El coordinador federal de Izquierda Unida, Cayo Lara, ha hecho una primera valoración de urgencia tras conocer las medidas planteadas hoy por el Consejo de Ministros sobre la futura Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y sobre los cambios legales y los “muchos ‘deberes’ impuestos a corto plazo hoy a los ayuntamientos para el pago de sus deudas a los proveedores, plan que el Ejecutivo ha vuelto a retrasar y ha dejado sin concretar”. Así, Lara avisa que el Gobierno “deja de explicar conscientemente nada no sólo sobre cómo articulará todo esto a través del ICO sino, y lo que es muy preocupante, sobre el papel que reserva a la Banca privada en esta operación. Estaremos muy vigilantes dados los muchos antecedentes sobre que no hay medida que tomen los responsables económicos de Mariano Rajoy que no redunde, directa o indirectamente, en un beneficio para los bancos”.
“Además –advierte el máximo responsable de IU-, mucho nos tememos que la ‘letra pequeña’ de las medidas anunciadas y lo que siempre se oculta en los datos facilitados tras el Consejo de Ministros busque más responder a los intereses de las grandes empresas constructoras de obra pública o de los laboratorios farmacéuticos”.
En cuanto a los cambios legales, obligaciones y plazos impuestos a los ayuntamientos descritos de forma muy genérica por la vicepresidenta del Ejecutivo, Soraya Sáenz de Santamaría, Lara afirma que “desde IU venimos reclamando una medida de este tipo desde que comenzó la crisis porque es de justicia, más allá de cualquier otra consideración de política económica. Forma parte de nuestro programa electoral. El Gobierno del PP no sólo lo aborda ahora de forma tardía sino que lo aplaza más en el tiempo sin cumplir con lo que hasta ahora no ha sido más una campaña de ‘marketing político’ de la que no concreta las medidas”.
Lara adelanta que “para los pagos que se deben realizar Izquierda Unida considerará prioritarios a los trabajadores que no han percibido sus salarios, a las pequeñas empresas y autónomos, y las subcontratas. Esa prioridad se debe garantizar explícitamente para que la liquidez que representa pagar los cerca de 35.000 millones de euros de deudas de las distintas Administraciones Públicas, así como de sus empresas vinculadas y dependientes, sea una medida positiva para el empleo y la situación de las pequeñas empresas”.
En cuanto al proyecto de ley orgánica de Estabilidad Presupuestaria, al que el Consejo de Ministros ha dado hoy una última lectura antes de pasarlo al Consejo de Estado, Cayo Lara ha señalado que “por el esbozo de su contenido adelantado ya por distintos portavoces del Ejecutivo, consideramos que la hoja de ruta fijada por Mariano Rajoy generará más paro y acabará con el modelo de Estado Social que establece la Constitución”.
Para el también presidente portavoz del grupo parlamentario del que forma parte IU, “con esta ‘supuesta’ estabilidad presupuestaria que plantea la derecha se impone de hecho la ideología neoliberal en nuestro ordenamiento jurídico y en el desarrollo normativo de la Constitución. Todos los servicios sociales de naturaleza pública pasan a un segundo plano. Esto es especialmente grave en Educación, Salud y en la aplicación de la Ley de Dependencia, ya que lo exigido será que se paguen antes las deudas a la Banca y a los especuladores”.
“Además -afirma el coordinador federal de IU-, resulta inaceptable y supone una deslealtad política la exigencia adelantada a los ayuntamientos de un déficit cero sin que antes se haya presentado un proyecto de ley de Financiación Local, algo que ya fue prometido por el anterior Gobierno y que no parece ser una prioridad para Rajoy. No es posible imponer austeridad a un ayuntamiento sin asegurarle con anterioridad los medios de financiación para las competencias que ha asumido”.
“Además –advierte el máximo responsable de IU-, mucho nos tememos que la ‘letra pequeña’ de las medidas anunciadas y lo que siempre se oculta en los datos facilitados tras el Consejo de Ministros busque más responder a los intereses de las grandes empresas constructoras de obra pública o de los laboratorios farmacéuticos”.
En cuanto a los cambios legales, obligaciones y plazos impuestos a los ayuntamientos descritos de forma muy genérica por la vicepresidenta del Ejecutivo, Soraya Sáenz de Santamaría, Lara afirma que “desde IU venimos reclamando una medida de este tipo desde que comenzó la crisis porque es de justicia, más allá de cualquier otra consideración de política económica. Forma parte de nuestro programa electoral. El Gobierno del PP no sólo lo aborda ahora de forma tardía sino que lo aplaza más en el tiempo sin cumplir con lo que hasta ahora no ha sido más una campaña de ‘marketing político’ de la que no concreta las medidas”.
Lara adelanta que “para los pagos que se deben realizar Izquierda Unida considerará prioritarios a los trabajadores que no han percibido sus salarios, a las pequeñas empresas y autónomos, y las subcontratas. Esa prioridad se debe garantizar explícitamente para que la liquidez que representa pagar los cerca de 35.000 millones de euros de deudas de las distintas Administraciones Públicas, así como de sus empresas vinculadas y dependientes, sea una medida positiva para el empleo y la situación de las pequeñas empresas”.
En cuanto al proyecto de ley orgánica de Estabilidad Presupuestaria, al que el Consejo de Ministros ha dado hoy una última lectura antes de pasarlo al Consejo de Estado, Cayo Lara ha señalado que “por el esbozo de su contenido adelantado ya por distintos portavoces del Ejecutivo, consideramos que la hoja de ruta fijada por Mariano Rajoy generará más paro y acabará con el modelo de Estado Social que establece la Constitución”.
Para el también presidente portavoz del grupo parlamentario del que forma parte IU, “con esta ‘supuesta’ estabilidad presupuestaria que plantea la derecha se impone de hecho la ideología neoliberal en nuestro ordenamiento jurídico y en el desarrollo normativo de la Constitución. Todos los servicios sociales de naturaleza pública pasan a un segundo plano. Esto es especialmente grave en Educación, Salud y en la aplicación de la Ley de Dependencia, ya que lo exigido será que se paguen antes las deudas a la Banca y a los especuladores”.
“Además -afirma el coordinador federal de IU-, resulta inaceptable y supone una deslealtad política la exigencia adelantada a los ayuntamientos de un déficit cero sin que antes se haya presentado un proyecto de ley de Financiación Local, algo que ya fue prometido por el anterior Gobierno y que no parece ser una prioridad para Rajoy. No es posible imponer austeridad a un ayuntamiento sin asegurarle con anterioridad los medios de financiación para las competencias que ha asumido”.
Fuente: izquierda-unida.es
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