La Nación es fruto de la voluntad colectiva de los ciudadanos y ciudadanas que la conforman. El elemento central que sujeta a la Nación para una visión progresista son los ciudadanos, es una comunidad de ciudadanos vertebrados como formación socioeconómica específica, un colectivo estable de ciudadanos que tiene una identidad, y que aparece al mismo tiempo que aparecen las clases en lucha en el periodo moderno.
A lo largo de la historia de Catalunya, debido a la existencia de clases, se han desarrollado diversos catalanismos, conservadores y progresistas, de derechas y de izquierdas, una importante tradición del movimiento obrero catalán pertenece al catalanismo de izquierdas y popular.
Nos sentimos parte del catalanismo popular, que expresa una dinámica y una voluntad de construcción nacional basada en una caracterización que pasa por desarrollar la democracia política, económica, social y cultural articulando a la sociedad civil alternativa.
En nuestra opinión, los derechos nacionales no sólo son los derechos que tienen que ver con las relaciones entre las naciones sino aquellos que se desprenden de los derechos sociales y cívicos, sean individuales o colectivos.
Los comunistas debemos entroncar el proyecto estratégico del Frente de Izquierdas con el catalanismo popular y no dejar de ningún modo a la burguesía que hegemonice este hecho con su perspectiva conservadora de nacionalismo identitario, etnicista o territorialista.
Precisamente si en Catalunya el fet nacional fue capaz de resistir el período de la Dictadura Franquista fue debido a que la clase trabajadora supo asumir, al lado y en estrecha comunión, la lucha social y democrática contra el fascismo, la lucha por los derechos nacionales de nuestro pueblo.
En este momento de intento de división de los trabajadores, sigue teniendo una importancia capital la frase del PSUC "es catalán quien vive y trabaja en Catalunya" como elemento de unidad de la clase trabajadora y donde la creación de CCOO como "sindicato de clase y nacional" fue un hito determinante.
Si planteamos y defendemos la hegemonía de la clase trabajadora, ésta no se podrá conseguir sin la incorporación plena del catalanismo popular para desarrollar un proyecto atractivo para el conjunto del pueblo de Catalunya, proyecto que de forma medular para nosotros es ocupado por las preocupaciones sociales y económicas.
La clase trabajadora se unifica y fortalece como clase al mismo tiempo que desarrolla la construcción nacional bajo un paraguas popular, democrático y participativo. Esta construcción puede dar a la nación una caracterización antiimperialista, no centralista, solidaria e internacionalista y con plena capacidad de relación entre iguales con otros pueblos de España, de Europa y del mundo.
Nuestra visión de participación, o no, en un Estado propio o compartido está en función de la voluntad y los intereses de esta mayoría ciudadana que podemos expresar como pueblo en que en el centro participa la clase trabajadora, que debe expresar a medio y largo plazo un proyecto emancipatorio que va mucho más allá de los estados (ya sean el francés, el español o el catalán).
Si nosotros queremos desarrollar el autogobierno de la nación catalana es por dos motivos: el primero, porque tenemos el derecho democrático de hacerlo, aunque podríamos decidir no hacerlo y, el segundo, porque objetivamente la clase trabajadora y con ella el pueblo de Catalunya han caracterizado la opresión histórica que ha desarrollado la oligarquía terrateniente y centralista española, que ha ido convirtiéndose hoy en una oligarquía financiera aliada con expresiones del tardo y neo-franquismo, que tienen un proyecto conservador y centralista que ha hecho y hace aún muchos pactos históricos con parte de la burguesía catalana.
Por tanto, el desarrollo de marcos de autogobierno es una forma de afrontar la lucha de clases en España, ya que nosotros defendemos este autogobierno bajo unos parámetros de profundización de la democracia política y social y objetivamente la lucha de los pueblos de España que aspiran a más autogobierno es aliada de las luchas sociales y económicas de la clase trabajadora española y del conjunto de los pueblos de España.
España debe comportarse como un Estado de naciones y regiones, como un Estado Federal, laico y republicano, plurinacional, pluricultural, y plurilingüe.
Una segunda transición es necesaria, y si las fuerzas de la oligarquía financiera tardo y post franquista lo impiden con una lectura restringida de la Constitución de 1978, significa que queda roto el pacto constitucional y se abre a medio y largo plazo una nueva reflexión constituyente.
Para esta reflexión y otras que afectan al funcionamiento democrático, hay que agrupar el máximo de formas democráticas para aislar a los grupos antidemocráticos que operan desde diferentes ámbitos del poder, grupos que en esferas económicas, sociales, democráticas y culturales apuestan por una verdadera involución que nos lleve a escenarios en estos ámbitos anteriores a 1978. Las soluciones neoliberales para salir de la crisis no son en absoluto una excepción y entran en los mismos conceptos de recortes.
La sentencia del Tribunal Constitucional y la manifestación de julio del 2010, un punto de inflexión
La sentencia del Tribunal Constitucional (TC) sobre el Estatuto de Catalunya fue eminentemente política, ya que la Constitución del 78 tiene margen para admitir el texto sin recortarlo en lo más mínimo. Esta posición ideológica que presenta la ha buscado el PP para saltarse la mayoría en el Congreso, el Senado, el Parlament de Catalunya y también el referéndum del pueblo de Catalunya. Es una posición centralista, conservadora y profundamente antidemocrática.
