Llevamos poco más de un año desde que entrara en vigor la nueva Ley Foral de Renta de Inclusión Social, antes renta básica, y estamos en condiciones de hacer un balance de su primer año de aplicación.
Cuando se presentó el proyecto de nueva ley, el Gobierno de Navarra insistía en que su objetivo no era el ahorro económico, si no combatir un presunto fraude existente, evitar el efecto llamada que tenía la anterior y mejorar los mecanismos de inserción laboral.
Recientemente hemos conocido unos datos elaborados por el propio Departamento de Política Social que a nuestro juicio constatan el fracaso de dicha ley, o mejor dicho, el cumplimiento con creces del objetivo real por el que se elaboró la misma; recortar un derecho social básico para provocar un ahorro económico en las arcas públicas, con la consecuencia de castigar severamente a uno de los sectores más débiles de la población.
En el citado informe del departamento se aportan los siguientes datos. A lo largo del año 2012 tenemos 8.749 expedientes de renta de inclusión social que han sido aprobados, 509 archivados sin que conozcamos la causa y 3.500 denegados. Esto supone que los expedientes denegados son un 28,6% respecto del total de aprobados y denegados. Así mismo, 3.064 expedientes estaban sin valorar a 14 de diciembre de 2012. Si suponemos que se mantiene el porcentaje de denegaciones, a esos 3.500 expedientes denegados habría que sumar 876 expedientes, dando un total de 4.376 denegaciones. Hay que resaltar que según algunas entidades que trabajan con personas en situación de exclusión social y de profesionales de los servicios sociales, habría que sumar a estos datos los expedientes que ni comienzan el trámite al no cumplir los nuevos requisitos que estableció la ley.
Profundizando más en los datos conviene destacar que esos 4.376 expedientes denegados, no se corresponden con unidades familiares en sentido estricto, pero si nos dan una idea aproximada del principal efecto que ha provocado la nueva ley de renta básica; en torno a 4.000 familias sin empleo y sin renta básica, que por 2,35 personas de media por familia que da el propio departamento, nos llevan a que en torno a las 9.400 personas se han quedado fuera del sistema de protección social de rentas mínimas en Navarra como consecuencia de la nueva ley.
En lo que respecta al presupuesto público empleado en esta prestación, destacar que mientras en el año 2011 con la anterior ley se emplearon 34,9 millones de euros, en 2012 la estimación de cierre es de 31 millones, es decir, cuando la crisis se agudiza, la pobreza y riesgo de pobreza crece y el paro llega a su máximo histórico, disminuimos en 5 millones de euros el gasto real en cubrir las necesidades básicas de vivienda y alimentación (a esto se dedica principalmente los 649 euros de la renta básica) de las personas que peor lo están pasando en Navarra como consecuencia de la crisis económica.
En este ahorro o mejor dicho, recorte social, no solo ha influido el que esas 4.000 familias se queden fuera de la protección social, si no que la cuantía media de lo que perciben las familias también ha disminuido. Así tenemos que si en el año 2011 la cuantía media de una renta básica era de 524 euros, en 2012 ha sido de 486. Esta disminución es lógica pues con la nueva ley a partir del primer año de prestación se recorta un 10% y a partir del segundo un 20%. Conviene aclarar que la media es inferior a la base de la renta básica, 649 euros, por que hay personas que, por ejemplo, cobrando el subsidio de los 400 euros, pueden complementar esta cantidad hasta los 649 de la renta básica.
En el balance que hace el Gobierno no ha dado un solo dato del resto de objetivos teóricamente perseguidos. Sobre el fraude en su día se aportó un estudio con una muestra mínima, pero en ningún caso se ha estudiado en su totalidad. Y en el caso del efecto llamada, la respuesta del Consejero a una pregunta parlamentaria de Izquierda-Ezkerra fue literalmente “no nos consta en el departamento estudio alguno al respecto”. No era difícil de adivinar. Un dato desmentía el presunto efecto llamada como se lo hicimos constar en su día a la Consejera; Euskadi era la comunidad con mejor renta básica del Estado y con uno de los menores porcentajes de población inmigrante. ¿No tenía Euskadi con la mejor renta básica ese presunto efecto llamada? Como es conocido, la gente emigra habitualmente por razones de búsqueda de empleo, no de búsqueda de ayudas sociales mínimas con las que malvivir.
