Si el pueblo griego dice “no” en el referéndum del día 5 de julio y rechaza el acuerdo la pelota quedaría en el tejado de la Troika.
Ya varios meses antes de que Syriza llegase al gobierno muchos ciudadanos griegos comenzaron a acudir a sus bancos a retirar parte de sus ahorros debido al miedo que los grandes medios de comunicación generaban a tenor de la posible victoria electoral de la izquierda radical. En realidad en Grecia no había cambiado nada, pero sólo el hecho de esos temores creados y difundidos por los grandes intereses económicos y mediáticos nacionales e internacionales (contrarios a Syriza) estaba provocando que los bancos griegos se quedasen sin dinero porque demasiada gente estaba llevándose sus ahorros a sus casas o a otros bancos extranjeros. Frente a ello, el Banco Central Europeo (BCE) activó un mecanismo de emergencia para que todos los bancos griegos pudieran disponer de tantos euros en efectivo como fuese necesario.
Tras la victoria de Syriza, la élite económica y mediática alimentó el miedo todavía más, y la cantidad de ahorros retirados de los bancos griegos fue en aumento. Para evitar que se secasen, el BCE continuó permitiendo que los bancos pudieran acceder a tantos euros como necesitasen. Así, desde finales de 2014, el BCE ha estado suministrando euros a todas las entidades bancarias griegas para cubrir las necesidades de sus clientes. Y lo ha estado haciendo sin descanso…hasta el día de hoy, lunes 29 de junio.
Tras el anuncio del primer ministro griego de convocar un referéndum el 5 de julio para que sea el pueblo el que decida si aplicar o no las medidas de austeridad que les impone la Troika, el BCE ha cambiado de estrategia y ha cerrado el grifo que permitía a los bancos griegos operar. En consecuencia, los bancos no van a tener suficiente dinero en efectivo para atender a todas las retiradas de ahorros que se produzcan. Para evitar que algunas personas saquen todo sus ahorros y otras personas no puedan sacar nada, el gobierno griego ha establecido un control de capitales, de forma que durante una semana los ciudadanos griegos no puedan sacar más de 60 euros en efectivo al día. Así se asegura que todo el mundo pueda sacar al menos algo de dinero. Ahora bien, se pueden realizar pagos sin límites utilizando tarjetas de crédito y también a través de internet, siempre que las compras y transferencias sean internas y el dinero no salga del país.
El gobierno griego le ha pedido al BCE que mantenga abierto el grifo de dinero a los bancos al menos hasta el día del referéndum, para que los ciudadanos puedan votar libremente en democracia y no chantajeados por el miedo, pero la respuesta ha sido negativa. No hace falta ser muy perspicaz para entender de que esta nueva maniobra del BCE pretende presionar (aún más) a la ciudadanía griega, de forma que finalmente se acepte el acuerdo en el que se recogen las medidas de austeridad. Se puede considerar un chantaje en toda regla, y de los más salvajes.
Con respecto a la posible salida de Grecia del euro el asunto responde a otros elementos y a otras fechas. Mañana martes 30 de junio acaba el plazo para que el gobierno griego devuelva 1.600 millones de euros al FMI, pero como no ha aceptado el acuerdo con la Troika, no dispone de suficiente dinero para realizar el desembolso. Si no se llega a un acuerdo antes del martes (las instituciones europeas están actualmente reunidas y afirman que ése es su deseo), el gobierno griego no pagará al FMI. Pero el impago al FMI no está considerado como evento de default a nivel técnico, al ser un acreedor individual y su deuda no transable, de forma que no se activarían las cláusulas de los CDS (productos financieros en los que se “apostó” a que Grecia entraría en default), que es lo que seguramente desencadenaría una crisis importante a nivel europeo (y quizás a mayor nivel).
Por lo tanto, los ojos están puestos en el día del referéndum: el día 5 de julio. Si el pueblo griego dice “sí” y acepta el acuerdo de la Troika, el problema económico volvería a su cauce habitual: más austeridad para Grecia pero dentro del euro. En todo caso el problema sería de carácter político, pues cabe suponer que el gobierno de Syriza no se sostendría y probablemente Tsipras dimitiría. En cambio, si el pueblo griego dice “no” y rechaza el acuerdo, la pelota quedaría en el tejado de la Troika: podría hacer concesiones y reconducir el asunto o, en cambio, podría directamente romper relaciones con el gobierno griego, de forma que el impago se declararía como muy tarde el 20 de julio (se cumple el plazo para devolver dinero al BCE) y muy probablemente la salida de Grecia de la Eurozona.
El Parlamento Europeo aprobó el miércoles la propuesta estrella del presidente de la Comisión para el “impulso definitivo” de la economía europea: el Plan Juncker. Pero este plan de supuestas inversiones no sólo será incapaz de impulsar la economía europea, sino que constituye una operación política con la que se sepultará el verdadero debate sobre la necesidad de inversión pública en la UE.
La inversión pública ha supuesto en las economías de mercado una de las principales herramientas empleadas a lo largo del siglo XX para la creación de empleo y el desarrollo industrial. Sin embargo, desde la crisis de los años setenta, los especuladores de Wall Street han desarrollado una serie de argumentos para justificar el nuevo rol de la inversión pública.
Esta ideología ha transformado por completo el objetivo tradicional de la inversión pública en las economías keynesianas. Desde las revueltas por su mantenimiento durante los ‘años dorados’ del Gobierno de Margaret Thatcher, hasta la proliferación masiva de infraestructuras innecesarias en España, las clases sociales han tratado de apropiarse, con desigual resultado, de este instrumento público de desarrollo.
Lo que el Plan Juncker representa es la apropiación definitiva de este instrumento, esta vez en beneficio del capital financiero. Sus implicaciones son mucho más profundas que un mero plan de inversión fracasado, pues cerrará las puertas a un verdadero debate sobre la inversión pública a nivel de la UE en el momento en el que resulta más necesario.
Este fondo pretende atraer hasta 300.000 millones de inversión a través del modelo del consorcio público-privado que el Banco Europeo de Inversiones (BEI) desarrolló en Castor. Pese a este atractivo anuncio, no parece que en países como España este plan vaya a tener un gran efecto expansivo, pues no sólo su constitución implica nuevos e importantes recortes en proyectos europeos de innovación (Horizonte 2020) o de transporte, sino que al limitarse a financiar proyectos “económicamente viables”, se limita a subsidiar iniciativas que ya iban a ser ejecutadas con o sin la ayuda de Juncker.
