Insisto en lo importante que es seguir y conocer cada una de las
oscuras maniobras del TIPP, el pacto de las élites para la siguiente
oleada de desposesión que se avecina. Hay que saberlo todo, entender
que es una amenaza muy real, y oponerse con argumentos y convicción
para impedir que lleven a término sus fines. Hay que leer todas las
reflexiones que inciden y descubren las distintas facetas del nuevo
expolio global, y darnos cuenta de hasta qué punto nuestra sanidad
pública (con otros determinantes claves de nuestra convivencia,
cultura, investigación) está sobre la mesa de cambio de los grandes
mercaderes de nuestra SALUD y nuestra vida. Cuanta más oscuridad
quieren para sus trapicheos, más conviene que se conozcan sus mercadeos
contra la inmensa mayoría de la población. Por tanto, toca hoy difundir
hoy un texto básico y muy pedagógico de Agnes Rousseaux, publicado
originalmente en CETRI, y que ha sido traducido del francés para Rebelión por Susana Merino
TISA, negociaciones comerciales secretas para acelerar el proceso de privatizaciones y desregulaciones
Se trata de un gran acuerdo comercial del que nadie habla, negociado
en la mayor opacidad. Cincuenta países, incluyendo a los más fervientes
defensores de la liberalización están discutiendo actualmente la
apertura del “mercado de servicios” a la competencia internacional.
Educación, salud, transportes, telecomunicaciones, servicios
financieros… Todo se está exponiendo en la mesa de negociaciones. Sin
que los ciudadanos ni los parlamentarios digan una palabra. Los
negociadores –sometidos a las fuertes presiones de los lobbies– se
reunieron recientemente en Ginebra en el 7° encuentro de intercambios
internacionales, que podría amenazar seriamente a los servicios
públicos y a las tentativas de regulación del sector financiero.
Este nuevo embate podría terminar con los servicios públicos, el
agua, la educación o la salud, el fin de todo propósito de regular los
mercados financieros o de proteger los datos de la ciudadanía. En
síntesis un escollo jamás visto en el ejercicio de la democracia y el
funcionamiento de las políticas públicas. El Acuerdo sobre el Comercio
de Servicios (ACS) dentro del Trade in Services Agreement (TISA) se
está negociado entre 50 países (1) incluidos los de la UE. Fue lanzado
por los EE.UU. y propuesto a los países miembros de la Organización
Mundial de Comercio (OMC) bautizado como el grupo “Verdaderos buenos
amigos (de los servicios)” (Really Goods Friends).
“Calmar la frustración de las empresas”
Estas negociaciones se desarrollan fuera del marco de la OMC con los
países que son más partidarios de la liberalización de los servicios,
contrariados por el impasse de las negociaciones de Doha iniciadas en
2001 (2). Esos países representan más de las dos terceras partes del
comercio mundial en servicios. Numerosos sectores se hallan incluidos:
educación, transportes, correos y telecomunicaciones, servicios de
auditoría y contabilidad, ingeniería y logística, salud, seguros,
nuevas tecnologías y transferencia de datos, investigación, bancos y
servicios financieros… El objetivo es abrir más aún a la competencia
del sector de los servicios públicos e impedir toda intervención
pública.
“Estas negociaciones son la oportunidad más prometedora de las
últimas dos décadas para promover el comercio de servicios a escala
internacional”, se entusiasma el lobby de la industria de los servicios
en los EE.UU. La Coalición Internacional de las Industrias de Servicios
(GSC) que integra el Medef es aun más explicita: este acuerdo se ha
concebido “para apaciguar la frustración de las empresas, ocasionada
por el impasse de Doha en materia de servicios” declara (3)
Prohibir toda intervención de los Estados
”Se trata de una tentativa de ampliar secretamente los aspectos más
nefastos del infame acuerdo AGCS que generó, en el pasado, protestas
mundiales”, responde Rosa Pavanelli, secretaria general de la
Internacional de Servicios Públicos (ISP). Según esta organización, que
reúne a los sindicatos del sector y representa a 20 millones de
trabajadores, el ACS limitaría la capacidad de los gobiernos de
legislar en algunos sectores como la seguridad de los trabajadores, el
ambiente o la protección de los consumidores “El AVS se inscribe en una
inquietante nueva ola de acuerdos comerciales y de inversión, fundado
en poderes jurídicamente obligatorios que institucionalizan los
derechos de los inversores y prohíben toda intervención estatal en un
amplio abanico de sectores indirectamente vinculados al comercio”,
menciona la organización internacional en un detallado informe.
