He seguido por internet el desarrollo de la Comisión de los EREs. Algunas cosas me han llamado poderosamente la atención. No las bufonadas del presunto chorizo Guerrero. Eran de esperar. Ni siquiera que los imputados en el ámbito judicial se hayan limitado a leer un comunicado y no hayan respondido a las preguntas de los grupos parlamentarios. Era de prever. Pero sí me ha sorprendido que cada alto cargo del gobierno andaluz no imputado que haya tenido la condición de compareciente en la Comisión de los EREs se haya limitado a responder de sus responsabilidades particulares, remitiendo la responsabilidad de la gestión de las ayudas a la dirección general de empleo, pero elude responder sobre la superior responsabilidad que tienen los órganos colectivos sobre las responsabilidades de esa DG.
Ni Vallejo, ni Martin Soler, ni Ávila, ni Aguayo, ni Zarrías, etc. han respondido de lo que no era su estricta competencia. Es lo que han llamado el “principio de competencia”. Como si el gobierno andaluz fuera una yuxtaposición de compartimentos estanco. Por ejemplo: los responsables directos del IFA-IDEA rechazan cualquier responsabilidad de esta agencia a la hora de aprobar el pago de las ayudas. La orden venía de la DG y el IFA-IDEA se limitaba a pagar religiosamente, sin poner para nada en cuestión la ausencia de normativa sobre la que se sustentaba el procedimiento instrumentado por el convenio articulado desde 2001 entre la consejería de empleo y el IFA-IDEA. Ni siquiera cuando el Consejo del IFA-IDEA instó al gobierno andaluz o a la consejería de empleo a habilitar un procedimiento que impidiese la discrecionalidad en la concesión de ayudas, pese a haber recibido de la Intervención General hasta 15 informes de presuntas irregularidades en los expedientes o convenios concretos.
No vale como excusa el “principio de competencia”. Pues el consejo de gobierno también tiene sus competencias, como órgano colegido, y entre ellas está la de responder por la correcta aplicación de dinero público. Y lo cierto es que el consejo de gobierno, -al parecer-, no trató las irregularidades procedimentales en que había incurrido la dirección general de empleo y que había detectado el Interventor General, Manuel Gómez por aquel entonces, como explicó en su comparecencia. Tampoco el consejillo o reunión de viceconsejeros que prepara las reuniones del consejo de gobierno lo introdujo como punto del orden del día.
Los unos por los otros, la casa sin barrer. ¿No se dieron cuenta de que las ayudas caían en un 70% a empresas de determinada zona geográfica de Andalucía (Sierra Norte de Sevilla) y a empresas de gente cercana o afiliada al PSOE? ¿De que se dieron ayudas a ayuntamientos? ¿De que algunos expedientes de convenios eran de escasas tres líneas, y el conjunto de ellos generaba la injusticia de la discrecionalidad en el reparto? ¿De que existían reparos o advertencias de la Intervención General sobre la irregularidad procedimental de las concesiones? ¿De que no existía una normativa respecto al procedimiento de concesión de ayudas o suscripción de convenios de ayudas? Y si se dieron cuenta, ¿por qué durante diez años no se trataron estos extremos en ningún consejo de gobierno o en los consejillos de los viceconsejeros? Ni IFA-IDEA y su consejería de Economía, Innovación y Ciencia, ni la consejería de Empleo, ni la consejería de Hacienda plantearon las pegas del Interventor General en los órganos colegiados superiores. De esta inhibición se deriva, sin duda, una responsabilidad política al menos, e incluso presuntamente responsabilidades penales. De esto último decidirán los tribunales. Pero de la responsabilidad política debe responder la Comisión de Investigación. Todos esperamos que ésta sea contundente.
La línea defensiva de los intervinientes del PSOE-A ha sido que algunos sinvergüenzas se han saltado el procedimiento para aprovecharse o lucrarse del dinero público ellos mismos o sus amiguetes. Pero tiene razón la oposición del PP y la línea constructiva de IULVCA al recalcar que el problema era que no existía normativa adecuada sobre el procedimiento para evitar el choriceo. El poder absoluto del hegemonismo del PSOE-A (ejercido durante 8 años con el apoyo acomodaticio del PA, no lo olvidemos) en el gobierno andaluz ha permitido la discrecionalidad en el reparto de las ayudas. ¡Qué malas son las mayorías absolutas!