Y si vamos al objetivo más importante, mejorar la inserción sociolaboral, hay que destacar que igualmente no se aportan datos. Si se dio en su momento la cifra de 484 perceptores de renta de inclusión social que encontraron empleo como consecuencia de un nuevo programa de subvenciones mediante el cual se da a las empresas la cuantía equivalente a la renta básica para que contraten a preceptores de renta básica, una cuestión que se podría haber realizado perfectamente con la anterior regulación. Este programa que puede tener elementos positivos para la empleabilidad de estas personas, también tiene problemas como la falta de acciones de acompañamiento social y el peligro que supone que haya empresas que lo aprovechen para despedir a trabajadores no subvencionados por otros que si lo están, sin generar empleo neto.
Hoy día tenemos en Navarra 15.000 desempleados más que en julio de 2011, momento en que Yolanda Barcina asume el cargo de Presidenta del Gobierno. No vamos a decir que sea de su total responsabilidad, simplemente lo que demuestra es que si estas personas no se insertan en el mercado laboral no es por que no quieran trabajar como se sugiere en ocasiones, si no que simplemente no hay trabajo suficiente como consecuencia de la crisis económica y el conjunto de políticas que la están agravando.
En el momento en que se aprobó la nueva ley dijimos; “se hace sin estudio previo alguno, en contra del criterio de las entidades que trabajan con la población en situación de pobreza y exclusión, con la excusa de combatir el fraude y el efecto llamada, y un presunto objetivo de mejorar la inserción laboral”. Lamentablemente, el resultado nos da la razón; casi 10.000 personas quedan marginadas de la renta básica, el paro no deja de aumentar, no se da un solo dato de fraude ni de efecto llamada, las entidades sociales no paran de denunciar el incremento de su actividad derivado del aumento de personas sin recursos ni renta básica, y todo ello para conseguir un ahorro de 5 millones de euros, 8 euros por cada ciudadano navarro.
Teniendo en cuenta que estamos en un desempleo histórico por lo elevado, más de 50.000 personas, con perspectiva económica negativa al menos durante varios años, lo que difícilmente traerá consigo una reducción del nivel de desempleo a corto plazo, si no queremos seguir ahondando en un fractura social cada vez mayor, debemos procurar un cambio de ley que al menos nos retrotraiga a la cobertura anterior, que sin ser completa, no dejaba a tantas familias sin ningún tipo de ingreso. Hay que decir que con poco más del 1% del presupuesto del Gobierno de Navarra, sería posible atajar la pobreza más extrema en Navarra, garantizando unos mínimos de supervivencia a toda la población. Con ello no transformamos una sociedad con desigualdades crecientes, según el Instituto de Estadística de Navarra a 1 de enero de 2012 habíamos alcanzado el 21% de la población en situación de pobreza o riesgo de pobreza, pero al menos haríamos frente a las situaciones sociales más dramáticas.
Todo programa de rentas mínimas como la renta básica, ha de ser complementado con acompañamiento social, formación para la empleabilidad, e itinerarios para la inserción social y laboral. Ahora bien, que nadie piense que si eliminamos los programas de rentas mínimas provocamos automáticamente que las personas que quedan excluidas del mismo se vean obligadas a buscar empleo. Cuando no se deja de destruir empleo por la situación económica, lo que provocamos con estas medidas es un aumento de la pobreza extrema y la exclusión, lo cual redundará precisamente en más dificultades para que en el futuro, si cambia la situación económica, estas personas accedan a un empleo y a una vida normalizada.
Una sociedad como la Navarra, con una de las rentas per cápita más altas del Estado, todavía en niveles de Producto Interior Bruto por encima de la media europea, es capaz de sostener políticas sociales suficientes para garantizar la cohesión social. Necesitamos como mínimo para ello, un cambio hacia políticas fiscales más justas y redistributivas, y un cambio de las prioridades en el gasto.
