Acabo de bajar de la tribuna, de interpelar al ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, sobre la fracturación hidráulica o “fracking”. Ventajas de llevarlo escrito: aquí tenéis mi intervención, sin más demora. Mañana subiré la transcripción de mi turno, el del ministro y las réplicas. El primer debate en el Congreso de los Diputados sobre esta técnica de extracción tan controvertida ha empezado así:
Sr. Presidente, Señorías, Sr. Ministro:
En los últimos tiempos se está desarrollando en el Estado español una técnica de extracción de hidrocarburos muy polémica, que implica graves afecciones ambientales y para la salud. Me refiero a la fracturación hidráulica, más conocida como «fracking», que está proliferando con la autorización de su Gobierno, en un clima de oscurantismo y sin realizar las obligadas evaluaciones de impacto ambiental. Y todo ello a pesar de las llamadas a la precaución procedentes de instituciones europeas y de otros estados. Y a pesar de que algunas Comunidades Autónomas ya se han pronunciado en contra de esta técnica. Por eso, hoy le interpelo, Sr. Mtro.
Empecemos por el principio. Las grandes corporaciones energéticas, ante el previsibleagotamiento de los yacimientos convencionales de combustibles fósiles (gas y petróleo), en lugar de impulsar un cambio de modelo basado en fuentes renovables y limpias, se están dedicando a buscar nuevos yacimientos de combustibles fósiles y nuevas formas tecnológicas para explotarlos. Intentan prolongar el pasado en vez de encarar el futuro. Y ahí surge la fracturación hidráulica o «fracking» con el objetivo de explotar yacimientos cada vez más difíciles, más caros, con menor rendimiento y, además, con mayores impactos ambientales. En suma, tan solo para ganar tiempo y con un coste elevadísimo para nuestra sociedad.
La fracturación hidráulica permite extraer gases y petróleos no convencionales que se encuentran en rocas subterráneas poco porosas y poco permeables, fundamentalmente se trata de esquistos y pizarras (por eso se habla de gas de esquisto o gas de pizarra). La técnica para liberar esos gases y llevarlos a la superficie consiste en fracturar la roca, primero verticalmente (2.000 o hasta 5.000 metros) y luego horizontalmente (unos 3 o 4 km), mediante explosiones y, sobre todo, mediante la inyección de enormes volúmenes de agua con arena a alta presión (una presión de 100 millones de Pascales, esto es, mil veces la presión atmosférica), y además con una gran cantidad de productos químicos disueltos en el agua, algunos altamente biotóxicos (aunque las empresas se niegan a informar de cuáles son esos productos).
El enorme consumo de agua no es un problema menor en este caso. Es cierto que también se utiliza agua para obtener hidrocarburos convencionales, pero en el caso del fracking este consumo se dispara. Estamos hablando de una inyección continua de unos 300 l/s. De esta forma, el consumo total de un pozo de “fracking” puede oscilar entre los 7 y los 20 millones de litros de agua, frente a los 75.000 a 300.000 litros de agua para un pozo convencional. Por tanto, el consumo de agua en el fracking casi se multiplica por 100. Una auténtica barbaridad.
Por otra parte, hay que tener en cuenta las consecuencias de las sustancias que se introducen en el agua para que las fracturas no se cierren una vez rota la roca. Se trata aproximadamente de 380.000 litros de compuestos químicos con diversos grados de toxicidad. Es cierto que la composición exacta de estos productos constituye un secreto industrial, pero los estudios que se ha realizado en EEUU en zonas donde se desarrolla el fracking han detectado niveles extremadamente altos de compuestos orgánicos volátiles tóxicos y carcinógenos, como benzeno, tolueno, xilenos, naftalenos y disulfuro de carbono, así como otros 35 compuestos químicos diferentes.
De todo el volumen de agua con sustancias peligrosas que se inyecta en el subsuelo solo se recupera entre el 50 y, en el mejor de los casos, el 70%. Tengamos en cuenta la cantidad de agua con sustancias que se queda contaminando el subsuelo, con el consiguiente riesgo de contaminar los acuíferos, y con las peligrosas consecuencias que eso tiene para la vida. También habría que considerar que el agua con sustancias que se ha recuperado tras el fracking se almacena durante tiempo indefinido, sin saber cuál será su destino final. Sobre los riesgos del almacenamiento, basta con recordar la experiencia de la rotura de la balsa con compuestos químicos de la empresa Boliden en Aznalcóllar en el Parque de Doñana en 1998.
