sábado, 13 de junio de 2015
viernes, 12 de junio de 2015
José Luis Centella. "Converger para crecer y derrotar al bipartidismo".
Los procesos de convergencia tienen que servir para construir espacios unitarios desde la confluencia política-programática en el horizonte de avanzar hacia la Alternativa Constituyente.
En este nuevo modelo los derechos a la vivienda, al trabajo, a la sanidad universal y gratuita y a la educación desaparecen como tales y los últimos se administran en base a su rentabilidad económica olvidando cualquier fin social. Los servicios públicos se mercantilizan, son transformados en oportunidades de negocio con el objetivo de liberalizar todo lo posible.
Se desregulan las relaciones laborales para asegurar el máximo beneficio del capital, poniendo la economía al servicio de la rentabilidad. Se trata de desarticular los Partidos, los sindicatos como instrumentos básicos del sistema institucional, al tiempo que se provoca un retroceso en los derechos de las mujeres, no sólo en cuestiones derivadas de la crisis económica, sino desde el punto de vista ideológico, recuperando los valores más reaccionarios. Se acentúa la explotación de los recursos naturales y se intensifica la mercantilización de la vida.
Es decir, la derecha tiene un proyecto de futuro que desarrolla aprovechando la crisis para un cambio constitucional. Ante esta situación excepcional consideramos que es prioritario construir una alternativa unitaria que confronte y gane a este proyecto de la derecha, ya que, nos guste o no nos guste estamos de facto en un proceso constituyente, lo que hace falta es plantear una alternativa democrática, federal, social y que gane la batalla político-ideológica al plan antidemocrático, centralista y reaccionario de la derecha. Este debe ser el objetivo y para ello es fundamental situar en primer lugar lo que nos une y concretarlo en una serie de puntos básicos.
No olvidamos que la contradicción fundamental está entre la salida capitalista o la salida social a la crisis. Pero tampoco dejamos pasar que en estos momentos la cuestión es ver cómo se relaciona esta contradicción fundamental con las contradicciones principales en el ámbito social, cultural y político para dar cuerpo a nuestra alternativa, de forma que se ponga en evidencia la diferencia entre ruptura y continuismo.
En este debate la propuesta republicana cobra sentido y avanza, por lo que debe ser el marco institucional en el que se referencie el nuevo modelo de país.
Al mismo tiempo, el debate organizativo debe acompañar al debate político, planteando instrumentos de participación, de implicación de la ciudadanía en la política y cómo organizar a los afectados y afectadas por la crisis para confluir en un trabajo coordinado y conjunto que concrete el trabajo que hemos realizado en estos últimos años.
Por todo ello debemos implicarnos en las iniciativas unitarias que por encima de estrategias electorales se impulsen con el objetivo de configurar el Bloque Social y Político de carácter constituyente de manera que no supongan negación de los distintos perfiles y características de una Izquierda que es plural. Y debe mantener esta pluralidad como una riqueza.
Estas candidaturas deben tener una referencia colectiva común y poder sumar en todo el Estado. El objetivo es que en la noche electoral aparezca claramente cómo la alternativa constituyente avanza y gana espacio para disputar realmente las elecciones generales al bipartidismo monárquico, por tanto estas candidaturas deben ser convergencias incluyentes, no excluyentes.
En estas condiciones, los procesos de convergencia tienen que servir para construir espacios unitarios desde la confluencia política-programática, en el horizonte de avanzar hacia la Alternativa Constituyente que debe culminar en las Generales del 2015. El objetivo es derrotar al bipartidismo como pilar del sistema, no sustituirlo.
Las elecciones municipales han demostrado que ninguna fuerza política ha podido derrotar al bipartidismo, y que por el contrario donde se ha dado la unidad, bien sea con las siglas de IU como en Zamora o con otras siglas y formas jurídicas, como en Barcelona, Zaragoza, Santiago, La Coruña o Madrid, SI SE HA PODIDO derrotar al bipartidismo.
Por lo tanto las candidaturas de unidad popular deben estar enmarcadas en este objetivo de acumular fuerzas para una salida social de la crisis que ha provocado el dolor y sufrimiento en millones de personas, por lo que estas candidaturas deben aparecer como una propuesta política/electoral que se sitúe más allá de lo local, mejor dicho, que sepa ligar lo local con lo general, porque solo con una ruptura democrática y social se pueden resolver los problemas que sufre la mayoría social trabajadora, este es el reto que tenemos y al que el PCE debe dedicar todas sus energías.
En este sentido los texto aprobados en el ultimo Comité Ejecutivo sobre política de Convergencia y que se publican en este numero de Mundo Obrero son un buen instrumento. De que seamos capaces de aplicarlos y no queden una vez más en papel mojado dependerá en gran medida nuestro futuro y nuestro papel en la actual fase de la lucha de clases.
