domingo, 4 de mayo de 2014

Juan Pablo Mateo. La salida de la crisis y los fundamentos de un programa económico alternativo.

El propósito de este documento es exponer las razones y lineamientos básicos de un proyecto económico alternativo de salida de la crisis para España. Ante el alcance y dramatismo de la crisis económica, agravada por unas políticas económicas implementadas por los sucesivos gobiernos del PSOE y el PP en consonancia con las directrices dictadas por la troika comunitaria, debemos someter a debate las líneas básicas de lo que queremos proponer. Comprender los fundamentos del sistema económico capitalista resulta absolutamente esencial para los trabajadores, pero no es posible limitarse a ello. Teoría y práctica forman parte de un todo indivisible. La crítica del capitalismo debe llevar a una estrategia adecuada para trascenderlo, por lo que necesitamos debatir en torno a los elementos principales de la sociedad que aspiramos a construir.
Las últimas décadas han sido testigos de derrotas decisivas del movimiento obrero, lo que ha redundado en la asunción por parte del mismo de los valores propios de los grupos dominantes. En consecuencia, la apuesta por un contenido determinado de carácter transformador requiere batallar en el terreno ideológico en cuanto a los términos o formas que utilizamos para describir la alternativa. Y ella no deja de ser un ideal que se asemeja a una pizarra que, si bien carece de un plan detallado y debe ser rellenada con un debate democrático, remite a ciertos pilares que, pese a la extraordinaria intoxicación mediática, debemos rescatar.
¿Qué sentido tiene batallar contra la opresión capitalista sin desarrollar un proyecto alternativo? ¿Qué grado de credibilidad ofrecen los cuestionamientos al presente que no incluyen opciones para el futuro? Omitiendo el socialismo, el proyecto político emancipatorio pierde contenido. Por eso hay que superar la desazón política y el pesimismo intelectual, retomando la elaboración del programa de una nueva sociedad. (Katz, 2004:7)
Desde estas líneas, pues, se pretende reivindicar el ideal socialista como meta de un proyecto económico. No hará falta aclarar que queremos que sea democrático, porque el ideal socialista, si lo es, supone un avance democrático respecto de un sistema, el capitalista, inherentemente confrontado con cualquier perspectiva de poder popular. Por eso me referiré a la imperiosa necesidad de avanzar en la democratización de la sociedad, con el propósito de que el conjunto de la población pueda participar en las decisiones económicas respecto de la producción. En otras palabras, lo económico debe supeditarse al ámbito de lo político.
Pero acotemos. El socialismo funge aquí como meta de largo plazo. El objetivo que nos trazamos se limita a defender la propuesta de una transición en la cual se abordan reivindicaciones de corto plazo y elementos propios de la transición postcapitalista. Geográficamente, resulta obvio que nos centramos en España, pero siempre desde la perspectiva europea de su periferia mediterránea. Y respecto de la propuesta, señalamos ciertas reflexiones.
En primer lugar, se debe justificar su necesidad, y no meramente en términos de elección entre un abanico de posibilidades. Por tanto, amerita la crítica de proyectos diferentes. Esta aseveración se encuentra estrechamente relacionada con la caracterización no sólo coyuntural de la crisis sino, más en general, sustentar que el sistema económico actual impone límites al desarrollo de las fuerzas productivas. En otras palabras, es preciso anclar las propuestas en una dimensión objetiva, el desarrollo económico, el bienestar y la sostenibilidad medioambiental, y no únicamente en la esfera subjetiva de los deseos o ambiciones.
En segundo lugar, el proyecto debe ser viable para ser creíble. Un ejercicio voluntarista imposible desacreditaría cualquier propuesta porque sería imposible que atrajera el interés de la población trabajadora. Por tanto, hay que considerar el marco geopolítico existente y el sujeto social transformador.
La justificación de un proyecto económico radical de transformación requiere mostrar los errores y límites de las propuestas reformistas, que actualmente dominan el panorama de la izquierda
Un aspecto relevante en la conformación de las propuestas a realizar es la necesidad de tener en cuenta que existen diversos niveles de alcance, tanto en la profundidad de las medidas en términos productivos y distributivos, como en su dimensión temporal de posible aplicación. Si bien partimos de una perspectiva radicalmente anticapitalista, en ningún caso hay que desdeñar la pretensión de lograr conquistas parciales, máxime en la coyuntura actual de relación de fuerzas. Ahora bien, es importante no limitarse a un decálogo atomizado de propuestas concretas. Lo decisivo es que logremos ubicarlas en un esquema económico de largo plazo desde el cual adquieran significado real tales reivindicaciones. En ausencia de un objetivo alternativo, las reformas distributivas o democratizadoras del funcionamiento político quedan en una enumeración carente de significado y sostenibilidad en el tiempo, ya que el objetivo último es sentar las bases para la efectiva irreversibilidad de las conquistas obreras. Es más, su verdadero significado y potencial atractivo para la población reside en la manera como se inserten en un proyecto socialista de sociedad de largo plazo viable y creíble. Será desde esta perspectiva, que por otra parte proporciona el verdadero carácter radical de la crítica del sistema económico vigente, la que servirá de base desde la que articular las diversas propuestas.
II. RAZONES DEL PROYECTO ECONÓMICO
En este apartamos se justifica la necesidad de que el movimiento de los trabajadores se organice en torno a un programa radical de ruptura con el marco económico actual.

II.1 Necesidad

Son varios los elementos que justifican una propuesta de corte radical. En una dimensión estructural, se constata la creciente contradicción entre la forma de organización económica y el desarrollo productivo, fundamento de la mejora del bienestar de la población. Se puede comprobar que los niveles de inversión en las últimas décadas no son satisfactorios, por lo que el crecimiento de la productividad muestra una ralentización desde la década de los sesenta, fundamentalmente en las economías desarrolladas. Según el FMI (2013), la inversión en las últimas tres décadas ha sido inferior al 25% del PIB, con un máximo de 24,94% en 1980. En las economías avanzadas ni siquiera se llega al 20% desde 2007, mientras que en los países de la eurozona oscila en el 20-21% del PIB desde los años noventa.
Por ello, la productividad se ralentiza desde los años sesenta. Entre 1995 y 2011, el incremento anual de la productividad en la Unión Europea y Monetaria (UEM) ha sido del 0,90%, inferior al promedio de los países de la OCDE (1,47%), y desde la implantación de la moneda única en 2002, el registro en la década siguiente es de un 0,6% de incremento anual. A pesar de todo, la economía española ha tenido un comportamiento mejor, pues la productividad ha crecido al 1,1% en la última década, aunque en 1995-2012 el promedio haya sido sólo de 0,8% anual (OCDE, 2013).
Las últimas décadas han sido testigos de derrotas decisivas del movimiento obrero, lo que ha redundado en su asunción de los valores propios de los grupos dominantes. La apuesta por un contenido determinado de carácter transformador requiere batallar en el terreno ideológico en cuanto a los términos que utilizamos para describir la alternativa
Expresado en términos más clásicos, apreciamos un problema subyacente de valorización, resultado de la contradicción, cada vez más visible, entre el potencial de desarrollo de las fuerzas productivas y el marco capitalista de organización económica. Si lo señalamos así es porque es importante destacar que constituye el marco global en el que entender los ataques a las conquistas de los trabajadores (las denominadas rigideces del mercado laboral), la caída de la participación del salario en el ingreso total, el estancamiento de los salarios reales durante los períodos de expansión, etc. En definitiva, el fundamento objetivo de los cambios experimentados en el reparto de la renta entre capital y trabajo, junto a la dinámica de los salarios reales, ambos procesos caracterizados por un perfil regresivo, hay que situarlos en los problemas subyacentes de la valorización o capacidad capitalista de extraer excedente. De esta forma el carácter radical de la transición postcapitalista se debe anclar en los límites objetivos del capitalismo.
Esta necesidad a la que aludimos incorpora una dimensión racional al proyecto en la medida que se apoya en los rasgos y tendencias del sistema que se pretende trascender. Como bien añade Katz (2004:20), “tampoco es profético, ya que su posible realización descansa en la acción consciente de los trabajadores y no en la añorada irrupción de fuerzas divinas o naturales.” Las contradicciones objetivas subyacentes sólo nos recuerdan la necesidad de plantear la alternativa, incluso generan el marco de la posibilidad de construirla, pero será la “sociedad” la que deba dirigir el proceso.
