viernes, 14 de febrero de 2014
Laia Ortiz exige a Montoro que baje el IVA de los suministros básicos para combatir "el drama social". Pobreza energética, estafa eléctrica y Marca España.
Pobreza energética, estafa eléctrica y Marca España.
Mientras el Gobierno está inmerso en una campaña de ventas sobre la “recuperación económica de España” la realidad y los datos se rebelan tozudos para la mayoría. La tasa de población en riesgo de pobreza ha aumentado en más de 5 puntos superando el 28%, la reforma laboral multiplica el número de trabajadores pobres con una caída media de salarios del 10% y España lidera el aumento de desigualdad entre los países europeos.
Ante este panorama dantesco, es importante poner el zoom y ver las caras y los fenómenos de pobreza. Aquéllos que tienen que ver con la crisis, sí, pero también los que son consecuencia de políticas y decisiones tomadas años atrás y hoy padecemos sus consecuencias.
Uno de ellos es la llamada pobreza energética, lo que podemos definir como la dificultad para mantener la vivienda en unas condiciones adecuadas de temperatura o de disponer de unos servicios energéticos esenciales a un precio justo. Este drama social, que excluye a millones de personas de los mínimos vitales para subsistir dignamente, crece día tras día en España.
La pobreza energética está provocada, fundamentalmente, por tres motivos. En primer lugar, la crisis económica y las políticas de austeridad con la consiguiente reducción de las rentas. En segundo lugar, el aumento continuo de los precios de la electricidad o el gas, que acaparan cada vez más proporción del presupuesto familiar. Y en último lugar pero razón esencial, la ineficiencia energética de los edificios, que está estrechamente relacionada con la degradación del parque de vivienda en nuestro país y la carencia de políticas decididas para invertir en rehabilitación y mejora. En este sentido, la reciente sentencia de 16 de enero del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que acaba de condenar a España por incumplir con las políticas de eficiencia energética en los edificios, ilustra la dejadez y el abandono en esta materia.
Este nuevo rostro de la pobreza tiene un impacto profundo en la vida de las personas. La carencia de calefacción o de calor afecta a la higiene, a la salud y genera aislamiento y exclusión. El Informe de Sostenibilidad en España del 2012 estima que en nuestro país la pobreza energética provoca entre 2.300 y 9.300 muertes prematuras en invierno. Por lo tanto, estamos hablando de un problema de unas dimensiones alarmantes, que afecta a millones de hogares por mucho que no aparezca en los power points del Gobierno.
I lo más indignante es que dos causas de este fenómeno tienen que ver, directamente, con decisiones tomadas por los Gobiernos en los últimos 15 años y con la insensibilidad total de una mayoría en el Congreso que niega los problemas y continúa legislando en sentido contrario a la solución.
Este drama social no sólo no se frena, sino que empeora rápidamente. Aunque el ministro Soria vaya repitiendo que con el PP los precios no suben, o lo hacen moderadamente, lo cierto es que la luz ha aumentado de nuevo en enero. Y lo hace en un a país donde los consumidores pagan la tercera electricidad más cara de Europa. Los datos del Eurostat demuestran que en la última década el coste de la electricidad se ha incrementado en un 104%, coincidiendo con la llamada “liberalización” del sector eléctrico. La ley del Sector eléctrico del primer Gobierno de Aznar se elaboró con la excusa de abaratar el coste y mejorar la eficiencia y limitó la intervención estatal y creó el peor de los modelos.
La Ley de 1997 dice: "[...] la presente Ley se asienta en el convencimiento de que garantizar el suministro eléctrico, su calidad y su coste no requiere de más intervención estatal que la que la propia regulación específica supone. No se considera necesario que el Estado se reserve para sí el ejercicio de ninguna de las actividades que integran el suministro eléctrico. Así, se abandona la noción de servicio público, tradicional en nuestro ordenamiento pese a su progresiva pérdida de trascendencia en la práctica, sustituyéndola por la expresa garantía del suministro a todos los consumidores demandantes del servicio dentro del territorio nacional [...]".
Pues bien, los datos demuestran que no ha sido así. Todo lo contrario. Y tras 15 años de gobiernos socialistas y populares que han hecho grande al monstruo, el ministro Soria nos presenta una reforma eléctrica que insiste en los mismos errores.
Lo fundamental es que tanto la regulación del 97 como la del 2013 está creada para sostener un mercado que no funciona y que es un negocio redondo para las eléctricas españolas. Si miramos los datos de los beneficios, vemos que estas compañías del oligopolio doblan la media de sus homólogas europeas. En el 2010, el beneficio de las eléctricas españolas fue del 10,11%, mientras que la media de las europeas fue del 5,13%. En el 2011 las españoles tuvieron un beneficio del 7,44% y las europeas del 2,98%. Una diferencia que se repite año tras año.
