Hoy, 3 de abril, conmemoramos el 34º aniversario de las primeras elecciones municipales desde la vuelta de la democracia a nuestro país. Ese día, los hombres y mujeres de los pueblos y ciudades de España con derecho a voto acudieron masivamente a elegir a sus concejales y concejalas, con la certeza de que esa cercanía iba a ser clave para el desarrollo posterior de su municipio. La ilusión por desarrollar un gobierno democrático en la administración más cercana se reflejó en la transformación de las ciudades, pueblos, aldeas y pedanías, impulsados por el empuje activo de una ciudadanía ávida de cambios y de mejoras.
Treinta y cuatro años después la democracia local, que con tantas dificultades se construyó por todos y todas, está en peligro por una reforma de la Administración Local con la que el PP pretende vaciar la función social de los Ayuntamientos y privatizar los servicios básicos que quedan en manos públicas, es decir, de todos y todas.
Con esta ‘ley anti-ayuntamientos’, las Diputaciones asumirán la prestación de servicios de los Ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes si no atienden a un ‘coste estándar’, fijado por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, que estará por debajo del coste real de los servicios. Esta reducción de costes tendrá consecuencias: privatizaciones, menos y peores servicios públicos, así como la pérdida de empleo municipal. Además, las Diputaciones impondrán en ese caso los impuestos locales a los municipios. También las ciudades de más de 20.000 habitantes verán mermados sus servicios básicos y deteriorados los empleos municipales debido a la imposición de ese ‘coste estándar’. En el caso de los pueblos de menos de 5.000 habitantes se abre la amenaza de la intervención, que hará desaparecer en la práctica su entidad como municipio.
Desde su fundación hemos sido fuerzas municipalistas, que ponen en práctica en los Ayuntamientos que dirigimos formas de gobernar diferentes, cercanas a los intereses del pueblo y de la clase trabajadora, con preocupaciones por los derechos sociales de sus vecinos y vecinas, aún más importantes en los momentos en que vivimos, donde el Ayuntamiento, como administración más cercana, realiza y debe seguir realizando un papel de atención mayor y más sensible a las personas que peor lo están pasando.
En conmemoración de este aniversario, hacemos un llamamiento a la defensa de los pueblos y ciudades para que sean espacios de ejercicio democrático al servicio de los intereses de sus gentes y no de quienes quieren hacer negocio a costa de la calidad de vida y los derechos de los pueblos.
Treinta y cuatro años después la democracia local, que con tantas dificultades se construyó por todos y todas, está en peligro por una reforma de la Administración Local con la que el PP pretende vaciar la función social de los Ayuntamientos y privatizar los servicios básicos que quedan en manos públicas, es decir, de todos y todas.
Con esta ‘ley anti-ayuntamientos’, las Diputaciones asumirán la prestación de servicios de los Ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes si no atienden a un ‘coste estándar’, fijado por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, que estará por debajo del coste real de los servicios. Esta reducción de costes tendrá consecuencias: privatizaciones, menos y peores servicios públicos, así como la pérdida de empleo municipal. Además, las Diputaciones impondrán en ese caso los impuestos locales a los municipios. También las ciudades de más de 20.000 habitantes verán mermados sus servicios básicos y deteriorados los empleos municipales debido a la imposición de ese ‘coste estándar’. En el caso de los pueblos de menos de 5.000 habitantes se abre la amenaza de la intervención, que hará desaparecer en la práctica su entidad como municipio.
Desde su fundación hemos sido fuerzas municipalistas, que ponen en práctica en los Ayuntamientos que dirigimos formas de gobernar diferentes, cercanas a los intereses del pueblo y de la clase trabajadora, con preocupaciones por los derechos sociales de sus vecinos y vecinas, aún más importantes en los momentos en que vivimos, donde el Ayuntamiento, como administración más cercana, realiza y debe seguir realizando un papel de atención mayor y más sensible a las personas que peor lo están pasando.
En conmemoración de este aniversario, hacemos un llamamiento a la defensa de los pueblos y ciudades para que sean espacios de ejercicio democrático al servicio de los intereses de sus gentes y no de quienes quieren hacer negocio a costa de la calidad de vida y los derechos de los pueblos.
Fuente: izquierda-unida.es
No hay comentarios:
Publicar un comentario