martes, 31 de enero de 2012

Hoy Caridad García y Ricardo Sixto en la Comisión de Educación y Deporte

IU traslada a Wert su “rechazo a los recortes en educación” y reclama que se iguale el gasto público a la media europea para alcanzar el 7% del PIB y el 2% para la Universidad


La portavoz de Izquierda Unida en la Comisión de Educación y Deporte, Caridad García, ha trasladado hoy al responsable de esta cartera, José Ignacio Wert, su “total rechazo a lo recortes públicos en Educación” y ha reclamado que el Gobierno “iguale el gasto público en esta política a la media europea, hasta alcanzar el 7% del PIB y el 2% del PIB para la enseñanza superior”, al ser la Universidad un “servicio público que tiene como objetivo la formación de personas creativas y críticas con una elevada formación cultural y profesional”.
 
La diputada de IU hizo estas manifestaciones durante su réplica al ministro en la primera comparecencia de éste en el Congreso, en la que también señaló que, en “una comparativa con otros países de nuestro entorno”, una de las “diferencias más claras es que nuestro país ha invertido menos en Educación durante décadas. Ese si es un déficit histórico que ha influido negativamente en el resultado escolar. No hay recursos suficientes, no hay medios adecuados para combatir y prevenir el fracaso escolar”.
 
En su argumentación sobre los insuficientes recursos en materia educativa, la portavoz en Educación de IU expuso algunos datos, como que “la media de la UE se sitúa en el 5,5% del PIB, mientras nosotros estamos en el 4,3%;  la Comunidad donde se ubica este Parlamento, es decir Madrid, se gasta sólo un 2,46% de su PIB, estando a la cola en inversión educativa de Europa”. Si se cumplen las previsiones, “el descenso global en Educación de los dos últimos años superará el 7%, a pesar de que hay 520.000 estudiantes más, incluyendo los universitarios”.
 
En esta línea, argumentó que “ni la comunidad educativa (alumnos, padres y profesores), ni nosotros, ni nadie con sentido común entiende que ahora, en los momentos donde más necesaria se hace una adecuada formación para paliar los efectos de la crisis que estamos atravesando, se reduzca la inversión en Educación. La Educación no se puede considerar como gasto, es inversión”.
 
García criticó que en un “Estado no confesional, como se define el nuestro, se derive cada vez más dinero público a centros educativos privados (confesionales, en su inmensa mayoría), dinero público que deja de invertirse en los centros públicos, y que vienen a reforzar la creciente privatización del sistema educativo, con el consiguiente retroceso en su equidad y en su democratización y por supuesto en el avance hacia un modelo de educación laica”.
 
En su intervención, Caridad García no desaprovechó la oportunidad de trasladar al  ministro algunas demandas que se han hecho públicas desde la Comisión Permanente del Consejo Escolar del Estado, como “que la crisis no ponga en peligro un servicio público que constituye, junto con otros, la columna vertebral de la cohesión social del Estado”, así como la solicitud de que “las administraciones educativas negocien con los legítimos representantes del profesorado, con el fin de conseguir el necesario consenso de todos los sectores de la comunidad educativa”.
 
Por su parte el diputado de IU, Ricardo Sixto, en la parte de la comisión relativa a Deporte, requirió a Wert su opinión acerca de la “futura ley antidopaje”, y entrando más en detalle sobre este aspecto, inquirió detalles sobre cómo abordará el Gobierno la necesaria relación entre la “prevención del dopaje y la ley de prevención de datos”, de la cual se derivan aspectos espinosos en cuando a intervención de las comunicaciones entre “profesionales implicados en casos de dopaje”.
 
Sixto, asimismo, se refirió al proyecto de Madrid Olímpico 2020. “Ya tenemos –dijo- una amplia experiencia en cuanto a eventos deportivos de calado, sin que lleguemos a entender cuáles serán los beneficios reales. En todo caso, nos gustaría saber ¿cuánto dinero nos va a costar la promoción de este gran evento?”

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El grupo IU-ICV-CHA ha reprochado al ministro que las reformas educativas vayan encaminadas a recortar la financiación del sistema educativo. Así, la diputada de Izquierda Plural Caridad garcía, ha denunciado los "brutales recortes" a la educación pública realizados por comunidades gobernadas por el PP. "La educación no se puede considerar como gasto, es una inversión, es requisito imprescindible para un nuevo modelo productivo", ha advertido.
Fuente: telecinco.es


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La supresión de oposiciones docentes incrementa el desempleo y atenta contra la educación pública

IU denuncia que la supresión de oposiciones docentes en 2012 incrementará el desempleo y contribuirá a degradar la calidad de la educación pública, gravemente afectada por importantes recortes presupuestarios, a pesar de que su alumnado se ha incrementado en más de 500.000 estudiantes.

