El Grupo de Estados Contra la Corrupción alerta en un informe de que la corrupción en España está poniendo en peligro la credibilidad de las instituciones y pide revisar el método de elección del fiscal general del estado.
Nuevo informe sobre España de una institución internacional y nuevo golpe a la credibilidad del Estado. En este caso, el Grupo de Estados Contra la Corrupción (Greco) del Consejo de Europa alerta de que "los recientes escándalos de corrupción atentan gravemente contra la credibilidad de sus instituciones" en un documento titulado Prevención de la corrupción en los diputados, jueces y fiscales.
El texto comienza valorando como positivo que el Gobierno haya puesto en marcha la ley de transparencia pero no esconde algunas de sus carencias. Por ejemplo, reclama que se "eleve la transparencia entorno a las relaciones de los parlamentarios con terceras partes, que se dé una información sobre las declaraciones de bienes más detalladas y actualizadas y que se refuerce la supervisión y los mecanismos de prevención en el Parlamento". También valora como "insuficientes" el sistema referente "a los principios éticos y a los estándares de conducta", por eso recomienda al Ejecutivo, la creación de un documento "que demuestre el compromiso del Parlamento con la integridad".
Esa guía de conducta, según el Greco, "generaría un debate entre los propios diputados sobre lo que es una conducta aceptable e inaceptable" en los cargos públicos, al tiempo que serviría para que entendieran "qué es lo que se espera de ellos". Las recomendaciones del Consejo de Europa ponen en evidencia no sólo las carencias de la lucha contra la corrupción del Gobierno del PP, sino lo que ha sido la tónica general de los dos años de legislatura que lleva: el total bloqueo a cualquier iniciativa parlamentaria que trate de poner en discusión el sistema actual. Así, peticiones de la Izquierda Plural para desarrollar un Pleno monográfico sobre la corrupción, han sido constantemente desestimadas y frenadas, lo mismo que ha ocurrido cuando todos los grupos parlamentarios de la oposición han reclamado la presencia de Mariano Rajoy para dar explicaciones convincentes sobre el caso Bárcenas.
Por eso no es de extrañar que el Greco incida en la necesidad de que ese código de conducta surja por iniciativa propia de los diputados. Entre los temas que debería incluir aparecen: "Una guía comprensible sobre la prevención del conflicto de intereses, regalos y otros favores".
La puerta giratoria
No faltan referencias en el informe del Greco a aquellos cargos públicos que cuando salen de la administración pasan a formar parte de los consejos de empresas privadas. Por ello muestra su preocupación y pide una regulación más extensa al respecto. "El Greco está preocupado porque un diputado pueda usar su posición parlamentaria para asegurarse un trabajo en la empresa privada una vez deje el Parlamento. Este es un asunto que debería ser analizado de manera más extensa a la hora de desarrollar un código de conducta".
Asimismo hace referencia a la relación de los parlamentarios con determinados sectores, por eso cree necesaria "la introducción de una reglamentación sobre la relación de los diputados con grupos de presión y otras terceras partes que buscan ejercer su influencia en las acciones legislativas".
El informe analiza también el funcionamiento del poder judicial en España y opina que laindependencia efectiva del CGPJ no está acreditada, reclamando criterios objetivos para nombrar a altos funcionarios judiciales y revisar el método de selección del fiscal general del Estado. "Greco recomienda que se lleve a cabo una evaluación del marco legislativo del Consejo General del Poder Judicial y de sus efectos en la percepción real y percibida de su independencia", con el objetivo "de corregir una serie de deficiencias identificadas".
Esas fallas están, por ejemplo, "en la implementación de una serie de criterios de evaluación objetivos para el nombramiento de los rangos más altos del sistema judicial [...] para asegurar que esos mismos nombramientos no puedan representar ningún tipo de duda sobre su independencia e imparcialidad". La referencia es un claro reproche sobre el modo en que el Gobierno y el principal partido de la oposición se reparten, por ejemplo, a los representantes en el CGPJ cada vez que se renueva, o, en el nombramiento del fiscal general del estado.
El Consejo de Europa reclama también un código de conducta para los jueces "que sea accesible al público" y que sea complementado con un dispositivo que prevenga sobre los conflictos de intereses.
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