El consumidor doméstico de electricidad en España se ha convertido en un sujeto digno de estudio. No solo paga tarifas que se sitúan entre las más caras de Europa, según datos de la agencia estadística europea, Eurostat, sino que, caso único en el mundo —ahí es nada—, mantiene una deuda con el conjunto del sector eléctrico —las empresas— que supera los 24.000 millones y que crece de forma crónica año tras año. Más aún. Entre 2006 y 2011, el precio de la electricidad para los consumidores domésticos españoles, siempre según Eurostat y excluidos los impuestos, aumentó un 69,9% mientras en la UE (27 países) creció un 19,9% y en el área euro un 13,1%.
Cualquiera podría pensar que con una subida de precios del 70% en cinco años, muy por encima de la inflación acumulada en el mismo periodo (12,3%), se podrían haber ajustado ingresos y costes del sistema para sujetar el déficit. Pues no. Lejos de ello, la diferencia entre los ingresos de las empresas y los costes que se les reconocen no ha dejado de crecer. El déficit supera los 24.000 millones y este mismo año, con subidas de tarifas domésticas del 7% en abril y de en torno al 4% en julio, el agujero puede crecer en otros 5.000 millones más. La conclusión es obvia: el sistema de fijación de precios no funciona. Está bajo sospecha. Por dos razones: porque fue concebido en un sistema diseñado para crecer de forma continuada —la demanda eléctrica se ha desplomado desde 2008 y hay sobrecapacidad de producción— y porque nadie se fía de cómo funciona.
Para comprender lo delicado del momento bastan dos pinceladas. Las tarifas que paga el usuario acogido a la llamada tarifa de último recurso(TUR) son el resultado de sumar dos apartados: los precios de la energía que decide una subasta cada tres meses y los llamados “peajes de acceso” que aprueba el Gobierno y que retribuyen a las empresas por transportar, distribuir, producir sin contaminar (primas a las renovables) y atender las necesidades de las islas, Ceuta y Melilla. Pues bien: en el caso de la subasta trimestral, la Comisión Nacional de la Energía (CNE) investiga desde hace un año si, como sostienen algunas denuncias públicas, las empresas comercializadoras “calientan” los precios días antes de la subasta para ajustar los precios a sus necesidades; y en el caso de las tarifas de acceso —la parte regulada—, es el propio Gobierno el que analiza qué ha sucedido para que los costes hayan crecido de forma continuada en los últimos años pese a la caída de la demanda.
Aunque hasta ahora el acento se ha puesto en las primas que cobran las renovables —cuya cuantía, incluida la cogeneración se encamina hacia los 7.000 millones al año—, las empresas temen que el Ejecutivo haya decidido investigar, de forma decidida, qué costes se reconocen a las empresas y si todos ellos son razonables. En marzo, el Gobierno dio un mordisco de 940 millones a esos costes reconocidos a las compañías y congeló las primas a nuevos proyectos de renovables.
Pero las empresas temen que la reforma energética anunciada por Industria para la segunda quincena de junio y que se retrasa traiga nuevas malas noticias para sus balances. Los informes de la CNE y las mismas explicaciones del Gobierno en el real decreto que aprobó en marzo apuntan a ello. La CNE es clara: “La senda de precios finales alcanzada [...] se explica, principalmente, por los costes de acceso [...] planificados inicialmente en un contexto donde se esperaba un mayor crecimiento de la demanda”. Traducido: alguien hizo mal los cálculos y ha sido sorprendido por la crisis. En la misma línea, el preámbulo del decreto aprobado en marzo justifica la necesidad de actuar porque el déficit se ha convertido “en un problema estructural cuya resolucion deviene imprescindible [...] por el riesgo que conlleva para la sostenibilidad económica del sistema y para la seguridad del suministro.
Mientras el Gobierno estudia y aguanta las presiones de las empresas, el consumidor se mantiene como el protagonista de una historia muy vieja: la del infeliz que cuanto más paga más debe.