El Ministro Wert, en su primera reunión con los Consejeros de Educación de las CCAA, les ha “recomendado” que congelen las oposiciones docentes este año, siguiendo las directrices del Gobierno de Rajoy, que ha impuesto una “tasa de reposición” del 10%, como máximo, en el servicio público educativo. 

Izquierda Unida manifiesta su total rechazo a este enésimo recorte antisocial, que generará más desempleo y supone un nuevo ataque a la educación pública, al privarla del personal docente necesario para mantener, cuando menos, la calidad en la atención educativa que precisan nuestros escolares. La congelación de las oposiciones es una medida más que viene a profundizar las políticas educativas llevadas a cabo en distintas CCAA, sobre todo en las gobernadas por el PP: drásticos recortes en la educación pública y eliminación de la oferta de empleo público docente. Y todo ello cuando se ha incrementado el número de estudiantes en más de 500.000 y se ha reducido el profesorado interino encargado de su formación.

La decisión de no convocar plazas docentes se ha convertido en un subterfugio para empeorar las condiciones laborales del profesorado, para no reponer los efectivos docentes, para no cubrir las bajas por enfermedad y desatender programas que están formando al alumnado en nuevas tecnologías y atendiendo al alumnado con mayores dificultades de aprendizaje.

Por todo ello, IU rechaza frontalmente la congelación de las oposiciones docentes y denunciamos que, simultáneamente a estos recortes, se están implantando ventajas fiscales para quienes deciden matricular a sus hijos en centros privados de élite, y se ha incrementado la inversión en conciertos educativos, mientras que la inversión en enseñanza pública ha caído cerca de un 50%.

Para IU, detrás de la medida de supresión de oposiciones docentes hay una estrategia política clara: reducir personal educativo, como se ha hecho en sanidad, para degradar y empeorar la calidad de la educación pública, de modo que muchas familias se vean obligadas a “elegir” centros privados (concertados o no) para la educación de sus hijos e hijas, fomentando así el negocio educativo. Se trata de un ataque a la igualdad, a la cohesión social, a que todos y todas tengan las mismas oportunidades educativas. 

Estos recortes sociales se justifican como medidas de ahorro aprovechando la excusa de la crisis. Pero en realidad lo que hay detrás es una decisión política e ideológica, puesto que sí ha habido miles de millones de euros para rescatar a Bancos y Cajas. El problema no es la crisis: son las prioridades de gasto, a qué se destina prioritariamente el dinero de nuestros impuestos.

Este tipo de medidas ya se han ensayado en diferentes países, donde las políticas de ajuste estructural, impuestas por el Fondo Monetario Internacional han producido un progresivo desmantelamiento de la educación pública y un auge simultáneo del negocio privado de la educación. Y el resultado de tales políticas ha sido desastroso: incremento del analfabetismo, aumento de la segregación social, enormes índices de abandono escolar y el consiguiente aumento de la desigualdad social. 

Las declaraciones de las organizaciones patronales y medios de comunicación afines, afirmando que “sobran” funcionarios, que el sector público está “sobredimensionado”, no se sostienen. Informes internacionales, estudios e investigaciones en nuestro país, así como los datos de los organismos oficiales, señalan que el porcentaje de personas que trabajan en el sector público en España es sólo del 9%, mientras que la media europea de empleados públicos es del 16%, y en países como Dinamarca asciende al 26%, o en Suecia al 22% y en Finlandia al 19%. Por tanto, nuestro problema no es que el sector público esté sobredimensionado, sino que es deficitario. Y la medida de suprimir las oposiciones docentes profundiza ese déficit.

Cuando desde todos los ámbitos institucionales se proclama que la educación es la mejor inversión, como instrumento imprescindible para combatir los peores efectos de la actual crisis económica, imponer nuevos recortes es una total incoherencia y una muestra más de que tales proclamas son pura retórica, de que la educación pública no es una prioridad política para este Gobierno.

Izquierda Unida une su voz a la de muchos representantes del ámbito escolar y hace un llamamiento a los sindicatos del profesorado y al conjunto de la comunidad educativa para que se movilicen contra este nuevo ataque a la educación pública.

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