependientes de los intereses de los mercados. La nefasta experiencia del Banco Central Europeo es un ejemplo a rechazar. 

Incrementar las políticas de impulso al crecimiento, para lo que la UE debe incrementar sus recursos propios. Aquí la tasa de transacciones financieras puede jugar un doble papel, desincentivar la especulación a corto de los mercados financieros y obtener recursos para políticas de crecimiento.

España debe plantearse urgentemente una Reforma Fiscal. Algunas de sus medidas pueden tener plazos más largos de aplicación. Pero no es de recibo que el sistema fiscal español sea  cada vez más insuficiente e injusto. Contribuir a la estabilidad presupuestaria por la vía de aumentar los ingresos es clave. La lucha contra el fraude y la elusión fiscal y un mayor esfuerzo a los sectores con más capacidad son claves. No solo en el terreno económico, sino también para recuperar la legitimidad perdida por nuestro sistema fiscal, al que la reciente amnistía del PP ha dejado tirada por los suelos. Intentar recuperar el equilibrio presupuestario por la vía de recortes que además de injusticias provocan una reducción de los ingresos es instalarse en un bucle suicida. 

Las sobadas reformas estructurales deben llegar a los sectores intocables. El caso más emblemático es el del sector eléctrico, en el que no solo no se aborda el déficit de tarifa, sino que se incrementa el coste para el ciudadano, al tiempo que se abortan las posibilidades de un cambio de modelo para favorecer a los grandes lobbys.
  
En relación al sector público, sin duda son necesarias Reformas. Pero hasta ahora solo se han aplicado recortes y privatizaciones. La Reforma del Sector Público resulta muy difícil sin una Reforma previa o simultanea de la Política institucional.

Estas y otras podían ser las claves de un referente alternativo para la sociedad. Para ello es imprescindible que nadie caiga en la tentación de querer ofrecer soluciones por su cuenta, que se sumen el máximo de voces y fuerzas alrededor de unos mínimos compartidos. Solo así, se conseguirá arrancar a la ciudadanía de las garras de la resignación en la que el PP y los sectores más poderosos de la sociedad quieren situarla. 

Estos casi cinco años de crisis confirman que el capitalismo solo se reforma, cuando la mayoría de la sociedad tiene capacidad de intimidación frente al poder. De momento no es así y para tenerla hace falta también generar ilusión y convencimiento en la población. 

Si la izquierda social y política no somos capaces de generar esta alternativa, la reacción social que vendrá, tendrá un marcado perfil populista. Y lo que hoy es una crisis económica y social que ha puesto de manifiesto un grave deterioro democrático puede convertirse en una verdadera gangrena de la democracia.Y en estos casos siempre ganan los que como solución a la gangrena proponen cortar por lo sano.  Evitemos que nos suiciden, construyendo una alternativa.   

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El Gobierno ultimaría otro ajuste de hasta 30.000 millones para cumplir el objetivo de déficit

  • Según Reuters, se reducirían sueldos de funcionarios y prestaciones de paro
  • También se barajaría congelar las pensiones y cerrar televisiones públicas
  • El Gobierno pospone cualquier decisión a mitad de julio
  • La agencia Efe cifra en 38.642 millones de euros el ajuste necesario
Ver enlace y vídeo: rtve.es (Pincha Aquí)

miércoles, 4 de julio de 2012

La Audiencia Nacional imputa a Rato, Olivas, Acebes y otros 30 consejeros de Bankia. "Entre ladrones anda el juego. Hay que investigar hasta que el miedo cambie de bando".

La Audiencia Nacional imputa a Rato, Olivas, Acebes y otros 30 consejeros de Bankia


  • El presidente y expresidente de la entidad deberán declarar ante el juez Andreu
  • También deberá hacerlo el ex ministro del Interior y consejero de Bankia

Ver vídeo: rtve.es (Pincha Aquí)


OBSERVACIÓN
Izquierda Unida exige la intervención y nacionalización de Bankia. 
Resolución de la Comisión Ejecutiva Federal de IU sobre la situación de Bankia (7 de mayo 2012) 



Alberto Garzón: "Entre ladrones anda el juego"

