miércoles, 18 de abril de 2012

“¿Piensa el Gobierno solicitar información sobre los patrocinadores de la cacería del rey en Botsuana, quién la pagó y cuánto costó?”

IU registra varias preguntas para que el Gobierno detalle los datos de la cacería del Rey y promueve una ley para que deba informar de todos sus viajes fuera de España. El trabajo parlamentario se concreta en una proposición no de ley y en una batería de preguntas escritas dirigidas al Ejecutivo presentadas por los diputados José Luis Centella, Ricardo Sixto y Gaspar Llamazares

Izquierda Unida, a través de su grupo parlamentario, ha registrado varias iniciativas parlamentarias, entre las que está incluida una proposición no de ley y una batería de preguntas dirigidas al Gobierno en relación al viaje del rey Juan Carlos a Botsuana para realizar una cacería. En este viaje el jefe del Estado sufrió un accidente que obligó a su regreso a España y a una posterior operación de cadera. La proposición no de ley, registrada por los diputados José Luis Centella y Gaspar Llamazares tanto en Pleno como en la Comisión de Justicia, insta al Gobierno a “promover un Proyecto de Ley que obligue al jefe del Estado a comunicar oficialmente al Gobierno, con el suficiente plazo de antelación, su intención de viajar fuera de territorio nacional, tanto en viajes oficiales como en viajes privados”.

Además, completando lo adelantado ayer en rueda de prensa por el coordinador federal de IU, Cayo Lara, esta iniciativa se amplía con una batería de preguntas dirigidas al Gobierno para su respuesta escrita registradas por los parlamentarios Ricardo Sixto y Gaspar Llamazares. El diputado por Valencia reclama datos sobre si “¿Piensa el Gobierno solicitar a la Casa Real información sobre los patrocinadores de la cacería del rey en Botsuana, quién la pagó y cuánto costó?”

Dado que aún se desconoce la procedencia exacta del dinero con el que se realizó este viaje, Sixto pide también al Ejecutivo que informe sobre el “coste de la cacería para los ciudadanos que pagan sus impuestos, sobre el coste del viaje, estancia y participación en la cacería, incluido el desplazamiento eventual de escoltas y del médico del jefe del Estado durante cinco días?”

El diputado valenciano completa su iniciativa interrogando sobre si “¿Piensa el Gobierno solicitar a la Casa Real si Juan Carlos I ha realizado durante los últimos años algún tipo de gestión para favorecer los negocios de los patrocinadores de la cacería?”

Por su parte, Gaspar Llamazares pregunta, entre otras cuestiones, “¿Cuándo, exactamente, conoció el Gobierno o su presidente las fechas, el país y el objetivo del viaje?” y si “¿Manifestó el presidente del Gobierno al rey alguna opinión acerca de ese viaje programado?”

Además de una serie de cuestiones detalladas sobre el posible coste del viaje y sus participantes, el diputado por Asturias de IU plantea también al Ejecutivo de Mariano Rajoy que una vez conocido el desplazamiento “¿Cuál fue su valoración en relación con las repercusiones en materia de oportunidad política, necesaria prudencia que debería observar un jefe de Estado, riesgo para la integridad física del rey, coste del viaje en relación a la actual crisis económica, impacto en la sensibilidad de la opinión pública, impacto en la sensibilidad de la opinión pública contraria a la caza de animales como los elefantes”.  

Llamazares también reclama al Ejecutivo que especifique las razones por las que en el viaje que el rey realizó a Kuwait del 2 al 4 de abril “el jefe del Estado no fue acompañado, como es preceptivo, por el ministro de jornada o, en su caso, por el propio presidente del Gobierno?”

Todas estas iniciativas parlamentarias deberán ser calificadas por la Mesa del Congreso la próxima semana. El máximo órgano de gobierno de la Cámara Baja ya vetó hace dos meses, a iniciativa del PP y de CiU, una serie de preguntas relacionadas también con el monarca. Éstas se referían a las revelaciones hechas por un semanario alemán sobre las valoraciones que realizó el embajador de Alemania en Madrid en 1981 en relación con el papel del rey en el golpe de Estado del 23-F. La Mesa del Congreso las rechazó por dos veces con el argumento de que eran asuntos ajenos al Ejecutivo.

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