Así, vemos que crece la factura, crece nuestra deuda con las eléctricas (ya llega a 29.000 millones de euros) y sus beneficios también aumentan. Y es que tenemos un sistema que garantiza que ellas siempre ganan y que el Estado o los consumidores siempre perdemos.
Lo que ha pasado en estos últimos meses lo ilustra. La subasta anulada por la Comisión Nacional de Mercados y Competencia ha sido noticia por una subida especialmente escandalosa pero esto viene sucediendo en la mayoría de subastas y refleja la realidad de un mercado donde la oferta y la demanda vienen controladas por las mismas empresas.
También hay que tener en cuenta, que en nuestra factura no pagamos sólo el precio de la energía sino también unos “costes regulados” que decide el Gobierno. La estrategia de Endesa, Iberdrola y Gas Natural con la inestimable colaboración del Gobierno es señalar a los nuevos productores de energías renovables como culpables de los costes crecientes, pero lo cierto, es que sólo el 9% de la factura va a parar a productores de energías limpias independientes del oligopolio. Además cuando hablamos de costes energéticos debemos tener en cuenta que las renovables nos ahorran anualmente al conjunto de españoles más de lo que reciben en primas en términos de reducción del precio en el mercado, de la bajada de los costes por importación de combustibles o en pago por emisiones de CO2. En realidad, gran parte de estos “costes regulados”, se conforman por conceptos como la distribución, el pago de la deuda, la moratoria nuclear, la comercialización…. Que son también ingresos para el oligopolio eléctrico.
En definitiva, este modelo regulatorio es un traje a medida para que los de siempre continúen ganando. Y por si fuera poco, el Gobierno ha decidido reformar el sector sin cuestionar ni el modelo ni la deuda acumulada con las grandes eléctricas. Una deuda, impagable socialmente y que es, a todas luces, ilegítima, si tenemos en cuenta análisis de la propia Comisión Nacional de la Energía que denunciaba excesos en el reconocimiento de costes.
La reforma eléctrica afianza la posición de dominio de las grandes empresas, penaliza a los consumidores, a las energías renovables y a los pequeños productores. Es decir, castigan a los que pueden hacerles la competencia..
Y entre las medidas adoptadas, está el aumento de la parte fija de nuestro recibo. En 2013 el PP aumentó un 63% este término de la tarifa y ahora, en enero, la ha vuelto a subir un 18%. El impacto de esta decisión agrava doblemente el drama de la pobreza energética. En primer lugar, cuando la parte fija aumenta más, significa que los ahorradores y los que menos consumen por falta de recursos salen perdiendo porque tienen menos margen para modificar con su consumo el coste final. Y en segundo lugar, el Gobierno pretende desincentivar completamente cualquier medida de eficiencia en un modelo orientado a que consumamos cada vez más, para que los de siempre continúen ganando.
Desde ICV e Izquierda Plural trabajando con organizaciones ciudadanas como la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético hemos denunciado y propuesto alternativas. Desde la auditoría del déficit tarifario y el cuestionamiento de la deuda hasta una proposición de ley para prevenir la pobreza energética que la mayoría del PP no quiso ni admitir a trámite para debatirla.
La energía es un bien común esencial y como tal tenemos que garantizar su acceso y gestionarlo según las obligaciones de servicio público. Por eso hace falta una reforma en profundidad del sistema y no parches para que todo siga igual. Necesitamos intervención para garantizar una retribución de la energía en función de los costes reales, un modelo inclusivo, democrático y transparente. Cambios en profundidad.
Para ello necesitamos gobiernos valientes y no secuestrados cuando no, sobornados, por los lobbies pero también hace falta un mínimo de sensibilidad para entender que la pobreza energética no puede esperar a soluciones estructurales.
Por eso es todavía más indigno y vergonzoso que un gobierno que, con sus medidas encarece el precio de la luz, se niegue, a la vez, a debatir sobre medidas concretas para proteger a los consumidores vulnerables, como el establecimiento de un sistema público de precio social para rentas bajas, la implantación de una tregua invernal para evitar los cortes de luz a personas vulnerables o la aplicación del IVA reducido a la factura porque mientras Montoro anuncia rebajas fiscales a los que más tienen o a los que ahorran como él los llama, el IVA de la luz y el gas está al 21%.
No proponemos medidas complicadas ni gasto presupuestario. Sólo es cuestión de voluntad política. Otros países ya lo han hecho. Aquí, mientras venden la recuperación y Marca España pisotean nuestros derechos e ignoran las verdades incómodas. La propaganda siempre es más agradecida para la conciencia que la realidad.
Fuente: El bloc de la Laia
martes, 11 de febrero de 2014
viernes, 7 de febrero de 2014
jueves, 6 de febrero de 2014
Joaquín Nieto, director de la Oficina para España de la OIT: "La economía se está recuperando sin que lo haga el empleo".