Así pues, pese al discurso pro-globalización, desregulación y demás mantras utilizados, el desempeño económico en las décadas posteriores al colapso del modelo de Bretton Woods en los años setenta del pasado siglo no es muy positivo: fases cada vez más limitadas de expansión, socavamiento de las fuentes de generación de excedente, aumento de la volatilidad y los auges especulativos, y por tanto, regresión en la distribución del ingreso como palanca fundamental. La economía española, a su vez, sigue este mismo patrón, si cabe agudizado, pues como bien apunta Naredo (2009) en las últimas décadas se han producido tres ciclos inmobiliarios, los cuales finalizan con la crisis de los setenta, principios de los noventa y la actual recesión.
II.2 Viabilidad
Un segundo requisito para este proyecto alternativo radica en su viabilidad, ineludible para que pueda calar entre la mayor parte de la población. Para ello consideramos diferentes aspectos a tener presente a la hora de establecer una hoja de ruta:
  1. Las barreras para trascender el marco capitalista no nacen de la naturaleza humana. Si acaso, de la forma como es moldeada por el mismo, en tanto en cuanto el capitalismo se basa en la competencia, mercantilizando el conjunto de relaciones sociales, además de la influencia que poseen los mecanismos ideológicos de reproducción sistémica (educación, religiones, costumbres, medios de comunicación, etc.). Pero como la persona es ante todo un sujeto social, lo importante es destacar el fundamento objetivo de su factibilidad y la consideración de que el modelo económico alternativo incidirá sobre la población, removiendo el obstáculo subjetivo.
  2. La estructura económica, la composición social de clases que se deriva y la relación de fuerzas existente. Debemos preguntarnos si el sujeto social transformador puede ser mayoritario como para encabezar la transición. Considerando que la clase trabajadora es mayoritaria en la sociedad, resulta cierto que tanto la estructura económica, dado el modelo de crecimiento de las últimas décadas, como los cambios experimentados en las relaciones laborales, han traído como consecuencia una importante fragmentación de este sujeto social. Por ello, resulta imprescindible sentar las bases de un modelo alternativo de acumulación que contribuya a articular una base social poderosa.
  3. El marco geopolítico. Las alternativas no se construyen en el vacío, sino en contextos determinados caracterizados por una relación de fuerzas sociales interna y un marco geopolítico externo. Por ello, evitar las ilusiones quiméricas exige incorporar esta realidad y adaptarse a ella, pero no en el sentido de utilizar el realismo como justificación del abandono de los principios.
Estos parámetros nos ofrecen elementos para nuestra apuesta por una sociedad más justa, lo que nos lleva a un análisis crítico de las ilusiones reformistas asociadas a la crisis actual.
II.3 La coyuntura actual: caracterización de la Gran Recesión
El correcto diagnóstico de la crisis es relevante para una apropiada formulación de una estrategia de salida de la crisis. La propuesta de salida de la crisis constituye un corolario de la explicación que sostengamos de la misma. En última instancia, remite a los fundamentos del sistema y a la necesidad objetiva sobre la que erigir nuestro proyecto.
Veamos. Si, efectivamente, la crisis corresponde a la economía mundial, estaremos de acuerdo en explicarla a partir de los rasgos o pautas generales de funcionamiento del sistema capitalista. Más concretamente, sería una crisis del capitalismo global, producto de las leyes de funcionamiento que le son propias. En otras palabras, una crisis derivada de la dinámica sistémica, de los aspectos absolutamente propios, inherentes o endógenos de la acumulación de capital a escala mundial. Esta apreciación resulta absolutamente esencial, a saber: si no identificamos la existencia de ciertos rasgos de funcionamiento del capitalismo independientes de la política económica o de la actuación de ciertos agentes (sindicatos, banqueros, jeques árabes, etc.), entonces cobra sentido achacar los males actuales a la incompetencia o corrupción de los políticos. Por tanto, no compartimos la concepción de la crisis como un fenómeno de la economía estadounidense, y en concreto del mercado de las hipotecas “subprime”, que por mor de la desregulación financiera se extendió al resto del mundo, o por cualquier otro aspecto tangencial al núcleo del capitalismo. Muy al contrario, la Gran Recesión constituye una crisis del sistema capitalista en su conjunto que se manifiesta de una forma concreta en virtud de los rasgos propios del modelo de acumulación desplegado en los años anteriores. De ahí que el colapso de un mercado en Estados Unidos diera pie a la crisis, debido al lugar que ocupa esta economía en el capitalismo mundial (Mateo, 2012b).
Además, no sólo es preciso identificar las contradicciones, sino el futuro inmediato que nos espera. Las perspectivas de la economía española son muy negativas, lo que augura la permanencia de la ofensiva contra los salarios. El FMI, siempre errante en sus previsiones, pero, porque señala permanentemente que la recuperación va a llegar inmediatamente, estima una contracción del PIB para 2013 del 1,6%, y un estancamiento para 2014 (0,7%), lo que mantendría el nivel de desempleo por encima del 25% (FMI, 2013:48). Ello demuestra i) que todavía no se han restablecido las condiciones de rentabilidad necesarias para iniciar un proceso de acumulación que posibilite la creación de puestos de trabajo y permita el aumento de los salarios. Por una parte, la utilización de la capacidad instalada en la industria española ni siquiera llega al 70% en el primer trimestre de 2013 (Banco de España, 2013) ni en bienes de consumo, intermedios ni de capital, lo que significa que persiste capital por liquidar, y que cualquier recuperación no va traer consigo creación de empleo, dado el margen de maniobra antes de proceder a ampliar los activos empresariales. Por otra, existe un gran volumen de capital ficticio sobrante generado en la espiral especulativa generada en el ámbito inmobiliario, ahora agrupada en gran parte en el SAREB;  y ii) que la destrucción de capital sobrante y regresividad salarial requerida para recomponer el crecimiento son de un nivel tan elevado que alumbran una senda de estancamiento con elevado desempleo.
II.4 Los límites de las reformas distributivas y de política económica
La justificación de un proyecto económico radical de transformación requiere mostrar los errores y límites de las propuestas reformistas, que actualmente dominan el panorama de la izquierda. Si antes aludíamos a la necesidad de una alternativa radical, en este apartado se analizan las contradicciones de los diagnósticos de salida de la crisis que soslayan incidir sobre las relaciones de producción. En concreto, nos referimos a la apuesta por un regulación estatal de los diferentes ámbitos de la economía, como la actividad financiera, el mercado laboral, cambios en las políticas económicas (fiscal, monetaria, cambiaria, etc.), controles de precios, etc. Se trataría, en definitiva, de modificar el marco institucional en el cual se desplegaría el ciclo de valorización con el propósito de evitar la elevada volatilidad, impulsar el crecimiento y reducir las desigualdades.
Este esquema de salida de la crisis, reformista, constituye el contrapunto necesario de las explicaciones de la crisis basados en aspectos periféricos de la contradicción capital-trabajo en el proceso productivo, tal y como se derivan de la teoría laboral del valor marxiana. Así pues, si entendemos que la crisis económica no es la crisis del capitalismo en tanto que manifestación de sus contradicciones internas, el corolario inmediato es que bastaría corregir los aspectos críticos para lograr no sólo una senda de expansión autosostenida, sino, y principalmente, la mejora de las condiciones de vida de la población.
La Gran Recesión constituye una crisis del sistema capitalista en su conjunto que se manifiesta de una forma concreta en virtud de los rasgos propios del modelo de acumulación desplegado en los años anteriores. De ahí que el colapso de un mercado en Estados Unidos diera pie a la crisis, debido al lugar que ocupa esta economía en el capitalismo mundial
Este análisis posee un aspecto implícito que debemos revelar. Se entendería que el sistema capitalista carece de leyes generales de funcionamiento, de tendencias endógenas a lo que constituye el rasgo propio que lo identifica como tal, que le impone el sello de “capitalismo”. Dada la posibilidad de moldear o crear las pautas en la evolución del sistema sin incidir en las relaciones sociales de producción, una gestión económica por parte del Estado diferente a la del neoliberalismo podría generar las condiciones para una dinámica de crecimiento estable y sostenido, incluso medioambientalmente, que propiciara un nivel de vida decente a la población y limitara las desigualdades de ingreso. Esta idea subyace a todos los discursos que ubican en la casta de los políticos, junto a otros “malhechores”, la raíz de los problemas sociales.