Barclays revela que el Banco de Inglaterra le aconsejó manipular los tipos

Bob Diamond, el ya ex consejero delegado de Barclays, fue este martes otro de los que cayeron por el caso de la manipulación de los tipos de interés en el Reino. Sin embargo, el banco no quiere cargar con toda la culpa y tras la dimisión de Diamond ha hecho público informes elaborados por el consejero delegado que apuntan a que el Banco de Inglaterra animó a Barclays a manipular el Libor, el tipo de interés interbancario londinense, en el año 2008.
Según estos informes, Paul Tucker, 'número dos' del Banco de Inglaterra, advirtió a Diamon que el banco no debía publicar siempre tipos tan elevados. El 'consejo' de Tucker se producía, según los documentos hechos públicos, porque cuando Barclays marcaba unos tipos de interés tan altos se proyectaba una imagen a los mercados de serios problemas en la financiación.
El relato de Diamond revela que Tucker le dijo que había "recibido llamadas de varios altos cargos dentro de Whitehall preguntándole por qué Barclays fue siempre establecía unas tasas tan altas del Libor".
Según los documentos de Barclays, Diamond no creyó que la advertencia de Tucker fuera una instrucción. Sin embargo fue el entonces director de operaciones de la entidad, Jerry del Missier, llegó a la conclusión de que se trataba de una instrucción directa del Banco de Inglaterra para que Barclays no mantuviera los tipos de interés tan altos.
Ante estas revelaciones, el Banco de Inglaterra ha asegurado que "es absurdo" pensar que Tucker presionara a Barclays para que bajará los tipos del Libor. Esta previsto que hoy, Diamond comparezca para dar más detalles sobre las conversaciones mantenidas con el vicegobernador del Banco de Inglaterra.
La dimisión de Diamond, a quien el exministro laborista Peter Mandelson describió en 2010 como "la cara inaceptable de la banca"por su desmedida ambición, ha sido aplaudida por el Gobierno británico, que se esfuerza por actuar con firmeza en una crisis que amenaza con salpicar a la clase política.
La marcha del banquero "es la decisión correcta para el banco y para el país", declaró hoy el ministro de Economía, George Osborne, quien confió en que el gesto sea "el primer paso hacia una nueva cultura de responsabilidad".
El líder de la oposición laborista, Ed Miliband, señaló que la medida era "necesaria y correcta", pero insistió en su petición al Ejecutivo de queautorice una investigación presidida por un juez sobre las prácticas corruptas del sector bancario.
Para evitar ese tipo de pesquisa, el primer ministro, el conservador David Cameron, anunció ayer otra más limitada que efectuará una comisión multipartita del Parlamento para examinar la conducta bancaria que posibilitó la manipulación del Libor.
El escándalo se desató la semana pasada cuando Barclays fue multado por los reguladores del Reino Unido y Estados Unidos con 290 millones de libras (360 millones de euros) por manipular el Libor y su equivalente europeo Euribor entre 2005 y 2009, en un caso que afecta también a otros bancos.
Los agentes de Barclays, que en aquel momento dependían directamente de Diamond como jefe de Barclays Capital, falsificaron los tipos para su beneficio económico y para, en plena crisis crediticia en 2008, dar una imagen de fortaleza financiera del banco ante sus rivales.
Otros bancos británicos e internacionales están siendo investigados, entre ellos HSBC y Royal Bank of Scotland (RBS) -propiedad del Estado británico en un 84 %-, el estadounidense Citigroup o el suizo UBS.
Fuente: elmundo.es

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"Hay que investigar hasta que el miedo cambie de bando"




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IU suma a asociaciones y sindicatos a su propuesta para crear una Comisión de Investigación sobre causas y responsables de la grave crisis de las entidades bancarias

José Luis Centella presenta un manifiesto elaborado junto a estos grupos y asegura que la sociedad “tiene derecho a conocer las causas de la desesperada situación financiera” de las entidades, que es “fruto de una gestión deplorable y de una complicidad política”

Izquierda Unida, junto a diversas organizaciones, asociaciones y sindicatos, presentó hoy el ‘Manifiesto por una Comisión de Investigación sobre la crisis de las instituciones financieras españolas’, a partir del cual buscará en los próximos meses el apoyo ciudadano y de las asociaciones civiles para volver a llevar al Congreso de los Diputados la necesidad de que desde él se investiguen políticamente los motivos de la crisis financiera y sus responsables. IU, que fue pionera al registrar una iniciativa en este sentido el pasado febrero, vuelve así a la carga con un amplio apoyo social para romper el bloqueo del PP que, gracias a su mayoría absoluta, ha impedido hasta ahora que se cree esta comisión de investigación sobre la gestión de todas las entidades con problemas.    