Joaquín Nieto, el director de la Oficina para España de la Organización Internacional del Trabajo, ha pasado por los micrófonos de la Cadena SER para hablar de la situación laboral y sobre los últimos datos del paro registrado en enero. Para Nieto lo más preocupante de la destrucción de empleo es que se produzca en una situación de recuperación económica. Por otra parte, también ha asegurado que el 40% de los autónomos está en situación de pobreza, es decir, ingresa menos de 7.500 euros al año.
El 40% de los trabajadores autónomos en España está en situación de pobreza, los ingresos han caído un 20% en las familias o la recuperación pasa por "relajar la austeridad extrema", son algunas de las ideas principales que el director de la Oficina para España de la OIT, Joaquín Nieto, ha repasado en los micrófonos de la Cadena SER.
"Lo preocupante del dato del paro es que se produce en un momento de recuperación económica", ha dicho Nieto sobre los últimos datos del paro registrado en enero. "Se está dando el inicio de una recuperación sin empleo y esto es dramático". El director de la Oficina para España de la OIT ha asegurado que el aumento de la desigualdad y el empobrecimiento de las familias son el principal riesgo para la recuperación económica.
Para Nieto, la recuperación real pasa por "relajar la austeridad extrema, que se permita la inversión pública y privada, y que las políticas ayuden a esto", ha recordado.
Según el entrevistado, España tiene dos problemas estructurales graves. El primero "una enorme desigualdad" que ha abocado a un 30% de los niños españoles a una situación de pobreza. "Esto pasaba en el mundo, en los países pobres, y ahora pasa en países industrializados como España, Grecia y Rumanía".
"El otro problema que tiene España es el modelo productivo. Tenemos una economía vulnerable que se basó en actividades con muchas debilidades como la construcción y el turismo", ha recordado. Cambiar el modelo productivo puede "tardar décadas, requiere de mucho consenso y diálogo social". "Se podrían crear dos millones de empleos a partir de energías renovables, transporte sostenible o la rehabilitación de edificios", ha asegurado Nieto.
Sobre los 'mini jobs' y el empleo a tiempo parcial
El empleo a tiempo parcial en España "es del 16%, lo que explica también el empobrecimiento de los trabajadores". "Es destructivo para el empleo", ha protestado Nieto cuando le han preguntado que si es mejor que los jóvenes trabajen ocho horas al día por 300 euros mensuales o que se queden en casa. "No se hace así una situación sana y competitiva. Las cosas están muy mal, pero desde una perspectiva política seria no es ninguna salida", ha concluido.
Fuente: cadenaser.com
miércoles, 5 de febrero de 2014
lunes, 3 de febrero de 2014
jueves, 30 de enero de 2014
“La devaluación salarial ha agravado la crisis y retrasado la recuperación"
Entrevista con Bruno Estrada: “La crisis permite aplicar el programa de máximos del empresariado que basa sus márgenes en la sobreexplotación laboral”
Según la versión oficial, la crisis sufrida por España y otros países periféricos tiene relación con una pérdida de competitividad, debida en gran medida a un excesivo crecimiento de los salarios en el pasado. Frente a eso, la receta es obvia: ganar competitividad, mediante una política de ajustes y devaluación salarial. Así lo viene defendiendo el gobierno español, que ha situado la competitividad en el centro de su política –incluso nominalmente, con un Ministerio de Economía y Competitividad-.
Pero frente a esa insistencia en la competitividad –o más bien una forma de entender la competitividad-, hay cada vez más voces críticas: economistas heterodoxos como Bruno Estrada, director de Estudios de la Fundación 1º de Mayo y coordinador del libro Qué hacemos con la competitividad, escrito junto a María José Paz, Antonio Sanabria y Jorge Uxó.
Conversamos con Estrada días antes del debate que sobre competitividad y devaluación salarial se celebrará en Madrid, y que será el primero de un ciclo de debates públicos donde economistas, investigadores y activistas sociales debatirán análisis y propuestas. El primero será el próximo jueves 30 de enero, a las 18.30h, en el Centro Abogados de Atocha (C/ Sebastián Herrera, 12, Madrid), organizado de forma conjunta con la Fundación 1º de Mayo, y la colaboración de eldiario.es que lo emitirá en streaming. En el debate, titulado “Mejorar la competitividad sin bajar los salarios”, participarán Bruno Estrada, Carlos Berzosa (catedrático de Economía Aplicada), Fernando Luengo (investigador del ICEI) y Jorge Uxó (profesor de Economía de la Universidad Castilla-La Mancha).
¿Estamos saliendo de la crisis, como sostiene el gobierno?