Fuente: mundoobrero.es
miércoles, 10 de junio de 2015
Gaspar Llamazares deja su escaño en el Congreso después de 14 años: "Está muy devaluado". "Me voy, pero no me escapo".
- Ahora tomará posesión de su escaño en el Parlamento de Asturias
- Se presentó como cabeza de lista de IU a la Presidencia del Principado
- Afirma que la labor de diputado "esta muy devaluada"
Gaspar Llamazares afronta esta semana su último pleno en el Congreso de los Diputados, tras 14 años, donde será sustituido hasta el final de la legislatura por Ana Castaño, que concurrió como número dos en la lista de Izquierda Unida por Asturias en las últimas elecciones generales.
El hasta ahora diputado de IU ya avanzó su despedida en sus últimas intervenciones en el Congreso de los Diputados que será una labor que echará "de menos".
En una entrevista en RNE, también ha asegurado que dice adiós a la cámara en una "mala época" para la política y el propio Congreso, pero subraya que para él ha sido un "honor" y el haber sido "honrado" con un cargo de representación de los ciudadanos que "hoy está devaluado".
Llamazares deja su escaño en el Congreso de los Diputados para tomar posesión como parlamentario autonómico en Asturias, donde fue cabeza de lista por Izquierda Unida en las elecciones autonómicas del pasado día 24.
Obtuvo cinco diputados, manteniendo el resultado de la coalición en los comicios anteriores, y sus esfuerzos están centrados ahora en los contactos para los acuerdos de investidura y en la conformación de la convergencia de izquierdas en esa comunidad autónoma de cara a las elecciones generales.
martes, 9 de junio de 2015
viernes, 5 de junio de 2015
Última Hora: La Presidencia Federal de IU aprueba el informe de Cayo Lara y el documento hacia la Unidad Popular de Alberto Garzón con el 91% de apoyo.
El candidato de IU a la presidencia del Gobierno, Alberto Garzón, planteó ayer al partido su propuesta para sacar a la formación de la grave situación en la que se encuentra tras la irrupción de Podemos, que le roba casi todo su espacio político. Garzón apuesta por que IU concurra a las generales en candidaturas de unidad popular similares a Barcelona en Comú o Ahora Madrid. “La convergencia es el único camino”, dijo ayer ante una Presidencia Federal que cerró filas en torno a su joven líder: la propuesta de Garzón fue refrendada por el 91% de los votos. El coordinador general, Cayo Lara, se alineó con su tesis, aunque pidió que las bases “tengan la última palabra”.
Alberto Garzón ha diseñado un plan para salvar a IU de la muerte política con que la amenaza Podemos: el candidato de la coalición ha convencido a la mayor parte de su formación de que no habrá supervivencia ni futuro sin integrarse, para las elecciones generales, en candidaturas de “unidad popular” con el resto de fuerzas de la izquierda, como las que han logrado éxito en las municipales en Madrid y Barcelona. Así lo planteó ayer ante la Presidencia Federal, máximo órgano ejecutivo, donde afirmó que la convergencia “es la tarea número uno de IU. No tenemos nada más prioritario o esencial”, sostuvo. “Nos jugamos mucho, pero no nosotros, no IU, sino la gente corriente y sencilla”, dice en el documento que presentó ante los 70 dirigentes de la Presidencia, titulado Hacia la unidad popular.
La estrategia de Garzón incluye una oferta a Podemos y al resto de fuerzas a la izquierda del PSOE para, con el modelo de Ahora Madrid y Barcelona en Comú, construir una candidatura para las generales “desde la cooperación, no desde la imposición”. Barcelona en Comú se registró bajo este nombre como una coalición de partidos, todos con su marca e identidad propias, mientras que Ahora Madrid es un partido instrumental y jurídicamente no está integrado por otros partidos. Garzón estaría conforme con ambas fórmulas.
“Hablamos de la posibilidad de ganar las elecciones generales”, arengó el candidato. El dirigente, de 29 años, se ofrece a ceder la cabeza de lista de esa eventual candidatura y plantea que las siglas de IU puedan desaparecer de la papeleta. “Yo podría no ser el candidato si la gente lo decide. No hay ningún miedo”, aseguró ayer, dispuesto a enfrentarse en primarias contra Pablo Iglesias si fuera necesario. A Iglesias le pidió “generosidad”: “Sé que Pablo, al que tengo un aprecio personal y le considero un político brillante, va a saber leer el momento político”. Con él y con otros líderes, como Xosé Manuel Berias (de Alternativa Galega de Esquerda) o Juan López de Uralde, de Equo, tratará de reunirse en las próximas semanas.