La línea defensiva del PSOE-A salta por los aires desde el momento en que cuando se conocen por los medios de comunicación las irregularidades de los intrusos, el consejero de empleo Recio abre una investigación y crea la norma que debería haber existido desde el 2001. El gobierno andaluz ha hecho una autocensura implícita tanto en dichas actuaciones “de mejora normativa” (como la llaman ellos) como en el hecho mismo de que el presidente Griñán, a partir de mayo de 2012, se ha cargado la mismísima consejería de empleo, incluyendo las competencias de la misma en la antigua consejería de economía, innovación y ciencia.
Si de algo sirve mi modesto testimonio, ahí va.
Antes de que saliera ninguna noticia de intrusos en los medios de comunicación, los miembros del comité de empresa de Mercasevilla me pidieron a mí, como portavoz de empleo del grupo parlamentario de IULVCA que entonces era, que les consiguiese una entrevista con el nuevo consejero de empleo Recio. Así lo hizo, se me concedió, y acudimos dos miembros del comité de empresa (uno de CC.OO. y otro de UGT) y yo. Fuimos recibidos por el consejero Recio y el viceconsejero Mañas. Los trabajadores querían instar a la consejería de empleo a que atendiesen a la reclamación de los prejubilados de Mercasevilla, por entonces acampados en la puerta de la empresa. La consejería había suspendido el pago por el Banco Vitalicio de la póliza del EREs de 2007, que prorrogaba el del 2003. Tanto Recio como Mañas negaron el tracto sucesivo entre el ERE de 2003 y de 2007, y negaban la existencia de compromiso por parte de la consejería en el ERE de 2007. En ese momento, los miembros del comité le sacaron una copia de una orden de pago (“páguese”) a los beneficiarios del ERE de 2007 firmado por el Director General “Javier Guerrero” al Banco Vitalicio. Recio y Mañas, leyendo la copia, afirmaron que ellos no tenían que ver con esa decisión, y que la decisión de Guerrero no vinculaba a la consejería, que la orden del entonces director general, porque no respondía a la existencia de ningún ERE. Domínguez (CC.OO.) le testimonió cómo se había aprobado por el director general lo términos del ERE de 2007, que daba continuidad a las ayudas sociolaborales de los trabajadores prejubilados de Mercasevilla en 2003. Recio siguió ratificando la invalidez de la firma del director general Javier Guerrero.
En ese momento yo le insté a que si el director general había cometido alguna ilegalidad, que lo denunciase ante los tribunales, pero que no negase la validez del compromiso de la Junta surgido de la resolución de quien en ese momento estaba investido de la competencia para comprometer a la Junta en el pago de la correspondiente póliza. Recio siguió negando. A mí me pareció en aquel momento un ejercicio de cinismo por parte del consejero esa actitud de negar lo evidente: la firma de un director general compromete en el ámbito de sus competencias a quien le suceda en el cargo. ¿Por qué Recio actuaba con aparente cinismo? Al cabo de pocos días apareció en la prensa la existencia del primer intruso en el ERE de Mercasevilla. ¡Recio ya conocía las fechorías que había realizado Guerrero! Al menos algunas de ellas. Mi impresión es que para aquel entonces (ante de la aparición en prensa del escándalo de los primeros intrusos, insisto) la depuración de los EREs ya estaba siendo acometida por la nueva consejería de empleo comandada por Recio. Después vino la filtración a la prensa.
Entonces me expliqué por qué Griñán había sustituido a Antonio Fernández como consejero de empleo, uno de los más firmes apoyos de Griñán para sustituir a Chaves como presidente de la Junta (Fernández luego se quejaba amargamente de esta “ingratitud” de Griñán para con él). También me expliqué por qué Griñán se iba distanciando cada vez más de la gestión llevada a cabo durante años por Chaves y Zarrías: Griñán quería “limpiar la era”, “caiga quien caiga”, y le había encargado a Recio el tema. Pero quería hacerlo sin que saltase a la opinión pública el escándalo de los EREs.
Las “prudencias” de Griñán no lograron su objetivo de depurar internamente, sin transparencia, los desaguisados de los EREs. El escándalo saltó a la prensa. ¿Quién le filtró a la prensa los primeros informes de los intrusos? Zoido se adelantó al comité de empresa de Mercasevilla, según creí deducir de los reproches de imprudencia que sus miembros le dirigían al dirigente del PP, de los que fui testigo: le reprochaban no que lo hubiese filtrado a la prensa, sino que se les hubiese adelantado, pues así les arrebataba un arma para presionar a la consejería). Así pues, el desencuentro entre Recio y los trabajadores prejubilados de Mercasevilla es la clave. Una vez destapada la caja de los truenos de los primeros intrusos, y sobre todo después de los enfrentamientos del gobierno andaluz con la mayoría de los funcionarios de la Junta a raíz del decreto sobre reordenación del sector público de la Junta de Andalucía, fueron surgiendo el resto de los intrusos de otras empresas y las demás irregularidades de las ayudas a las empresas. El PP-A se aprovechó de estos dos conflictos, y contó con la inestimable colaboración de múltiples funcionarios de la Junta, incluido algún que otro ex director general de los primeros tiempos en que el PSOE-A empezó a dirigir la Junta de Andalucía.