Fuente: elpais.com____________
IU denuncia la "burbuja eléctrica" que causan los continuos "tarifazos" del Gobierno y el "drama y los problemas sin resolver" que acarrea
El responsable federal de Medio Ambiente, Energía y Transporte, Adolfo Barrena, presenta también una iniciativa que insta al Gobierno a “consolidar un sistema ferroviario público y social que vertebre el territorio y que tenga suficiente inversión pública, adecuada planificación de servicios, frecuencias y un plan comercial” frente a la intención del PP de suprimir o sustituir por autobuses los servicios de tren con pocos viajerosEl responsable federal de Medio Ambiente, Energía y Transporte de Izquierda Unida, Adolfo Barrena, ha denunciado hoy la “burbuja eléctrica” que está provocando el Gobierno del PP debido a las reiteradas subidas del recibo de la luz, así como el “drama y los muchos problemas sin resolver” que esta actuación acarrea a la ciudadanía.
Barrena compartió hoy rueda de prensa en la sede federal de IU en Madrid con el coordinador federal, Cayo Lara, para tratar distintos temas competencias de su secretaría. Entre ellos, y a raíz de la subida que entró ayer en vigor de la Tarifa de Último Recurso (TUR) de la electricidad en un 3,95% de media, y del gas en un 2,26%, señaló la necesidad de recuperar el control público del sector energético, como ocurre en Alemania o Italia, y una planificación energética para “evitar el desastre que se avecina”.
“Nos encontramos –dijo el dirigente federal- ante una ‘burbuja eléctrica’ que no sabemos cuando se terminará de pinchar”. Respaldó esta afirmación recordando que el recibo eléctrico ha subido un 70% en los últimos cinco años.
Adolfo Barrena alertó de que “la subida va a afectar a 20 millones de contratos de suministro eléctrico” que corresponden, en su mayoría, a “las familias, los pequeños y medianos empresarios, los trabajadores autónomos y los ayuntamientos”. Sobre estos últimos clientes, criticó que es “inaceptable” que se pague lo mismo por la luz en un instituto público “que en un club de yates de lujo”.
Para el responsable de Energía de IU la subida ejecutada ahora, la segunda en 2012 y que calificó como “nuevo ‘tarifazo’ de Mariano Rajoy”, se ha hecho “con la justificación de que hay que resolver el problema del déficit tarifario, que no se está resolviendo, sino que se está agravando”.
Responsabilizó de la actual situación al sistema energético y tarifario que implantaron tanto los gobiernos de José María Aznar, que lo ejecutaron, como en la posterior etapa de los ejecutivos de José Luis Rodríguez Zapatero, que fueron incapaces de resolver el problema del déficit tarifario. Explicó que con este sistema “la energía que se consume cada día se pasa al recibo al precio del kilowatio que haya salido más caro de producir ese día”.
Barrena exigió que se acabe con el modelo actual, que obliga a pagar la energía al mismo precio a todos los consumidores, independientemente de que el uso sea doméstico o empresarial, mientras que el “precio especulativo” de la luz lo marcan las multinacionales.
Advirtió de que hoy “es imposible que compitan las renovables con las otras energías que ya están completamente amortizadas. Tenemos un sistema falsamente liberalizado. No hay tampoco una política fiscal adecuada”. Indicó que el nuevo modelo pasa por gravar los consumos eléctricos abusivos y suntuarios, así como primar los consumos que se centren en el ahorro energético.
Por otra parte, el responsable federal de Medio Ambiente, Energía y Transporte presentó asimismo la proposición no de ley que IU registrará en el Congreso para instar al Gobierno a “consolidar un sistema ferroviario público y social que vertebre el territorio, tenga suficiente inversión pública, una adecuada planificación de servicios y frecuencias y un plan comercial que ponga en valor la rentabilidad social y ambiental de todas y cada una de las líneas de ferrocarril normal”.
Barrena salía así al paso de los planes del Gobierno del PP de suprimir o sustituir por transporte en autobús los servicios ferroviarios de media distancia que cuentan con un escaso número de viajeros. En su opinión, “nos parece equivocada esta política del Gobierno y tendrá unas consecuencias nefastas tanto para los ciudadanos como para el medio ambiente”.