Varios aspectos del acuerdo han sido duramente criticados por las
organizaciones sindicales y no gubernamentales. En primer lugar todo
sector que no se halle explícitamente excluido, protegido por cada
país, podría estar incluido en el acuerdo. Con todos los peligros que
eso implica. Estos acuerdos abrirían ampliamente la puerta a un flujo
de empresas privadas en el sector educativo europeo, alerta la
federación internacional de sindicatos de maestros. Una cláusula de
estatu quo fijaría los actuales niveles de liberalización de cada país
volviendo imposible la remunicipalización de los servicios de agua
corriente, por ejemplo, o complicaría el restablecimiento de monopolios
públicos en sectores actualmente abiertos a la competencia (4). Otro
principio, la “cláusula con efecto cliquet (sic) que inmovilizaría toda
liberalización futura de un determinado servicio. Una parte del seguro
de desempleo, ¿estaría privatizada, como en el Reino Unido? Las
jubilaciones, ¿estarían desmanteladas en beneficio de los fondos de
pensión? ¡Imposible retroceder! Un atentado a las libertades
democráticas fundamentales, denuncia la federación sindical
internacional que ve en este futuro acuerdo una manera de volver
permanente e irreversible un sistema de privatizaciones para todas las
generaciones futuras”. Y los gobiernos absolutamente maniatados por las
decisiones de sus predecesores: he aquí porque sería un grave atentado
al funcionamiento democrático.
Bloquear las privatizaciones
Otro problema es que el acuerdo podría imponer a las autoridades
públicas una “obligación de neutralidad económica” entre prestatarios
de los servicios públicos y privados, denuncia el ISP. Es decir, que
todo aporte financiero a los servicios públicos debería hacerse
extensivo al sector privado “Si en un sector existen servicios privados
junto a servicios públicos (por ejemplo, hospitales, escuelas) ambos
tendrían derecho a las mismas subvenciones, en nombre de “la libre
competencia y no falseada”, explica la organización Stop TISA. De modo
que una universidad estadounidense podría instalarse en Suiza
solicitando una financiación similar a la de las demás universidades
públicas con cargo a los contribuyentes”. Un estado que subvencionase
la construcción de un hospital público, ¿deberá financiar también una
clínica privada en su cercanía? Estas y otra críticas incluidas en un
documento de la Comisión Europea que sintetiza la consulta realizada a
los “decididores y a las ONG”.
Las negociaciones comenzaron en febrero de 2012 y deberían concluir
en 2015. Los negociadores de los países participantes se reúnen
regularmente en Ginebra, bajo la conducción de los EE.UU. y Australia
(5). En junio de 2013 un lapidario comunicado anunció que “los miembros
de la OMC que están analizando nuevos planteos dirigidos al progreso de
la liberalización del comercio de servicios están satisfechos de los
progresos de las discusiones sobre el comercio de servicios (TISA)”. E
invitan a incorporarse a otros países, miembros de la OMC que comparten
estos mismos objetivos. China apoyada por la UE ha solicitado ya
participar en estas negociaciones. Sus divergencias con los EE.UU. en
torno a otros acuerdos comerciales no le han permitido aun ser admitida
en la mesa de las discusiones..
Negociaciones secretas
Los participantes estimaron en noviembre de 2013 que el acuerdo se
hallaba ya suficientemente “maduro” y lanzaron la etapa de
“comercialización de ofertas iniciales” en la que cada país debe
precisar cuáles son los sectores que desea incluir en el acuerdo y las
modalidades que propone en cuanto a “apertura” a la competencia
internacional de esos sectores, según un marco predeterminado por el
acuerdo. A principios de 2014, la mayor parte de los países han
intercambiado sus propuestas, actual base de las discusiones en curso.
Algunos como Suiza y Noruega las han hecho públicas (6) mientras que
otros países se hallan poco inclinados a que las conozcan sus
ciudadanos.
No se sabe sin embargo gran cosa del contenido de las negociaciones
ni de los términos generales del acuerdo, ya que se desarrollan dentro
del “mayor secreto y al margen de los derechos democráticos”, subraya
Rosa Pavanelli. En febrero de 2013, la Comisión Europea solicitó al
Consejo, representante de los Estados miembros, dar libre paso alas
discusiones. La apertura de las negociaciones fue inmediatamente
validada por el Parlamento Europeo en julio de 2013 por 536 votos a
favor y 111 en contra (7), con los votos franceses del PS y del UMP.
Frente de Izquierda y ecologistas votaron en contra. En su resolución
el Parlamento lamenta sin embargo que el Consejo haya adoptado una
decisión sin tener en cuenta la opinión de los diputados. Y observa
que: “el mandato de negociación de la UE fue propuesto por la Comisión
y adoptado por el Consejo sin haber sido analizado el impacto”. Algo
que no ha impedido ser votada por una amplia mayoría…¡Cuando están en
juego los intereses económicos, la democracia se vuelve facultativa!