Para ello, el plan amplía la iniciativa del BEI “Bonos Europa 2020”, aprobada en 2012. Este programa permitió al BEI fomentar consorcios público-privados con los que atraer el capital especulativo abundante en los mercados financieros. Pero la clave para esta atracción fatal es la garantía que el sector público asume para que, en caso de cualquier posible desavenencia, el Estado y la UE respondan de las pérdidas ocasionadas a los inversores.
Esta garantía es la que en el caso de España se ha materializado en la indemnización de 1.350 millones de euros a los inversores de Castor. Si este tipo de bonos mantiene muy buenas referencias entre las agencias de rating, no es por su contribución a la inversión real, es porque los inversores ven cubiertas sus pérdidas gracias al dinero de los contribuyentes.
Este es el concepto al que la Europa neoliberal pretende reducir la inversión pública, a una mera garantía para cubrir el riesgo de los inversores en sus negocios privados. Esta es la lógica que yace tras el debate sobre el Plan Juncker, que en vez de impulsar la economía del continente, se lanza a proteger a los inversores financieros de los peligros de la crisis que sus propias actividades precipitan. Esta es la lógica verdadera del citado plan que acarreará graves riesgos para las arcas públicas europeas en aras de resultar ‘atractivos’ al capital trasnacional.
Nosotros, como Izquierda Unida, no damos nuestro brazo a torcer y no renunciamos a la inversión pública como instrumento de desarrollo y creación de empleo. Nosotros continuamos compartiendo la propuesta de los sindicatos europeos de un verdadero plan de inversión pública de 300.000 millones de euros para impulsar la demanda agregada y luchar contra la pobreza y el desempleo en Europa.
Mientras los fondos públicos se desvían mediante el BEI a rescatar proyectos privados o a facilitar el lavado de dinero -como ya ocurriera, con el citado caso Castor-, se sigue argumentando que faltan recursos para recortar los derechos de los trabajadores y trabajadoras.
No creemos en este mantra y vamos a seguir denunciando su falsedad. El Plan Juncker es una nube de humo para confundir el debate y ocultar la realidad. Sin inversión pública no podremos salir de la crisis económica. Esta afirmación sí supondría el cuestionamiento del marco neoliberal, pero buena parte de los líderes europeos prefieren asistir al fin de la Unión Europea antes que al fin de su ideología.
El fracaso del diálogo no sería el único escenario catastrófico: el éxito en las negociaciones podría conducir a un resultado tanto o más dañino.
El fracaso de las negociaciones actuales entre las instituciones y Grecia, terminando en suspensión de pagos del país heleno, no sería el único escenario catastrófico. Aunque a primera vista pueda parecer paradójico, lo que sería considerado el "éxito" de las conversaciones por parte de las instituciones podría llevar a un resultado tanto o más dañino para Grecia y Europa.
De hecho, si por "éxito de las negociaciones" entendemos, como afirman cada vez más comentaristas en toda Europa, que el gobierno griego finalmente "entraría en razón" y aceptaría las premisas de las peticiones del Eurogrupo y de la Troika, hay que saber que este supuesto éxito tiene muchas probabilidades de tener efectos tan devastadores, o incluso más, que un fracaso de las negociaciones entre las partes, y no solo para la sociedad griega, víctima de una crisis humanitaria sin tregua desde hace ya casi seis años, sino también para el resto de contribuyentes europeos.
Las peticiones del FMI y de los interlocutores europeos se basan en el éxito de la conclusión del programa actual en la fecha límite prevista de finales de junio para poder llevar a cabo el desbloqueo del tramo de nuevos préstamos por un valor de 7200 millones de euros, que permitirían a su vez a Grecia saldar sus deudas con el BCE y el FMI. Los parámetros de las instituciones, para que este desbloqueo sea posible, suponen que el gobierno griego y sus acreedores se pongan de acuerdo sobre un conjunto de condiciones relativas a las reformas de las instituciones y los mercados en Grecia, y sobre las medidas de saneamiento presupuestario destinadas a iniciar el camino de la reducción sostenible de los coeficientes de deuda pública. El debate sobre una posible nueva reestructuración de la deuda griega se dejaría para “más adelante”. Dicho de otro modo, se dejarían para después de la aplicación de las reformas que permitirán restaurar la confianza entre los socios.
Más concretamente, las medidas de consolidación presupuestaria solicitadas por los acreedores deberán significar en 2015 un esfuerzo total que permita un superávit primario del 1%. La Troika y el Eurogrupo han identificado dos objetivos principales para poder realizar dicho esfuerzo: el IVA y el sistema de pensiones. La Comisión Europea ha sugerido en las últimas horas que otras medidas que permitan alcanzar el mismo objetivo podrían resultar aceptables para los acreedores siempre que el esfuerzo presupuestario conserve la misma magnitud y, evidentemente, que las medidas alternativas resulten “creíbles”.
Esta auto-proclamada flexibilidad va acompañada de lo que los demás países europeos describen como una “gran concesión” hecha a Grecia, al reducirse la trayectoria de superávit primario para los próximos años (es decir, los objetivos relativos a los ingresos públicos menos los gastos, excluidos los cargos por intereses de la deuda pública). Sin embargo, se trata más bien de una concesión a la realidad que a Grecia, ya que la trayectoria de superávit prevista anteriormente se ha vuelto simplemente irrealizable en el contexto actual.
Estos dos elementos, "flexibilidad" en las medidas par alcanzar la consolidación exigida y la rebaja del objetivo de superávit primario, se repiten como un mantra en todos los medios como muestras tangibles de la "voluntad de acuerdo" de los socios europeos y el FMI y son invocados para pedirle al gobierno griego que entre en el juego, y que haga gala de "realismo" y de sentido de la responsabilidad mientras nos acercamos peligrosamente a la fecha límite de finales de junio.