Me voy a centrar a continuación en la cuestión del ingreso, puesto que al fin y al cabo  la satisfacción de las necesidades humanas requiere de un cierto nivel de renta, lo que constituye en definitiva el fundamento de la conflictividad social. Las explicaciones que se centran en la esfera de la distribución del ingreso han ganado un elevado predicamento en los círculos de izquierda. Por ejemplo, Navarro, Torres y Garzón (2011) plantean que la raíz profunda de la crisis se encuentra en la caída salarial producto de las políticas neoliberales, debido a que habría originado una disminución de la demanda. El argumento esgrimido es que una mejora salarial, que implicaría una reducción de las desigualdades, conduciría a un aumento del consumo obrero de bienes de consumo. De esta manera se impulsaría la demanda agregada, ya que el consumo es cuantitativamente su principal rubro, y por tanto las ventas de las empresas. Finalmente, se estimularía la inversión empresarial para elevar la producción, lo que generaría un mayor crecimiento económico.
El aspecto que subyace en esta polémica radica en la concepción del salario y la posibilidad de un crecimiento guiado por el alza de las remuneraciones. En esta perspectiva, la distribución del ingreso sería la esfera clave para entender la dinámica capitalista en general, y la crisis en particular. Por ello mismo, nos proporcionaría las claves para su superación. La alusión a esta categoría se justifica porque sintetiza la cuestión, más amplia y abstracta, de la distribución del ingreso. Consideremos que el salario posee diversas dimensiones: i) directa: la remuneración que se recibe de la empresa, sea en forma monetaria (la mayoritaria), o en especie; ii) indirecta: producto de los pagos realizados al Estado (impuestos, tasas, etc.) y los ingresos recibidos en forma de gasto social (educación, sanidad, transportes, espacios de disfrute público, etc.); y iii) diferida: las partidas cuyo desembolso se difiere en el tiempo bajo ciertas condiciones exigidas (subsidio por desempleo, pensión por jubilación, etc.). Estas dimensiones tienen un carácter absoluto, en términos del poder adquisitivo o capacidad de acceder a los medios de vida; y relativo, si se comparan con el ingreso del capital, los beneficios empresariales.
De la forma como se analice el salario se seguirá un tipo de diagnóstico y una determinada reivindicación. Por una parte, las corrientes económicas reaccionarias se centran en la perspectiva individual del empresario y enfatizan el papel del salario como un coste. Se puede justificar así que cualquier reducción del mismo contribuirá a la mejora de la competitividad de las empresas del país, lo que indirectamente beneficiará al trabajador a medio plazo. Observamos ahora que el FMI y la Comisión Europea (en declaraciones de su vicepresidente económico, Olli Rehn), defienden abiertamente una reducción salarial del 10% en España, imitando a los famosos liquidacionistas de los años treinta (encabezados por Andrew Mellon, responsable de la Reserva Federal y poderoso  empresario) que querían un empobrecimiento todavía mayor al que se produjo. Por otra, los enfoques que podemos denominar progresistas caracterizan al salario como una fuente de demanda, y remiten a las corrientes asociadas a J.M. Keynes y M. Kalecki, hoy desarrolladas respecto del crecimiento económico por el modelo Bhaduri-Marglin.  La apuesta por incrementar el salario no sólo se justificaría por un criterio normativo, sino porque permitiría impulsar la producción y el crecimiento económico.
Paradójicamente, este enfoque implica la existencia de una comunión de intereses entre capital y trabajo. Sería, probablemente, la miopía empresarial o un egoísmo desmesurado e injustificado, con una óptica exclusivamente cortoplacista, la que negaría la cuadratura del círculo: aumentar salarios, los beneficios empresariales, y en definitiva la felicidad común.
El salario es a nivel microeconómico un coste pero a nivel macroeconómico es también un componente fundamental de la demanda, es decir, de la capacidad de consumo de una economía. Si los salarios bajan para todos los trabajadores, entonces la capacidad de consumo global también será mucho menor y los empresarios tendrán menos posibilidades de vender todos los productos que producen. (Navarro, Torres y Garzón, 2011:121)
… promover la rebaja salarial en una economía (y máxime en época de crisis) es empobrecer no sólo a los propios trabajadores sino también a la economía en su conjunto y por supuesto a sus propias empresas. (Ibìd.:122)
El conjunto de las empresas disfrutaría de una mejor situación y obtendría más beneficios si los empresarios fueran capaces de entender esta paradoja, pero no es eso lo que ocurre en la realidad. (Ibìdem.)
Frente a estas concepciones unilaterales, para Marx el salario es una relación social que no constituye única ni principalmente un coste o una fuente de demanda. Desde una visión holista del proceso económico en el que el capital es la fuerza motriz de la producción capitalista, el salario es la forma que asume el capital en una fase de su ciclo. Significa, así, un desembolso con miras a su fructificación. El capitalista debe adquirir medios de producción y fuerza de trabajo para lograr beneficios, lo cual requiere abonar salarios. En la jerga de Marx, hablaríamos de la fracción variable del capital.
El salario, entendido como una relación social que nace de un desembolso en el marco de una teoría del valor fundada en el trabajo (abstracto) evita sin embargo tales perspectivas unilaterales que conducen a la dicotomía coste Vs demanda. Por una parte, el salario debe permitir la reproducción del trabajador y su círculo familiar, pues de lo contrario desaparecería el propio capital. No es un coste como los demás en la medida en que no puede descender hasta desaparecer, ya que tiene una función social indispensable para el propio capital, pues constituye la fuente del enriquecimiento empresarial. De ahí que Marx teorizara, aun incompletamente, el concepto de “valor de la fuerza de trabajo”. Por otra, dicha reproducción se lleva a cabo mediante el mercado, adquiriendo los bienes de consumo necesarios, los cuales deben ser previamente producidos por las empresas capitalistas a cambio de una tasa de rentabilidad atractiva. Son las condiciones de la oferta las que crean la demanda y condicionan su composición. La oferta y la demanda no son dos esferas independientes en el análisis marxiano, por lo que los enfoques que se centran en el salario como elemento de la demanda poseen dos contradicciones irresolubles:
  1. Un alza de salario no contribuye a la restauración de las condiciones de valorización del capital. Esto es, a incrementar la tasa de beneficio, variable clave por cuanto la producción capitalista es en puridad producción de plusvalía (beneficio), no producción de bienes para satisfacer necesidades de vida, sino sólo aquellos bienes que porten un excedente potencialmente apropiable por el propietario capitalista. Como en el caso de la economía neoclásica, pareciera que los bienes y servicios no fueran producidos, sólo demandados.
  2. Las políticas expansivas de inspiración keynesiana pueden justificarse en el corto plazo en la medida que evitan ciertas quiebras empresariales que llevarían a la destrucción de empleo. Pero en un contexto dominado por la producción para el beneficio, y al margen de valoraciones subjetivas, resultan contraproducentes en el largo plazo porque no contribuyen a la mejora de los índices de rentabilidad empresarial. Primero, porque impiden la desvalorización de una parte del stock de capital, y en segundo lugar, por no impulsar el beneficio empresarial en detrimento del ingreso salarial. Según Marx, las crisis son momentos necesarios del proceso de acumulación en la medida que son inevitables, producto de la lógica del capital (la mecanización, la competencia por la ganancia, etc.), e indispensables, pues son funcionales debido a que tienen una función básica, a saber: recomponer las condiciones de rentabilidad capitalista (Gill, 1996).
Si se ofrecen créditos a tipos de interés muy bajos a empresas privadas, y/o se deciden dar subvenciones, se estará permitiendo la supervivencia de empresas ineficientes. La reestructuración empresarial que se produce mediante la caída de las cotizaciones bursátiles, quiebras, etc., incide sobre los salarios mediante el aumento del desempleo y la precarización laboral. En otras palabras, permite que la dinámica de distribución del ingreso entre el capital y el trabajo se ajuste a las necesidades del ámbito de la producción en el corto plazo, que es la generación de plusvalía y se representa en la tasa de ganancia.
Ya explicaba Marx (1857-58) que el ámbito clave para entender la dinámica capitalista es la esfera de la producción, de la que se derivaba una estructura distributiva determinada. Expresémoslo de otra forma: no se pueden alterar las pautas básicas de la distribución del ingreso entre capital y trabajo si paralelamente se mantienen las relaciones sociales de producción basadas en la producción para el beneficio y el trabajo asalariado. La consecuencia sería un bloqueo a la acumulación por una caída de la demanda, pero no de consumo, sino de inversión, que es la variable clave para Marx, por más que cuantitativamente el consumo tenga una participación superior en el PIB. En efecto, es la inversión, en tanto que gasto o demanda productiva, la que reduce costos mediante aumentos de productividad, genera un mercado y su correspondiente de demanda, no exclusivamente por salarios, y cuando desciende abruptamente aparece la crisis.