Durante la presentación del manifiesto hoy en el Congreso, José Luis Centella, portavoz parlamentario de IU, destacó que toda la sociedad “tiene derecho a conocer las causas de la desesperada situación financiera” de buena parte de las entidades bancarias. Indicó que ésta es “fruto de una gestión deplorable y de una complicidad política” y recordó que el Congreso, como sede de la soberanía popular, “no puede ser ajeno a la preocupación de millones de ciudadanos”.

Hasta el momento el manifiesto cuenta con el apoyo, además de IU, de la UGT, el sindicato de técnicos de Hacienda (Gestha), la Asociación por la Tasación de las Transacciones Financieras y por la Ayuda a los Ciudadanos (Attac), la Plataforma por la Nacionalización de la Banca y la Federación de Artistas del Estado, junto a sus 10 sindicatos.

Centella estuvo acompañado en el acto de presentación por Manuel Ridal, miembro del Consejo general de Gestha, y por Ricardo García Zaldívar, presidente de Attac España. Recordó que “el PP ha bloqueado varias veces la creación de estas comisión de investigación”, pese a lo cual IU seguirá insistiendo en ella ya que “alguna vez tendrá que ceder o si no se convertirá en cómplice de la ocultación de los responsables políticos. Quien nada teme nada debe bloquear”.

En concreto, en el manifiesto se explica que su pretensión es “contribuir, junto a los restantes esfuerzos que se realizan con la misma intención, a que una imparable movilización ciudadana obligue a los representantes políticos a cumplir sin más dilaciones con sus obligaciones”, dado que los ciudadanos tienen “derecho a conocer la verdad”.

“Nunca estuvo tan justificada una comisión de investigación para conocer la verdad”, se añade dado que “la credibilidad interna y externa sólo pueda darla la verdad, la transparencia y la depuración de todas las responsabilidades”.

El texto señala y así lo aseguró también el diputado de IU en su intervención que “hay que investigar, porque esta crisis no la ha provocado una catástrofe natural. Aquí hay responsables y víctimas, y alguien tiene que explicar por qué tenemos que pagar entre todos este inmenso fraude de unos pocos”.

Para José Luis Centella, una comisión de investigación es “la mejor forma de que no haya suspicacias y dudas. Queremos generar confianza, y quien no lo hace es quien impide determinar qué ha ocurrido y pone velos para camuflar las responsabilidades”.

El manifiesto añade que la grave situación actual está originada por la combinación de un “modelo de sobreendeudamiento” y una “deplorable y pésima” gestión pública y privada, así como por una “escasa diligencia” en la supervisión por parte del Banco de España y de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

“Los responsables deben ser investigados para exigir todas las responsabilidades, tanto si ha habido actuaciones ilícitas como mala gestión política o administrativa”, señalan los promotores de la iniciativa. Precisan que su intención es que sea el Congreso donde, en paralelo a cualquier actuación judicial, se investigue de forma pública lo ocurrido en el sistema financiero, y en particular en las entidades intervenidas o rescatadas.

Los ciudadanos “no pueden permanecer impasibles ante el brutal contraste” que supone inyectar miles de millones de euros en las entidades financieras, con consecuencias para la deuda pública, mientras se efectúan recortes en los servicios públicos y los derechos. “Y tampoco ante la ocultación sobre las responsabilidades de todo tipo que nos han llevado a esta crisis, caiga quien caiga”, se destaca.

En el manifiesto se expone que existen “otras soluciones para los problemas que están en la raíz de la crisis” y proponen medidas “imprescindibles” como la creación de una Banca Pública no especulativa y con control social, así como medidas para lograr nuevos recursos que permitan impulsar la economía real.

En concreto, reclaman reducir la economía sumergida en al menos 10 puntos del PIB para que España se sitúe en niveles de economías similares, luchar contra el fraude fiscal reformando la Agencia Tributaria y los servicios de Hacienda, acometer reformas fiscales para crear un impuesto sobre la riqueza y un nuevo tipo impositivo para las grandes empresas, restringir el sistema de módulos, eliminar el “trato preferente” del que gozan las SICAV o elevar los tipos para las rentas del ahorro y las ganancias patrimoniales especulativas.

Se estima imprescindible implantar un Impuesto sobre las Transacciones Financieras a nivel europeo, democratizar las instituciones comunitarias y ampliar el papel del Banco Central Europeo (BCE) para que pueda respaldar convenientemente las deudas soberanas. También exigen la prohibición de las operaciones en corto contra la deuda pública y aclara las condiciones del rescate a la Banca española.