En esta iniciativa, IU también insta al Gobierno a incluir todos los servicios de cercanías no transferidos a las comunidades autónomas entre los servicios ferroviarios clasificados de interés general y declararlos de Obligación de Servicio Público con la suficiente compensación económica. Reclama que se garantice que todas y cada una de las líneas de ferrocarril normal que transitan por más de una comunidad sean declaradas de servicio de interés público.
Esta es una apuesta por el ferrocarril convencional, frente al AVE, “que pasa por muchos pueblos pero no para en ninguno” y no permite llevar mercancías, y frente al posible pago de peajes para circular por las carreteras españolas.
La proposición no de ley reclama también al Ejecutivo que presente ante el Congreso en el primer periodo de sesiones de 2013 “un análisis detallado de la oferta ferroviaria para pasajeros y mercancías y un Plan de Mejora de la eficacia y eficiencia del sistema público ferroviario”.
(A continuación se incluye el texto de la Proposición no de Ley)
Proposición no de Ley
Antecendentes
El Consejo de Ministros, en reunión que celebró el pasado día 2 de julio de 2010, aprobó un Acuerdo que fijaba las bases para la declaración de «servicio público» de las líneas de transporte ferroviario de viajeros que se considerasen de interés general por razones sociales, económicas y medioambientales. El Acuerdo derivaba del Derecho Comunitario, en concreto, de la aplicación del Reglamento UE nº 1370/2007, de 23 de octubre, que limita las subvenciones estatales al ferrocarril a las estrictamente necesarias para la compensación de aquellos servicios deficitarios cuya continuidad esté justificada por razones de eficiencia energética, social, económica o medioambiental, así como las compensaciones correspondientes por el coste de dichos servicios y las obligaciones del operador, entre ellas los indicadores de calidad que deben cumplirse en su prestación.
El Acuerdo adoptado por el Consejo de Ministros limitaba, en consecuencia, las subvenciones estatales al ferrocarril a los supuestos señalados en la normativa comunitaria y establecía que el resto de los servicios ferroviarios debían regirse por criterios de competencia comercial y no debían percibir ayudas del Estado.
El texto definía el tipo de servicios que habían de considerarse de interés público en España y señalaba que el Ministerio de Fomento presentaría antes del 30 de noviembre de ese año al Consejo de Ministros la relación de los servicios ferroviarios de transporte de viajeros, así como los tramos y frecuencias, que serían garantizados mediante Obligaciones de Servicio Público.
Para elaborar esta relación se tendrían en cuenta los estudios y análisis necesarios que permitieran identificar los servicios ferroviarios, tramos y frecuencias que debían ser garantizados, así como los niveles de calidad exigibles en su prestación y las compensaciones para el operador.
La norma comunitaria que justificó este Acuerdo regula las condiciones en las que es posible imponer obligaciones de servicio público tomando como referencia el coste de los servicios para compensar a los operadores, pero deja en manos de los Estados miembros la decisión sobre qué servicios de interés público deben garantizarse.
Las bases aprobadas señalaban que prioritariamente serían considerados de interés general los servicios de transporte ferroviario de viajeros que fueran utilizados de manera habitual e intensiva por parte de los ciudadanos, siempre que concurrieran razones de eficiencia energética, social y económica. Se ponderaría tanto el nivel de eficacia del servicio como las posibilidades de utilización de otros medios de transporte combinado por parte de los viajeros.
Además, el texto precisaba que, de manera prevalente, se garantizarían mediante Obligaciones de Servicio Público y compensación económica los servicios de cercanías no transferidos a las Comunidades Autónomas, los de media distancia de uso habitual y frecuente, esto es, que requieran su utilización por la ciudadanía en trayectos de ida y vuelta al menos cinco días a la semana, y aquellos servicios ferroviarios que discurran dentro de una Comunidad Autónoma y que ésta estime de interés público. En estos casos, será la Administración autonómica quien aporte las compensaciones al operador.