Garzón puso límites a su propuesta. El fundamental, que no se integrarán en una candidatura que lidere Podemos y cuya marca sea Podemos. “IU no va a desaparecer, no se va a diluir, mantendrá su autonomía”. De frustrarse esa candidatura conjunta, IU seguiría presentándose en solitario a las generales, o bien con otras fuerzas de izquierdas que no sean Podemos, como ha hecho el 24-M. Garzón confía en su propio liderazgo y carisma como líder político. Y considera que en solitario, en unas elecciones presidencialistas como serán las generales, él tiene opciones de al menos “salvar los muebles”, según fuentes de su entorno.
La coalición de izquierdas quiere tener definidas las alianzas con otras fuerzas antes de agosto. El plan de actuación política aprobado ayer establece que el proceso de confluencia estará coordinado por Adolfo Barrena, secretario de Organización, José Luis Centella, coordinador de Presidencia, y Alberto Garzón, como encargado de Proceso Constituyente. Culminará a finales de julio con la celebración de un Consejo Político que lo valide.
El dirigente de IU ha logrado aunar a la mayor parte de la organización en torno al objetivo de la confluencia, algo casi inédito en una formación conocida por sus conflictos internos. El proyecto del candidato a la presidencia es compartido también por el coordinador general, Cayo Lara, quien en su discuso ante la Presidencia envió un mensaje a Podemos: "Nadie por sí solo puede ser palanca de cambio. Y como dice Beiras, no hay gallos en el gallinero". Lara argumentó que los resultados de las elecciones autonómicas y municipales han dejado una "enseñanza crucial": "que donde la convergencia de la izquierda, de las fuerzas sociales críticas y de personas independientes ha sido muy amplia, se han conseguido resultados extraordinarios. La suma de actores ha multiplicado los resultados".
El coordinador general dejó, eso sí, un mensaje final ambiguo que podría interpretarse como un apoyo al referéndum que ha pedido Gaspar Llamazares, líder de Izquierda Abierta, para decidir el modelo de convergencia. El proceso, dijo Lara, tiene que seguir condiciones de "respeto, negociación y democracia", y en ese sentido abogó porque "las bases opinen, que son las que tienen la última palabra".
miércoles, 3 de junio de 2015
Vivienda: "función social o especulación", por Amanda Meyer.
Mientras se construye la segunda burbuja inmobiliaria, ahora con las viviendas deshabitadas, el Tribunal Constitucional anula parcialmente la ley andaluza de vivienda, la única que ponía coto a la especulación de las viviendas vacías en manos de entidades financieras.
¿Se imaginan un gobierno que asuma como fundamental su obligación de garantizar y realizar el derecho humano a la vivienda? ¿Se imaginan que sea un gobierno autonómico de una de las regiones del Sur de Europa donde se vulnera sistemáticamente el derecho humano a la vivienda? ¿Se imaginan un país en el que se produzcan más de treinta desahucios diarios de primera vivienda sin que las autoridades hagan nada para impedirlo? Y ¿se imaginan que en ese país existan 3,5 millones de viviendas deshabitadas?
Ese era el contexto en marzo de 2012, cuando Izquierda Unida entró a formar parte de un gobierno de coalición en Andalucía, asumiendo las competencias de fomento y vivienda e impulsando la aprobación de la Ley 4/2013 de función social de la vivienda, que a grandes rasgos perseguía dos objetivos fundamentales: por un lado, evitar desahucios de familias en riesgo de exclusión social mediante la expropiación temporal del uso de las viviendas embargadas por entidades financieras, ofreciéndoles hasta tres años de alquiler social; y, por otro, propiciar la salida en alquiler de las viviendas deshabitadas mediante incentivos a personas físicas y sanciones a entidades financieras que mantuvieran viviendas deshabitadas, a fin de promover el alquiler, que sólo representa un 16% del total de tenencia de vivienda en Andalucía, la mitad de la media europea.
Cualquier gobierno con una mínima decencia y sentido democrático sabe que puede y debe garantizar el derecho fundamental a techo, pero es que además es una obligación, según se establece en el artículo 11.1 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.
Sabíamos que la vivienda, a pesar de ser un derecho humano fundamental de reconocimiento internacional, nacional y autonómico, era y es en la práctica una mercancía sujeta a las leyes inhumanas del mercado. En España, fruto de la liberalización del mercado inmobiliario y de la flexibilización en el comercio del suelo, se permitió y se incentivó la especulación incontrolada en manos de banqueros y constructores, haciendo que un bien de primera necesidad como la vivienda se regulara por las leyes del mercado.
El boom de la construcción propició la proliferación de un modelo de ciudad diseminada, cara y difícil de surtir de servicios. En los últimos 25 años, el incremento del tejido urbano continuo y discontinuo ha sido del 52%, un disparate totalmente insostenible. El Instituto Nacional de Estadística revelaba en 2011 que en España había entonces cerca de 3,5 millones de viviendas vacías.