Sin embargo, esta retórica aparentemente razonable se basa en la repetición de un mismo error de partida o, si queremos ser menos amables, en la constante negación de la realidad y lo que es aún peor, en la misma mala fe que las premisas de los planes de rescate anteriores a los que se ha sometido a Grecia. El propio FMI presentó hace poco entre líneas un mea culpa reconociendo que las medidas de austeridad draconianas impuestas por estos planes en los últimos años han tenido como efecto una disminución de la actividad económica mucho más pronunciada que la prevista por las tres instituciones de la Troika. El efecto de sus errores de estimación conllevaron a un aumento del coeficiente de deuda pública en relación con el PIB, producido por una caída muy severa del denominador del coeficiente (iniciando un retroceso de más del 25% en 6 años). Tras un breve período de calma en el que la caída parecía haber llegado a su fin, el país ha vuelto a caer en la espiral infernal de retroceso del PIB desde el último trimestre de 2014, es decir, antes de la elección del nuevo gobierno. Dada la experiencia anterior parece razonable preguntarse si las nuevas medidas de consolidación presupuestaria no tendrán un efecto destructivo similar al de las medidas de los dos primeros programas.
De hecho, esta es la pregunta que Martin Sandbu se hacía en un artículo reciente en el Financial Times la semana pasada, y la conclusión a la que llega es profundamente alarmante. Si partimos de supuestos y usando multiplicadores más bien optimistas para calcular el impacto de las medidas de consolidación presupuestaria sobre el PIB griego, veremos que los esfuerzos necesarios para alcanzar el objetivo del 1% de superávit primario en 2015 que exige ahora el Eurogrupo y la Troika conducirían a una nueva caída brutal de más del 5% del PIB para el mismo año. En un país ya devastado por la depresión económica, que ha visto su producción caer en más de una cuarta parte entre 2010 y finales de 2014, una caída de este tipo haría a su vez aumentar el coeficiente de deuda respecto al PIB en un 9%. En la medida en que el país ya está al borde de la bancarrota, es irreal esperar una mejora con estos indicadores en el corto plazo. En este escenario la situación de suspensión de pagos y una salida de jure o de facto de la moneda común, posibilidad que parece cada vez más probable, no haría más que retrasarse unos meses para convertirse en una situación prácticamente inevitable.
No hace falta señalar los efectos que este escenario tendría para los griegos, pero a veces se obvia por incómodo el impacto de estas medidas en los demás Estados Miembros. La mayor parte del saldo de la deuda en Grecia se socializó en el período 2010-2014. A pesar de la reestructuración de las deudas del sector privado, una parte muy sustancial de estas deudas se ha devuelto y sustituido con dinero prestado al Estado griego por los demás Estados Miembros de la zona euro y por el EFSF (European Financial Stability Facility), que es un vehículo garantizado por estos mismos Estados miembros. A España le toca su parte, a pesar de que el Gobierno español ha hinchado de forma malintencionada la cifra que le corresponde.
El eurosistema (constituido por el BCE y los bancos centrales nacionales que revierten sus eventuales beneficios netos a los gobiernos centrales ) también carga con una parte significativa del saldo de la deuda pública griega, y también se hizo acreedor a la altura de 100 000 millones de euros del sistema bancario griego. La solvencia del sistema bancario griego depende a su vez de la solvencia de las arcas públicas griegas, ya que una parte sustancial de los activos de estos bancos está garantizada por el Estado.
En caso de suspensión de pagos por parte de Grecia, se socializarán por lo tanto los costes entre todos los contribuyentes de la zona euro. Una situación que los defensores del dogmatismo neoliberal, sin duda alguna, aprovecharían para augurar nuevas profecías que justifiquen nuevas medidas de austeridad en los demás países de la zona euro, para hacer frente a estas pérdidas.
Creemos que en lugar de desear el supuesto "éxito" de las negociaciones con la imposición de las suicidas propuestas del eurogrupo y la Troika y su supuesta "flexibilidad", queremos hacer un llamamiento a que el realismo se imponga al dogmatismo. Dicho de otro modo, en lugar de aplazar el problema contribuyendo así a su agravamiento, las premisas de un posible acuerdo deberían sustituirse por los siguientes tres elementos:
1. Garantizar para el año en curso una flexibilidad verdadera en el esfuerzo presupuestario, y vincular los objetivos presupuestarios futuros al crecimiento del PIB. El esfuerzo presupuestario necesario para alcanzar el objetivo del 1% de superávit primario debe ser modificado en su totalidad o reducirse a una proporción más modesta a no ser que las medidas de consolidación presupuestaria se compensen, por lo menos durante el primer año, con un programa de inversiones dirigido por la Unión. Dicho programa se centraría preferiblemente en los sectores con potencial de crecimiento, como la eficiencia de los recursos y las energías renovables;
2. Reestructurar la deuda, en especial a través de una prolongación de la duración de los créditos actuales y una reducción en los tipos de interés e, incluso, de la participación directa del Mecanismo Europeo de Estabilidad en el capital de los bancos griegos, elementos que deberían formar parte ya de las negociaciones actuales y no de hipotéticas negociaciones futuras.
3. Reformas a largo plazo para hacer frente a las patologías profundas del marco institucional griego. Sin embargo, estas reformas deben alejarse del programa neoliberal impulsado por el dogma europeo, como la reducción de las prestaciones sociales o la reducción de los salarios, y centrarse en un refuerzo del estado de derecho para garantizar la equidad y la legitimidad de los poderes públicos. Un seminario recientemente organizado nada menos que por la London School of Economics renegaba de las reformas impulsadas hasta ahora en el país e identificó y detalló una serie de reformas alternativas para instaurar un verdadero estado de derecho para darle la vuelta al viejo sistema clientelista griego que sucedió a la dictadura. Está claro que, desgraciadamente, los socios europeos no han considerado jamás que estas reformas sean prioritarias
Cada 28 de Junio salimos a las calles con orgullo y rebeldía, rememorando aquel espíritu que, undía de 1969, llevó a nuestras compañeras transmaribibolleras de Nueva York a salir y tomar las calles por nuestros derechos y contra las violencias que sufrían.
El Orgullo LGTBI es una movilización de encuentro y confluencia dentro de nuestra propia lucha: como movimiento LGTBI, con otras luchas emancipatorias, de otros movimientos sociales y populares comprometidos con la causa de la libertad, la igualdad y la diversidad.
No estamos solas en esta lucha, el movimiento feminista, obrero, migrante, laicista, etc. caminan junto a nosotras para subvertir unidas el sistema heteropatriarcal imperante, un sistema que nos oprime y nos quiere sumisas y calladas. Ante esto, nosotras decimos basta. Respondemos unidas y combativas. Hemos podido percibir y sufrir como las agresiones hacia el colectivo LGTBI van en aumento en cada ámbito de nuestra vida: escuela, trabajo, espacios públicos, etc. Mientras, las administraciones públicas no logran abordar la situación con la contundencia que merece, haciendo oídos sordos a nuestras demandas. Según el último informe del Ministerio del Interior, el 40% de los delitos de odio en 2014 fueron causados por orientación sexual o identidad de género.