Estamos en lo que parece el inicio de una recuperación, que en todo caso durante el próximo año será débil, frágil y sujeta a numerosas incertidumbres, como han puesto en evidencia los efectos del derrumbe del peso argentino en la bolsa española. En esta incipiente recuperación está jugando un papel fundamental el gasto público, gracias al aplazamiento, por dos años, de los objetivos de déficit público impuestos por la UE. El incremento del techo de gasto público, unos 20.000 millones de más sobre lo contemplado en los presupuestos aprobados para 2013, y el esfuerzo de desendeudamiento que han llevado a cabo los particulares y las empresas por sus propios medios, es lo que está haciendo que la demanda nacional (vía consumo e inversión privada, y consumo público) tire unas décimas del PIB, frente al falso y erróneo discurso gubernamental sobre la competitividad exterior. La mejora, en unas décimas, de esas variables macroeconómicas no va a suponer una mejora sustancial del mercado de trabajo a corto plazo, como han puesto en evidencia los datos de empleo del cuarto trimestre de la EPA.
¿Tiene que ver esta mejora de indicadores con que la economía española es hoy más competitiva tras las reformas, como defienden los partidarios del ajuste?
La devaluación salarial impulsada por el gobierno, además de dolorosa en términos sociales, ha agravado la crisis y ha retrasado la recuperación, ya que ha deprimido el conjunto de la actividad económica. El principal elemento para un crecimiento económico estable y vigoroso es el incremento del consumo y la inversión nacional. En una economía del tamaño de la española, que no es comparable con otros países exportadores mucho más pequeños, el impulso de las exportaciones vía devaluación salarial nunca podrá compensar la caída de la demanda nacional que provoca esa misma devaluación salarial. Esto sin tener en cuenta que los costes laborales son una parte cada vez menor de los costes de producción, como afirma la propia Comisión Europea. Los productos de los países desarrollados solo pueden ser competitivos en los mercados mundiales (productos, no olvidemos, en los que los derechos sociales de los que disfrutamos están incluidos en el precio de venta) si las empresas que los fabrican son intensivas en capital o basan su estrategia competitiva en detentar una situación de monopolio en alguna fase del proceso de producción (como la innovación y la diferenciación de producto).
¿Está mejorando el sector exterior?
El aumento de las exportaciones ha sido debido fundamentalmente a una reorientación geográfica de nuestras exportaciones hacia los países emergentes, en la actualidad con mercados más dinámicos. Los nueves países emergentes que mayor volumen de exportaciones españolas absorben han pasado de representar el 11% de las exportaciones españolas en 2008 al 14,1% en 2013. La ralentización del crecimiento de las exportaciones españolas en el tercer trimestre, cuando se inicia la tímida recuperación del PIB, pone en cuestión la línea de flotación de la argumentación, y de las políticas, del gobierno en el sentido de que la devaluación salarial supondría una mejora de la competitividad exterior capaz de tirar del crecimiento económico.
¿Tenía España un problema de competitividad?
Las empresas españolas no: entre 1994 y 2007 la cuota de las exportaciones españolas sobre el total de exportaciones mundiales se mantuvo más o menos constante en torno al 1,8%. En términos comparativos nuestra cuota exportadora a escala global se ha reducido en los últimos doce años tan sólo en un 8,9%, mientras que las de las principales naciones industrializadas, excepto Alemania, lo hacían en una franja del 20% (Francia y EEUU) al 40% (Italia), según el Banco de España. Sí tiene un problema de competitividad estructural en relación con el sector energético. En la actualidad la balanza comercial española, sin considerar los productos energéticos, tiene superávit. El tradicional déficit de nuestra balanza por cuenta corriente ha estado ocasionado fundamentalmente por las importaciones de combustibles y lubricantes, que en 2012 representaron el 6% del PIB y suponen en la actualidad el 23% del total de importaciones. La fuerte dependencia energética exterior de las actividades industriales y de servicios, particularmente del transporte, y no la evolución de los salarios, es lo que ha determinado el desequilibrio estructural exterior de nuestra economía y, por tanto, es clave en la capacidad de reducción de nuestro endeudamiento exterior, tal como indica el propio Banco Central Europeo. Una política orientada a reducir la alta dependencia energética, impulsando las energías renovables (en algunos de cuyos segmentos como la energía eólica somos altamente competitivos) y sistemas de transporte de mercancías menos contaminantes que el transporte por carretera, es imprescindible para reducir las necesidades de financiación exterior de nuestra economía, para mejorar su competitividad estructural.
¿Es la devaluación salarial el precio a pagar por salir de la crisis?