Cuando se presentó el proyecto de nueva ley, el Gobierno de Navarra insistía en que su objetivo no era el ahorro económico, si no combatir un presunto fraude existente, evitar el efecto llamada que tenía la anterior y mejorar los mecanismos de inserción laboral.
Recientemente hemos conocido unos datos elaborados por el propio Departamento de Política Social que a nuestro juicio constatan el fracaso de dicha ley, o mejor dicho, el cumplimiento con creces del objetivo real por el que se elaboró la misma; recortar un derecho social básico para provocar un ahorro económico en las arcas públicas, con la consecuencia de castigar severamente a uno de los sectores más débiles de la población.
En el citado informe del departamento se aportan los siguientes datos. A lo largo del año 2012 tenemos 8.749 expedientes de renta de inclusión social que han sido aprobados, 509 archivados sin que conozcamos la causa y 3.500 denegados. Esto supone que los expedientes denegados son un 28,6% respecto del total de aprobados y denegados. Así mismo, 3.064 expedientes estaban sin valorar a 14 de diciembre de 2012. Si suponemos que se mantiene el porcentaje de denegaciones, a esos 3.500 expedientes denegados habría que sumar 876 expedientes, dando un total de 4.376 denegaciones. Hay que resaltar que según algunas entidades que trabajan con personas en situación de exclusión social y de profesionales de los servicios sociales, habría que sumar a estos datos los expedientes que ni comienzan el trámite al no cumplir los nuevos requisitos que estableció la ley.
Profundizando más en los datos conviene destacar que esos 4.376 expedientes denegados, no se corresponden con unidades familiares en sentido estricto, pero si nos dan una idea aproximada del principal efecto que ha provocado la nueva ley de renta básica; en torno a 4.000 familias sin empleo y sin renta básica, que por 2,35 personas de media por familia que da el propio departamento, nos llevan a que en torno a las 9.400 personas se han quedado fuera del sistema de protección social de rentas mínimas en Navarra como consecuencia de la nueva ley.
En lo que respecta al presupuesto público empleado en esta prestación, destacar que mientras en el año 2011 con la anterior ley se emplearon 34,9 millones de euros, en 2012 la estimación de cierre es de 31 millones, es decir, cuando la crisis se agudiza, la pobreza y riesgo de pobreza crece y el paro llega a su máximo histórico, disminuimos en 5 millones de euros el gasto real en cubrir las necesidades básicas de vivienda y alimentación (a esto se dedica principalmente los 649 euros de la renta básica) de las personas que peor lo están pasando en Navarra como consecuencia de la crisis económica.
En este ahorro o mejor dicho, recorte social, no solo ha influido el que esas 4.000 familias se queden fuera de la protección social, si no que la cuantía media de lo que perciben las familias también ha disminuido. Así tenemos que si en el año 2011 la cuantía media de una renta básica era de 524 euros, en 2012 ha sido de 486. Esta disminución es lógica pues con la nueva ley a partir del primer año de prestación se recorta un 10% y a partir del segundo un 20%. Conviene aclarar que la media es inferior a la base de la renta básica, 649 euros, por que hay personas que, por ejemplo, cobrando el subsidio de los 400 euros, pueden complementar esta cantidad hasta los 649 de la renta básica.
En el balance que hace el Gobierno no ha dado un solo dato del resto de objetivos teóricamente perseguidos. Sobre el fraude en su día se aportó un estudio con una muestra mínima, pero en ningún caso se ha estudiado en su totalidad. Y en el caso del efecto llamada, la respuesta del Consejero a una pregunta parlamentaria de Izquierda-Ezkerra fue literalmente “no nos consta en el departamento estudio alguno al respecto”. No era difícil de adivinar. Un dato desmentía el presunto efecto llamada como se lo hicimos constar en su día a la Consejera; Euskadi era la comunidad con mejor renta básica del Estado y con uno de los menores porcentajes de población inmigrante. ¿No tenía Euskadi con la mejor renta básica ese presunto efecto llamada? Como es conocido, la gente emigra habitualmente por razones de búsqueda de empleo, no de búsqueda de ayudas sociales mínimas con las que malvivir.