Todo esto, perpetuado por el auge de la extrema derecha que resurge con la estafa económica que llaman crisis tratando de perpetuar la LGTBIfobia, el odio y la división entre las de abajo.
Es necesario visibilizar que no sólo sufrimos violencias físicas, sino que en la comunidad LGTBI sufrimos múltiples tipos de violencias que hay que erradicar: Es violencia que nos expulsen a lesbianas y bisexuales de las técnicas de reproducción asistida públicas, es violencia que no se eduque en diversidad afectivo sexual en las aulas, son violencia las reformas laborales que nos obligan a las LGTBI a volver al armario para poder ser aceptadas en el mundo laboral, son violencia los recortes en políticas de igualdad que nos condenan a vivir hundidas en la precariedad, es violencia que se retire la medicación a personas migrantes con VIH-SIDA sin tarjeta sanitaria, es violencia que se patologicen las identidades trans, es violencia que se reprima nuestra voz en las calles.
Para hacer frente a la LGTBIfobia, hay que impulsar la denuncia pública, visibilizando todas y cada una de las agresiones que venimos sufriendo. Su violencia no nos podrá callar. Le plantamos cara con contundencia.
Ante sus ataques, nosotras respondemos en las calles y en las instituciones, con movilizaciones y con propuestas políticas. Pero esto sólo podemos hacerlo con la unidad popular de todas las LGTBI. Con la unidad de las de abajo frente a un régimen del 78 que da sus últimos coletazos para seguir perpetuándose.
El pasado 24 de mayo pudimos comprobar como la brecha abierta en el Régimen del 78 sigue más profunda que nunca; pudimos comprobar que llega el fin del bipartidismo y que tenemos la oportunidad de ganar el país. Ganar el país es una responsabilidad de todas y esto sólo lo conseguiremos estando unidas tal y como han demostrado los procesos de unidad popular en Barcelona, Madrid y otras tantas ciudades. Necesitamos unidad popular contra sus violencias para ganar las calles y las instituciones, conquistando un nuevo modelo de país en el que los derechos LGTBI sean una realidad.
Este momento histórico nos supone la oportunidad de un cambio, la oportunidad de romper las normas del sistema capitalista y heteropatriarcal, y por ello nos plantamos juntas frente al Régimen. Unidas por la libertad y la igualdad, porque juntas no sumamos, juntas multiplicamos ¡Juntas venceremos!
Alberto Garzón valora su encuentro informal con Iglesias: “Tenemos un objetivo común. Nos encontraremos”
El diputado y candidato de Izquierda Unida a la Presidencia del Gobierno, Alberto Garzón, ha valorado la reunión informal que ha mantenido esta mañana con el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias: “Ha sido positivo. Hemos intercambiado reflexiones, inquietudes y preocupaciones sobre el momento político y la situación social y económica”.
El encuentro con Iglesias forma parte de una ronda de conversaciones que, tras las elecciones del 24-M, Garzón está manteniendo con partidos políticos y movimientos sociales para construir un proyecto de Unidad Popular. La de hoy ha sido una simple toma de contacto con Podemos. Tras ella, el diputado de IU ha señalado que “estamos de acuerdo con el diagnóstico del momento político y creemos que hay que estar a la altura de las circunstancias. Tenemos un objetivo común. Estoy seguro de que tarde o temprano nos encontraremos”.
“Me he encontrado con un amigo al que hacía mucho tiempo que no veía y con el que compartimos diagnóstico. Ha sido una experiencia positiva por parte de ambos”, ha añadido.
Por parte de Izquierda Unida, se entiende la Unidad Popular como una construcción “desde abajo y que trasciende las siglas”, ha señalado. A su juicio, la unidad popular no se construye con pactos entre partidos, sino que los partidos deben ser una herramienta que ayude a la construcción de la unidad popular, en la que la ciudadanía ha de tener todo el protagonismo.
Izquierda Unida obtuvo más de un millón de votos en las elecciones municipales y más de 2.000 concejales. Para Garzón, “todos los recursos de la organización tienen que estar al servicio de la Unidad Popular. Nosotros hemos leído en el momento político actual que hay una demanda clara en la ciudadanía. Los partidos son herramientas, son medios y no fines en sí mismos. Queremos un proceso popular y ciudadano, que vaya tomando forma sobre dos ejes: el propio protagonismo de la ciudadanía y el proyecto de nuevo país".
Sobre los próximos pasos a seguir, Garzón ha señalado que “tenemos que hacer mucho más diálogo con las personas comprometidas con la transformación social. Desde IU vamos a seguir dialogando con todas las personas, fuerzas políticas y movimientos sociales que quieran transformar la sociedad. Queda tiempo hasta las elecciones generales para poner en marcha una candidatura de unidad popular”.
Alberto Garzón: “En ningún caso me voy a ir a Podemos, mi proyecto es IU”
Un día después de reunirse con Pablo Iglesias, Alberto Garzón, candidato de Izquierda Unida a La Moncloa, ha rechazado tajante las reiteradas invitaciones del líder de Podemos para unirse a sus filas."Yo no me voy a ir a Podemos, es evidente, pero tengo que decirlo una y otra vez. Mi proyecto político es IU, y tengo diferencias con Podemos", ha zanjado Garzón, que agradece el reconomiento de Iglesias a su figura —ayer el líder de Podemos insistió en diferenciarle del resto de IU— pero entiende que su partido tiene "mejor programa político y económico" que el de Podemos.
"A mí me llevan ofreciendo que me meta en Podemos desde el día cero, desde el día que se funda. Es cierto que las palabras de Pablo Iglesias con las que presenta a Podemos son unas palabras que nosotros firmaríamos ahora mismo con absoluta seguridad, que son las de unir a las fuerzas de transformación social, en las que por cierto, él citaba también a IU. Podemos fue un proyecto rupturista que despertó una ilusión y fue un motor de cambio que nadie puede poner en duda, pero la estrategia de Pablo no la compartimos", ha expresado Garzón en un desayuno informativo en el Congreso, antes de volver a insistir: "En ninguno de los casos me voy a ir a Podemos, porque nuestro proyecto político colectivo es IU y porque ninguno de nuestros cuadros y nuestros dirigentes somos tan valiosos en ninguna otra parte como en IU". El candidato de la coalición ha tenido que rechazar las tentaciones de Podemos en numerosas ocasiones. El pasado mayo reconoció en una entrevista en EL PAÍS que había recibido "muchas" ofertas del partido emergente.
