IU denuncia que la supresión de 4º de la ESO, para ampliar un año más el Bachillerato, no sólo es una medida segregadora sino un nuevo pretexto para derivar más recursos públicos a la privada concertada en detrimento de la pública.
La propuesta del Ministro de Educación, ya anunciada por Rajoy en el debate de investidura, realmente no supone ampliar el Bachillerato, sino reducir un curso la Educación Secundaria Obligatoria (ESO), lo que conlleva la pérdida de un año de educación obligatoria, quebrando así su finalidad esencial: garantizar una formación básica común equiparable para toda la población escolar.
Esta medida supone establecer vías selectivas del alumnado antes de tiempo, ya que a los quince años (si no antes) las y los adolescentes tendrán que optar por cursar bachillerato (la vía más reconocida socialmente), o hacer otro tipo de “curso-puente” (del que todavía no sabemos nada), que supuestamente conduciría hacia algún ciclo de grado medio de FP, o hacia algún “itinerario basura” para enganchar, en el mejor de los casos, con programas de iniciación profesional (sin cualificación reconocida en el mundo laboral), destinados al alumnado que presente más dificultades o que, por uno u otro motivo, tenga mayores necesidades educativas.
Este enfoque de la educación obligatoria resulta claramente segregador y supone, como dice la Confederación Española de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos (CEAPA), una dejación en la función que debe tener la escuela de compensar las desigualdades individuales y colectivas, al reducir el número de años de escolarización común de todo el alumnado.
Por otra parte, Izquierda Unida denunciamos también que esta medida es un nuevo pretexto para seguir derivando recursos públicos hacia la enseñanza privada, ya que encubre una estrategia oculta para concertar todo el Bachillerato, aunque no sea una etapa obligatoria. En efecto, con esta propuesta ministerial el primer curso de Bachillerato se cursaría como último año de las enseñanzas obligatorias, por lo que podría concertarse “con pleno derecho”. De este modo se abre la vía para que los siguientes dos cursos de bachillerato tengan que concertarse también (aunque no se declaren obligatorios), por lo que se acabaría concertando la etapa entera, una vieja aspiración de la patronal de la enseñanza privada concertada, con la que el PP parece coincidir plenamente. Esto supondría derivar cientos de millones de euros a la red privada concertada, en detrimento de la educación pública, que está siendo sometida a severos recortes presupuestarios, a pesar del notable incremento de su alumnado en los dos últimos cursos.
Izquierda Unida advierte también de que esta medida sería un nuevo atentado contra la red pública de centros educativos, que dejarían de recibir a una parte importante del alumnado procedente de centros concertados, lo que puede implicar a medio plazo el cierre de unidades o Institutos enteros, a la par que se amplía la enseñanza concertada, reforzando así la tendencia dominante, aplicada por el PP allá donde gobierna, de hacer de la educación pública una red subsidiaria, dirigida sobre todo a los sectores que cuentan con menos recursos y que tienen mayores necesidades educativas por su origen sociocultural.
Izquierda Unida combatirá, con todos los medios a su alcance, este tipo de políticas por su atentar contra la cohesión social, dado su carácter elitista y segregador del alumnado y por reforzar las tendencias privatizadoras del servicio público educativo, único garante del derecho universal a la educación en condiciones de igualdad y democracia.
La propuesta del Ministro de Educación, ya anunciada por Rajoy en el debate de investidura, realmente no supone ampliar el Bachillerato, sino reducir un curso la Educación Secundaria Obligatoria (ESO), lo que conlleva la pérdida de un año de educación obligatoria, quebrando así su finalidad esencial: garantizar una formación básica común equiparable para toda la población escolar.
Esta medida supone establecer vías selectivas del alumnado antes de tiempo, ya que a los quince años (si no antes) las y los adolescentes tendrán que optar por cursar bachillerato (la vía más reconocida socialmente), o hacer otro tipo de “curso-puente” (del que todavía no sabemos nada), que supuestamente conduciría hacia algún ciclo de grado medio de FP, o hacia algún “itinerario basura” para enganchar, en el mejor de los casos, con programas de iniciación profesional (sin cualificación reconocida en el mundo laboral), destinados al alumnado que presente más dificultades o que, por uno u otro motivo, tenga mayores necesidades educativas.