La recomposición de la demanda en los inicios de una recuperación económica no se debe al aumento del consumo de los asalariados, sino a la recuperación de la demanda postergada de los capitalistas, sea por reposición de inventarios, o por aumento de la demanda de bienes de consumo de lujo o durables. (…) Por eso la tesis marxista sostiene que la baja de salarios durante las crisis y depresiones es funcional al capitalismo. (…) La lógica del capital –gobernada por la tasa de ganancia– exige, para superar las crisis, el aumento de la miseria de la clase obrera, y que por esta razón es necesario el socialismo. El mensaje es que no existe salida de la crisis capitalista por medio del aumento de los salarios y el bienestar de las masas trabajadoras. (Astarita, 2008:162-163)
No se pueden alterar las pautas básicas de la distribución del ingreso entre capital y trabajo si paralelamente se mantienen las relaciones sociales de producción basadas en la producción para el beneficio y el trabajo asalariado
Asimismo, estas políticas son contrarias al esquema europeo de Maastricht, el Pacto del Euro, la Estrategia de Lisboa, los intereses del capital industrial alemán, a la adecuación de la estructura económica de la periferia que necesita… en definitiva, resulta incoherente primero con la lógica sistémica del capital y además con los fundamentos de la Unión Europea. Por ello, no sólo resultaría contraproducente, sino imposible. Frente a los términos en los cuales plantean la salida de la crisis los economistas reformistas, como si fuera una cuestión de elección de modelos de crecimiento, guiados o no por salarios o beneficios,  en Marx la destrucción de capital y la pauperización asociadas a la salida capitalista de la crisis son imposiciones objetivas del proceso de acumulación.
Pero advertimos, el reconocimiento de la imposibilidad de ciertas medidas no debe conducir a abandonar tales reivindicaciones, que pueden resultar positivas para los trabajadores a corto plazo, sino a insertarlas en un proyecto de transformación de largo plazo de carácter radicalmente anticapitalista.
La cuestión, sin embargo, es separar dos cosas que, aunque tienen relación, son distintas. Por una parte está la realidad económica y su funcionamiento y ahí la cuestión es entender cómo funciona el sistema de producción y distribución de la “economía de mercado” y si lo que dicen sobre ese funcionamiento distintas escuelas de pensamiento es cierto o es falso. Por otra parte, está la cuestión de qué es lo que favorece a unos sectores de la sociedad, a unas clases sociales, y qué favorece a otras.
Por ejemplo, desde una perspectiva de defensa de los intereses de los asalariados es evidente que hay que defender medidas como el subsidio de desempleo, porque los desempleados tienen que poder vivir. Pero es ilusorio decir, como se dice a veces desde posiciones supuestamente progresistas, que el subsidio de desempleo crea demanda y por tanto favorece la salida de la crisis. (Tapia y Astarita, 2011:81)
Efectivamente, como bien apuntan estos autores, bajo el marco capitalista la salida de la crisis pasa por la recuperación de la inversión, lo que exige mayor rentabilidad para el capital, y no precisamente mayores salarios que y demanda de consumo. Por tanto, “decir simplemente que se puede salir de la crisis porque el subsidio de desempleo o los aumentos de salarios aumentan la demanda agregada y de esta forma estimulan la economía es ignorar el mecanismo básico del capitalismo, que es la explotación del trabajo asalariado.” (Ibìd.:82) Implícitamente, los análisis reformistas consideran asimismo en última instancia que el capitalismo puede reproducirse de manera ilimitada. No habiendo por tanto leyes generales de su reproducción, la intervención estatal cual deus ex machina sería capaz de alterar ciertas pautas de su desenvolvimiento, como el fenómeno de la crisis, que sería evitable. Las crisis serían meras posibilidades, ya que no existe ninguna teoría de la crisis apoyada en una tendencia inmanente del proceso de acumulación, sino desequilibrios superables con un adecuado manejo de la política económica. Por tanto, un aspecto esencial de un programa de transformación es asegurar la financiación de la inversión y liberarla de su sometimiento a las exigencias de rentabilidad.
A lo expresado podemos añadir que un programa reformista que no incida sobre la esfera de la producción contiene ciertos límites ineludibles: i) las políticas expansivas de gasto público o progresivas en términos fiscales pueden ser revertidas por fugas de capitales, bloqueos por parte de los mercados financieros, o huidas de millonarios; ii) considerando la financiación del incremento de los gastos, si se recurre a un fiscalización de las rentas del capital se perjudica su beneficio y, por extensión, la inversión, mientras que si se emite deuda, puede llevar a mayores tipos de interés posteriormente y al peligro de devaluación de la moneda, junto a una presión al alza sobre la inflación.
De lo expuesto no se debe colegir un desprecio o minusvaloración de las reformas que mejoran las condiciones de vida de los trabajadores. Sin duda, deben ser apoyadas y valoradas, pero los esquemas reivindicativos que se limitan a ellas deben ser analizados críticamente.
III. EL DEBATE EN TORNO A LA EUROZONA: ¿UNA SALIDA DEL EURO?
Cualquier intento de sistematizar un proyecto alternativo se topa con lo que ahora mismo constituye un dilema programático esencial para la izquierda, el interrogante en torno a la apuesta o no de seguir en la UEM. Es un debate que no está clarificado en absoluto dentro de la izquierda del conjunto de la periferia europea, lo que limita la capacidad de ofrecer a la ciudadanía un programa definido más allá de la crítica de lo existente. En estas líneas, pues, intentamos proporcionar ciertos elementos de análisis.
En primer lugar, hay que empezar con algunas aclaraciones respecto de ciertas acusaciones a la UEM: el euro no crea dinámicas, leyes o instituciones que no estén ya presentes en el sistema capitalista. No es por tanto la eurozona la responsable de la crisis. Cualquier crítica respecto de la irreformabilidad o carácter de clase de cualquier entramado institucional comunitario debe a su vez ser extrapolado al ámbito nacional. Por ello, siendo ciertas las aseveraciones respecto de la imposibilidad de la reforma progresista del euro de partidarios de la salida de la UEM como Lapavitsas (2011),  lo cierto es que no es una característica exclusiva de la zona euro. Es decir, siempre se puede abogar por la irreformabilidad de unas reglas del juego (la superestructura institucional) propias de un sistema económico que se pretende trascender. En última instancia, se analiza el mismo sistema económico y un aparato del Estado subordinado a las necesidades del proceso de acumulación capitalista.
Los autores críticos con la apuesta por la salida del euro tienen razón en este punto, ya que las desigualdades en la zona euro, la implementación de políticas antisalariales, los desequilibrios sectoriales, etc., seguirían existiendo aun cuando un país saliera de la eurozona (véase Krätke, 2013). Autores marxistas como Husson (2011:301) consideran que “el escenario de “salida del euro” es inconsistente económicamente y políticamente está mal calculado”. La cuestión es que los mencionados Husson y Krätke justifican su oposición a la salida de la zona euro sobre la base de la continuación del ajuste neoliberal con una moneda depreciada, objeto de incesantes ataques por parte de los capitales internacionales y boicoteada en los mercados financieros, ya que “la resistencia de las clases dominantes y sus posibles medidas vengativas exceden el marco nacional.” (Husson, 2011:303)
Su propuesta la apoya en la necesidad de implementar una estrategia basada en la cooperación. En efecto, las salidas neoliberales requieren de la competencia entre los países para crear puestos de trabajo, lo que implica la necesidad de mantener la pertenencia a la UE. Las soluciones progresivas son cooperativas; incluso funcionarán mejor si son generalizadas a un número mayor de países” (Ibìd.:303), como sucede con reducciones de la jornada de trabajo, incrementos de impuestos sobre el capital, etc., decididos a nivel comunitario. De esta forma, “la salida del euro no es un prerrequisisto. Es más bien un arma a usar en última instancia. La ruptura inmediata debería proceder sobre dos puntos que permitirían un espacio real de maniobra: la nacionalización de la banca y la restructuración de la deuda.” (Ibìd.:304).
En segundo lugar, debemos considerar la importancia de la relación de fuerzas entre el capital y el trabajo en la estrategia programática a seguir. Surgen varios interrogantes: ¿Tiene mayores posibilidades de éxito un proyecto transformador en un país no integrado en la UEM? ¿Cómo incide sobre la conformación de un sujeto social revolucionario? O bien, ¿implica necesariamente la salida de la UEM el rechazo a cualquier estrategia de colaboración internacional?
