El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU hace serias advertencias al Gobierno sobre la situación en España de estos derechos

Destaca las consecuencias que sus políticas pueden tener en enormes sectores de la población

El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU entregó en Mayo de este año un informe al Gobierno Español en el que se analiza el grado de cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales (PIDESC), y en el cual se constata la grave situación que atraviesan estos derechos en nuestro país. El informe, que ha pasado desapercibido para la mayoría de los medios de comunicación españoles, sugiere al Gobierno de España una rectificación de la política de austeridad y recorte de derechos de los últimos años, a fin de evitar el incumplimiento del pacto ratificado por España en 1977. Las medidas de austeridad han supuesto la reducción de los niveles de protección efectiva de los derechos incluidos en el Pacto, perjudicando de forma desproporcionada a los pobres, las mujeres, los niños, las personas con discapacidad, los adultos y los jóvenes desempleados, las personas mayores , los gitanos, los migrantes y los solicitantes de asilo. 

Si bien la gravedad de la situación económica española y las medidas emprendidas por los sucesivos gobiernos son una de las principales causas del deterioro que sufren los llamados derechos de tercera generación, el informe no ignora un origen estructural más antiguo, apuntando a las deficiencias de un modelo de estado constitucional que no otorga a estos derechos un estatus jurídico equivalente al de los derechos civiles o los políticos. Para el organismo internacional es preocupante que en España estos derechos son tratados desde el punto de vista constitucional y legal como meros principios rectores de la política social y económica, pero nunca como derechos subjetivos reconocidos a los ciudadanos y reclamables directamente por estos ante los tribunales. 

El continuo incremento de los niveles de desempleo y el altísimo nivel que estos han alcanzado en nuestro país genera situaciones de riesgo extraordinarias en un contexto de crisis económica, principalmente cuando no existen garantías jurídicas suficientes y las políticas elegidas tienden a rebajar los niveles de protección. 

El comité está especialmente preocupado por sectores de la población española históricamente marginados y para los cuales siempre ha sido difícil acceder a los derechos sociales, culturales y económicos. En este contexto de crisis grupos como gitanos e inmigrantes son especialmente vulnerables. El informe dedica un capítulo especial a las detenciones en los centros de internamiento para extranjeros, en la que los inmigrantes sufren hacinamiento y no tienen acceso a asistencia sanitaria, social, legal o médica. Otro de los capítulos dedicados a las situación de los inmigrantes en España se refiere al Real Decreto-ley 16/2012, del 20 de abril de 2012 por el que se elimina de facto el derecho universal a la asistencia gratuita sanitaria. 

De la misma forma, el comité insiste en que la persistencia de ciertos estereotipos sobre las funciones de género que no han sido superados en la sociedad española, impidiendo que las mujeres accedan en igualdad de condiciones al derecho al trabajo. 
En cuestiones de género se señala también la preocupación creciente por los altos niveles de violencia doméstica y otras formas de violencia de género así como por las negativas consecuencias de los recortes presupuestarios que afectan a los procesos de apoyo y acompañamiento a las víctimas. 

La pobreza, que afecta según los datos aportados por esta agencia de las Naciones Unidas a un 21.8% de la población española también se ha incrementado a consecuencia de la situación económica. El comité recomienda a las autoridades españolas iniciar un programa nacional de lucha integral contra la pobreza que hasta la fecha, y pese a lo preocupante situación, no ha sido desarrollado. 

En materia laboral el informe es muy crítico a cerca de la congelación del Salario Mínimo Interprofesional desde el año 2011 en un valor que según palabras del propio comité “no permite un nivel de vida digno”.

Los motivos de reproche hacia el gobierno se extienden aún largamente en las páginas del informe, citando entre otras situaciones de desamparo la ínfima capacidad adquisitiva de los pensionistas que en muchos casos no permite niveles de subsistencia mínimos; el acceso a la vivienda y los desalojos forzosos realizados sin las garantías legales suficientes a consecuencia de los inasumibles costos de acceso a la vivienda; la situación de las personas sin hogar; el acceso al aborto de las mujeres; el acceso a la universidad pública y el aumento de las tasas; o la falta de financiación para proyectos creativos o investigadores. 

El Comité acaba finalmente solicitando al Estado Español una amplia difusión de sus observaciones en todos los niveles de la sociedad. El silencio sepulcral que rodea al informe y sus conclusiones así como la inmutable dirección de las políticas del ejecutivo de Mariano Rajoy hacen sospechar que no tienen la menor intención de seguir ni esta ni ninguna otra de las recomendaciones de la agencia internacional, mientras que los derechos de tercera generación que solo someramente habían enraizado en nuestra sociedad, desaparecen sin apenas haber llegado.
Fuente: mundoobrero.es