Este enfoque de la educación obligatoria resulta claramente segregador y supone, como dice la Confederación Española de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos (CEAPA), una dejación en la función que debe tener la escuela de compensar las desigualdades individuales y colectivas, al reducir el número de años de escolarización común de todo el alumnado.
Por otra parte, Izquierda Unida denunciamos también que esta medida es un nuevo pretexto para seguir derivando recursos públicos hacia la enseñanza privada, ya que encubre una estrategia oculta para concertar todo el Bachillerato, aunque no sea una etapa obligatoria. En efecto, con esta propuesta ministerial el primer curso de Bachillerato se cursaría como último año de las enseñanzas obligatorias, por lo que podría concertarse “con pleno derecho”. De este modo se abre la vía para que los siguientes dos cursos de bachillerato tengan que concertarse también (aunque no se declaren obligatorios), por lo que se acabaría concertando la etapa entera, una vieja aspiración de la patronal de la enseñanza privada concertada, con la que el PP parece coincidir plenamente. Esto supondría derivar cientos de millones de euros a la red privada concertada, en detrimento de la educación pública, que está siendo sometida a severos recortes presupuestarios, a pesar del notable incremento de su alumnado en los dos últimos cursos.
Izquierda Unida advierte también de que esta medida sería un nuevo atentado contra la red pública de centros educativos, que dejarían de recibir a una parte importante del alumnado procedente de centros concertados, lo que puede implicar a medio plazo el cierre de unidades o Institutos enteros, a la par que se amplía la enseñanza concertada, reforzando así la tendencia dominante, aplicada por el PP allá donde gobierna, de hacer de la educación pública una red subsidiaria, dirigida sobre todo a los sectores que cuentan con menos recursos y que tienen mayores necesidades educativas por su origen sociocultural.
Izquierda Unida combatirá, con todos los medios a su alcance, este tipo de políticas por su atentar contra la cohesión social, dado su carácter elitista y segregador del alumnado y por reforzar las tendencias privatizadoras del servicio público educativo, único garante del derecho universal a la educación en condiciones de igualdad y democracia.
Fuente: izquierda-unida.es
Alberto Garzón (IU) en Huelva (27.01.2012)
El diputado nacional de IU Alberto Garzón ha señalado que la nueva Ley de Estabilidad Presupuestaria es "una política equivocada", ya que es "una justificación política para favorecer a determinados intereses económicos", a lo que ha añadido que la política del déficit "es una excusa" para aplicar estos ajustes, que "nos conducen a una nueva recesión porque el déficit va a crecer".
En rueda de prensa en Huelva, Garzón ha hecho hincapié este viernes en que el Gobierno ha puesto el foco sobre un problema que "no sólo es técnico sino también político, que esconde intereses que van más allá de lo puramente económico", ya que, a su juicio, "al hacer los recortes sobre determinados bienes y servicios públicos, también está permitiendo la entrada de capital privada en sectores públicos".
IU, según ha asegurado el diputado malagueño, está en contra de la política del déficit cero, ya que entiende que "se va a desprestigiar al demonizar la inversión pública, que en crisis es más necesaria que nunca". Ha añadido que se está "suponiendo que el principal problema es la deuda pública cuando en la actualidad los niveles de deuda y de déficit son bastante moderados en relación al entorno".
Al respecto, Valderas se ha referido a la nueva Ley de Estabilidad Presupuestaria, la cual, según ha señalado, "llevará a que Andalucía no levante cabeza posiblemente durante una década porque enfriara la economía", indicando además que con esta ley es "imposible que Andalucía cree empleo en los próximos años porque se empieza con un recorte más duro".
A su vez, Garzón ha manifestado la necesidad de una banca pública que permita que "el crédito fluya hacia las pymes, a las familias, a todas las instituciones y se ponga al servicio de la mayoría de la población".
Por último, en cuanto a la reforma laboral, para Garzón, tras asegurar que "el principal problema es el empleo, hay que caminar en sentido contrario porque el problema de la crisis es la desigualdad", así como que, a largo plazo, "hay que conseguir un nuevo modelo productivo, que rompa con políticas de ajuste y recortes".
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