A la contaminación de acuíferos y del propio subsuelo, también hay que añadir la contaminación del aire: Las rocas suelen contener metales pesados (mercurio, plomo…) y radón, radio o uranio, elementos radiactivos que pueden llegar a la superficie. Y tampoco pueden subestimarse las fugas frecuentes de gas metano cuyo efecto invernadero es cuatro veces más potente que el CO2.
Otro riesgo a tener en cuenta es el relacionado con los movimientos sísmicos, lo que incrementa el riesgo de daños en los pozos con las consiguientes fugas. En EEUU se ha estudiado la relación entre el fracking y 800 seísmos que se produjeron en apenas 6 meses. En Gran Bretaña en 2010 hubo 2 pequeños terremotos en el condado en Lancashire, y por eso se aplicó una moratoria, si bien se ha levantado hace muy pocos días, pero añadiendo nuevas exigencias de control para reducir riesgos. Por añadir otro dato, en España se han publicado estudios científicos que relacionan el vaciado del acuífero sobre el que se asienta la ciudad de Lorca con el incremento del efecto devastador del terremoto de 2011.
Por cierto, la experiencia de EEUU, donde llevan dos décadas practicando la fractura hidráulica de forma frenética y con una regulación muy laxa o sin ella en 24 estados como Colorado, Utah, Wyoming o Texas, nos permite hoy comprobar las consecuencias: las repercusiones sanitarias y ambientales que se han acumulado y combinado en las comunidades y en los trabajadores de los pozos, donde encontramos problemas de salud crónicos, por contaminación del aire y del agua. Y también repercusiones socioeconómicas en esas comunidades al haber sustituido economías más sostenidas basadas en la agricultura y el turismo por ciclos de expansión y receso con el desarrollo del fracking.
Por eso en EEUU surgieron los primeros movimientos ciudadanos contra esta técnica y se produjeron las primeras decisiones de las administraciones: Algunos estados, como Nueva Jersey, Nueva York o Pensilvania han aprobado moratorias.
A medida que el uso de esta técnica se ha extendido, el debate se ha hecho global y hoy vemos que se ha prohibido el «fracking» en Francia, Irlanda y Canadá, mientras que otros estados han establecido moratorias como Australia, Bulgaria o Sudáfrica, además del caso británico que ya he citado antes.
¿Y qué ocurre aquí? Pues en el Estado español están proliferando las solicitudes de permiso de exploración de hidrocarburos no convencionales y podemos encontrar proyectos allá donde miremos, repartidos por todo el territorio, y generalmente en zonas de alto valor ambiental, lo que ha despertado la inquietud de los vecinos de las poblaciones afectadas y las denuncias de los movimientos ecologistas y de defensa del territorio: en Euskadi (en Subijana de Álava), en Cantabria (en la Mancomunidad de Saja-Nansa), en Asturias (en Villaviciosa y Cabranes), en Castilla y León (en distintos parajes de Palencia, Valladolid, Burgos o Soria), en Andalucía (en comarcas de Sevilla, Jaén, Cádiz o Córdoba), en Cataluña (en las comarcas de Osona o de Ribagorça) y en Aragón (en todas las comarcas pirenaicas, Jacetania, Serrablo, Sobrarbe y Ribagorza, además del Somontano, La Llitera o el Maestrazgo turolense). En el caso de Aragón, las solicitudes suponen más del 11% del territorio aragonés, lo que da idea de la magnitud del problema desde una óptica territorial.
Esta expansión vertiginosa del fracking no solo alarma a los vecinos de los municipios afectados, también ha provocado decisiones en algunas de las administraciones públicas implicadas. Recientemente el Gobierno de Cantabria ha anunciado su voluntad de prohibir el uso de la fracturación hidráulica en su territorio. También las Cortes de Aragón, a iniciativa de CHA, acaban de declarar, ¡ojo, por unanimidad!, Aragón territorio libre de «fracking». Hay por tanto Comunidades Autónomas que están buscando fórmulas legales para prohibir esa técnica en sus respectivos territorios, pero chocan con un obstáculo serio, porque muchos de esos proyectos (o la mayoría de ellos) afectan a más de una comunidad y entonces la competencia es estatal. No basta entonces con que las Comunidades Autónomas se nieguen a autorizar esos permisos. Además, aunque una Comunidad Autónoma lo prohibiera en su territorio, no puede impedir que se practique en el territorio de al lado, como sería el caso del proyecto del Maestrazgo entre Teruel y Castellón, o entre la Ribagorza aragonesa y la catalana, o entre Jacetania y Navarra). La contaminación no conoce fronteras, por eso el debate tiene que ser estatal.
