Europa pierde cada año un billón de euros en fraude fiscal de las grandes empresas.

La Comisión Europea legislará este año contra la ingeniería fiscal de las grandes empresas

La Comisión Europea cree que ha llegado el momento de poner coto a la interpretación abusiva que muchas empresas hacen de la ley para reducir su factura fiscal. Con la falta de ingresos públicos como trasfondo, los Estados se muestran ahora más receptivos a intentar frenar unas prácticas que laminan enormemente los pagos de las compañías por sus beneficios. Bruselas se propone revisar antes de final de año la directiva que regula las relaciones entre una empresa matriz con sus filiales, así como examinar los instrumentos de que disponen los diferentes países para evitar los abusos.

Son las dos medidas más concretas que planea la Comisión, según el borrador de conclusiones de la cumbre de jefes de Estado y de Gobierno que se celebrará la próxima semana en Bruselas. La evasión fiscal centrará ese encuentro, un asunto que previamente discutirán el martes los ministros de Finanzas de la Unión Europea (Ecofin) para avanzar en los trabajos. Bruselas quiere aprovechar el impulso que han dado algunos países a la lucha contra la elusión fiscal, hasta ahora bastante residual en el debate europeo. Europa pierde cada año un billón de euros (el equivalente al PIB español) por fraude y otras prácticas abusivas, según cálculos de la Comisión Europea.

Entretanto, los responsables comunitarios animan a los Estados miembros a gravar a las empresas cuando descubran que las maniobras realizadas para trasladar sus beneficios a otros países (por ejemplo, de una matriz a su filial o entre dos filiales) solo obedecen al intento de eludir el pago de impuestos en un país para acogerse a otro de fiscalidad más ventajosa.

Más allá de la ingeniería fiscal, la Comisión espera que la cumbre del 22 de mayo sirva para desbloquear la directiva de imposición sobre el ahorro, que permitirá a todos los países miembros intercambiar automáticamente la información fiscal sobre sus contribuyentes. Es decir, que España reciba, por ejemplo, datos sobre las cuentas que un contribuyente español tiene en Holanda (hasta ahora, buena parte de esa información solo se proporciona si el país afectado lo solicita).

Austria y Luxemburgo, que atraen muchos capitales por la escasa tributación que les aplican, han impedido durante años avanzar en esa iniciativa. Aprovechando el impulso de las últimas semanas, Bruselas quiere que ese intercambio automático de datos fiscales se traslade a todos los ingresos a partir de 2015. Además de los intereses del ahorro, los dividendos y las ganancias de capital, la ley debería permitir también obtener información de rendimientos del trabajo, bonus, seguros de vida y rendimientos del capital inmobiliario. Bruselas quiere también negociar ese intercambio de datos con territorios opacos como Suiza, Andorra o Mónaco.

Fuente: elpais.com