Y si vamos al objetivo más importante, mejorar la inserción sociolaboral, hay que destacar que igualmente no se aportan datos. Si se dio en su momento la cifra de 484 perceptores de renta de inclusión social que encontraron empleo como consecuencia de un nuevo programa de subvenciones mediante el cual se da a las empresas la cuantía equivalente a la renta básica para que contraten a preceptores de renta básica, una cuestión que se podría haber realizado perfectamente con la anterior regulación. Este programa que puede tener elementos positivos para la empleabilidad de estas personas, también tiene problemas como la falta de acciones de acompañamiento social y el peligro que supone que haya empresas que lo aprovechen para despedir a trabajadores no subvencionados por otros que si lo están, sin generar empleo neto.
Hoy día tenemos en Navarra 15.000 desempleados más que en julio de 2011, momento en que Yolanda Barcina asume el cargo de Presidenta del Gobierno. No vamos a decir que sea de su total responsabilidad, simplemente lo que demuestra es que si estas personas no se insertan en el mercado laboral no es por que no quieran trabajar como se sugiere en ocasiones, si no que simplemente no hay trabajo suficiente como consecuencia de la crisis económica y el conjunto de políticas que la están agravando.
En el momento en que se aprobó la nueva ley dijimos; “se hace sin estudio previo alguno, en contra del criterio de las entidades que trabajan con la población en situación de pobreza y exclusión, con la excusa de combatir el fraude y el efecto llamada, y un presunto objetivo de mejorar la inserción laboral”. Lamentablemente, el resultado nos da la razón; casi 10.000 personas quedan marginadas de la renta básica, el paro no deja de aumentar, no se da un solo dato de fraude ni de efecto llamada, las entidades sociales no paran de denunciar el incremento de su actividad derivado del aumento de personas sin recursos ni renta básica, y todo ello para conseguir un ahorro de 5 millones de euros, 8 euros por cada ciudadano navarro.
Teniendo en cuenta que estamos en un desempleo histórico por lo elevado, más de 50.000 personas, con perspectiva económica negativa al menos durante varios años, lo que difícilmente traerá consigo una reducción del nivel de desempleo a corto plazo, si no queremos seguir ahondando en un fractura social cada vez mayor, debemos procurar un cambio de ley que al menos nos retrotraiga a la cobertura anterior, que sin ser completa, no dejaba a tantas familias sin ningún tipo de ingreso. Hay que decir que con poco más del 1% del presupuesto del Gobierno de Navarra, sería posible atajar la pobreza más extrema en Navarra, garantizando unos mínimos de supervivencia a toda la población. Con ello no transformamos una sociedad con desigualdades crecientes, según el Instituto de Estadística de Navarra a 1 de enero de 2012 habíamos alcanzado el 21% de la población en situación de pobreza o riesgo de pobreza, pero al menos haríamos frente a las situaciones sociales más dramáticas.
Todo programa de rentas mínimas como la renta básica, ha de ser complementado con acompañamiento social, formación para la empleabilidad, e itinerarios para la inserción social y laboral. Ahora bien, que nadie piense que si eliminamos los programas de rentas mínimas provocamos automáticamente que las personas que quedan excluidas del mismo se vean obligadas a buscar empleo. Cuando no se deja de destruir empleo por la situación económica, lo que provocamos con estas medidas es un aumento de la pobreza extrema y la exclusión, lo cual redundará precisamente en más dificultades para que en el futuro, si cambia la situación económica, estas personas accedan a un empleo y a una vida normalizada.
Una sociedad como la Navarra, con una de las rentas per cápita más altas del Estado, todavía en niveles de Producto Interior Bruto por encima de la media europea, es capaz de sostener políticas sociales suficientes para garantizar la cohesión social. Necesitamos como mínimo para ello, un cambio hacia políticas fiscales más justas y redistributivas, y un cambio de las prioridades en el gasto.
Fuente: batzarre.org
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