Además, el hecho de que muchos de estos yacimientos se ubiquen en la cabecera de un río como el Ebro añade un punto más de inquietud: Un escape que contaminara el río en su cabecera tendría unas consecuencias catastróficas aguas abajo para todos los cultivos y ecosistemas hasta la desembocadura. Lo mismo ocurriría con una contaminación del acuífero que se extiende por debajo del río.
Infinidad de informes científicos señalan los riesgos que entraña el fracking, lo que exigirían a los gobiernos más prudencia, a pesar de lo cual no existe todavía una Directiva europea al respecto y cada estado de la Unión Europea tiene libertad para decidir. Pero mal harían esos gobiernos si ignoraran el informe de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria del Parlamento Europeo, en el que se concluye que el fracking tendría efectos devastadores sobre el territorio, se señalan los riesgos de contaminación del agua potable y los efectos negativos para la salud humana, por lo que se recomienda su regulación mediante una nueva Directiva y se exige que, al menos, se hagan públicos los componentes que se emplean en los pozos de perforación. A nuestro juicio, la no revelación de estos compuestos y de los riesgos que entrañan estaría violando la Ley de Acceso a la Información en materia de medio ambiente.
Recientemente el Parlamento Europeo ha debatido diversas iniciativas y ha aprobado una resolución en favor de la cautela y de extremar las medidas de seguridad y el respeto al medio ambiente.
Este es el contexto en el que le emplazo, Sr. Ministro, a que explique ante esta Cámara y ante el conjunto de la sociedad española cuál es y cuál va a ser en adelante la política de su Gobierno en relación con el desarrollo en España de la técnica de extracción de gases no convencionales denominada fracturación hidráulica o «fracking», a pesar de las negativas consecuencias que conlleva para la salud y el medio ambiente. ¿Va a continuar autorizando todas las solicitudes que se le plantean? ¿O va a aprobar una moratoria para el desarrollo de esta técnica aplicando el principio de precaución? ¿Va a exigir que se realicen evaluaciones de impacto ambiental en todos los proyectos, como marca la Directiva europea respectiva? ¿Va a exigir nuevas medidas de control y de transparencia? ¿Va a continuar permitiendo que las empresas oculten los componentes químicos que se disuelven en el agua que se emplea en los pozos de fracking? ¿Va a respetar la voluntad expresada por diversos gobiernos y parlamentos de CCAA que no quieren que se aplique el fracking en sus respectivos territorios?
Espero que sus respuestas sean claras, Sr. Ministro.
Gaspar Llamazares @GLlamazares
Interpelamos sobre el Fracking o fractura hidráulica para extraer gas esquisto o pizarra. Derroche de agua a presión y compuestos tóxicos. Chesús recuerda Bolidén para alertar sobre el peligro de las balsas relacionadas con el Fracking. El fracking prolifera en Cantabria, Euskadi, Aragón, Cataluña. Algunas de ellas se niegan a autorizar los permisos. Chesús hace un llamamiento a la precaución, después del informe del parlamento europeo sobre el Fracking,
Alguien tiene que decirlo. Hoy, 21 de diciembre de 2012, no se va a acabar el mundo. La profecía maya se equivocó de fecha. El fin del mundo comenzó el 21 de diciembre… pero de 2011, cuando fue investido Presidente del Gobierno español Mariano Rajoy. Desde entonces hemos avanzado a un ritmo vertiginosos hacia atrás, retrocediendo treinta o cuarenta años en derechos sociales, libertades ciudadanas, pureza democrática y desarrollo autonómico. Es una cuádruple involución de la que hablo en el artículo Un año de involución publicado en el último número de la revista de pensamiento aragonesista El Ebro, que esta tarde a las 20 h. presenta la Fundación Gaspar Torrente en el salón del Instituto Fernando el Católico (DPZ, c/ Cinco de marzo, 8, Zaragoza), como colofón a lasJornadas sobre modelo de estado “Aragón y la crisis”. La revista aborda monográficamente el impacto de la crisis en Aragón y mi artículo se centra en la valoración política del primer año del gobierno Rajoy. Os recomiendo que adquiráis la revista por su enorme interés. Para abrir boca, aquí os podéis descargar en pdf mi artículo: Un año de involución. Pincha Aquí
