El pasado viernes 29 de noviembre, el gobierno aprobó un
Real Decreto mediante el cual se autoriza y detalla una nueva ayuda pública a los bancos españoles por valor de 30.000 millones de euros.
Esta ayuda consiste en que el Estado se compromete a respaldar con dinero público una buena parte de los activos fiscales que tienen los bancos en su propiedad.
Pero, ¿qué son exactamente estos activos fiscales? Diciéndolo llanamente: se trata de bonos-descuento que pueden usar los bancos en el futuro para no pagar impuestos. Estos bonos-descuento son creados por el Estado y entregados a los bancos cuando se presenta alguna de las siguientes situaciones:
1) El banco presenta pérdidas. Por ejemplo, si un banco obtiene beneficios de 100 euros, tiene que pagar 30 euros a Hacienda en concepto de impuesto de sociedades (porque su tipo impositivo es del 30%). En cambio, si el banco registra pérdidas de 100 euros, no pagará impuestos y el Estado le entregará un bono-descuento por valor de 30 euros. Imaginemos ahora que al año siguiente el banco obtiene beneficios de 100 euros. Sabemos que tendría que pagar 30 euros en concepto de impuesto de sociedades, pero si tiene un bono-descuento de 30 euros entonces puede utilizarlo como pago y así librarse de entregar dinero a Hacienda.
2) El banco guarda parte de sus beneficios y los deja inmovilizados. Por ejemplo, el banco puede apartar una porción de los beneficios y destinarlos a un plan de pensión privado. Como este dinero proviene de los beneficios, tiene que pagar impuestos por él. Pero como en realidad el banco no puede beneficiarse de ese dinero porque está reservado para los propietarios del fondo de pensión, entonces el Estado le entrega un bono-comodín para que en el futuro el banco no pague esos impuestos que ahora está pagando injustamente. Otro ejemplo, el banco puede apartar una parte de los beneficios y dejarlos inmovilizados con la intención de utilizar ese dinero en caso de que lo necesite en una situación de urgencia (son las llamadas “provisiones”). De nuevo, el banco pagará impuestos por beneficios aunque no saque tajada de ellos y el Estado le entregará bonos-descuento para compensar ese contratiempo.
Hasta el momento, estos activos fiscales no presentaban ningún problema. Las legislaciones española e internacional reconocían plenamente esta herramienta sin ningún problema. Lo que ocurre ahora es que a partir del 1 de enero de 2014 los mercados financieros (atendiendo a las normas bancarias internacionales recientemente acordadas) considerarán esos bonos-descuento como activos de mala calidad, y no de buena calidad como hasta entonces había sucedido. La razón es que en caso de que los bancos sufran algún contratiempo y necesiten utilizar dinero para solucionarlo, estos bonos-descuento no son nada útiles ya que son simplemente títulos (papelitos que sólo sirven para no pagar impuestos futuros) y no dinero contante y sonante. Y puesto que los inversores penalizarán a aquellos bancos que no posean una cantidad determinada de activos de buena calidad, el hecho de que ahora de buenas a primeras no puedan contar con los bonos-descuento entre esos activos de alto rango supone un revés bastante importante para estas entidades bancarias. Por lo tanto, los bancos necesitan aumentar la calidad de estos activos como sea antes de que acabe el año.
Pero, ¿cómo se puede aumentar la calidad de los activos fiscales? Básicamente existen tres formas: 1) respaldar con beneficios esos activos fiscales, lo que quiere decir que los bancos apartarían parte de sus beneficios (dinero contante y sonante) para fortalecer esos bonos-descuento, 2) pedir dinero (capital) en el mercado de capitales, y 3) que el Estado garantice con dinero público la solidez de los activos fiscales.
Como se puede intuir, la tercera posibilidad es la que recoge el citado Real Decreto. El gobierno ha decidido que se reserve dinero público para aumentar la calidad de los activos fiscales que poseen los bancos españoles. Sin embargo, el Estado sólo garantizará los activos fiscales originados mediante la segunda situación comentada arriba. Los activos fiscales que se hayan generado como consecuencia de que los bancos hayan registrado pérdidas (la primera situación) no van a ser respaldados con dinero público.
Por eso, aunque la cantidad total de activos fiscales en manos de bancos españoles alcanza aproximadamente los 50.000 millones de euros, el Estado sólo respaldará 30.000 millones (los que han sido originados como consecuencia de haber inmovilizado una parte de los beneficios: planes de pensiones, provisiones, etc). El resto tendrán que ser garantizados mediante las primeras dos opciones planteadas: recurrir a beneficios o recurrir a capital en el mercado accionario.
De esta forma, esos 30.000 millones de euros provenientes del Tesoro Público no serán entregados inmediatamente a la banca. De momento, sólo están reservados para aumentar la calidad de los activos fiscales (por lo tanto, y de momento, el déficit estatal no aumentará). Ahora bien, si los bancos presentan en el futuro pérdidas o se declaran insolventes, entonces el Estado se verá obligado a entregar a la banca parte del dinero (o todo) que por ahora tiene reservado: 30.000 millones de euros. En ese caso, el déficit del Estado aumentaría en esa cantidad (el total equivale a un 3% del PIB).
Pero aquí no acaba la gracia. La Troika (el Banco Central Europeo, la Comisión Europea y el Fondo Monetario Internacional)
ha dejado claro que esta ayuda no puede afectar sólo a la banca, porque supondría favorecer a un sector empresarial frente a otros.
Por lo tanto, el Estado debe garantizar con dinero público no sólo los activos fiscales de los bancos sino también los del resto de empresas privadas. Esto quiere decir que todos los “bonos-descuento” que el Estado ha entregado a empresas no financieras (sobre todo, grandes empresas como Telefónica o Endesa) por haber inmovilizado parte de sus beneficios (pagos por prejubilaciones, planes de pensiones para sus empleados, provisiones por morosidad, etc) serán respaldados con dinero del contribuyente. Si estas empresas presentan pérdidas o quiebran, el Estado les entregará dinero público.
En definitiva, nos encontramos con una nueva cuantiosa ayuda a la banca que se extenderá por ley a las empresas no financieras (y entre ellas, especialmente a las grandes empresas) y que sin ninguna duda mermará todavía más las arcas del Estado.
