El portavoz económico de Izquierda Unida en el Congreso, Alberto Garzón, ha registrado hoy una batería de preguntas dirigidas al Gobierno en las que, entre otras cuestiones, le reclama que explique si “¿se ha planteado reformar la regulación de los conflictos de intereses de los altos cargos para garantizar una separación nítida entre la esfera pública y la privada?”. Garzón lleva a cabo esta iniciativa parlamentaria tras hacerse público que la ex vicepresidenta segunda del Gobierno del PSOE y ex ministra de Economía, Elena Salgado, ha aceptado la propuesta para ser consejera de Chilectra, la distribuidora en Chile del grupo Enersis de Endesa.
El diputado de Izquierda Unida pregunta también “¿cómo valora el Gobierno este tipo de saltos de la actividad pública a la privada?” y si considera que en situaciones así “están claramente delimitados el interés público y el privado”.
Izquierda Unida recuerda que la Ley 5/2006, de 10 de abril, de regulación de los conflictos de intereses de los miembros del Gobierno y de los Altos Cargos de la Administración General del Estado establece que durante los dos años siguientes a la fecha de su cese, los altos cargos -donde se incluyen los miembros del Gobierno- no podrán desempeñar sus servicios en empresas o sociedades privadas relacionadas directamente con las competencias del cargo desempeñado.
Para Garzón, “es difícil pensar que una ex vicepresidenta del Gobierno y ministra de Economía personalmente, por delegación o sustitución, no haya dictado resoluciones en relación con una empresa como Endesa. O que no haya intervenido en sesiones de órganos colegiados en las que se hubiera adoptado algún acuerdo o resolución en relación con dicha empresa. Estos son los dos supuestos que fija la ley para considerar que existe relación directa a la hora de limitar el ejercicio de actividades privadas con posterioridad al cese”.
Además, el parlamentario malagueño de IU recuerda, no sin cierta ironía que “no sería nada extraño que Elena Salgado vea colmadas sus nuevas aspiraciones profesionales con este ‘fichaje’, si consideramos la larga lista de ex miembros de los gobiernos que dan el salto al sector privado. Curiosamente, Endesa fichó a José María Aznar como asesor externo para Latinoamérica en enero de 2011 y quien tuvo también en nómina hasta finales del año pasado al actual ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos, que formó parte del equipo económico del anterior Gobierno del PP”.
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A continuación se incluye la iniciativa registrada por Alberto Garzón con las preguntas dirigidas al Gobierno
A la mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, el Diputado que suscribe formula la siguiente pregunta dirigida al Gobierno para su respuesta escrita.
Diversos medios de comunicación aseguran hoy que la ex vicepresidenta del Gobierno y ministra de Economía Elena Salgado ha sido propuesta como consejera de Chilectra, la distribuidora en Chile del grupo Enersis que controla Endesa. Según esas informaciones, Elena Salgado ha aceptado formar parte de esa filial del holding chileno de Endesa.
La Ley 5/2006, de 10 de abril, de regulación de los conflictos de intereses de los miembros del Gobierno y de los Altos Cargos de la Administración General del Estado establece que durante los dos años siguientes a la fecha de su cese, los altos cargos, donde se incluyen los miembros del Gobierno, no podrán desempeñar sus servicios en empresas o sociedades privadas relacionadas directamente con las competencias del cargo desempeñado.
Así, durante los dos años siguientes a la fecha de su cese, los miembros del Gobierno deben efectuar ante la Oficina de Conflictos de Intereses, dependiente de la Secretaría de Estado para la Administración Pública, declaración sobre las actividades que vayan a realizar con carácter previo a su inicio. Será esa Oficina quien se pronuncie sobre la compatibilidad de la actividad a realizar.
Es difícil pensar que una ex vicepresidenta del Gobierno y ministra de Economía personalmente, por delegación o sustitución, no haya dictado resoluciones en relación con una empresa como Endesa. O que no haya intervenido en sesiones de órganos colegiados en las que se hubiera adoptado algún acuerdo o resolución en relación con dicha empresa. Y estos son los dos supuestos que fija la ley para considerar que existe relación directa a la hora de limitar el ejercicio de actividades privadas con posterioridad al cese de los altos cargos.
En todo caso, no sería nada extraño que la ex vicepresidenta del Gobierno viera colmadas sus aspiraciones de fichar por Chilectra, si consideramos la larga lista de ex miembros de los gobiernos que dan el salto al sector privado. Curiosamente, Endesa fue quién fichó al ex presidente Aznar como asesor externo para Latinoamérica en enero de 2011 y quien tuvo en nómina hasta finales del mismo año al actual ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos, que formó parte del equipo económico del anterior Gobierno del Partido Popular.
Parece poco edificante esta práctica empresarial de fichar a políticos, seguramente, por su lista de contactos y capacidad de influencia. Sin menospreciar otras habilidades de aquellos, lo cierto es que son operaciones poco transparentes que redundan en un deterioro de la democracia. Además, los ex altos cargos se ponen al servicio de empresas que, en muchas ocasiones, fueron de titularidad pública y cuyos intereses no suelen coincidir con los de la mayoría de los ciudadanos.
- ¿Qué opinión le merece al Gobierno la intención de la ex vicepresidenta del Gobierno y ministra de Economía Elena Salgado de fichar por una filial del holding chileno Enersis de Endesa?