No, ha sido la incapacidad política de los gobiernos de actuar eficazmente sobre el sector financiero y energético lo que ha hecho que finalmente el esfuerzo de reducción de costes haya recaído sobre los costes laborales. Los sobrecostes que actualmente tienen que pagar las empresas españolas por la energía y la financiación son debidos a la influencia que las principales empresas de estos sectores tienen sobre el poder político. La crisis ha sido la excusa para aplicar un programa de máximos del empresariado español menos abierto a la competencia internacional, el que depende en gran medida de los presupuestos públicos, el que menos invierte en modernizar su empresa, el que basa sus márgenes empresariales en la sobrexplotación de los trabajadores. Ha sido el shock externo que los neoliberales españoles esperaban para modificar radicalmente las reglas del juego en el mercado laboral, incrementando exponencialmente el poder del empresario en las relaciones laborales y despreciando las consecuencias demoledoras de la devaluación salarial sobre el tamaño y sofisticación de la demanda nacional. La devaluación salarial descuelga a España de la senda de las sociedades desarrolladas basadas en el conocimiento, en las cuales la implicación de los trabajadores es fundamental para generar valor en la empresa.
Sois críticos con los análisis que se basan en los Costes Laborales Unitarios (CLU). ¿Por qué desconfiáis de este indicador?
El hecho de que la cuota exportadora de España a escala mundial apenas se hubiera visto perjudicada por el aumento de los Costes Laborales Unitarios (CLU) en nuestro país antes de la crisis, pone en evidencia que en la competitividad de las exportaciones españoles entran en juego otros factores además de los precios. El economista Nicholas Kaldor evidenció, ya en 1978, que no existía una relación entre la evolución de los CLU y la cuota de mercado. Los CLU sólo informan sobre la competitividad-precio de productos estandarizados, pero no aportan ninguna información sobre las mejoras que se hayan producido en otros aspectos como la calidad y diferenciación del producto, las estrategias de internacionalización, la calidad de los servicios de distribución y venta. No es que nosotros desconfiemos de ese indicador, es que son numerosos los estudios, del Servicio de Estudios del BBVA, del Banco de España, de economistas como Vicente Salas, o Jesus Felipe y Utsav Kumar del Banco de Desarrollo de Asia que ponen de manifiesto que los CLU agregados a escala sectorial o nacional no son un indicador correcto para medir la competitividad de un país. En España la burbuja inmobiliaria hizo que el mix tecnológico de producción evolucionara hacia sectores, vinculados a la construcción, poco intensivos en tecnología y de baja productividad, elevando los CLU agregados a escala nacional, pero sin que esto supusiera un empeoramiento real de la capacidad competitiva de las empresas exportadoras de nuestro país.
Apostáis por el concepto de “competitividad estructural”, ¿en qué consiste?
La competitividad estructural de una economía parte de la consideración de que, además de a factores internos de gestión empresarial, la capacidad competitiva de las empresas depende de la estructura económica de la que forman parte: 1)del tamaño y sofisticación de la demanda nacional; 2)de las estructuras de las relaciones de producción nacionales entre diferentes sectores; 3)del tamaño y poder de mercado de proveedores y clientes; y 4)de la capacidad de difusión de tecnología. La competitividad estructural de una economía depende de su grado de capitalización, en términos de infraestructuras, capital humano, e innovación tecnológica. Elementos sobre los que la actuación de los poderes públicos es fundamental. Si analizamos la competitividad desde este punto de vista, la reducción de salarios es contraproducente, no solo reduce la demanda agregada, y su nivel de sofisticación (aumenta el consumo de productos de menor calidad y se venden menos productos de marca y tecnológicamente avanzados, que son los que tienen un mayor valor añadido y, por tanto, los que permiten disputar mayores salarios), y también genera un efecto de fuga de los trabajadores más capacitados y cualificados, aquellos que más incrementan el valor para las empresas que apuestan por la innovación y el conocimiento.
Reproducís en el libro las palabras del socialdemócrata alemán Helmut Schmidt: “Los superávits de Alemania son, en realidad, los déficits de otros países”. ¿Es Europa una suma cero, donde unos países se equilibran con el desequilibrio de otros? ¿Se ha beneficiado Alemania del modelo económico español?
A lo ya comentado sobre las verdaderas causas de los desequilibrios comerciales hay que añadir, tras la entrada en el euro, los efectos financieros del neomercantilismo depredador desarrollado por Alemania y otros pequeños países del centro y norte de Europa. El conjunto de la UEM mantiene una posición próxima al equilibro con el resto del mundo, pero desde 1999, Alemania y otras economías más pequeñas como Holanda, Austria y Finlandia, han registrado grandes superávits. Los países con superávit gastan menos de lo que producen, lo que se refleja en términos macroeconómicos en un exceso de ahorro, que se canaliza hacia el exterior en forma de adquisición neta de activos. En este sentido, parte importante de la inflación de activos inmobiliarios, de la burbuja, que ha sufrido la economía española ha sido debido a ese exceso de ahorro centroeuropeo que hasta el inicio de la crisis venía obteniendo mayores rentabilidades en el ladrillo español que en las empresas de alta productividad de su país.
