No es novedad. La inmigración ha sido siempre, en todos los países y momentos históricos una realidad tan humana, como necesaria y difícil de gobernar socialmente.
En los debates y los comportamientos sociales en relación a la inmigración aparecen desde las conductas más loables del ser humano hasta las más mezquinas. Lo que en momentos de crecimiento económico acaba siendo una pieza clave del funcionamiento de la maquinaria productiva, en las situaciones de crisis suele convertirse en uno de los chivos expiatorios de los problemas sociales. Alimentado por las conductas de aprovechamiento político de los instintos más deleznables del ser humano por parte de algunas personas con responsabilidad pública.
Lo acabamos de ver con el Real Decreto Ley 16/2012, mal llamado de sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud. Es un ejemplo de libro de como la derecha utiliza la inmigración como coartada y chivo al mismo tiempo para justificar políticas que tienen componentes claramente reaccionarios en lo ideológico, injustos en lo social y profundamente ineficientes en el terreno económico.
En España, ni existe un gasto desmesurado en Salud, ni los responsables del incremento del gasto sanitario son los inmigrantes, ni se resuelve nada – al contrario se agrava- impidiendo el acceso de los inmigrantes sin permiso de residencia a la asistencia sanitaria pública.
En materia de inmigración los gobiernos suelen practicar políticas que dan satisfacción a sentimientos populistas pero no resuelven los problemas. Es una política que unos practican por convicción – Gobierno Aznar o Rajoy- y a la que otros no se enfrentan claramente por flojera ideológica o tacticismo electoral.
En este contexto, los Centros de Internamiento de Extranjeros han sido impugnados desde su creación por amplios sectores sociales y ONGs. En unos casos por la función que se les hace jugar, en otros por el deterioro de las condiciones de vida que se vive en ellos y que en algunas ocasiones han sido denunciados por ONG y organizaciones humanitarias.
Estas son las reflexiones que nos llevaron a los diputados de ICV, Laia Ortiz y a un servidor ha solicitar la entrada en el CIES de Zona Franca de Barcelona. Dando continuidad así al trabajo realizado por el grupo parlamentario de ICV en el Congreso de Diputados en las anteriores legislaturas.
A pesar de las incomprensibles negativas iniciales, una conversación mantenida en el Congreso, el día de la huelga general de la educación, con el Ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz- y de la que ha quedado testimonio gráfico- ha servido para que se entienda lo incongruente que supone organizar una visita de la prensa al CIE de Barcelona, mientras se niega el acceso a los Diputados que lo habíamos solicitado.
Por fin hoy, diputados catalanes de todos los grupos del Congreso hemos podido entrar en el CIES de Barcelona. Y lo primero que debo constatar es la actitud abierta de los responsables del mismo, deseosos de mostrar su funcionamiento. Lo que aún hace más incomprensible la negativa inicial del Ministerio del Interior a nuestra presencia. Y pone de manifiesto lo ilógico y absurdo de que se continúe negando la presencia en él del Síndic de Greuges para desarrollar sus funciones.
Nuestra visita pretendía dos objetivos: conocer de primera mano las condiciones de vida y funcionamiento del Centro y contribuir políticamente al trabajo de muchos sectores sociales y ONG para exigir un cambio en la regulación de los Centros de Internamiento y las funciones que les tienen encomendadas.
Es obvio que una visita programada y de esta naturaleza le resta espontaneidad y comporta riesgos de una visión parcial e interesada. En todo caso hemos podido constatar que las condiciones no tienen nada que ver con las del antiguo CIES de la Verneda y que son en términos comparativos mejores que la de otros centros de esta naturaleza. Lo cual no es óbice para constatar que hay muchas cosas que pueden y deben mejorarse para garantizar que la estancia en estas instalaciones no supone ningún menoscabo a los derechos humanos. Una de ellas en el terreno de la mejora de la asistencia sanitaria durante las 24 horas del día.
Pero más allá de estos aspectos concretos e importantes, la visita ha servido para constatar que los CIES se están utilizando en parte para situaciones no previstas en la legislación
Conviene recordar que los CIES están previstos en la Ley para circunstancias excepcionales. Y que no deberían usarse para internar a inmigrantes por el solo hecho de estar en situación administrativa irregular en nuestro país. Especialmente en unos momentos en que muchas de estas situaciones de estancia irregular son sobrevenidas, como consecuencia de la perversa legislación de extranjería, por la que una persona que lleve muchos años en nuestro país en situación regular puede pasar a ser irregular simplemente porque la perdida de empleo le comporta una avalancha de consecuencias administrativas que le convierte en un inmigrante irregular.
Hoy hemos podido comprobar que, aunque son los menos, en el CIEs de Barcelona, como en el resto, están ingresadas personas que están pendientes de expulsión, pero que no tienen ni condena ni antecedentes penales o policiales y a las que solo se les puede imputar la carencia de permiso de residencia en nuestro país.
Es tal la barbaridad que los gestores policiales del centro han decidido separar a aquellos internos con antecedentes de aquellos a los que solo se imputa residencia irregular en nuestro país. Parece que el porcentaje de internos sin ningún tipo de antecedente es menor, alrededor del 12% en el CIEs de Barcelona. Pero siendo importante este dato, no puede ocultar que hay personas humanas que nunca debieron haber ingresado.
Especialmente ilustrativo la conversación que hemos podido mantener con un interno de origen senegalés, con unas circunstancias de plena integración: estancia en España des de 2007, perfecto dominio del castellano, relaciones familiares estables y trabajo entre otras cosas en dos películas filmadas en nuestro país, alguna de gran difusión mediática. Un claro ejemplo de las situaciones que nunca debieran producirse.
De esta visita salgo con el convencimiento profundo que es necesario revisar y de manera urgente la existencia de los CIES, la función que tienen encomendada y sobre todo las características de los supuestos en los que de manera muy excepcional el internamiento temporal y muy acotado en el tiempo, que no en los derechos, podría ser autorizado por Ley.
Ello es posible, especialmente en unos momentos en que la presión migratoria ha caído en picado y que la mayoría de personas en situación administrativa irregular lo son por causas sobrevenidas. Se puede y se debe revisar urgentemente la realidad de los CIES.
Salvo que alguien quiera utilizarlos como un instrumento de la política del chivo expiatorio dirigida contra los inmigrantes. Y esa es la percepción que en algunos momentos me ha parecido detectar de loscomentarios realizados por el diputado del Partido Popular de Catalunya que ha participado en la visita.
Me gustaría, y mucho, equivocarme, pero aún resuenan en mis oídos algunos de sus comentarios y sobre todo las consignas que utilizó en la campaña de las últimas elecciones municipales y su eslogan de “menos inmigrantes y más aparcamientos”.
Desgraciadamente algunos no quieren perder la oportunidad de sacar ventaja política de la compleja realidad de la inmigración y su gestión social y política.
Espero que la visita haya servido para que la mayoría de diputados nos pongamos de acuerdo en la necesaria reforma de la regulación y funcionamiento de los Centros de Internamiento de Extranjeros.
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