Algunos críticos señalan que “continuar la lucha sin proponer la salida del euro y de la UE como alternativa aumenta el margen de maniobra y el poder de negociación de un gobierno de izquierda, así como las posibilidades de que la resistencia se extienda a otros países de la UE. Por eso esta estrategia es progresista e internacionalista en vez de aislacionista y nacional.” (VV.AA., 2013) Sin embargo, precisamente es el proyecto del euro el que niega cualquier margen de maniobra, de soberanía nacional y hunde sus raíces en una estrategia imperialista, alejada de cualquier internacionalismo. Creo que este concepto no sólo no es contradictorio sino que exige la apuesta por la soberanía nacional, la cual, aclaremos, no implica nacionalismo ni autarquía, pero sí se opone a los procesos de integración impulsados por el capital.
En la medida que las fuerzas de la derecha sigan siendo hegemónicas, es decir, en ausencia de un movimiento obrero fuerte y cohesionado, cualquier escenario será extremadamente perjudicial para los trabajadores. En este sentido, los críticos con la defensa de la salida del euro señalan que si se realiza bajo la dirección de las fuerzas conservadoras, las predicciones de los economistas ortodoxos serán absolutamente ciertas: inmediatamente se produciría una gran devaluación de la moneda nacional (peseta, lira, dracma o escudo), una huida de los capitales y la imposibilidad de obtener financiación en los mercados de capital, lo que elevaría formidablemente el coste de la devolución de la deuda, expresada en euros, junto a las importaciones necesarias para impulsar el crecimiento.  La consecuencia sería la implementación de un plan de ajuste contra los salarios, incluso de mayor alcance que los introducidos hasta la fecha.
Una apuesta por la salida de la zona euro requiere el cuestionamiento de los ejes básicos del modelo neoliberal, precisamente lo que las fuerzas reaccionarias intentan hurtar al debate
Ahora bien, siendo cierto lo anterior, una apuesta por la salida de la zona euro requiere el cuestionamiento de los ejes básicos del modelo neoliberal, precisamente lo que las fuerzas reaccionarias intentan hurtar al debate. El aspecto esencial, o el punto de partida de la argumentación, pues, debe referirse al contenido o tipo de políticas económicas que defendamos, incorporando en el análisis un escenario de cambio en la correlación de fuerzas. Luego, habida cuenta del marco institucional de la UEM y del contexto, cabe sostener la incompatibilidad con la permanencia de España en ella. Es decir, el diagnóstico en torno a la pertenencia o no de España en el euro no es un punto de partida, sino de llegada.
Por otra parte, debemos valorar las posibilidades de articular un sujeto transformador a nivel supranacional. Partimos de que lo ideal sería lograr una unidad del movimiento obrero a nivel europeo que pudiera liderar un proceso de unidad política. Sin embargo, creo que existen varias razones por las que no parece posible este proyecto, sean de índole económica, política y de percepción subjetiva:
  1. Existe un aspecto asociado a la propia estructura económica. El carácter exportador de las economías centrales lleva a que las posibilidades de mejora en términos de empleo y salarios se vinculen a la efectiva capacidad exportadora de sus empresas, las cuales requieren financiación de bancos que, asimismo, necesitan que los deudores de la periferia europea les devuelvan sus préstamos;
  2. se constatan diferencias culturales, lingüísticas, junto a proyectos consolidados de construcción nacional en competencia que datan de muchos siglos, y ha habido dos guerras con carácter mundial cuyo epicentro fue Europa occidental, en las que la unidad de la clase obrera fue derrotada por un mezquino sentimiento de falso patriotismo burgués. Es decir, se carece de una historia de unidad del movimiento obrero europeo. No existe un sentimiento de identidad compartido por el conjunto de trabajadores, al contrario de lo que sucede en América Latina. Me temo que estos aspectos conforman una base material sobre la que el discurso del capital puede seguir erigiendo su hegemonía, al menos en el corto plazo. Por estas razones, en el horizonte más próximo no parece que se den las condiciones para generar una identidad colectiva en el movimiento obrero como para que se justifique intentar mantenerse en el euro. Tengamos en cuenta que cualquier proyecto común exigiría inmediatamente la adopción de mecanismos de redistribución en detrimento de las áreas más avanzadas.
Nos debemos preguntar asimismo, para no abandonar el terreno en el que se mezclan lo material y las dinámicas de subjetividad, por el verdadero significado de la UEM. ¿Cómo lo perciben los trabajadores? ¿Puede servir el rechazo a la eurozona tanto de factor aglutinante de los distintos movimientos obreros como de elemento objetivamente eficaz en la estrategia de lucha anticapitalista? Resulta preciso caracterizar en términos de clase el proyecto de la eurozona (véase Mateo, 2012): constituye en primer lugar una necesidad objetiva del capital, que tiende hacia la concentración y la centralización, así como a la expansión geográfica, y que debe por tanto trascender el limitado marco del Estado-nación; se encuentra impulsado por la dialéctica geoestratégica de los Estados, representando el proyecto nacional del imperialismo germano en su afán por dominar Europa, y en competencia con Estados Unidos; y carece de sustento democrático, con una ausencia de una integración política democrática que ha resultado funcional para una competencia regresiva en lo económico ante la inexistencia de mecanismo redistributivo alguno. Más concretamente, la UEM es la culminación del proyecto “neoliberal” de las élites capitalistas europeas, y forma que adopta la imposición de una estrategia global contra el trabajo.
El esquema (des)integrador de la UEM revela una cuestión que en muchos casos parece pasar inadvertida para la izquierda transformadora. La arquitectura institucional comunitaria, que trasciende el marco tradicional del Estado-nación (base por otra parte histórica del desarrollo del proletariado), resulta absolutamente funcional para el mantenimiento del poder de las burguesías nacionales. Y concretamos: el papel de Alemania y la troika es funcional para el logro del desmantelamiento de las conquistas históricas de los trabajadores europeos, principalmente en la periferia. De ahí la facilidad con la que se cede soberanía en múltiples aspectos político-económicos simultáneamente a la persistencia, por parte de la derecha, de un discurso patriótico-nacionalista crecientemente vacío por sus propias acciones.
Las políticas que está imponiendo el “mecanismo único” patronal-gobierno alemán están sirviendo para que las diversas burguesías (sobre todo del sur) limiten-liquiden los derechos sociales y sindicales, reduzcan sustancialmente el Estado Social y restrinjan radicalmente la soberanía popular. Una “tercera entidad”, Alemania, resuelve en favor de las clases dominantes de los países individuales la crisis y genera un tipo modelos productivos estatales favorables a sus intereses geopolíticos. Lo que hay es una alianza entre las clases dominantes, configuradas en torno a la burguesía alemana, para imponer un conjunto de políticas que los Estados individualmente no podrían realizar sin la presión-chantaje de la Troika al servicio de los intereses del Estado Nacional alemán, justificado siempre por la necesidad de salvar al “euro”.
(…) La “Europa alemana” impone un “Vichy global” porque a las diversas burguesías les conviene, precisamente porque realiza el trabajo sucio que ellas no podrían ejecutar sin costos muy altos. (Monereo, 2013:41,42)
Por ello, creo que el delineamiento de un programa alternativo con vocación postcapitalista (o anti) debe articularse en torno a la oposición a esta UEM, señalando su significado de clase y reclamando que la verdadera soberanía nacional se corresponde con su crítica radical. El Euro es el símbolo de una estrategia de dominación, no es por tanto una cuestión de aciertos o errores en su implementación, por más que incluso desde sus propios preceptos puedan efectivamente constatarse. Es el propio carácter de la eurozona el que supone un ajuste permanente sobre los salarios. Y aunque cualquier Estado tiene un carácter de clase, la ruptura de la UEM contribuye a debilitar uno de los mecanismos que exige la dominación del capital, lo que supondría una importante victoria para los trabajadores, y un importante elemento de imitación para otros movimientos obreros.

No sólo creo que salir del euro pueda ayudar a salir del sistema; es que creo que no es posible salir del sistema sin salir del euro. Básicamente porque el euro (y entiéndase éste no sólo como una moneda en sí misma sino como todo un sistema institucional y una dinámica funcional puesta al servicio de la reproducción ampliada del capital a escala europea) es la síntesis más cruda y acabada de ese sistema del que los autores pretenden salirse…
… la ruptura con el euro no es condición suficiente pero sí necesaria para cualquier proyecto de transformación social emancipatorio. (Montero, 2013)
Considerando que en última instancia se deben generar las condiciones para un cambio radical en la relación de fuerzas en beneficio de los trabajadores para un avance socialista en la UEM, los desequilibrios en la eurozona justifican una perspectiva obrera diferenciada.
