En general existen dos formas muy diferentes de vender deuda pública. Una –la más conocida y la única posible hoy día para el estado español) – consiste en vender estos títulos a inversionistas privados. Estos agentes económicos prestan fondos al estado a cambio de cobrar un tipo de interés por el préstamo. Cuando transcurre el tiempo acordado, el inversionista recupera su dinero más una cantidad extra en concepto de intereses. Esa cantidad añadida es el beneficio que obtiene el inversionista por haber comprado deuda pública, y al mismo tiempo esa cantidad es el coste que tiene que soportar el estado por haberse endeudado.
La otra forma de vender deuda pública es conocida como “monetización de la deuda”. Esto no es más que pedir al banco central encargado de crear dinero que imprima tanto dinero como el estado necesite ese año para cubrir el déficit. La diferencia clave con la forma anterior es que el estado no tiene que pagar nada en concepto de intereses. El banco central le presta ese dinero de forma gratuita. En la operación nadie se lucra, y el estado no tiene que soportar un coste a la hora de endeudarse. Sin embargo, no es necesario que toda la financiación buscada sea facilitada por el banco central; existe la posibilidad de que una parte sea solicitada a inversionistas privados y otra parte sea monetizada. En cualquier caso recurrir a monetizar la deuda, aunque sea de forma parcial, ahorra costes al estado a la hora de financiarse (1).
Esta forma de financiarse monetizando la deuda era utilizada por el estado español hasta no hace muchos años. El Banco de España, cuando todavía era el instrumento por excelencia de la política monetaria del gobierno, monetizaba parte de la deuda del estado español logrando que endeudarse no le resultase muy caro a las arcas públicas. De hecho, la carga financiera de la deuda pública (esto es, la cantidad de intereses que tiene que pagar el estado por endeudarse) no superaba el 1% del Producto Interior Bruto, lo cual era un coste moderado y razonable.
No obstante, cuando España solicitó adherirse a la Comunidad Económica Europea tuvo que empezar a realizar reformas de gran calado para cumplir los requisitos necesarios para la integración. Entre esta serie de requisitos era condición indispensable que el Banco de España fuese desligándose progresivamente del gobierno estatal y pasara a ostentar cada vez más autonomía. La ideología del proyecto europeo se oponía radicalmente a que un gobierno pudiera controlar su propio banco central, considerando que la política monetaria no debía regirse por factores políticos sino exclusivamente económicos (2). Una de las consecuencias de estas reformas fue que el Banco de España dejó de monetizar la deuda del estado español, por lo que el estado tuvo que comenzar a vender la totalidad de su deuda a los inversionistas privados y por lo tanto a pagar más por endeudarse. El coste de financiarse aumentó considerablemente, pasando de un 0,88% sobre el PIB en 1982 a un elevadísimo 4,80% en 1993.
En el gráfico siguiente, que recoge el coste de financiación del estado (la cantidad de intereses pagados en proporción al PIB) desde 1960 a 2011, se puede observar claramente la evolución comentada.
Durante toda la época en la que el Banco de España monetizaba parte de la deuda los intereses pagados no superaron el 1% sobre el PIB. A partir de la progresiva desvinculación del banco central durante la década de los años 80 la carga de la deuda aumentó vertiginosamente hasta alcanzar el 4,80% sobre el PIB en 1993. Desde entonces la tendencia fue negativa debido al intenso crecimiento del PIB debido a los años del boom inmobiliario (a mayor PIB, menor carga de la deuda aunque la cantidad siga siendo elevada), llegando la carga a situarse en el 1,51% sobre el PIB en 2008 (nótese que este nivel era todavía muy superior al mantenido durante los años de monetización de la deuda). Con la irrupción de la crisis económica en 2008, la carga financiera de la deuda se volvió a disparar y su tendencia hoy día es peligrosamente ascendente (entre 2008 y 2012 el pago de intereses de deuda púbica ha crecido un 65%, pasando de 16.600 millones de euros a 27.400 millones).
La prohibición de que el Banco de España monetizara la deuda impidió al estado financiarse de una forma barata, obligándolo a recurrir a los inversionistas privados y por lo tanto procurándoles un negocio muy rentable. Las arcas públicas se vieron perjudicadas al tener que dedicar cada vez más recursos al pago de los intereses de la deuda. Recursos que antes se dedicaban a los gastos necesarios del estado ahora tenían que ser destinados a los bolsillos de aquellos inversionistas privados que se lucraban con la deuda pública española.
En el próximo artículo se desarrolla esta tesis y se cuantifica el coste que ha tenido que sufrir el estado español por haber dejado de monetizar su deuda así como la sorprendente situación de las arcas públicas si la monetización se hubiera seguido produciendo.
Notas:
(1) Se ha comentado la principal ventaja de la monetización de la deuda porque es indispensable para el propósito de este artículo. Pero no se quiere ocultar que existe un debate muy interesante en torno a las posibles desventajas de monetizar la deuda de un país, que fundamentalmente giran en torno a: el posible aumento de inflación y la posible depreciación del tipo de cambio.
(2) Para profundizar en las causas y consecuencias de estas reformas leer este artículo.
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