En coherencia con el contenido del Acuerdo, Renfe-Operadora se comprometió a hacer un análisis pormenorizado de la oferta ferroviaria de transporte de pasajeros y pasajeras. El objetivo era identificar las opciones para la reorganización de la oferta, tanto en trayectos de larga como de media distancia, que incrementasen la eficacia y la eficiencia en su prestación y su conectividad con otros modos de transporte alternativos, buscando con ello aprovechar las ventajas de cada uno en función de su mayor eficiencia social, económica o medioambiental.
Según este acuerdo, Renfe-Operadora se encargaría de prestar los denominados servicios públicos de las «líneas que se considerasen de interés general por razones sociales, económicas y medioambientales por un periodo inicial de tres años». Pasado este tiempo «el Ministerio de Fomento propondrá al Gobierno la prórroga adicional del contrato de servicio público o la licitación de estos servicios en régimen de concurrencia, transparencia y no discriminación». Finalmente el acuerdo abre la posibilidad para el cierre de líneas que no se consideren de interés general o que tengan una «demanda insuficiente» según el Gobierno.
Renfe podrá seguir prestando los servicios no declarados de interés público en condiciones de mercado, es decir, con un régimen de tarifas comerciales. Si tales servicios no resultaran viables por insuficiencia de demanda, el Ministerio de Fomento presentaría un plan de reorganización que garantice la conexión territorial mediante un sistema de transporte combinado o con transportes alternativos.
Por todo ello se presenta la siguiente
PROPOSICIÓN NO DE LEY
El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1º.- Consolidar un sistema ferroviario público y social que vertebre el territorio, tenga suficiente inversión pública, una adecuada planificación de servicios y frecuencias y un plan comercial que ponga en valor la rentabilidad social y ambiental de todas y cada una de las líneas de ferrocarril normal.
2º.- Incluir todos los servicios de cercanías no transferidos a las CC.AA. entre los servicios ferroviarios clasificados de interés general y declararlos de Obligación de Servicio Público con la suficiente compensación económica.
3º.- Garantizar que todas y cada una de las líneas de ferrocarril normal que transitan por más de una Comunidad Autónoma sean declaradas servicio de interés público.
4º.- Presentar ante esta Cámara en el primer Período de sesiones de 2013 un análisis detallado de la oferta ferroviaria para pasajeros y mercancías y un Plan de Mejora de la eficacia y eficiencia del sistema público ferroviario.
Fuente: izquierda-unida.es
Barrena compartió hoy rueda de prensa en la sede federal de IU en Madrid con el coordinador federal, Cayo Lara, para tratar distintos temas competencias de su secretaría. Entre ellos, y a raíz de la subida que entró ayer en vigor de la Tarifa de Último Recurso (TUR) de la electricidad en un 3,95% de media, y del gas en un 2,26%, señaló la necesidad de recuperar el control público del sector energético, como ocurre en Alemania o Italia, y una planificación energética para “evitar el desastre que se avecina”.
“Nos encontramos –dijo el dirigente federal- ante una ‘burbuja eléctrica’ que no sabemos cuando se terminará de pinchar”. Respaldó esta afirmación recordando que el recibo eléctrico ha subido un 70% en los últimos cinco años.
Adolfo Barrena alertó de que “la subida va a afectar a 20 millones de contratos de suministro eléctrico” que corresponden, en su mayoría, a “las familias, los pequeños y medianos empresarios, los trabajadores autónomos y los ayuntamientos”. Sobre estos últimos clientes, criticó que es “inaceptable” que se pague lo mismo por la luz en un instituto público “que en un club de yates de lujo”.
Para el responsable de Energía de IU la subida ejecutada ahora, la segunda en 2012 y que calificó como “nuevo ‘tarifazo’ de Mariano Rajoy”, se ha hecho “con la justificación de que hay que resolver el problema del déficit tarifario, que no se está resolviendo, sino que se está agravando”.