Para los trabajadores en el centro, particularmente en Alemania, sería vital romper la presión incesante sobre los salarios que entraña la unión monetaria. Pero obsérvese que es una falacia pensar en los salarios más elevados como un medio para rescatar al euro al reequilibrar la competitividad e impulsar el consumo doméstico en el centro. No existe una clase capitalista que pretenda sistemáticamente incrementar los salarios de sus propios trabajadores debido a que a continuación se arruinaría en la competencia. Si la restricción salarial se quebrara en Alemania, la unión monetaria pasaría a ser menos atractiva para la clase dirigente alemana, planteando la cuestión de la propia pertenencia al euro. (Lapavitsas, 2011:294-295)
En último lugar, tal vez la razón más consistente para plantearse la salida de la zona euro es dilucidar si, aun con ciertas reformas que reduzcan la austeridad exigida por Europa, en verdad constituye un proyecto condenado al fracaso que requiere una salida decidida que evite los costes de una fragmentación descontrolada. Paralelamente, y no escapando del marco sistémico existente, ¿es posible que un ajuste mediante sucesivas devaluaciones controladas por el Banco de España puedan reducir los costes sociales de las recesiones, considerando la heterogeneidad productiva de la eurozona? ¿Cabe afirmar que resulta menos doloroso asumir ciertos costes inflacionarios si a cambio se pueden modificar ciertos resortes de la política económica? Sean estas preguntas una guía para un futuro debate…
IV. UNA HOJA DE RUTA ALTERNATIVA
i) A largo plazo: transformación de las relaciones de producción
El elemento estratégico esencial del proyecto transformador es un cambio radical del modelo productivo y de acumulación desde una perspectiva de transición socialista. La primera cuestión a abordar es la manera como se debe financiar la inversión y los sectores en los que se invertirá. Sólo una democratización del Estado podrá propiciar que el sector público pueda llevar las riendas del proceso de acumulación sobre unas bases diametralmente diferentes al mercado capitalista, bajo el control de los trabajadores. Al fin y al cabo, constatamos actualmente con gran transparencia la imposibilidad de que el mercado pueda satisfacer las necesidades vitales de la población. Y el pilar que puede asegurar la viabilidad de un proyecto transformador a largo plazo radica en la manera como se pongan en manos de la sociedad los sectores estratégicos de la economía. Pero esta democratización se refiere no sólo a la titularidad, sino a la lógica que presidirá su actuación.  El funcionamiento de las empresas debe ser modificado, tanto las de carácter estatal como las privadas. La democratización del lugar de trabajo exige que los trabajadores participen en las decisiones empresariales. Constituye la mejor garantía para evitar los costes socioeconómicos del capitalismo, y permite evitar el falso debate en torno a la regulación de los excesos y desequilibrios que produce el neoliberalismo (Wolff, 2010).
Uno de los aspectos decisivos es que permite realizar proyectos de inversión a largo plazo. Mientras que el capitalismo requiere de la creación de títulos representativos de la propiedad (como las acciones o bonos), mercados en los que negociarlos (las bolsas) y diversos productos financieros que permiten tanto asegurar riesgos (los derivados) como especular, esta intervención del Estado debe incrementar la inversión, decidir su localización y evitar la volatilidad inherente a la lógica del capital. Consideremos que incluso en el marco de la experiencia capitalista se constata que el gasto público ha desempeñado un papel relevante impulsando el crecimiento y el desarrollo, y es más, las experiencias exitosas de industrialización y desarrollo realizados por parte de las economías capitalistas avanzadas, como Estados Unidos, Europa Occidental y Japón, y también las más recientes del sudeste asiático, se han apoyado en la intervención del Estado (Chang, 2008).
No hay que asumir la superioridad del sector privado empresarial, como tampoco creer que la intervención del Estado, por sí misma, deba ser beneficiosa para los trabajadores. Lo relevante es sostener que es posible llevar a cabo una actividad económica eficiente bajo una lógica opuesta a la de la maximización del beneficio. Además, el concepto de eficiencia que defendamos no tiene que coincidir con el discurso del capital. Cierto es que hay que reducir costes superfluos, pero manteniendo salarios elevados y evitando en lo posible degradar el medio ambiente.  Un ejemplo del fracaso del mercado como mecanismo de asignación de recursos radica en el elevado desempleo y la recurrencia de crisis económicas. Difícilmente pueda existir un ejemplo más evidente de ineficiencia que el mantener ociosos tal cantidad de recursos productivos que podrían estar generando riqueza, y sólo debido a que su uso no resulta rentable.
Así pues, abogamos por un conjunto de nacionalizaciones, en un primer momento de los sectores básicos de la economía. En primer lugar mencionamos el sistema bancario.  Un sistema financiero en manos públicas constituye un elemento central en la reconfiguración sectorial de la economía para lograr de manera efectiva un nuevo modelo de crecimiento y de distribución del ingreso (Mateo, 2011). Se puede afirmar que la agrupación de los ahorros y su canalización hacia la inversión productiva es demasiado importante para dejarla en manos privadas (capitalistas). Es preciso determinar en función de los intereses de la mayoría el destino de los fondos, evitando así la formación de burbujas especulativas y la posterior socialización de pérdidas.
Otra razón, y pragmática, para nacionalizar la banca se deriva de la apuesta por el impago de la deuda, lo que dejaría a entidades nacionales con elevadas pérdidas y llevaría a una retirada masiva de depósitos (Lapavitsas y otros, 2011). El objetivo debe ser que sean asumidas por los accionistas de los bancos, en ningún caso por los trabajadores del sector ni por la población. Obviamente, este análisis es extrapolable al conjunto de empresas y ramas de la nación.
En segundo lugar, abogamos por nacionalizar otros sectores, que permitan manejar los resortes fundamentales de la actividad económica y afirmar la soberanía nacional. Cabe hablar de las comunicaciones, la energía y el transporte, y sería aconsejable asimismo ciertas ramas importantes de la industria con mayor contenido tecnológico. En este sentido, uno de los objetivos debe ser la reindustrialización de la nación, con un mayor grado de diversificación productiva y de nivel tecnológico, precisamente por las particularidades de estas ramas: mayor nivel de activos de capital por trabajador (mecanización), lo que se refleja a su vez en los niveles de productividad, y de esta forma, en la posibilidad de generar las condiciones para un alza de los salarios reales; nivel de integración con otras ramas productivas, sean por la demanda de insumos (tanto bienes como servicios no sólo de la industria, sino del sector agrícola y diversos servicios), como por la oferta de bienes industriales al resto de la economía, pero también por la conformación del sujeto social transformador.  Será la base de un mejor empleo y nivel educativo de la población.
El avance en el grado de mecanización productiva y nivel tecnológico resulta asimismo un factor de independencia nacional, reduciendo la dependencia de bienes de equipo y patentes externas. Precisamente, el sector automovilístico, en el que España tiene un gran protagonismo, es paradigmático. El historiador J. Nadal señala que “somos uno de los principales productores del mundo (…) y, sin embargo, no tenemos una sola marca propia. Es lamentable. Tenemos que pagar todas las patentes fuera,” (citado en Mars, 2013:6) con una gran dependencia de tecnologías foráneas que aprovechan los bajos costes salariales nacionales. Nótese que incluso este propósito coincide con lo que proclaman ciertos medios de la derecha, que ahora lamentan la desindustrialización ocurrida en España desde la incorporación al proyecto neoliberal europeo.  Sin embargo, creemos que sólo es posible bajo una estrategia anticapitalista.
En la medida que se logre este conjunto de nacionalizaciones, se podrá avanzar en la democratización socioeconómica y garantizar un nuevo patrón distributivo. Esta dimensión alude tanto a los términos absolutos, permitiendo que toda persona pueda tener un mínimo nivel de vida, como a lo relativo, tratando de reducir las desigualdades. Tanto una como otra dimensión forman parte inseparable de cualquier consideración de democracia económica. Señalemos que el primer fundamento radica en el logro del pleno empleo y la democratización en cuanto a la disponibilidad de diferentes opciones para el desarrollo intelectual de la persona, que no se refiere sólo a la educación, sino a la satisfacción de sus necesidades vitales, materiales o no. Una de las aristas de este desarrollo alude a la cualificación de cara al trabajo que se pueda desempeñar. Y lo expreso en este orden porque la empresa y el mundo laboral deberán supeditarse a la formación académica integral del ciudadano.