El TC no tiene legitimidad democrática ya que se han saltado todos los requisitos para su renovación, pero sobre todo porque su composición obedece a una tendencia viciada por el bipartidismo, que se reparte entre PP y PSOE el nombramiento de los magistrados, y por una realidad en la que sólo los poderes centrales del Estado están representados, no los poderes locales ni los autonómicos. Esta sentencia se inscribe en una ola conservadora y antidemocrática en medio de la lucha por la salida de la crisis del capitalismo financiero, en que se quiere ajustar el estado del bienestar, el modelo de Estado y la representatividad de la izquierda alternativa y el sindicalismo de clase.
El Congreso y el Senado cerraron también en 2010 la modificación de la Ley Electoral, el reforzamiento de los mecanismos represivos de la libertad política de la Ley de Partidos (proceso de paz en Euskadi) y mantuvieron el Pacto por la Justicia de PP y PSOE, que es lo que ha conformado la composición de reparto del Tribunal Constitucional, del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo (autor de los casos Garzón, Gürtel y Memoria Histórica).
En España hay un pacto entre la facción de estado de la oligarquía financiera (causante y gestora de la salida a la crisis por la derecha) y los grupos del tardo o post franquismo, que se articulan y coordinan (en algunos momentos son lo mismo) para desarrollar su ofensiva antidemocrática, imponiendo las políticas antisociales neoliberales y las visiones centralistas y autoritarias.
Hay que fortalecer y hacer crecer el espacio federalista en el conjunto del Estado, ya que es un punto de encuentro de los sectores progresistas que necesitamos sumar para detener a la derecha y reforzar una salida social, federal y democrática por la izquierda. En Catalunya se hace necesaria la articulación de un Nuevo Espacio Catalán de la Izquierda Transformadora y Ecologista donde participen sectores federalistas e independentistas bajo la propuesta de coordinarse para enfrentar las políticas neoliberales, profundizar la democracia y conseguir de facto ejercer el derecho a decidir sobre la vinculación con el estado español y Europa. Ese espacio debe obedecer al calendario político marcado por la movilización social. La movilización por las libertades nacionales y sociales, las manifestaciones y la nueva huelga general son una oportunidad para oponerse y luchar, contra los recortes sociales y contra los recortes nacionales.
El 11 de septiembre de 2012, una manifestación que abre un nuevo ciclo
La Manifestación de Barcelona del 11 de Septiembre evidencia dos estados de ánimo de la población catalana, por una parte la voluntad de encontrar soluciones a la crisis y la preocupación por la pérdida de calidad de vida y, en segundo lugar, un arraigado sentimiento democrático donde se quiere decidir libremente el futuro del país respecto a su encaje o no dentro de España. Las políticas centralistas del PP y PSOE dificultan enormemente la visualización de que la vía federalista tiene verdadera capacidad de transformar la forma de articular el estado y romper los topes constitucionales.
En este contexto y como en otras ocasiones, CiU está utilizando el hecho nacional y las aspiraciones a un mayor autogobierno presentes en la sociedad catalana como una maniobra de distracción: así oculta el fracaso de sus políticas sociales y económicas, que no están sacando a Catalunya de la crisis y, por otro lado, deja en segundo plano las coincidencias políticas de fondo con el PP, con quien comparte una visión antisocial de la salida de la crisis, en base a recortes de derechos y reformas que favorecen sólo a las clases dominantes.
CiU ideológicamente está de acuerdo con las políticas de austeridad, las ha votado en Europa y en el Estado fue pionera en su aplicación, de forma paralela al Gobierno Zapatero y de forma ahora coordinada al Gobierno Rajoy y aprobadas con apoyos políticos entre PP y CiU en Madrid y Catalunya. Este punto demuestra los pies de barro de las propuestas de Pacto Fiscal de Mas.
El Déficit Fiscal, si no se modifican las políticas de austeridad, es sólo una parte del problema y de ninguna manera el Pacto Fiscal la totalidad de la solución
Las soluciones pasan por negar las políticas de austeridad impuestas por la Troika, apostar por un cambio de Modelo Productivo y el desarrollo de una Reforma Fiscal Progresiva y un plan contra el Fraude Fiscal. Poner el impulso a los ingresos y desarrollar planes de crecimiento sostenible y social y de empleo. Al mismo tiempo hay que desarrollar una verdadera propuesta de Federalismo Fiscal que articule una forma más justa y racional de organización fiscal en un estado plurinacional.
Si el 10 de Julio de 2010 marcó un hito, el 11 de Septiembre de 2012 abre un nuevo período de decisiones democráticas, que tienen que ver con un modelo de cohesión social de país que está siendo desmantelado desde la Moncloa y desde el Palau de la Generalitat. Y tiene que ver también con decisiones vinculadas a la relación entre Catalunya y el Estado: ya no queda tiempo para seguir apostando por un modelo autonómico superado en el que Catalunya no encaja. Hay que desplegar un federalismo plurinacional, donde el derecho a decidir esté reconocido, como única oportunidad de un encaje común, donde el Estado español tiene el reto de entender y atender el sentimiento nacional de los pueblos que lo conforman.
Una propuesta de federalismo de libre adhesión tiene todavía oportunidades de convertirse en un punto de encuentro que ayude a articular una convivencia entre pueblos ya no sólo al Estado si no incluso también en Europa.
Joan Josep Nuet i Pujals es coodinador general de EuiA y diputado de la Izquierda Plural. Ponencia presentada en el seminario organizado por la Fundación Socialismo sin Fronteras el 29 y 30 de septiembre en Baztán sobre “Cambio Social y Libertad Nacional”.
Fuente: www.sinpermiso.info