Manuel Ridal explicó que esta crisis “ponen de manifiesto que el modelo de las instituciones de control está en verdadera crisis” porque “no está funcionando con suficiente eficacia” y se ha generado una “situación indeseable” frente a la que hay alternativas.

Ricardo García Zaldívar expuso que los ciudadanos tienen el derecho y la obligación de “exigir transparencia” frente a “unos intereses financieros que piden la ocultación de la realidad” y deben “rebelarse frente a un proceso de transformación de la deuda privada en pública”.

El presidente de Attac opinó que salir del euro o dejar caer a la Banca no son soluciones viables por las “muy graves repercusiones” que tendría para toda la sociedad y añadió que en la actual situación se deben “aprovechar las circunstancias para que la estatalización de las entidades en apuros sea permanente y dé pie a una Banca Pública potente y poderosa”. 

Listado de los forrados en las cajas de ahorros y responsables del rescate a España


Centella dice que "Rajoy puede afirmar que va a 'pisar el acelerador' pero cada vez es más evidente que él no lleva el volante"

El portavoz parlamentario de IU adelanta que su grupo buscará “romper el esquema de la comparecencia” del presidente del próximo día 11 para que explique las condiciones para el rescate a la Banca, que no están “tan claras como nos ha intentado hacer creer el Gobierno”

El portavoz parlamentario de Izquierda Unida en el Congreso, José Luis Centella, ha exigido hoy al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, que explique cuanto antes en sede parlamentaria los nuevos recortes que tiene previsto aplicar a los ciudadanos y que esconde bajo el eufemismo de ‘reformas’. Centella parafraseó al líder del PP y dijo que éste podrá afirmar que “va a pisar el acelerador” pero advirtió de que “cada vez es más evidente que él no lleva el volante”.

Centella indicó en la rueda de prensa en el Congreso tras la Junta de Portavoces que Rajoy debe explicar en la Cámara cómo se va a pagar el rescate a la Banca y las exigencias aún no conocidas establecidas en la última Cumbre Europea. En este sentido,  y ante la negativa puesta por el Gobierno para celebrar este año el debate sobre el estado de la nación, el diputado de IU adelantó que desde su grupo buscarán “romper el esquema de la comparecencia de Rajoy” prevista para el próximo día 11 sólo para dar cuenta de los resultados del Consejo Europeo y convertirla “en un debate sobre la situación general” del país.

Valoró que de ese Consejo celebrado los pasados jueves y viernes en Bruselas lo que salió es “una gran marea de solidaridad hacia la Banca”, además de “mucho ruido” sobre las medidas propuestas para su rescate que no están “tan claras como nos ha intentado hacer creer el Gobierno”.

José Luis Centella explicó que buscarán así evitar que la comparecencia de Rajoy sea un “debate tasado” e intentarán convertirlo en un “debate en sí mismo”, mucho más tras esas intenciones del presidente del Ejecutivo “acelerar las reformas”, lo que desde IU se interpreta como “que nos vamos a alejar aún más de la salida de la crisis”.

Indicó que ese debate de la próxima semana será una oportunidad para plantear un “cambio profundo en la Unión Europea”, para reclamar que se refunde el Banco Central Europeo y para volver a denunciar que España y la UE van “por el camino equivocado” para abordar la salida de la crisis y la reducción del déficit público.
Fuente: izquierda-unida.es