Por otra parte, resulta clave la ampliación del Estado de bienestar (EB). Entendemos el EB como una forma de institucionalizar la percepción del salario de manera que se garantice al conjunto de ciudadanos el disfrute de una serie de derechos, que resulten consustanciales para el libre desarrollo de la persona, su condición de ciudadano y el mantenimiento de un nivel digno de vida, y garantizados de manera universal al margen de la lógica mercantil. Supone, en definitiva, una dimensión indirecta de la relación salarial, que debe estar en manos del sector público. Ello implica la defensa de la educación, la sanidad, las pensiones, y cualquier otro elemento del EB de carácter estrictamente público, sin intromisión de la empresa privada. Esta recomposición distributiva tendrá varias consecuencias:
  1. Un estímulo para el desarrollo tecnológico y la eficiencia productiva. Por paradójico que pueda resultar ante la insistencia del discurso oficial, el sistema capitalista no agota las posibilidades de mejora tecnológica porque existe una norma salarial excesivamente reducida, así como no resulte eficiente en tanto mantiene a millones de personas en el mundo en situación de desempleo;
  2. desalentar cierto consumo de lujo o elitista, lo que implica un menor incentivo sobre estos rubros de la producción, socialmente prescindibles. Aunque no sea lo esencial, evitará cierta extraversión del excedente, ya que una parte importante de ellos son importados, con la consiguiente menor necesidad de divisas. Pero más importante será la influencia sobre la producción de bienes de consumo, que será alentada;
  3. por extensión, se posibilitará una mayor esperanza de vida, una reducción de la mortalidad infantil, menos violencia, cantidad de población reclusa, así como enfermedades mentales y obesidad (véase Wilkinson y Pickett, 2009).

En consonancia con el discurso neoliberal, esta reconfiguración productiva y sectorial implicará una reducción de las partidas de subsidios porque estamos de acuerdo en que la mejor política social es la que elimina el desempleo. Asimismo, permitirá alterar el tipo de inserción externa, tanto por el lado de las operaciones de la cuenta corriente como de tipo financiero.
Después de delimitar los grandes ejes que deben vertebrar el camino hacia la transformación socialista de la sociedad, a continuación enunciamos una serie de reformas que, como ya señalamos, sólo desde esta perspectiva pueden poseer de algún significado viable.
ii) A corto plazo: reformas para la transición
El otro aspecto estratégico complementario del modelo de acumulación se refiere a las medidas de política económica a implementar en el corto plazo.
Por el lado del ingreso, y habiéndonos preguntado por el origen de los fondos que financien la estrategia de crecimiento, resulta impostergable la introducción de una progresividad fiscal para financiar la inversión. Se deben aumentar los impuestos que afectan al capital y a los grupos de mayores ingresos, como los impuestos directos, sobre todo a las sociedades, al patrimonio, herencias, etc., lo que posibilitará reducir la dependencia de los mercados financieros para acceder a nuevos recursos. Hay que considerar que mientras existan profundas diferencias de ingresos, será necesaria una política fiscal progresiva para reducir tales asimetrías. En España existe un amplio margen para aumentar la fiscalidad sobre las clases altas (impuestos como el IRPF, sociedades, patrimonio, herencias, etc.) dado que pagan bastante menos que en otros países del entorno, lo que ha originado el problema de la deuda soberana y está en la raíz del denominado déficit social español (Navarro, Torres y Garzón, 2011).
El papel de Alemania y la troika es funcional para el logro del desmantelamiento de las conquistas históricas de los trabajadores europeos, principalmente en la periferia. De ahí la facilidad con la que se cede soberanía en múltiples aspectos político-económicos simultáneamente a la persistencia, por parte de la derecha, de un discurso patriótico-nacionalista crecientemente vacío por sus propias acciones
El logro de una mayor recaudación fiscal, y sobre todo, a partir de los grupos sociales con mayores ingresos, es vital para reducir la dependencia de los mercados financieros. Es más deseable acceder a recursos vía impuestos que emitiendo deuda y debiendo pagar intereses, lo que implica a su vez limitar la soberanía nacional.  Por extensión, la consecuencia será la imposibilidad de acceder a los mercados financieros por un tiempo, lo que exigirá tanto el acceso a los recursos de los más ricos como una política internacional de alianzas con ciertos países.
En materia de gasto, la mayor recaudación fiscal permitiría disponer de los recursos necesarios para implementar las reformas deseadas. En primera instancia, hay que reivindicar un mayor gasto social, que deberá ser sustituido por un programa económico basado en el pleno empleo. A corto plazo será indispensable un mayor y diferente gasto en educación, sanidad, pensiones, y los subsidios requeridos para tener un nivel de vida digno. No obstante, este tipo de subsidios debe ser importante en el período de transición nada más.
Seamos conscientes que una política de ingresos estatales radicalmente progresiva constituye la base de la efectiva realización de cualquier proyecto económico que quiera ser viable y sostenido en el largo plazo, y siendo coherente con nuestra perspectiva de la soberanía nacional en tanto no convierte al país en reo de “los mercados”. Asimismo, proporciona credibilidad a cualquier proyecto a ojos de la población, enfrentando cualquier crítica de propuesta imposible.
La política monetaria es otro de los elementos importantes. Una reclamación esencial es que el Banco Central (BC) deje de ser independiente del gobierno, y se supedite al control de la sociedad, utilizando para ello los mecanismos oportunos de elección. Se precisa de una mayor y diferente politización del BC, que sea dependiente de la población, no de los mercados. En la actualidad, la supuesta independencia del BCE no deja de ocultar que está al servicio de los grandes capitales y de Alemania. En un primer momento, pues, se debe defender este cambio radical en la eurozona, sin perder de vista que la posibilidad de una salida del euro implicará que el Banco de España retome sus funciones históricas. A su vez, en línea con la defensa de las nacionalizaciones, la actividad financiera deberá ser regulada estrictamente para limitar la especulación, introduciendo medidas que penalicen a cualquier agente que deposite fondos en los paraísos fiscales, así como estableciendo restricciones a los movimientos de capital, supervisándolos al máximo para evitar fugas de capitales por parte del empresariado.  Estas medidas tienen el propósito inmediato de evitar una elevada depreciación de la moneda que obstaculizaría una regulación eficaz del ciclo y el cambio estructural en los países periféricos, y que debe coexistir con la nacionalización de la banca. En ausencia de esta intervención, una salida del euro conduciría a la aplicación de un ajuste económico contra los salarios, y que es el argumento de los que se oponen a la salida de la UEM. En otros términos, esta regulación financiera constituye una condición necesaria para relanzar un proceso de acumulación sostenido.
Sólo una democratización del Estado podrá propiciar que el sector público pueda llevar las riendas del proceso de acumulación sobre unas bases diametralmente diferentes al mercado capitalista, bajo el control de los trabajadores
Por otra parte, consideramos la posibilidad de llevar a cabo procesos de integración con economías de similares características y gobiernos de izquierda, incluso establecer un signo monetario común a la Europa mediterránea (véase Vasapollo, Martufi y Arriola, 2012). En virtud del libre compromiso de los trabajadores, se debe contemplar la posibilidad de crear un área común que reduzca las posibilidades de ataques especulativos, pero siempre sobre la base de una integración política o social que introduzca medidas de redistribución regionales que eviten la perpetuación de los desequilibrios geográficos. En concreto, sin centros ni periferias. En cualquier caso, es interesante considerar asimismo a países con gobiernos de izquierda en América latina, junto al norte de África, como futuros socios estratégicos, que permitan el acceso a ciertas materias primas, realizar intercambios mutuamente beneficiosos, todo ello en un marco de colaboración frente al imperialismo.
El logro de una mayor recaudación fiscal, y sobre todo, a partir de los grupos sociales con mayores ingresos, es vital para reducir la dependencia de los mercados financieros. Es más deseable acceder a recursos vía impuestos que emitiendo deuda y debiendo pagar intereses, lo que implica a su vez limitar la soberanía nacional
Y para finalizar, abordamos el problema de la deuda. En caso de una salida de la zona euro, una apuesta fundamental radica en el repudio de una gran parte de la deuda, su renegociación y redenominación de la que eventualmente se vaya a pagar en la nueva moneda del área periférica al tipo de cambio oficial que se establezca, lo que implicaría una quita sustancial para los acreedores. Una condición para la viabilidad del proyecto de transformación es que no exista una excesiva carga de endeudamiento que imposibilite la inversión productiva y exija la implementación de políticas de ajuste. Para ello se debe proceder a auditar la deuda vigente, con el propósito de determinar la legitimidad de la misma, teniendo presente a este respecto las deudas realizadas por el sector público para realizar proyectos en beneficio de “lobbys” empresariales. Por tanto, es vital que esta acción sea liderada por el país deudor, evitando así la profundización del ajuste, como apuntan Lapavitsas y otros (2011).