Los lobbies industriales han sido consultados, pero los ciudadanos no
Wikileaks acaba de aclarar un poco la opacidad que reina en estas
negociaciones, divulgando el anexo del acuerdo relacionado con los
servicios financieros. De acuerdo con ese documento, especialmente
redactado por los EE.UU. y Europa, las propuestas han sido clasificadas
como confidenciales durante “cinco años a partir de la entrada en vigor
del ACS o si no se ha llegado a ningún acuerdo cinco años después del
cierre de las negociaciones”, el documento establece que su divulgación
no está autorizada y que el texto debe ser “guardado en una
construcción, una habitación o un contenedor cerrado y asegurado”.
Es evidente que los lobbies de la industria y los servicios tienen
mucho más acceso a las informaciones que los ciudadanos y sus
representantes: la Global Service Coalition ha enviado sus delegados a
Ginebra con ocasión de las negociaciones de abril de 2014. Y se
felicita en un comunicado de haber podido confirmar su apoyo sin
reticencias al proceso y haber compartido sus puntos de vista con los
negociadores.
Un acuerdo con muchas expectativas para las empresas
Lo menos que puede decirse es que las multinacionales de los países
involucrados se hallan muy motivadas por las expectativas del acuerdo:
“Las caídas del TISA podrían ser enormes para las empresas del sector
servicios, explica la Cámara de Comercio de los EE.UU., está convencido
de que las actuales negociaciones son “una oportunidad única para
demoler los obstáculos al comercio internacional”. “Este palpitante
nuevo acuerdo tiene el potencial de inflar el crecimiento económico y
la creación de empleos en los EE.UU. y en el exterior”, señala la
Cámara de Comercio. Un acuerdo tan “palpitante” que podría duplicar las
exportaciones de servicios de los EE.UU. con una ganancia de 869.000
millones de dólares y 3 millones de empleos (8). Pero esta es la
teoría. ¡Se esperan siempre centenares de miles de empleos que la
apertura a la competencia posibilitaría a diferentes sectores de la
Unión Europea!
¿Qué es lo reclaman las empresas y sus representantes? Los países
que firmen el acuerdo deberán en primer término eliminar las
regulaciones consideradas barreras comerciales “Si reconocemos la
necesidad de algunas regulaciones (para la seguridad nacional, la
protección de los datos…) deberían establecerse límites y parámetros
para su aplicación”, afirma el lobby estadounidense de las industrias
de servicios. Su bestia negra: la distorsión de la competencia entre el
sector público y privado. “La competencia desleal por parte de las
empresas subvencionadas o mantenidas por el Estado, de las empresas
públicas o controladas por los Estados constituyen un obstáculo cada
vez más importante para la provisión de los servicios por parte de las
empresas estadounidenses en muchos mercados”. Se trata de proteger al
sector privado “contra los comportamientos anticompetitivos de las
empresas publicas”, alega igualmente la Cámara de Comercio de los EE.UU.
El lobby estadounidense del sector desea abolir toda preferencia
nacional, obligaciones de localización o las cuotas de empleados
locales. Y liberalizar mucho más los sectores de los medios y de la
diversión “Ningún país debería estar autorizado a introducir nuevas
restricciones o excepciones que deroguen o debiliten los compromisos
existentes del AGCS”, sugiere (9). Los representantes de las empresas
solicitan que el acuerdo incluya un mecanismo de regulación de los
diferendos. Es decir, el establecimiento de tribunales de arbitraje
privados para solucionar los litigios, en el marco de una jurisdicción
extranacional, donde los intereses privados son ley (10). Suiza, en la
última ronda de negociaciones, ha redactado una propuesta en tal
sentido.
Congeladas las regulaciones financieras
El acuerdo también incluye los servicios financieros. Y podría
provocar importantes consecuencias sobre el sector. A pesar de la
crisis bancaria, los promotores del TISA tratar de eliminar aún más las
reglamentaciones de los mercados mundiales de servicios financieros”,
analiza Wikileaks. El anexo referente a los servicios financieros
permanece aún en secreto “es una propuesta que solo puede gustar a los
banqueros”, denuncia el abogado Lori Wallach de la ONG estadounidense
Public Citizen: el principio del statu quo mencionado en este anexo
impediría, por ejemplo, establecer nuevas reglamentaciones financieras,
consideradas necesarias por los gobiernos, dado que constituirían
restricciones a las empresas involucradas. Resultado: el acuerdo
congelaría las regulaciones financieras en el estado actual, algo
totalmente insuficiente para prevenir nuevas crisis bancarias, estima
el abogado. De donde se deduce el riesgo de inestabilidad financiera en
los años futuros.
También se ve en este anexo la firme voluntad de los EE.UU. de
lograr la liberalización de los flujos de datos. Es decir, permitir sin
trabas el intercambio de datos personales y financieros entre países.