Habláis de mejorar la productividad, pero también el gobierno y la patronal insisten en la productividad. ¿Habláis el mismo idioma?
Una mejora de la productividad del trabajo, que es a la que se nos referimos cuando hablamos de productividad coloquialmente, puede lograrse a través de tres vías: 1)incrementando la explotación de los trabajadores. Si tomamos el ejemplo de una empresa de mensajería estaríamos hablando de la rebaja de sus sueldos o del incremento de su jornada y ritmo de trabajo; 2)incrementando la relación de capital por trabajador. En el mismo ejemplo, si la empresa compra una moto a sus carteros les permite repartir más cartas en menos tiempo; y 3)imponiendo los precios de sus productos sobre los clientes, o los precios de los bienes intermedios o materias primas sobre sus proveedores, esto es, si las empresas son capaces de lograr derechos de monopolio sobre alguno de estos cinco activos intangibles específicos: el acceso a la tecnología, los conocimientos de gestión en equipo, las economías de escala en los centros de producción, las mejores ideas de comercialización y disponer de marcas bien conocidas. En general, las grandes empresas están mejor posicionadas para lograr dichos derechos de monopolio. Nosotros nos referimos, evidentemente, a lograr mejoras de la productividad mediante los dos últimos caminos.
Criticáis el “decreciente compromiso de los accionistas con sus empresas”, ¿en qué sentido?
El incremento de los beneficios empresariales distribuidos a los accionistas y de los intereses financieros pagados por los prestamos solicitados, la parte del beneficio que no se reinvierte en la empresa, que no incrementa su productividad pasó del 39% en 1995 al 60% en 2008. El resultado del escaso volumen de beneficios reinvertidos ha hecho que el stock, la cantidad, de capital productivo, excluidas las viviendas, en los últimos 15 años creciera a una tasa tan solo del 1%, mientras que en los años sesenta y setenta creció a una tasa anual del 10%. El stock de capital en la economía española en 2009 representaba tan sólo un 161% del PIB, un peso muy inferior al que tiene en otras economías desarrolladas como Alemania, un 184% y EEUU, un 209%. La tradicional escasez de capital productivo es un elemento básico a la hora de explicar la baja productividad de las empresas pequeñas y mediadas empresas de nuestro país. El decreciente compromiso de los accionistas con sus empresas es un elemento muy preocupante en una economía, ya que conduce a que las ganancias de productividad solo pueden alcanzarse mediante una mayor explotación de los trabajadores.
Proponéis actuar sobre los beneficios empresariales, para su reinversión, y con más participación de los trabajadores. ¿Cómo se hace algo así?
Incentivar la reinversión productiva de los beneficios de las empresas no reduce la riqueza de los accionistas, aunque sí su renta disponible. La reinversión de beneficios incrementa su patrimonio a largo plazo, por la revalorización de sus acciones (si la empresa cotiza en bolsa) o por el mayor valor de sus activos (edificios, maquinaria, patentes). En 1975 el economista sueco Meidner, miembro del sindicato sueco LO, propuso la creación de “fondos colectivos de asalariados” como una forma de enfrentarse a los tres principales problemas de la economía sueca en ese momento: que se consumía más que se producía, que las inversiones eran muy bajas y que había un exceso de capacidad productiva, problemas que actualmente tienen la economía española. Según Meidner parte de la remuneración a los trabajadores debería hacerse mediante la cesión de acciones de las empresas, que debían de ser gestionadas conjuntamente por organismos de representación colectiva de los trabajadores. El sindicato LO consiguió que en 1984 el gobierno de Olof Palme, dos años antes de ser asesinado, aprobara una ley que si bien no tenía en cuenta todas las propuestas de Meidner si recogía su filosofía. Aunque la victoria del “bloque burgués” en 1991 supuso el desmantelamiento de los fondos, que habían alcanzado un volumen total de 2.000 millones de euros, reconvirtiéndolos en fondos de pensiones.
Más información y propuestas en el libro Qué hacemos con la competitividad, y en la web de la colección Qué hacemos.
Os invitamos al debate Mejorar la competitividad sin bajar los salarios, el jueves 30 de enero, a las 18.30h, en el Centro Abogados de Atocha (C/ Sebastián Herrera, 12, Madrid).
Próximos debates:
Qué hacemos con los bancos. Por una banca pública y democrática.
Con Bibiana Medialdea (colectivo Qué hacemos), Lourdes Lucía (coordinadora del libro), Alberto Garzón (portavoz de IU en la Comisión de Economía del Congreso) y Carlos Sánchez Mato (presidente de ATTAC-Madrid y portavoz de la Plataforma por una Banca Pública.