El dirigente de la federación de izquierdas ha explicado que Iglesias no le dio ayer ningún margen para el entendimiento de cara a una candidatura conjunta de unidad popular para las generales. Todo lo contrario, el líder de Podemos dejó claro que solo permitirá que otras fuerzas concurran bajo su batuta y marca. "Nosotros somos un proyecto político autónomo e independiente, y no nos sentimos cómodos bajo las siglas y el aparato de Podemos", ha asegurado Garzón. "Quiero que Pablo no nos vea como rivales sino como compañeros, pero salvando la autonomía. Nosotros no nos vamos a poner al servicio de Pablo", ha expresado.
A pesar de las durísimas declaraciones de Pablo Iglesias en una entrevista hoy en Público (aunque realizada antes del encuentro con Garzón), en las que el líder de Podemos llama a los dirigentes de IU "cenizos", dice que "en 25 años han sido incapaces de hacer nada", y apunta que no quiere que "se acerquen" a ellos, Garzón ha evitado polemizar con quien considera su amigo. "Es evidente que no estoy en absoluto de acuerdo con en el contenido y con las formas. La disensión política debe expresarse de otra forma", ha asegurado el candidato en televisión, donde ha llegado a admitir que incluso comparte algunas de las críticas de Iglesias a su organización: "En cierto contenido podríamos estar de acuerdo". Lo que ha querido aclarar es que Iglesias se equivoca al trazar esa línea entre él y su organización. "No ha lugar a diferenciar a Alberto Garzón de IU", ha asegurado, ya que él es el aspirante a La Moncloa por su partido tras haber sido "elegido de forma colectiva". "No se puede segregar al candidato de la organización", incide.
Iglesias también sostiene en esa entrevista en el diario digital que no hay ninguna opción de pacto con IU. “Ninguna. Cero. Fin de la cita. Cero. No hay manera de poner otro titular", afirma. Garzón considera, no obstante, que sigue habiendo posibilidades para que Podemos cambie de opinión, forzado por el "clamor de la calle" y por el resto de fuerzas alternativas de izquierdas, como las mareas gallegas, que están "más cómodas" con la propuesta de unidad popular de IU —horizontal, renunciando a sus siglas y con primarias para elegir al cabeza de lista— que con la de integrarse bajo el paraguas de Podemos.
"La opinión de la sociedad está por encima de mi opinión y de la de Pablo", ha reflexionado el economista, al tiempo que ha cuestionado el "consenso" que Iglesias esgrime dentro de Podemos sobre excluir a IU. En su visita este pasado fin de semana a Galicia, donde se ha reunido con los representantes de las mareas, Garzón ha encontrado "el cariño de los círculos de Podemos, que se sentían cómodos con nuestra propuesta de unidad popular", ha apuntado. "No entendemos la unidad popular selectiva", ha criticado el diputado por Málaga, en referencia a que Podemos sí explora acuerdos con otras fuerzas como Compromís, ICV o las mareas en la Comunidad Valenciana, Cataluña y Galicia. IU busca una candidatura de unidad popular "unitaria" en todo el Estado. El candidato de IU quiere seguir tendiendo la mano a Podemos a pesar de que encuentra críticas también dentro de su partido. Está convencido de que el líder del partido emergente se retrata solo cuando apuesta por la confrontación en términos tan duros con IU, lo que le granjea una imagen de soberbia.
El candidato se da de margen hasta el día de presentación de las candidaturas para seguir negociando la confluencia. "No nos vamos a rendir", ha insistido. Si finalmente el proyecto conjunto no prospera, será un "drama", y tras las elecciones tanto Podemos como IU podrán tener un grupo parlamentario "decente". "Pero no podremos transformar la sociedad, porque la ley electoral nos machaca", sostiene Garzón, que esgrime que en la lucha por los diputados en las circunscripciones pequeñas Podemos necesitará un porcentaje muy amplio de voto que las encuestas no indican que vaya a obtener en solitario. La coalición de izquierdas se presentará sola o con otras fuerzas que no sean Podemos si se frustra su proyecto de unidad. "Yo tendré que salir a decir que me voten a mi y no a Pablo, pero esa no es la opción que quiere la calle", ha concluido Garzón.
El PP, el PSOE, UPyD y los nacionalistas de CiU y PNV han rechazado este martes en el Pleno del Congreso la propuesta de la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA) de abolir los principales tratados económicos de la UE y llegar a un gran acuerdo europeo sobre la deuda de los estados miembros con el objetivo de reestructurarlas, pensando fundamentalmente en las necesidades sociales y no en los intereses financieros.
El portavoz económico de la coalición de izquierdas, Alberto Garzón, ha defendido la actitud del Gobierno de Alexis Tsirpas en las negociaciones sobre la renegociación de su deuda, que se deriva de "seis años de tratamiento neoliberal de la crisis" que han llevado a "miseria, pobreza y hambre", recomendando a renglón seguido tomarse ese caso como "enseñanza" del "fracaso" de dichas políticas porque "la deuda se ha disparado y el PIB no sube".
"Las políticas neoliberales son contraproducentes para pagar la deuda. Es necesario pagar una gran parte de la deuda, pero sólo con una reestructuración será posible intentarlo. Sólo con políticas totalmente distintas habrá capacidad financiera para ello. Es lo que demanda el pueblo griego, pero también el español. La deuda no se puede pagar en las actuales condiciones", ha insistido, advirtiendo de que lo que ocurre en el país heleno es "exactamente" lo mismo que en España.
Por eso, reclama un "acuerdo europeo" para que, partiendo de una auditoría de la deuda pública de los estados miembros, se pueda reestructurar "pensando en el mantenimiento del estado social". "Es fundamental tener altura de miras para entender la gravedad del problema, y que no son unos locos los que han traído el caos, que fue creado por gobiernos que aplicaban una y otra vez políticas neoliberales. Y si los dirigentes de la UE no son capaces de verlo no merecen ser dirigentes", ha zanjado.