Los evasores podrán acogerse a la amnistía fiscal pagando menos del 10%

Hacienda está dispuesta a dar todas las facilidades a los defraudadores para que se acojan a la amnistía fiscal. Tras abrir el proceso al blanqueo del dinero en efectivo, ahora el ministerio de Cristóbal Montoro ha abandonado la idea de gravar con un 10% todos los activos ocultos aflorados tras las críticas de los asesores de los defraudadores, que consideraban que eso no era suficientemente ventajoso para ellos. Ahora, según la nueva interpretación de la Dirección General de Tributos, en lugar de gravar todos los capitales aflorados, se conformará con que tribute al 10% la parte generada en los ejercicios no prescritos (solo tres, en el caso de la amnistía fiscal), manteniendo la exención de intereses y recargos. Con ello, habrá casos en que a los evasores les baste pagar menos del 1% de todo lo defraudado. Además, Hacienda les garantiza que hará la vista gorda con esas declaraciones, pues señala que “no resulta procedente” su comprobación.
El Gobierno ha flexibilizado la amnistía fiscal, el procedimiento con el que pretende recaudar 2.500 millones y aflorar un capital escondido en paraísos fiscales de al menos 25.000 millones. Algunos despachos de abogados y asesores fiscales habían manifestado dudas sobre la oportunidad de acogerse al proceso de regularización fiscal. Consideraban que no existían suficientes garantías jurídicas para los que decidan aflorar su patrimonio oculto —tienen que pagar un gravamen del 10% sobre los bienes ocultos, muy inferior a los impuestos que han dejado de abonar— y sostienen que había otras vías para legalizar el dinero opaco de forma más barata. De hecho, ninguna gran fortuna se ha acogido aún a este proceso desde su entrada en vigor a principios de junio. Ahora el Ministerio de Hacienda permitirá que los defraudadores regularicen su situación pagando menos del 10% previsto y aclara que no comprobará las declaraciones de los que se acojan al proceso.
La Dirección General de Tributos divulgó el pasado lunes un “informe sobre el procedimiento de regularización derivado de la presentación de la declaración tributaria especial”. El documento, que contiene 17 cuestiones, revela que Hacienda no vigilará a los defraudadores que se acojan a la amnistía. “No resulta procedente una comprobación aislada de la declaración tributaria especial”, señala el último punto del informe, fechado el pasado 27 de junio.
Además, Hacienda permite, “en el caso de que el contribuyente pueda acreditar la titularidad de los bienes correspondientes a ejercicios prescritos —anteriores a los últimos cuatro años—, declarar los bienes correspondientes a ejercicios no prescritos”. De esta forma, los evasores podrán legalizar el dinero oculto obtenido después de 2007 solo con pagar un 10% pero si pueden acreditar que este dinero ya era suyo antes de 2008 pagarán solo el 10% de los intereses y podrá regularizar todo el capital.
Hasta ahora si se quería legalizar el capital oculto de un periodo prescrito se podía hacer mediante una declaración complementaria ordinaria pagando la deuda fiscal, intereses de demora, más un recargo de sanción. Ahora valdría con pagar solo el 10% de los intereses. El Gobierno tapa así una de las fisuras que tenía el Real Decreto 12/2012. Pero lo hace a cambio de rebajar las condiciones de la amnistía fiscal y, por tanto, sus previsiones de ingresos. Hacienda aclara que tendrán que pagar el 10% todos los bienes y derechos que se incorporen a esa cuenta durante periodos no prescritos.
Así, por ejemplo, si un defraudador tenía un millón de euros en negro a cierre de 2007, y ha obtenido una rentabilidad de ese dinero de 30.000 euros anuales (en torno al 3%) en 2008, 2009 y 2010, en la amnistía fiscal le bastaría pagar el 10% de esos 90.000 euros (esto es, 9.000 euros) para blanquear 1.090.000 euros. En lugar de tributar el 10%, bastará con que pague menos del 1% del total del capital aflorado. Cuando el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, explicó el decreto ley de la amnistía fiscal tras ser aprobado por el Consejo de Ministros se refirió a “la regularización de los totales, los saldos, que vengan a España de otros territorios o también afloren desde la propia España”. En el Congreso, al votarse el decreto ley, también dijo que era “un gravamen sobre la regularización de activos que están ocultos”. La propia redacción de la norma y de los modelos tributarios daba a entender que se tributaba por el total de los bienes ocultos aflorados, y así lo interpretaban todos los expertos hasta que Hacienda ha aclarado que favorecerá a los defraudadores.
Hacienda ya había abierto otro boquete con el que facilitaba acogerse a la amnistía fiscal a quienes cometan fraude, al permitir que se regularice el dinero en metálico, para el que “será suficiente la manifestación de ser titular del mismo antes del 31 de diciembre de 2010”, según la orden ministerial que regula la tramitación del proceso, e ingresarlo en una cuenta. El nuevo documento elaborado por Tributos precisa que “no se podrá utilizar la declaración tributaria especial para regularizar rentas no declaradas obtenidas con posterioridad a esa fecha”.
No obstante, como asegura que no hará comprobaciones, abre la puerta a lavar dinero negro obtenido tras esa fecha. En el ministerio recuerdan que los delitos fiscales no prescriben e insisten en que la Ley contra el Blanqueo de Capitales es de aplicación para operaciones ilícitas.
Las cuentas públicas están descuadradas y el Gobierno puso en marcha la amnistía fiscal para aumentar la recaudación y reducir el déficit. Por eso, tiene especial interés en lograr que la regularización fiscal aporte los 2.500 millones previstos. En ese contexto se entiende que el responsable del Tesoro, Íñigo Fernández de Mesa, remitiera hace unos días una carta a los bancos donde les sugería que pasaran por alto las operaciones que no sean claramente sospechosas de estar relacionadas con actividades ilícitas.