No obstante, hay que realizar algunas precisiones. La auditoría debería realizarse por una serie de expertos no supuestamente independientes, sino vinculados al movimiento obrero. Tener la información más completa posible sobre el conjunto de las deudas permitiría tomar una decisión compartida por la mayor parte de la población a partir de un debate nacional. Y más allá de la auditoria, un hipotético impago por decisión unilateral estaría absolutamente justificado desde la perspectiva del propio sistema. En la medida que se justifica el ingreso de los acreedores a partir de los riesgos que contraen, y concretamente en cuanto al nivel de prima de riesgo que el país que emite deuda debe abonar, entendemos que las fuerzas del mercado descuentan la posibilidad de impago al fijar ese diferencial respecto del bono alemán. La cual, recordemos, implica en caso de devolución un jugoso enriquecimiento para el acreedor. Desde estas mismas coordenadas, pues, cabe decidir que no se devuelve.
Esta decisión tendría entre sus consecuencias la tan manida cuestión del boicot de los mercados financieros. Señalamos, por una parte, la necesidad de acceder a recursos propios de los grupos más adinerados, en el marco de proceso de reproducción autocentrado, y apoyado en una estrategia de colaboración con gobiernos de izquierda. Por otra, recordemos que el capitalismo no se guía por decisiones planificadas, por lo que la propia concurrencia competitiva por lograr beneficios suele implicar que cuando se restauran las condiciones del crecimiento, nuevos inversores estarían dispuestos a prestar dinero. Digamos que los mercados tienen una corta memoria (Lapavitsas y otros, 2011).
¿Sería deseable que el impago a iniciativa por el deudor se llevara a cabo dentro de los límites de la zona euro? La respuesta es negativa. En primer lugar, sería más difícil para el país deudor hacer frente a una crisis bancaria doméstica sin pleno dominio sobre su política monetaria. En términos más generales, si los bancos se pusieran bajo la propiedad pública a raíz de un impago soberano, pero siguieran perteneciendo al sistema euro, sería prácticamente imposible utilizarlos con el fin de reformar la economía. En segundo lugar, la permanencia en la zona euro ofrecería poco beneficio para el incumplidor, en términos de acceso a los mercados de capitales o de rebaja del coste de la financiación. En tercer lugar, la opción de la devaluación sería imposible, lo que eliminaría un componente vital de la recuperación. La acumulación de deuda de los países periféricos está inexplicablemente ligada a la moneda común y el problema volvería a aparecer si el país moroso se mantuviera dentro de la zona euro.” (Lapavitsas y otros, 2011:168-169)
Así pues, un impago de la deuda implica la necesidad de la nacionalización de la banca y la salida de la eurozona, con importantes costes para los países centrales, que son acreedores (Ibìd.: 295).
En definitiva, un programa desde la izquierda, aunque temporalmente pueda cohesionarse en torno a los elementos que comparte rechazar, debe avanzar en una adecuada discusión en torno a los aspectos concretos de la sociedad que aspiramos a construir. En este ejercicio, creo que es importante vincular de manera apropiada las propuestas reformistas con un plan de transformación de largo plazo, el cual, por exigencias del guión impuesto, pasa necesariamente por ser radical respecto de sus fundamentos y de la pertenencia a la eurozona. Como bien apunta, Wolff (2010:203), “por qué no ir más allá de la forma capitalista de las empresas, sean privadas o públicas? No tenemos que perder más que nuestras crisis capitalistas. Tenemos una nueva economía mundial que ganar.”
*Publicado en el nº 40 (2014) de Filosofía, Política y Economía en el LABERINTO, revista editada por el Departamento de Hacienda Pública y Política Económica de la Universidad de Málaga.
Notas:
1 Este artículo parte de una serie de reflexiones sobre el proyecto de salida de la crisis, en primer lugar Mateo (2011), que continuó con Mateo (2012a), sobre la que se ha desarrollado este documento, ampliando y modificando el contenido de esta última referencia.
2 Y es que a lo largo de la historia humana las relaciones no mercantiles han sido las más importantes. Al respecto, véase Polanyi (1944).
3 Remitimos a Mateo (2013) para un análisis más detallado.
4  Como señala asimismo Roberts (2009) para el caso de Estados Unidos.
5 Nos referimos a Bhaduri y Marglin (1990), actualizado en Bhaduri (2008), y explicado de manera sencilla en Molero (2013).
6   Molero (2013) explica que “tanto las políticas favorables al capital, como las políticas favorables al trabajo pueden promoverlo, dependiendo de cuál sea el componente dominante de la demanda agregada”.
7 Si concretamos para el caso español, tengamos presente que la tímida construcción de un Estado del bienestar en los años ochenta con el gobierno del PSOE tuvo como contrapartida la liberalización de los movimientos de capitales, de transacciones financieras y privatizaciones, ya que se financió no tanto con una fiscalidad progresiva, sino con la emisión de deuda en los mercados financieros, a lo que se pueden añadir cuestiones políticas como la incorporación a la OTAN y el apoyo al imperialismo germano en su reunificación, la fragmentación de ciertos países del Este europeo y la invasión de Yugoslavia (véase Steinko, 2010:214).
8 Señala que oponerse a las políticas neoliberales de la UEM requiere abandonar la idea de que la UEM sea reformable en interés de los trabajadores, o que pueda crearse un euro “bueno” (Lapavitsas, 2011:281).
9 A este respecto, hay que tener presente la gran dependencia de España de bienes de equipo y otras tecnologías procedentes del exterior, así como productos energéticos, profundizada por el tipo de inserción en la cadena de valor global (en cierta medida, una especie de “maquila”) a partir de la incorporación a la eurozona.
10 En este sentido, uno de los principales proponentes de la salida del Euro, P. Montes, señala que “en la Europa de Maastricht es imposible llevar a cabo una política mínimamente progresista,  por cuanto Maastricht representa la culminación del proyecto neoliberal europeo”. (Montes, 2012b)
11 En otras palabras, creemos que debe haber una mayor intervención del Estado, pero también diferente. Es decir, hablar del papel del Estado supone una abstracción que requiere delimitarse. En el marco de la economía capitalista, esta intervención se supedita a las necesidades de la acumulación de capital privado. El mercado ha requerido históricamente de la actuación estatal. Lo que se reivindica es un Estado al servicio de los trabajadores, que contribuya al desarrollo de las fuerzas productivas, la mejora de las condiciones de vida de la población y sea medioambientalmente sostenible.
12 Véanse diversos estudios sobre la relación entre el gasto público y el crecimiento del PIB per cápita (Hall, 2010; Lamartina y Zaghini, 2008).
13 Cuestionamos, pues, el axioma del enfoque neoliberal que establece la superioridad del sector privado. En este sentido, el estudio de Cabeza y Gómez (2004) concluye en que no se encuentra ninguna mejora significativa en el comportamiento de las empresas privatizadas en España en términos de rentabilidad, eficiencia, volumen de ventas, inversión, nivel de endeudamiento y empleo.
14 Aunque una posibilidad es crear una entidad de carácter público en competencia con bancos privados, pero con una actuación basada en criterios opuestos. No obstante, el objetivo último debe ser la nacionalización completa de la banca.
15 Sobre esta cuestión, que no la tratamos en este texto, remitimos a Mateo (2013).
16 Como se puede comprobar con la edición de El País de los Negocios (10/03/2013), donde por ejemplo se afirma en el editorial que “la dirección de esa reindustrialización tiene que seguir potenciando los subsectores con mayor valor añadido, es decir, aquellos menos vulnerables a la competencia de las economías menos desarrolladas,” y que “de ello depende que el crecimiento futuro sea más sostenible, de mayor calidad. Diversificar hacia el conocimiento también permitirá un empleo de mayor calidad que el conseguido en las últimas décadas: mejores cualificaciones, mejor formación profesional y, en última instancia, mucha menor temporalidad que la que sigue dominando el conjunto del mercado de trabajo español”.
17 Así, deberá suprimirse la reforma del artículo 135 de la Constitución, que vulnera cualquier principio de democracia nacional y de justicia distributiva, tanto por establecer constitucionalmente una exigencia que debe depender del gobierno democráticamente elegido, como por otorgar prioridad a los pagos de la deuda pública respecto de otros destinos, anteponiendo los intereses de los acreedores (salvados con dinero público) a los de la ciudadanía (Mateo, 2011).
18 Consideremos que uno de los argumentos esgrimidos por los neoliberales es que una hipotética salida del euro originaría una huida ingente de capitales, lo que se debe evitar cuestionándonos uno de los pilares del ideario neoliberal.

Fuente: CLI-AS.org

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