Olaia Fernández Davila (BNG) ha destacado la relevancia del debate sobre la reestructuración de la deuda europea a cuenta de la situación de Grecia y del incumplimiento de España de los límites de déficit, que podría mover al Gobierno a plantear "más recortes". "Si cuando PP y PSOE modificaron la Constitución hubieran planteado el pago de la deuda de otra manera, quizás estaríamos en otra situación", ha añadido.
"PROMETEN UN PARAÍSO IMPOSIBLE DE CUMPLIR"
Frente a esos argumentos, el diputado 'popular' Eloy Suárez ha replicado que "la izquierda promete el paraíso sabiendo que es imposible de cumplir y luego busca un enemigo para justificar que no se hace porque lo impide un tercero", que a su juicio es lo que está haciendo el Gobierno de Syriza, que "en cinco meses ha conseguido que haya miseria" en Grecia.
Además, ha reprochado a Garzón que "compare a España con Grecia". "Es un absoluto insulto. En este país estamos saliendo de la crisis, y en Grecia van camino de una crisis sin remisión", ha dicho, espetando que "al final en la vida los problemas se pueden afrontar como este Gobierno, con medidas difíciles y duras pero que dan un futuro, o como hace la izquierda, con mucha demagogia" y planteando cambios en la normativa porque "el populismo es normativo y el papel lo aguanta todo".
"Pretenden cambiar la realidad con los papeles, y eso no ha sido nunca posible", ha advertido, calificando los argumentos de la iniciativa de "poco serios" y achacando al portavoz de la Izquierda Plural "bastante voluntad torticera" con la única intención de "competir con otras fuerzas políticas". "El Pacto de Estabilidad puede ser molesto para los ciudadanos, pero es mucho más molesta la situación que viven los griegos", ha zanjado.
PEOR EL REMEDIO QUE LA ENFERMEDAD
Por su parte, el socialista Diego López Garrido considera que la salida de un país del euro sería "gravísimo" y coincide en que la austeridad ha sido "una mala política aplicada a palo seco para combatir la crisis" y que ha tenido "resultados nefastos" en materia de deuda y destrucción del Estado del Bienestar.
Sin embargo, considera que "ir a un impago de todas las deudas de la UE, igualando la situación de Grecia con la de otros países", provocaría una "inmediata suspensión de la financiación" en toda la Eurozona.
"Sólo vamos a salir de la crisis con más integración, más solidaridad y más confianza en el proyecto europeo", ha defendido, abogando por incrementar la inversión productiva que amplíe el "insuficiente" Plan Juncker y una "flexibilización" del Pacto de Estabilidad para que ningún estado miembro compute la inversión en el déficit, entre otras medidas.
CONFUNDIR A LA OPINIÓN PÚBLICA
Rafael Calduch, portavoz económico de UPyD, ve "obvio" que este tipo de propuestas buscan sólo "confundir a la opinión pública" y hacerse "autobombo", pero "terminan poniendo en evidencia las insuficiencias, sino ignorancias, del proponente". "Cuando se hacen debates sobre temas tan importantes hay que ser mínimamente rigurosos, no se puede andar con falacias. ¿Qué queremos, arruinarnos todos, hacer inviable el euro?", ha preguntado.
Así, el diputado magenta señala que "la cuestión no es si es deseable" mejorar las condiciones de la salida de la crisis o llegar a un acuerdo sobre la deuda pública europea, sino "si es factible". "Y la respuesta contundente, a poco que se sepa algo de la UE, es que intentar poner de acuerdo a los 18 del Eurogrupo es como mínimo una quimera, si no una temeridad", ha zanjado.
Inmaculada Riera, de CiU, cree que la iniciativa "no es rigurosa" y sus efectos "podrían ser enormemente perjudiciales por la economía" ya que ni el Banco Central Europeo (BCE) puede financiar directamente a los estados ni sería deseable ya que supondría un "incentivo perverso" que llevaría a un incremento del déficit y la deuda.
Además, considera que algunos aspectos de la propuesta han sido "superados" por los acontecimientos, tales como la petición de un plan de estímulo económico, ya materializado en el Plan Juncker, o de una reestructuración de la deuda con plazos más largos y menores tipos de interés, porque las medidas de liquidez del BCE "ya están consiguiendo esos efectos".
El portavoz económico del PNV, Pedro Azpiazu, considera que la iniciativa plantea "muchas cosas profundas, heterogéneas y difícilmente analizables en su conjunto con rigor", cuyo fondo --"la crítica a la política de austeridad implementada desde las instituciones europeas"-- comparten los nacionalistas vascos, pero que "mezcla demasiados temas" como para "poder opinar".
"Sentar las bases para un gran acuerdo sobre la deuda pública europea requiere otro formato y otro sosiego, que a estas alturas de la legislatura no es posible", ha añadido el diputado, que cree que llevar a cabo lo que propone IU-ICV supondría "quedarse fuera de la UE" cuando la "urgencia" es salir de la crisis y, después, "revisar la política social europea".
"La Unidad Popular es el único instrumento posible para la salvación de una sociedad y una comunidad política que se está disputando una forma de vida", afirma el autor.
En los siglos XVIII y XIX los economistas clásicos analizaban los fenómenos sociales usando una herramienta llamada Economía Política, que expresaba en sí misma el error de analizar por separado los fenómenos económicos (de producción, distribución y consumo) de los políticos (relaciones institucionales de poder). La preocupación de estos economistas, que iban desde Adam Smith hasta Karl Marx, residía en las formas de distribución del excedente económico entre clases sociales. Es decir, otorgaban una importancia nuclear al análisis de las relaciones de producción y de las condiciones materiales de vida de las personas.
Con la llegada de la teoría neoclásica a los centros de estudio (universidades e instituciones de pensamiento) la economía política se vio desbordada por la llamada desde entonces ciencia económica o economics. Desde ese momento la economía se convertiría en un espacio fundamentalmente autónomo de la política y de cualquier otro ámbito social. Ya no importaba la estructura de clases en la sociedad ni tampoco la distribución funcional de la renta, sino que todo quedaba relegado a un análisis instrumental para la asignación de recursos escasos. La economía, vista así, pasaba a considerarse equivalente en rigor y capacidad a cualquier ciencia técnica. Así las cosas, emergía una consecuencia esencialmente política: sería posible formar a técnicos o tecnócratas de lo económico, capaces de gestionar los recursos desde la neutralidad ideológica. Emancipar las instituciones económicas, tales como los bancos centrales, de las decisiones políticas y democráticas sería por lo tanto una decisión correcta.