Martes 4 de febrero, 19h. Teatro del Barrio. C/ Zurita, 20 (Madrid).
Qué hacemos por la vivienda. Por una política pública de vivienda y contra los desahucios.
Con Alejandro Inurrieta (coordinador del libro), Nacho Murgui (presidente de la Federación de AAVV de Madrid) y Carlos Huerga (activista de la PAH).
Jueves 13 de febrero, 19h. Librería Muga, Avda. Pablo Neruda, 89 (Madrid).
Qué hacemos con la literatura. Escribir en tiempos de crisis.
Con Isaac Rosa (colectivo Qué hacemos), David Becerra (coordinador del libro), Rafael Reig (escritor) y José Ovejero (escritor).
Lunes 24 de febrero, 19h. Librería La Central, C/ Postigo de San Martín, 8 (Madrid).
Fuente: eldiario.es
[Más Información]: Fundación 1º de mayo
miércoles, 29 de enero de 2014
Ada Colau: "Los nuevos datos sobre desahucios demuestran que los bancos han mentido"
Las cifras publicadas este martes por el Banco de España apuntan un aumento de los desahucios en el momento de mayor impacto social de las acciones de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH)
"Las entidades bancarias se han visto obligadas a reconocer, forzados por la realidad, que la mayoría de desahucios (79%) suponen la pérdida de la vivienda habitual", según la portavoz, Ada Colau
El descenso de las intervenciones policiales es para Colau "una consecuencia de la presión social"
¿Cómo se explica que el número de desahucios se multiplicara cuando la presencia social de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) alcanzaba el punto de máxima visibilidad? Mientras ganaban el pulso a la opinión pública y también a políticos y banqueros, los desalojos forzados seguían aumentando. Y ahora los datos del Banco de España lo confirman. Solo en los seis primeros meses de 2013 se produjeron 19.567 entregas, en relación a las 23.337 viviendas entregadas en todo 2012.
"Aunque no se nos puede olvidar que estas cifras las proporcionan los bancos, esas entidades que han demostrado que mienten, los datos siguen siendo significativos y ponen sobre la mesa una realidad social que se confirma con solo mirar cómo han aumentado en el último año el número de personas vinculadas a la Plataforma. Hoy hay 206 delegaciones y no paran de llegar afectados", explica la portavoz Ada Colau. Además, "en las cifras -recuerda- no se contemplan los desahucios crecientes por problemas con el alquiler, cuando muchas veces son las propias entidades las que están detrás de la propiedad de estas viviendas". Según las estadísticas del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el 58,23% de los desahucios en el segundo trimestre de 2013 se debieron a problemas con el alquiler mientras que un 36,23 % se produjeron por impago de la hipoteca.
Cuando a comienzos de 2013 Ada Colau subía al estrado del Congreso de los Diputados, las responsables de los bancos relacionaban los desalojos con segundas viviendas; un argumento que "ellos mismos han tenido que desmontar forzados por la realidad". De acuerdo con los datos del Banco de España, el 79% de los desahucios que se produjeron en el primer semestre de 2013 supusieron la pérdida de la vivienda habitual, lo cual demuestra, según Colau, que "las personas que se hipotecaron en medio de la burbuja inmobiliaria eran gente trabajadora, sin intención de especular". Así, un 83% de las hipotecas que terminaron en entrega judicial en 2012 se habían originado en 2007 o anteriores.
El problema aumenta; la atención mediática desciende
Aunque los datos desmienten un descenso en el número de desahucios, la capacidad de negociación sí ha ido ganándose día tras día, concentración tras concentración. "Ahora somos más fuertes, tenemos más capacidad para negociar con los bancos. Solo nuestra presencia les somete a presión y les hace más proclives a dialogar con los afectados", expresa la portavoz. Y esa presión que obliga a actuar también impulsa, sin quererlo, la invisibilización del problema. Ahora que las cámaras no capturan a activistas encadenados a las casas y que los micros se han apartado de los portales, el drama de los desahucios no ha desaparecido.
Y este rebaje de la atención mediática también encuentra su explicación en los números. Si en 2012, la policía escoltó a las comitivas judiciales en 346 casos, en el primer semestre de 2013 se registraron 88 intervenciones. "Cada vez es más impopular que los agentes actúen en los desahucios, aunque tampoco podemos pensar que solo los desalojos con presencia policial son los graves. Todos someten a los afectados a una violencia extrema", sostiene la cara más visible de la PAH.
De las viviendas desalojadas, solo el 6,7% estaban ocupadas en el momento del desahucio. Según la experiencia de Colau, "nadie quiere exponerse a esa situación tan violenta, nadie quiere ponerse en peligro". Los que sí lo hacen se someten al riesgo por extrema necesidad, porque es su última opción antes de quedarse en la calle.
