El sindicato considera que han incumplido la ley que regula las inhibiciones de altos cargos al modificar el Registro cuando el Presidente es registrador y el Ministro tiene familiares en la profesión.
El sindicato Comisiones Obreras ha denunciado ante la Fiscalía al Presidente del Gobierno Mariano Rajoy y al Ministro de Justicia Alberto Ruiz-Gallardón por considerar que incumplieron la ley de regulación de conflictos de intereses del Gobierno al reformar el Registro Civil: consideran que ambos tendrían que haberse abstenido en este proceso al ser el Presidente registrador, y al tener el Ministro familiares en la profesión.
Comisiones Obreras ha llevado ante la Fiscalía al Presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y al Ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, por haber intervenido en la reforma del Registro Civil. Según entiende el sindicato, ambos tendrían que haberse apartado del procedimiento por sus vínculos con la profesión: Rajoy es registrador de la propiedad y Ruiz-Gallardón tiene familiares en la profesión. Una reforma que pone en mano de los registradores la gestión del Registro Civil, y que según los colectivos, entre ellos este sindicato, supone una "privatización".
Los servicios jurídicos del sindicato, según indica CCOO en una nota de prensa, han presentado esta denuncia ante la Fiscalía General del Estado por entender que ambos han vulnerado el artículo 7 de la Ley de regulación de los conflictos de intereses del Gobierno, señalando en su denuncia que supuestamente han vulnerado su deber de abstención e inhibición.
Un artículo de la Ley que establece que: "Quienes desempeñen un alto cargo vienen obligados a inhibirse del conocimiento de los asuntos en cuyo despacho hubieran intervenido o que interesen a empresas o sociedades en cuya dirección, asesoramiento o administración hubieran tenido alguna parte ellos, su cónyuge o persona con quien conviva en análoga relación de afectividad, o familiar dentro del segundo grado y en los dos años anteriores a su toma de posesión como cargo público".
Al mismo tiempo, según informa un comunicado del sindicato, los servicios jurídicos de CCOO han presentado un escrito en la Oficina de Conflictos e Intereses para que se abran diligencias de investigación "por si la citada actuación pudiera ser constitutiva de alguna infracción disciplinaria".
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