Responsabilizó de la actual situación al sistema energético y tarifario que implantaron tanto los gobiernos de José María Aznar, que lo ejecutaron, como en la posterior etapa de los ejecutivos de José Luis Rodríguez Zapatero, que fueron incapaces de resolver el problema del déficit tarifario. Explicó que con este sistema “la energía que se consume cada día se pasa al recibo al precio del kilowatio que haya salido más caro de producir ese día”.
Barrena exigió que se acabe con el modelo actual, que obliga a pagar la energía al mismo precio a todos los consumidores, independientemente de que el uso sea doméstico o empresarial, mientras que el “precio especulativo” de la luz lo marcan las multinacionales.
Advirtió de que hoy “es imposible que compitan las renovables con las otras energías que ya están completamente amortizadas. Tenemos un sistema falsamente liberalizado. No hay tampoco una política fiscal adecuada”. Indicó que el nuevo modelo pasa por gravar los consumos eléctricos abusivos y suntuarios, así como primar los consumos que se centren en el ahorro energético.
Por otra parte, el responsable federal de Medio Ambiente, Energía y Transporte presentó asimismo la proposición no de ley que IU registrará en el Congreso para instar al Gobierno a “consolidar un sistema ferroviario público y social que vertebre el territorio, tenga suficiente inversión pública, una adecuada planificación de servicios y frecuencias y un plan comercial que ponga en valor la rentabilidad social y ambiental de todas y cada una de las líneas de ferrocarril normal”.
Barrena salía así al paso de los planes del Gobierno del PP de suprimir o sustituir por transporte en autobús los servicios ferroviarios de media distancia que cuentan con un escaso número de viajeros. En su opinión, “nos parece equivocada esta política del Gobierno y tendrá unas consecuencias nefastas tanto para los ciudadanos como para el medio ambiente”.
En esta iniciativa, IU también insta al Gobierno a incluir todos los servicios de cercanías no transferidos a las comunidades autónomas entre los servicios ferroviarios clasificados de interés general y declararlos de Obligación de Servicio Público con la suficiente compensación económica. Reclama que se garantice que todas y cada una de las líneas de ferrocarril normal que transitan por más de una comunidad sean declaradas de servicio de interés público.
Esta es una apuesta por el ferrocarril convencional, frente al AVE, “que pasa por muchos pueblos pero no para en ninguno” y no permite llevar mercancías, y frente al posible pago de peajes para circular por las carreteras españolas.
La proposición no de ley reclama también al Ejecutivo que presente ante el Congreso en el primer periodo de sesiones de 2013 “un análisis detallado de la oferta ferroviaria para pasajeros y mercancías y un Plan de Mejora de la eficacia y eficiencia del sistema público ferroviario”.
(A continuación se incluye el texto de la Proposición no de Ley)
Proposición no de Ley
Antecendentes
El Consejo de Ministros, en reunión que celebró el pasado día 2 de julio de 2010, aprobó un Acuerdo que fijaba las bases para la declaración de «servicio público» de las líneas de transporte ferroviario de viajeros que se considerasen de interés general por razones sociales, económicas y medioambientales. El Acuerdo derivaba del Derecho Comunitario, en concreto, de la aplicación del Reglamento UE nº 1370/2007, de 23 de octubre, que limita las subvenciones estatales al ferrocarril a las estrictamente necesarias para la compensación de aquellos servicios deficitarios cuya continuidad esté justificada por razones de eficiencia energética, social, económica o medioambiental, así como las compensaciones correspondientes por el coste de dichos servicios y las obligaciones del operador, entre ellas los indicadores de calidad que deben cumplirse en su prestación.
El Acuerdo adoptado por el Consejo de Ministros limitaba, en consecuencia, las subvenciones estatales al ferrocarril a los supuestos señalados en la normativa comunitaria y establecía que el resto de los servicios ferroviarios debían regirse por criterios de competencia comercial y no debían percibir ayudas del Estado.
El texto definía el tipo de servicios que habían de considerarse de interés público en España y señalaba que el Ministerio de Fomento presentaría antes del 30 de noviembre de ese año al Consejo de Ministros la relación de los servicios ferroviarios de transporte de viajeros, así como los tramos y frecuencias, que serían garantizados mediante Obligaciones de Servicio Público.