Vídeo Rescatado. Entrevista a Gaspar Llamazares en 'Los Desayunos' TVE 12-04-12


Leer más: iniciativa.cat

martes, 3 de julio de 2012

ICV considera que allargar la vida útil a Garoña és una "greu irresponsabilitat"

Fuente: iniciativa.cat

Iniciativa Per Catalunya Verds con Niunpezporlaborda.org


Fuente: Chunta.org


IU denuncia la "apuesta nuclear del Gobierno y del conjunto del PP" tras ejecutar su decisión de prolongar la actividad de Garoña hasta 2019


El responsable federal de Energía y Medio Ambiente, Adolfo Barrena, advierte de que se adopta esta medida de prolongar la vida útil de esta “vieja y obsoleta central a pesar de las claras amenazas y riesgos que supone para la seguridad, la salud y el medio ambiente”

Izquierda Unida ha denunciado a través de su responsable federal de Energía y Medio Ambiente, Adolfo Barrena, la “apuesta nuclear del Gobierno de Mariano Rajoy y del conjunto del PP” tras ejecutar en la práctica su decisión de prolongar la actividad de la Central de Santa María de Garoña (Burgos) hasta el año 2019. El Boletín Oficial del Estado (BOE) publica hoy la orden que revoca parcialmente la anterior en la que se acordaba el cierre de esta central nuclear el 6 de julio de 2013. En un texto ‘ad hoc’ esta nueva orden ministerial señala que si los informes, que debe emitir el titular de la central, convencen al Consejo de Seguridad Nuclear, la central podrá operar hasta 2019.

Barrena ha señalado que este planteamiento pro nuclear del Gobierno “en el fondo no nos sorprende en absoluto dado lo proclive que han demostrado ser los máximos dirigentes del PP a plegarse abiertamente al ‘lobby nuclear’ y sus intereses puramente económicos”.

El dirigente federal de IU advierte de que el Ejecutivo de la derecha adopta esta decisión de prolongar la vida activa “de la vieja y obsoleta central de Garoña a pesar de las claras amenazas y riesgos que supone para la seguridad, la salud y el medio ambiente, en especial en el valle del Ebro”.

Adolfo Barrena denuncia también que “el Ejecutivo del PP todavía no ha resuelto el tema del tratamiento de los residuos nucleares. Nos gustaría que se diera la misma prisa en resolverlo que en alargar la vida de las centrales, pero cobrando este tratamiento a las propias empresas que aumentan su cuenta de beneficios con estas decisiones”.

“Una vez más –incide- el PP enseña su cara más liberal y antepone los intereses económicos, en este caso de los propietarios de Garoña, al interés general, desoyendo las voces mayoritarias que exigen el cierre de todas las centrales nucleares y un plan energético en el que ganen presencia las energías renovables y los recursos endógenos”.

Barrena señala cómo se encadenan medidas que afectan al nefasto sistema energético en vigor, ya que “esta última decisión, que coincide con el segundo ‘tarifazo’ eléctrico que entró en vigor el día 1, abre la mano al negocio nuclear de las multinacionales energéticas, todo ello tras paralizarse el desarrollo de las energías renovables por decreto, lo que en la práctica significó el parón de las nuevas instalaciones renovables al suprimir las primas y los incentivos económicos para el sector”.

“Mientras todo esto ocurre –señala el responsable de Energía y Medio Ambiente de IU- el ministro Soria y el conjunto del PP no tienen tampoco ningún problema en condenar al cierre a todo el sector de la minería del carbón sin darles una alternativa socioeconómica a las zonas y comarcas mineras, mientras los mineros van camino de Madrid para reivindicar un futuro para estos territorios”.

Adolfo Barrena recuerda que el Gobierno de Rajoy “renuncia a atajar los graves problemas en materia energética como son los desajustes de las tarifas, la dependencia exterior de nuestro sistema energético, la grave crisis nuclear y el mix energético que sigue sin incluir una reserva estratégica del carbón nacional”.