En diciembre se conoció la segunda fase del plan de ajustes del Gobierno de María Dolores de Cospedal, que incluye una bajada de sueldo a los empleados públicos.
Cerca de diez mil personas se manifestaron el 21 de diciembre en las cinco capitales de provincia de Castilla-La Mancha y en Talavera de la Reina (Toledo), convocados por todos los sindicatos con representación en la administración, en protesta contra las medidas aprobadas en la segunda parte del plan de austeridad en Castilla-La Mancha. Bajo el lema Contra los recortes y en defensa de lo público, salieron a la calle 3.500 personas en Albacete, 1.500 en Ciudad Real, 1.500 en Cuenca, 1.200 en Guadalajara, otras tantas en Toledo y 500 en Talavera de la Reina.
Las protestas de los sindicatos se concentran en la nueva bajada de sueldo que sufrirán los empleados públicos: una reducción del 10% del complemento específico, lo que significa un 3% del sueldo. Esta rebaja ha sido aprobada por la presidenta de la Junta, María Dolores de Cospedal, a pesar de que el PP votó en contra de la anterior bajada de retribuciones aprobada por el Gobierno de Barreda, en el pleno de las Cortes de Castilla-La Mancha de julio del 2010. En aquella ocasión, Cospedal llegó a declarar al respecto que “como empleada pública de profesión, puedo decir que todos los funcionarios pueden estar tranquilos”.
Los sindicatos señalan que la sucesión de bajadas de sueldos, congelaciones y nuevas bajadas, unida a la constante subida del IPC, ha supuesto una pérdida del poder adquisitivo por encima del 20%en dos años para todos los funcionarios de Castilla- La Mancha, a la vez que se ha ampliado la diferencia de retribuciones con respecto a otras comunidades autónomas.
Segunda fase de ajustes
El 31 de agosto María Dolores de Cospedal presentó el Plan de Garantía de los Servicios Sociales Básicos, con el que sin apenas concretar medidas pretendía ahorrar 1.815 millones de euros. Tras las elecciones generales del 20N, apareció una nueva deuda de 350 millones, con la que su Gobierno justifica esta segunda fase de recortes presentada el 2 de diciembre. Unida a la anterior, suma un ahorro de 2.165 millones, un 25% del presupuesto de la Comunidad.
En la segunda fase sí se han detallado las medidas a adoptar, que afectarán a los servicios públicos. Cospedal apuesta por la educación concertada y privada al congelar la obra pública y reducir la aportación a la Universidad en 53,3millones al año. Además, plantea un recorte de 14,5 millones en el transporte escolar y suprime la gratuidad universal de los libros de texto, salvo para las rentas más bajas.
En cuanto a la Sanidad, se decanta por la gestión público-privada, siguiendo el modelo de Esperanza Aguirre en la Comunidad de Madrid. La Consejería de Juan Ignacio Echaniz Salgado –quien trabajó en este área en la Comunidad de Madrid– proyecta la construcción de nuevos hospitales y la gestión público-privada de los hospitales de Almansa, Villarrobledo, Manzanares y Tomelloso.
Cerca de 50.000 de los 70.000 funcionarios de la Junta de Castilla- La Mancha se dedican a la educación y el ámbito sanitario. A la bajada de sueldo a través del complemento específico se suma el aumento de la jornada laboral que pasa de 35 horas semanales a 37,5, una medida dirigida a suplir el empleo de los interinos que han ido a la calle, a los que se le sumarán al menos 500 más en enero, cuando se reincorporen los liberados sindicales debido a la reducción de 785 plazas a un máximo de 284 para acomodarse a la normativa estatal. Esta reducción se aprobó en la primera fase del Plan de Ahorro junto con la disminución de ayudas a partidos políticos y asociaciones empresariales, aunque de estas últimas medidas no se ha concretado nada hasta el momento.
Otro de los recortes aprobados afecta a los trabajadores de Empresa Pública de Gestión Ambiental de Castilla-La Mancha (GEACAM), que pasarán a ser fijos discontinuos, de forma que pasarán cuatro meses en el paro. Se ha mandado ya la carta de despido de varios trabajadores. El ahorro estimado es de 10 millones, algo difícil de conseguir si se tiene en cuenta que el gasto de personal de toda la plantilla es de 5,5 millones.
Los recortes tienen como objetivo principal “crear empleo”, aunque los datos del paro de noviembre muestran que 3.558 personas se sumaron a las listas del paro. El aumento interanual del 11,3% del desempleo en Castilla-La Mancha ha sido el más alto de las todas las comunidades autónomas.
La política mejor pagada
María Dolores de Cospedal declaró ingresos de 241.960 euros en 2010, lo que le convierte en la política mejor pagada del estado. La mayoría de su equipo de Gobierno tuvo ingresos cercanos a los 120.000 euros y en el caso de la Consejera de Agricultura, de 200.000. Hasta la fecha el Gobierno de la Junta no han realizado la declaración anual de bienes, rentas y actividades que la legislación de la Junta obliga a publicar en el plazo de un mes desde la toma de posesión, algo que ocurrió el 27 de junio.
CINCO CENTROS DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS PODRÍAN DESAPARECER EN CANTABRIA
Un centro de atención a víctimas ambulatorio, una casa de acogida, una casa de emergencia y dos pisos tutelados pueden cerrar el 1 de enero de 2012. El cambio de manos de las asociaciones que las gestionan –cuyas trabajadoras llevan seis meses sin cobrar “por problemas administrativos”– a profesionales contratadas por la Consejería de Presidencia podría implicar el fin de varios de estos servicios. De momento, la casa de acogida está cerrada.
EN GALICIA, RECORTES EN POLÍTICA DE EMPLEO Y SANIDAD
El PSOE de Galicia calcula que el nuevo plan de recortes del Gobierno de Mariano Rajoy acarreará una nueva fase de recortes de 800 millones de euros en la Xunta que preside Alberto Núñez Feijóo después de la aprobada en septiembre de 2011, de 250 millones de euros. Los principales efectos se han dejado notar en las políticas de empleo, cuyos fondos han caído 101 millones, según 20Minutos. Además, a los recortes en sanidad, se ha unido la privatización de hospitales como el de Vigo.
EN BALEARES, EL GOVERN NO PRESUPUESTA LA LEY DE DEPENDENCIA PARA 2012
Septiembre fue también un mes agitado en las Islas Baleares; el Govern de José Ramón Bauzá congeló la cobertura de 4.500 plazas en el empleo público para alcanzar un recorte de 837 millones de euros, 200 de ellos en Sanidad. Aún no se ha concretado la segunda fase del plan de ajustes, que también ha afectado a las becas de comedor y transporte escolar, y que ha supuesto la eliminación de los programas de atención a la diversidad. Además no se ha presupuestado la Ley de dependencia para 2012.
EL GOBIERNO DE MURCIA APROBÓ UN RECORTE DE 800 MILLONES DE EUROS
Aunque el Gobierno de Ramón Luis Valcárcel aseguró que el recorte de 800 millones para paliar el déficit público no afectaría a sanidad, educación y servicios sociales, la realidad se ha impuesto. A la rebaja en el presupuesto de las universidades y el recorte de 27 millones en educación; el descenso del 30% de las subvenciones a jóvenes, migrantes y personas sin recursos y el cierre de centros de salud los fines de semana, se une que 16.000 personas aún no han accedido a la Ley de dependencia.
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