Para elaborar esta relación se tendrían en cuenta los estudios y análisis necesarios que permitieran identificar los servicios ferroviarios, tramos y frecuencias que debían ser garantizados, así como los niveles de calidad exigibles en su prestación y las compensaciones para el operador.
La norma comunitaria que justificó este Acuerdo regula las condiciones en las que es posible imponer obligaciones de servicio público tomando como referencia el coste de los servicios para compensar a los operadores, pero deja en manos de los Estados miembros la decisión sobre qué servicios de interés público deben garantizarse.
Las bases aprobadas señalaban que prioritariamente serían considerados de interés general los servicios de transporte ferroviario de viajeros que fueran utilizados de manera habitual e intensiva por parte de los ciudadanos, siempre que concurrieran razones de eficiencia energética, social y económica. Se ponderaría tanto el nivel de eficacia del servicio como las posibilidades de utilización de otros medios de transporte combinado por parte de los viajeros.
Además, el texto precisaba que, de manera prevalente, se garantizarían mediante Obligaciones de Servicio Público y compensación económica los servicios de cercanías no transferidos a las Comunidades Autónomas, los de media distancia de uso habitual y frecuente, esto es, que requieran su utilización por la ciudadanía en trayectos de ida y vuelta al menos cinco días a la semana, y aquellos servicios ferroviarios que discurran dentro de una Comunidad Autónoma y que ésta estime de interés público. En estos casos, será la Administración autonómica quien aporte las compensaciones al operador.
En coherencia con el contenido del Acuerdo, Renfe-Operadora se comprometió a hacer un análisis pormenorizado de la oferta ferroviaria de transporte de pasajeros y pasajeras. El objetivo era identificar las opciones para la reorganización de la oferta, tanto en trayectos de larga como de media distancia, que incrementasen la eficacia y la eficiencia en su prestación y su conectividad con otros modos de transporte alternativos, buscando con ello aprovechar las ventajas de cada uno en función de su mayor eficiencia social, económica o medioambiental.
Según este acuerdo, Renfe-Operadora se encargaría de prestar los denominados servicios públicos de las «líneas que se considerasen de interés general por razones sociales, económicas y medioambientales por un periodo inicial de tres años». Pasado este tiempo «el Ministerio de Fomento propondrá al Gobierno la prórroga adicional del contrato de servicio público o la licitación de estos servicios en régimen de concurrencia, transparencia y no discriminación». Finalmente el acuerdo abre la posibilidad para el cierre de líneas que no se consideren de interés general o que tengan una «demanda insuficiente» según el Gobierno.
Renfe podrá seguir prestando los servicios no declarados de interés público en condiciones de mercado, es decir, con un régimen de tarifas comerciales. Si tales servicios no resultaran viables por insuficiencia de demanda, el Ministerio de Fomento presentaría un plan de reorganización que garantice la conexión territorial mediante un sistema de transporte combinado o con transportes alternativos.
Por todo ello se presenta la siguiente
PROPOSICIÓN NO DE LEY
El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1º.- Consolidar un sistema ferroviario público y social que vertebre el territorio, tenga suficiente inversión pública, una adecuada planificación de servicios y frecuencias y un plan comercial que ponga en valor la rentabilidad social y ambiental de todas y cada una de las líneas de ferrocarril normal.
2º.- Incluir todos los servicios de cercanías no transferidos a las CC.AA. entre los servicios ferroviarios clasificados de interés general y declararlos de Obligación de Servicio Público con la suficiente compensación económica.
3º.- Garantizar que todas y cada una de las líneas de ferrocarril normal que transitan por más de una Comunidad Autónoma sean declaradas servicio de interés público.
4º.- Presentar ante esta Cámara en el primer Período de sesiones de 2013 un análisis detallado de la oferta ferroviaria para pasajeros y mercancías y un Plan de Mejora de la eficacia y eficiencia del sistema público ferroviario.
Fuente: izquierda-unida.es
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