En ese contexto las tradicionales políticas públicas de vivienda son insuficientes. No se trata de que la autoridad pública satisfaga la demanda de vivienda mediante la construcción de viviendas protegidas, ni tampoco de intervenir entre la oferta y la demanda. Se trata de cumplir el mandato constitucional de garantizar una vivienda digna mediante la regulación de la función social de la vivienda y acabar con los desahucios.
Eso es lo que pretendía la ley andaluza, única ley que ha parado desahucios y que demostraba que sí se podía y puede hacer política de otra manera.
Pero el Tribunal Constitucional (TC), dejándose llevar por la derecha económica y política, la ha tumbado con una sentencia que contraviene su propia doctrina, pulveriza el sistema de competencias de las autonomías, debilita el contenido constitucional del derecho a la vivienda y eleva a doctrina el dogma neoliberal de que todos los derechos quedan subordinados al interés de los mercados, fortaleciendo la idea de que la vivienda es un bien para la especulación.
Así, anula los preceptos de la ley que suponen el verdadero avance en las políticas públicas de vivienda, como el artículo 1.3, que determina que “forma parte del contenido esencial del derecho de propiedad de la vivienda el deber de destinar de forma efectiva el bien al uso habitacional previsto por el ordenamiento jurídico”; o la Disposición Adicional Segunda, que permite al gobierno expropiar el uso de viviendas para que las familias vulnerables víctimas de desahucio puedan permanecer, al menos, durante tres años más mediante un alquiler social.
Una sentencia que demuestra hasta qué punto las instituciones jurídicas tienen más en cuenta la orientación económica y las políticas de “austeridad” de la Comisión Europea y la constitucionalización de la doctrina neoliberal que supuso la reforma del artículo 135 de la Constitución, impulsada por el PSOE y el PP, que la Constitución y su propia doctrina.
Para anular la ley andaluza, el TC sostiene fundamentalmente dos cosas:
1.- Que respecto a la obligación de destinar la vivienda a su uso habitacional efectivo (art.1.3 de la Ley), la Comunidad Autónoma, pese a ser competente para legislar sobre vivienda y para hacerlo mediante el uso del Decreto-Ley convalidado, regula una competencia exclusiva del Estado, como es el derecho a la propiedad privada.
2.- Que respecto a la expropiación del uso de una vivienda embargada por una entidad financiera a una familia en situación de vulnerabilidad sin alternativa habitacional, la Ley invade la competencia exclusiva del Estado sobre “Bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica ” (art. 149.1.13 CE).
Es evidente que el TC apuesta, en primer lugar, por una recentralización absoluta, despreciando la soberanía autonómica, especialmente de las que gozan de mayor autogobierno, como la andaluza, e interpretando de forma centralista el Título VIII de la Constitución.
En segundo lugar, ignora la lectura conjunta de los artículos 47, 33 y 128 de la CE para definir y consolidar la función social de la vivienda, tal y como se hace en todo el acervo legal y constitucional de los países del centro y norte de Europa, dejando pasar una oportunidad de oro para dar una paso en la regulación del derecho a la vivienda en nuestro país, que es hoy víctima de una conculcación sistemática sin que las autoridades públicas hagan nada por evitarlo.
Recuerda el Alto Tribunal, los esfuerzos que desde el gobierno del PP se están haciendo para “sanear” al sistema financiero español: “firmar con la Unión Europea un Memorando de Entendimiento (...) por el que el sistema financiero español recibía asistencia financiera externa para reforzar la solvencia de las entidades con déficit de capital (...) Por otra parte, el Estado ha dictado una normativa en la que, incidiendo de un modo limitado en el sistema de ejecución hipotecaria, atiende a la situación de quienes, por habitar viviendas constituidas como colateral de un préstamo que ha quedado impagado, están en riesgo de perder su vivienda”. En este punto el TC habla del Fondo Social de Viviendas que ha puesto en marcha el Gobierno del PP en el marco de la Ley 1/2013 de medidas para proteger a los deudores hipotecarios.
En definitiva, justifica la anulación de la ley con la peregrina argumentación de que el gobierno del PP ha puesto en marcha medidas para acabar con los desahucios y el sobreendeudamiento de las familias.
Sólo mediante leyes efectivas que garanticen la función social de la vivienda podremos establecer políticas públicas que busquen realizar un derecho humano que soporta otros derechos fundamentales, y sólo mediante medidas que pongan límite al acaparamiento de viviendas por entidades jurídicas que buscan especular con ellas, podremos movilizar los 3,5 millones de viviendas vacías que hay en España para que sean habitadas por familias con necesidades habitacionales.
Fuente: eldiario.es
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Desahucios,... la banca siempre gana.
martes, 2 de junio de 2015
lunes, 1 de junio de 2015
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