Ese es mi testimonio y mi interpretación de la génesis del escándalo de los EREs. Bienvenido el escándalo de los EREs, pues sólo con transparencia se pueden depurar las actuaciones de los gestores del dinero público. Y en la Junta de Andalucía gobernada en solitario por la mayoría absoluta del PSOE-A (o casi, durante una época de presencia en ella del PA), hacía más falta que un cocido esa depuración.
En una cosa tiene razón la izquierda andaluza, tanto el PSOE-A como IULVCA: que el escándalo no debe afectar a la credibilidad que el instrumento de los EREs como tales debe recibir de la opinión púbica, pues son un instrumento válido para salvar a empresas y a trabajadores afectados por la crisis económica o que pasen por malos momentos económicos, más allá de su perversa utilización que hayan hecho de ellos los responsables políticos o sindicales concretos.
Precisamente por la validez de los EREs como tales es por lo que la transparencia en su gestión es tan importante, y por ello es por lo que es preciso que la Comisión de Investigación en curso funcione y aclare a fondo las responsabilidades políticas que hayan existido.
¿Qué valoración me merece la marcha de la Comisión de Investigación de los EREs?
1. La constitución de la Comisión de Investigación es en sí mismo un éxito de la fuerza de la izquierda en Andalucía, e incluso de los demócratas en general, pues todos los que en el pasado hemos luchado porque se constituyera, al final lo hemos logrado, gracias a la necesaria presencia de IULVCA en el gobierno andaluz después de unos resultados electorales que así lo han exigido.
2. Que sea precisamente IULVCA quien la presida deja clara la voluntad por parte del gobierno andaluz de no tapar ningún trapo sucio anterior; pero tampoco de no dejar que la derecha manipule el choriceo y las deficiencias procedimentales intencionadas o no que hubo en el pasado, para avanzar en nombre de Andalucía y de la ética precisamente ellos, que son los genuinos defensores de un sistema –el capitalismo globalizado neoliberal- sin más ética ni principios que los del “sálvese quien pueda” y la beneficiosa ambición del carnicero, del cervecero o del panadero de Adam Smith.
3. Hasta la fecha, el desarrollo de los debates están dejando a las claras quién es quién entre los grupos parlamentarios que preguntan y los altos cargos que responden (mención aparte nos merece la impresionante “sangre fría” con que Zarrías niega haber conocido más allá de lo que se cocía en su consejería, cuando de todos es conocida la omnipresencia que en Andalucía ejerció durante varias legislaturas el todopoderosos Zarrías). En general, no me ha decepcionado el desarrollo de la Comisión de Investigación hasta la fecha. El método más participativo y abierto no puede ser, con la posibilidad de diálogos cruzados y a veces encendidos entre quien preguntaba y quien respondía. Y el seguimiento mediático es garantía de que esta Comisión de Investigación puede servir de catarsis colectiva en Andalucía, que falta hace.
4. La pobreza de respuesta de los comparecientes se debe, entre otras razones, a que ninguno de ellos quiere dejarse pillar los dedos por testimonios que luego podrían incriminarles en la vía judicial; por lo tanto, cabe preguntarse sobre la oportunidad del tiempo en la constitución de la comisión de investigación, pues su coincidencia con la investigación judicial resta posibilidades de eficacia al procedimiento de investigación parlamentaria. Argumento que en ningún caso avala la no existencia de la comisión, sino que debe servir de reflexión para quienes desde el PSOE-A durante más de año y medio se han negado sistemáticamente a constituirla, pese a las reiteradas propuestas de PP-A e IULVCA. Hay que aprender para el futuro: más vale constituir una comisión de investigación a tiempo, que dejar que el pueblo piense que quienes se niegan a ello algo tienen que ocultar, por aquello de que “cuando el río suena…”.
5. Habrá que estar atentos a la resolución final, que no debe defraudar a los deseos de depuración de los hechos que existen en el seno del pueblo andaluz, y cuyo principal reflejo fue el resultado electoral del pasado mes de marzo.
Fuente: El Blog de Pedro Vaquero
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