Curiosamente, casi al mismo tiempo y en el ámbito del análisis político una ola de pensadores también defendía la idoneidad de desconectarse de lo económico. Así, la idea de que existía una autonomía plena de lo político fue haciéndose fuerte entre los pensadores sociales. En la práctica significaba defender la posibilidad de explicar los fenómenos sociales –y también los electorales- sin atender a la estructura económica. La pobreza de esos análisis ha sido tal que ha derivado en meros estudios sobre la comunicación política, sobre el discurso político, sobre el tacticismo electoral y siempre bajo una concepción de la política puramente mercantilista. Es decir, análisis de lo político basados en la existencia de un mercado tanto de oferta (productos, que son los partidos y sus representantes) como de demanda (votos, que son los ciudadanos). Un lugar éste donde la ideología, lo económico y las condiciones materiales de vida de las personas no parecen explicar nada.
He comenzado con las precisiones anteriores porque me parece fundamental desvelar las insuficiencias y riesgos que arrastran los análisis que no aceptan la relación dialéctica que existe entre la economía y la política. No se trata de asumir que el hecho económico es el único hecho determinante, como establecían los estrechos manuales soviéticos. Se trata, más bien, de asumir que el análisis de la coyuntura se encuadra siempre en una estructura económica, y que dentro de ella se produce un juego recíproco de acciones y reacciones entre el aspecto económico y otros factores. Esa es, creo, la mejor tradición de análisis y la herramienta más potente para explicar los fenómenos sociales actuales.
Por eso conviene aclarar que considero imposible entender el momento actual sin atender al menos a tres aspectos. El primero, cómo se ha modificado la estructura social en las últimas décadas. El segundo, cómo ha variado la concepción del mundo de las gentes que conforman nuestra comunidad política. El tercero, cómo se desenvuelve el plano internacional, esto es, las relaciones dentro de la economía mundial. Sostengo que sin estudiar estos tres aspectos de análisis, cualquier intento de interpretar los fenómenos sociales es simplemente construir castillos en el aire.
El análisis de la coyuntura desde la economía política
En primer lugar, las transformaciones del capitalismo en España desde 1978 han sido extraordinarias. El proceso de inserción en la economía mundial, fundamentalmente a través del ingreso en la Unión Europea, ha conllevado un proceso de especialización productiva de nuestra economía así como un acentuado proceso de desindustrialización. Todo ello ha convertido a nuestra economía en dependiente tanto de centros industriales –caso de Alemania- como de la demanda internacional de turismo. La situación de fragilidad de nuestra economía es prácticamente total, con una especialización en sectores de bajo valor añadido y, en consecuencia, con difícil capacidad para elevar los salarios reales de los trabajadores en dichos sectores. En términos de modelo de crecimiento conviene insistir en que la burbuja inmobiliaria y el llamado milagro económico sólo fueron posibles gracias al elevado endeudamiento privado y la financiación por parte del sistema financiero privado internacional (especialmente bancos alemanes y franceses). Ambos fenómenos se retroalimentaban en un juego de relaciones económicas simbióticas consentido y promovido desde la propia Unión Europea.
Esa dinámica económica ha ido modificando claramente la estructura social del país. Al fin y al cabo, España no ha estado ajena a la transformación social ocurrida en todos los países capitalistas de Occidente en los que las formas de organización fordista han ido dando paso a formas posfordistas. Hasta tal punto que podríamos sostener que en nuestro país conviven hoy y al mismo tiempo dos sociedades antagónicas. Una es de carácter fordista, caracterizada por la seguridad laboral, los contratos indefinidos, la garantía de cobro de futuras pensiones y, en esencia, certezas económicas y vitales. La otra sociedad es de carácter posfordista, caracterizada prácticamente por todo lo contrario: los contratos temporales, parciales y de absoluta precariedad, la ausencia de propiedades y la incertidumbre respecto al futuro económico y vital. A ello hay que añadirle el análisis generacional, en tanto que la mayoría de los jóvenes caemos en la sociedad posfordista mientras que nuestros padres viven aún en la sociedad fordista. Estos fenómenos han sido a veces analizados como el fin de la clase media y la existencia de una ruptura generacional. Estoy de acuerdo, con matices, con tales tesis.
En segundo lugar, todos esos fenómenos económicos han modificado la concepción del mundo de las personas. ¿Cómo va a pensar la política y la economía de la misma forma quien cobra dos mil euros, tiene una vivienda en propiedad y veintitantos años cotizados que quien vive a salto de mata y sólo contempla la posibilidad de emigrar para intentar sobrevivir? Ello afecta, en consecuencia, a los relatos políticos, tales como los dominantes desde 1978 y la Cultura de la Transición, y también a los relatos vitales, tales como el famoso vivirás mejor que tus padres. Algo que es por cierto transversal políticamente, dado que afecta a izquierda y derecha de las organizaciones tradicionales. No es de extrañar, entonces, que uno de los motores de cambio sean las personas jóvenes que buscan nuevos relatos políticos así como oportunidades vitales. La creencia en lo tradicional se apaga y emerge la necesidad de la alternativa.
En tercer lugar, el plano internacional y cómo se desenvuelve la economía mundial también importa. Ya no estamos en los años inmediatos que siguieron a la Segunda Guerra Mundial, y actualmente son muchos las economías nacionales que compiten internacionalmente por un hueco en el mercado. Además, en las últimas décadas el dominio casi absoluto del capital financiero sobre la economía productiva y la política ha convertido a la economía mundial en terreno abonado para las crisis financieras. Las últimas inyecciones billonarias de liquidez al sistema financiero no es sino la enésima prueba de ello. Pero, también, la crisis económica de los países del sur ha sido aprovechada como oportunidad política para un mayor ajuste neoliberal. Un ajuste caracterizado por una nueva vuelta de tuerca consistente en procesos de desregulación, privatización, reformas laborales ampliamente regresivas y reformas de adelgazamiento del Estado en general.