Una amenaza para las libertades fundamentales, porque muchos de los
países que participan en estas negociaciones, en lo referente a
protección de datos, son mucho menos exigentes que Europa. El lobby
internacional de servicios desea lograr una disposición que obligue a
las autoridades públicas a justificar todas las medidas que podrían
restringir la transferencia de datos entre países (11).
¿Un acuerdo extensivo a todo el planeta?
“Lo que resulta terriblemente inquietante, es que el ACS está siendo
negociado fuera del marco comercial multilateral por los países más
inclinados a la liberalización, que no esconden su voluntad de
arrastrar en este acuerdo, una vez concluido, al resto del mundo”,
explica Rosa Pavanelli. Los negociadores tratan de que este acuerdo sea
compatible con el marco de la OMC. O en el idioma de la Comisión
europea: “Velar porque la estructura del acuerdo permita una futura
multilateralización”. Un modo de permitir a los 50 países signatarios
presionar sobre los demás miembros de la OMC para que acepten estas
reglas (12). Como para debilitar la posición de los BRICS –Brasil,
Rusia, India, China y Sudáfrica– excluidos, por el momento, de las
negociaciones o de países africanos completamente ignorados.
Se ha formado un comité “Stop TISA” y se ha lanzado un pedido. Una
carta firmada por 340 organizaciones no gubernamentales en la que
expresan su oposición a estas negociaciones y se envió en 2013 a los
ministros de Comercio. En vista de los desafíos democráticos,
económicos y políticos, así como la opacidad de estas negociaciones,
las movilizaciones podrían aumentar en los meses próximos.
Notas
1) Australia, Canada, Chile, Colombia, Corea, Costa Rica,
Estados-Unidos, Hong Kong, Islandia, Israël, Japon, Liechtenstein,
Mexico, Noruega, Nueva-Zélanda, Pakistan, Panama, Paraguay, Perú,
Suiza, Taïwan, Turquia, más los 28 paises de la Union Europea.
2) “El TISA se está negociando fuera del marco de la OMC sobre la base
del artículo V del Acuerdo General sobre Comercio y Servicios (AGCS)
Sobre esa base diferentes países pueden bajo ciertas condiciones
ampliar entre ellos la liberalización del comercio de servicios, más
allá de lo que establece la OMC, sin que esta liberalización
preferencial sea sometida a la cláusula de nación más favorecida del
AGCS”, Fuente: Secretaría de Estado de Economía, Suiza.
3) Correo del Comisario Europeo de Comercio, 10 de setiembre de 2013
4) «It was agreed that commitments on national treatment would in
principle be applied on a horizontal basis to all services sectors and
modes of supply, i.e. the understanding on national treatment would be
closer to the GATT model. Exemptions to this horizontal application
would have to be listed in the countries’ national schedule of
commitments. Participants in the negotiations might also agree that
commitments would in principle reflect actual practice (the «
standstill clause ») and that future elimination of discriminatory
measures would be automatically locked in (the so-called « ratchet
clause ») unless an exemption were listed. » Memo de la Comisión
europea Negotiations for a Plurilateral Agreement on Trade in services,
15 de febrero de 2013
5) Ver la cronología de las negociaciones en los sitios de los ministerios suizo y australiano.
6) Ver la oferta de Suiza publicada en el sitio del ministerio de Economía (SECO) el de Noruega y el de Islandia.
7) Ver el texto votado y el detalle de la votación. El Consejo había
otorgado mandato a la comisión europea en marzo de 2013 para negociar
en nombre de la UE.
8) “Eliminating barriers to trade in services could boost U.S. services
exports by as much as $860 billion—up from 2012’s record $632
billion—to as much as $1.4 trillion, according to the Peterson
Institute. Such a dramatic increase could create as many as three
million American jobs. »
9) Fuente: Comunicado de la Cámara de Comercio de los Estados-Unidos.
10) Ver sobre este tema nuestro artículo sobre las negociaciones del Acuerdo Comercial Transatlántico TAFTA/ttip
11) « However, the agreement should include a commitment that when an
act, policy or practice of a relevant authority seeks to restrain
cross-border data transfers or processing, that authority must
demonstrate that the restriction is not an unnecessary restraint of
trade or investment in light of alternative means by which to achieve
the objective of protecting the identity of the customer, security of
the data or the performance of prudential oversight. », Comentarios de
la Coalición de industrias de servicios (CSI) por pedido de la Oficina
de Representantes comerciales sobre el acuerdo TISA, 26 de febrero de
2013
12) Especialmente los 129 países miembros de la Organización Mundial de
Comercio (OMC) que han asumido compromisos en función del Acuerdo
General sobre Comercio y Servicios ( AGCS),
Ramón Trujillo, coordinador de Izquierda Unida Canaria (IUC), afirma que “la reforma electoral, para que los ayuntamientos sean gobernados por la lista más votada, muestra que el PP está en guerra contra la democracia porque sabe que para mantener sus recortes sociales hay que recortar la democracia”.