Raül Romeva i Rueda. Resumen de la conferencia que hice lunes a Ibiza (# Eivissadiuno # prospeccionsno # clubdiariodeibiza)
Por laura herrero Arambarri ( texto completo en Diario de Ibiza )
«Si a pesar de toda esta Movilización, si a pesar de las más de 20.000 Alegaciones Recogidas en tan poco tiempo el Gobierno no reacciona, si esto no lo para, se que Tenemos un problema democrático de primer nivel ». Así de rotundo se pronunció el lunes en el Club Diario de Ibiza el eurodiputado Raül Romeva, del grupo de los Verdes / Alianza Libre Europea, que habla sobre los peligros de las prospecciones en el Mediterráneo ante un auditorio en el que no faltaron caras reconocibles del movimiento Alianza Mar Azul o el Fenómeno viral # Eivissadiuno .
«La oposición a un proyecto como este es un Proceso lento, largo y complicado, por eso es tan Importante pararlo en la fase previa, en la que PENSIONES se encuentra el proyecto de Cairn Energy », remarca el eurodiputado, que ralentiza a los ibicencos a no bajar la guardia. «No Podemos permitirnos un Mediterráneo llena de manchas negras. No tiene ningún sentido », aseguran el eurodiputado, que senala que, en el fondo de toda esta Cuestión« está el Hecho de que el Gobierno central continúa Apostando por la dependencia energética de los hidrocarburos y las nucleares, en Lugar de apostar por dos industrias Mucho más interesantes a Largo Plazo como es el turismo y las renovables ", sentenció.
Acompanado por Arnau Mañas, de ExC, Romeva apunta que el Hecho de que en Baleares gobierne el PP y las Instituciones isleñas se opongan a las prospecciones «sitúa a las islas en una posición muy diferente a Canarias, Donde el PP se ha pronunciado a favor de estos estudios ». «Los poderes locales Tiene Una cierta reticencia a estos proyectos en Baleares», remarca el eurodiputado. De todos modos, este Hecho «no es suficiente» como para bajar las defensas y fiarse exclusivamente de las acciones políticas. «Todas las energías son necesarias en este momento», Matiz e instan a los Movimientos antiprospecciones a dirigirse a la Comisión Europea e inclusivo al Defensor del Pueblo europeo (Ombudsman), en el caso de que, al cierre del periodo de Alegaciones, no del haya una respuesta positiva del Gobierno.Aconsejar a todo el movimiento que Comience a planificar «Todas las acciones posibles en el caso de que las Alegaciones no prosperan».
No descarta tampoco, en respuesta a una pregunta de David Sala, del movimiento # Eivissadiuno, elevar la demanda a la Unesco, ya que Ibiza se Patrimonio de la Humanidad (un título que conceden este organismos), entre Otros valores miedo suspensión praderas de posidonia , que podrían verse amenazadas. «Aunque no pretenda una influencia directa, sí podría Ayuda al movimiento en contra», apunta el eurodiputado.
«Hay que pensar que, incluso en el caso de que no se produzcan accidentes, el valor del entorno pierde puntos, es una Pérdida colectiva. No va a generar Ciencias y Tecnología para la zona y tampoco un impacto económico positivo Porque perjudica al entorno que se uno de los valores primordiales del turismo », añadió Romeva.
En referencia a si, Finalmente, servirá de algo todo el movimiento en contra y las Alegaciones, el político FUE rotundo: «No nos Podemos permitirnos no ser optimistas, si nos Creemos que no hay opciones no haremos nada. En la fase en la que estamos Todas las energías son necesarias, Comenzando por la Vuestra [en referencia al auditorio] Alianza Mar Azul, el sector turístico, pesquero, todos ".
Fuente: Raül Romeva
Chesús Yuste pide la dimisión de Gustavo Alcalde
Intervención del Diputado de CHA (La Izquierda de Aragón) Chesús Yuste reclamando una sesión extraordinaria de la Comisión de Interior, con el siguiente orden del día: Comparecencia del Ministro del Interior, para que explique las medidas que piensa adoptar con respecto al Delegado del Gobierno en Aragón ante las críticas realizadas por colectivos ciudadanos e instituciones con motivo de los acontecimientos ocurridos en la ciudad de Zaragoza durante los días 17 a 19 de enero de 2014, con motivo de sucesivas concentraciones y manifestaciones de apoyo a los vecinos del barrio de Gamonal en Burgos, a las que se respondió con una desproporcionada presencia de la Policía Nacional ocupando las calles del centro de Zaragoza, la petición de identificación de forma indiscriminada a todos los asistentes a la concentración y a ciudadanos que sólo pasaban por ahí, y las detenciones indiscriminadas a personas ajenas a los incidentes tal como confirman testigos presenciales. (Diputación Permanente, 28/01/2014).
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