Ello puede entenderse mejor si atendemos al verdadero proceso constituyente que ha dominado toda Europa en las últimas décadas. Un proceso que tiene como objetivo adecuar las instituciones políticas y jurídicas a las necesidades del capitalismo financiarizado y globalizado. Así es como debemos entender el Tratado de Maastricht, el Pacto de Estabilidad y Crecimiento, la fracasada Constitución Europea –recuperada en el Tratado de Lisboa- y el futuro Tratado de Libre Comercio entre la Unión Europea y Estados Unidos. Pero no sólo. La reforma del artículo 135 de la Constitución Española así como las reformas financieras, laborales, de las instancias del Estado y las administrativas son también parte del mismo proceso constituyente. Todo ello inserto en un escenario donde la economía se ha alzado como reina y ama de la política, dejando así a los gobiernos institucionales como meros apéndices del poder y, en el mejor de los casos, como pequeñas molestias desorganizadas.
Hablamos de un proceso constituyente dirigido por las oligarquías económicas y políticas de la Unión Europea, pero que necesita destituir a su vez el orden social e institucional precedente, es decir, el conocido como Estado Social. Precisamente eso es lo que está en juego en este momento en todo el sur de Europa, también en España. Y es la destrucción de esas conquistas sociales, que es una destrucción progresiva pero aparentemente imparable, la que ha provocado la reacción de la sociedad en diferentes formas. Con formas que ya predijo el propio Karl Polanyi con su tesis del doble movimiento.
El aspecto político del proceso
El hito del 15M fue, a todas luces, la manifestación de la frustración de la gente ante un proceso que aunque era imperceptible para la mayoría sí que provocaba efectos más que evidentes en sus vidas cotidianas. El paro, la precariedad y los desahucios alimentaban la conciencia de las gentes sencillas y corrientes, los de abajo, pero también el hambre, la miseria y la desigualdad amenazaban con convertir el escenario social en un hervidero.
El Fondo Monetario Internacional lo sabía, y por eso en su informe de Agosto de 2013 sobre España alertó sobre el riesgo de estallidos sociales y sobre el riesgo del desplome del bipartidismo. Era el verano en el que las mareas estaban demostrando su fuerza contra las privatizaciones y en defensa de los servicios públicos. También las marchas de la dignidad buscaban encontrar nuevas herramientas de organización al margen -o en el mejor de los casos junto con- los partidos políticos tradicionales y sindicatos. Ante ello, el Gobierno respondió en pocos meses con una Ley Mordaza y con mayor represión.
La irrupción de Podemos en la primavera de 2014 pilló al Régimen y las instituciones internacionales por sorpresa, obligándoles a reaccionar. La Casa Real fue la primera, con un lifting de restauración borbónica. Las grandes empresas y las grandes fortunas buscaron nuevas formas de responder, desde la política, a la canalización de la rabia y frustración que estaba haciendo la izquierda, ahora con porcentajes de estimación de voto que superaban el 25%. Así vino el apoyo empresarial y del Régimen a nuevas fuerzas políticas de restauración. Una restauración política que, en el seno del Estado, supondría la consolidación del neoliberalismo como forma de vida y del proceso constituyente neoliberal como forma institucional.
Este es el punto aproximado en el que nos encontramos en la actualidad. Con fuerzas sociales y políticas de transformación ofreciendo una alternativa al Régimen –en su aspecto más político- y al capital financiero europeo –en su aspecto más económico. Y con una fuerte respuesta de ambos enemigos, que es lo que son, tanto en Grecia como en España.
En esta tesitura sólo hay una oportunidad para la mayoría social: la Unidad Popular. El 24M ha emergido como segundo hito político, tras el 15M, para revelar la potencialidad que tiene la unidad popular como fuerza de desborde de las fuerzas políticas del bipartidismo y del Régimen en general. Sólo en las elecciones municipales, y particularmente en ciudades con presencia de candidaturas de Unidad Popular, ha sido posible romper la espina dorsal del bipartidismo. En los procesos autonómicos ha sido imposible. Conviene, además, saber distinguir entre los partidos del Régimen y el Régimen mismo, que suma a las nunca neutrales instituciones del Estado.
La Unidad Popular no es, por lo tanto, una herramienta para la maximización de actas de diputados. Tampoco es una consigna electoral. Es, por el contrario, el único instrumento posible para la salvación de una sociedad y una comunidad política que se está disputando una forma de vida. No sólo en el Estado español. Se trata de escoger entre la consolidación del neoliberalismo, facilitado por un futuro triunfo del bipartidismo, o entre la constitución de una alternativa económica y social construida desde la ruptura democrática y desde abajo. Desde las entrañas de una sociedad que demanda pan, trabajo, techo y dignidad. Reiteremos nuestro llamamiento a la altura de miras ante un momento político crucial para la historia de los pueblos de Europa.
Ángela Vallina participa desde este jueves y hasta el próximo domingo en la visita de una delegación de eurodiputados del Grupo de la Izquierda Unitaria Europea (GUE/NGL) a Sicilia y Lampedusa, con el objetivo de estudiar el trabajo que hacen diversas ONG con las personas migrantes y conocer de primera mano su situación, cuando en lo que va de año se calcula que han muerto más de 2000 personas tratando de llegar a las costas italianas cruzando el Mediterráneo.
La diputada de Izquierda Unida y el resto de componentes del equipo de trabajo del GUE se reunirán este mismo jueves en Catania con representantes de varias ONG locales y abogados, que les explicarán las dificultades que encuentran los migrantes, refugiados y solicitantes de asilo una vez que se les traslada desde Lampedusa al resto de zonas de Italia, así como los impedimentos que ponen las restrictivas leyes del Gobierno italiano.
El viernes se dirigirán a la localidad de Pozzallo, donde visitarán el centro de acogida y primeros auxilios, una instalación clave para la atención de los migrantes en Sicilia y principal punto de interconexión con Lampedusa. Allí se verán con miembros de la ONG Emergency, una de las más activas en el trabajo con migrantes y refugiados en Italia, y de Médicos Sin Fronteras. Por la tarde, los eurodiputados también mantendrán un encuentro con miembros de organizaciones y de la Guardia Costera que organizan las operaciones de rescate en el mar.
Antes de poner rumbo a Lampedusa el sábado por la mañana, la delegación del GUE visitará un centro para menores no acompañados. Una vez en la isla, en torno a las 17.00 horas, habrá una entrevista con la alcaldesa, Giusi Nicolini, y después una cena con las ONG locales. El domingo, para finalizar las jornadas de trabajo, los eurodiputados visitarán el centro de recepción de Lampedusa.