- ¿Cómo valora el Gobierno este tipo de saltos de la actividad pública a la privada?
- ¿Considera el Gobierno que en este tipo de situaciones están claramente delimitados el interés público y el privado?
- ¿Se ha planteado el Gobierno reformar la regulación de los conflictos de intereses de los altos cargos para garantizar una separación nítida entre la esfera pública y la privada?
El diputado de Izquierda Unida pregunta también “¿cómo valora el Gobierno este tipo de saltos de la actividad pública a la privada?” y si considera que en situaciones así “están claramente delimitados el interés público y el privado”.
Izquierda Unida recuerda que la Ley 5/2006, de 10 de abril, de regulación de los conflictos de intereses de los miembros del Gobierno y de los Altos Cargos de la Administración General del Estado establece que durante los dos años siguientes a la fecha de su cese, los altos cargos -donde se incluyen los miembros del Gobierno- no podrán desempeñar sus servicios en empresas o sociedades privadas relacionadas directamente con las competencias del cargo desempeñado.
Para Garzón, “es difícil pensar que una ex vicepresidenta del Gobierno y ministra de Economía personalmente, por delegación o sustitución, no haya dictado resoluciones en relación con una empresa como Endesa. O que no haya intervenido en sesiones de órganos colegiados en las que se hubiera adoptado algún acuerdo o resolución en relación con dicha empresa. Estos son los dos supuestos que fija la ley para considerar que existe relación directa a la hora de limitar el ejercicio de actividades privadas con posterioridad al cese”.
Además, el parlamentario malagueño de IU recuerda, no sin cierta ironía que “no sería nada extraño que Elena Salgado vea colmadas sus nuevas aspiraciones profesionales con este ‘fichaje’, si consideramos la larga lista de ex miembros de los gobiernos que dan el salto al sector privado. Curiosamente, Endesa fichó a José María Aznar como asesor externo para Latinoamérica en enero de 2011 y quien tuvo también en nómina hasta finales del año pasado al actual ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos, que formó parte del equipo económico del anterior Gobierno del PP”.
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A continuación se incluye la iniciativa registrada por Alberto Garzón con las preguntas dirigidas al Gobierno
A la mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, el Diputado que suscribe formula la siguiente pregunta dirigida al Gobierno para su respuesta escrita.
Diversos medios de comunicación aseguran hoy que la ex vicepresidenta del Gobierno y ministra de Economía Elena Salgado ha sido propuesta como consejera de Chilectra, la distribuidora en Chile del grupo Enersis que controla Endesa. Según esas informaciones, Elena Salgado ha aceptado formar parte de esa filial del holding chileno de Endesa.
La Ley 5/2006, de 10 de abril, de regulación de los conflictos de intereses de los miembros del Gobierno y de los Altos Cargos de la Administración General del Estado establece que durante los dos años siguientes a la fecha de su cese, los altos cargos, donde se incluyen los miembros del Gobierno, no podrán desempeñar sus servicios en empresas o sociedades privadas relacionadas directamente con las competencias del cargo desempeñado.
Así, durante los dos años siguientes a la fecha de su cese, los miembros del Gobierno deben efectuar ante la Oficina de Conflictos de Intereses, dependiente de la Secretaría de Estado para la Administración Pública, declaración sobre las actividades que vayan a realizar con carácter previo a su inicio. Será esa Oficina quien se pronuncie sobre la compatibilidad de la actividad a realizar.
Es difícil pensar que una ex vicepresidenta del Gobierno y ministra de Economía personalmente, por delegación o sustitución, no haya dictado resoluciones en relación con una empresa como Endesa. O que no haya intervenido en sesiones de órganos colegiados en las que se hubiera adoptado algún acuerdo o resolución en relación con dicha empresa. Y estos son los dos supuestos que fija la ley para considerar que existe relación directa a la hora de limitar el ejercicio de actividades privadas con posterioridad al cese de los altos cargos.
En todo caso, no sería nada extraño que la ex vicepresidenta del Gobierno viera colmadas sus aspiraciones de fichar por Chilectra, si consideramos la larga lista de ex miembros de los gobiernos que dan el salto al sector privado. Curiosamente, Endesa fue quién fichó al ex presidente Aznar como asesor externo para Latinoamérica en enero de 2011 y quien tuvo en nómina hasta finales del mismo año al actual ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos, que formó parte del equipo económico del anterior Gobierno del Partido Popular.
Parece poco edificante esta práctica empresarial de fichar a políticos, seguramente, por su lista de contactos y capacidad de influencia. Sin menospreciar otras habilidades de aquellos, lo cierto es que son operaciones poco transparentes que redundan en un deterioro de la democracia. Además, los ex altos cargos se ponen al servicio de empresas que, en muchas ocasiones, fueron de titularidad pública y cuyos intereses no suelen coincidir con los de la mayoría de los ciudadanos.
- ¿Qué opinión le merece al Gobierno la intención de la ex vicepresidenta del Gobierno y ministra de Economía Elena Salgado de fichar por una filial del holding chileno Enersis de Endesa?
- ¿Cómo valora el Gobierno este tipo de saltos de la actividad pública a la privada?
- ¿Considera el Gobierno que en este tipo de situaciones están claramente delimitados el interés público y el privado?
- ¿Se ha planteado el Gobierno reformar la regulación de los conflictos de intereses de los altos cargos para garantizar una separación nítida entre la esfera pública y la privada?
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